Search

[ES] En el presente Trabajo Final de Grado se aborda la regulación sobre la responsabilidad penal de las Administraciones Públicas ante la comisión de actos ilícitos, así como la de los funcionarios que desempeñan sus labores en ellas pues la corrupción se ha convertido en los últimos tiempos en un tema que genera gran controversia a pesar de que ha existido siempre. La responsabilidad penal de las Administraciones Públicas ha constituido un importante debate doctrinal en cuanto a la comisión de algunos delitos como es el delito de prevaricación, cohecho o malversación de caudales públicos, por citar algunos. Si bien no hay que olvidar que la aparición de nuevas formas de delincuencia en nuestra sociedad puede poner de manifiesto la insuficiente regulación legislativa a este respecto. El debate no es menor en cuanto a lo que se considera funcionario público desde la perspectiva penal, pues se trata de un concepto de gran amplitud que difiere del tradicional concepto de funcionario público recogido en el Derecho Administrativo. Ello hace necesario realizar un recorrido sobre el régimen legal existente, así como averiguar cuál es la posición jurisprudencial sobre este tema, sin olvidar la intima relación que guarda esta temática con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la diferente normativa europea e internacional., [EN] In this Final Degree Project, the regulation on the criminal responsibility of Public Administrations before the commission of illicit acts is addressed, as well as that of the officials who carry out their work in them, since corruption has recently become a subject that generates great controversy even though it has always existed. The criminal responsibility of Public Administrations has constituted an important doctrinal debate regarding the commission of some crimes such as the crime of prevarication, bribery or embezzlement of public funds, to name a few. Although it should not be forgotten that the appearance of new forms of crime in our society may reveal insufficient legislative regulation in this regard. The debate is not minor in terms of what is considered a public official from a criminal perspective, since it is a very broad concept that differs from the traditional concept of public official contained in Administrative Law. This makes it necessary to take a tour of the existing legal regime, as well as to find out what the jurisprudential position on this issue is, without forgetting the intimate relationship that this issue has with the United Nations Sustainable Development Goals and the different European and international regulations.