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La condena de la responsabilidad del Estado no es una materia exclusiva de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En el plano nacional, los jueces ordinarios laborales pueden condenar a las entidades públicas a reparar perjuicios, lo mismo que los jueces de tutela, aunque como medida excepcional (art. 25 del Dcto. 2591 de 1991). En lo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina la responsabilidad del Estado colombiano, lo mismo que los tribunales internacionales de arbitramento, en materia de inversión extranjera, como el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).

Los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el Municipio de Mapiripán, Departamento del Meta, corresponden a una de las masacres más atroces y reprochables ocurridas en nuestro país, no solamente por el trato cruel y despiadado del que fueron objeto las víctimas, sino por la acreditada colaboración de la Fuerza Pública para que ésta se perpetrara. Al constatar la responsabilidad internacional agravada del Estado Colombiano, en sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró procedente aplicar el principio fundamental del Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado, consistente en el deber de reparar adecuadamente los daños y hacer cesar las consecuencias de la violación, ordenando las correspondientes medidas de reparación integral. Lamentablemente, en Colombia se han presentado varias masacres similares. El objetivo de este artículo es demostrar que, en virtud del control de convencionalidad, la sentencia proferida por la Corte Interamericana en el caso de la “Masacre de Mapiripán” es vinculante para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto de los casos análogos. Con tal propósito, se analizan dos sentencias del Consejo de Estado en las que el contenido de la responsabilidad del Estado colombiano declarada por el Consejo de Estado fue diferente al establecido en el Sistema Interamericano pese a la similitud de los hechos. The events that occurred between July 15 and 20, 1997 in the municipality of Mapiripán, department of Meta, correspond to one of the most atrocious and reprehensible massacres that occurred in our country, not only because of the cruel and merciless treatment to which the victims were subjected, but also because of the proven collaboration of the security forces in its perpetration. Upon confirming the aggravated international responsibility of the Colombian State, in its judgment on the merits, reparations and costs of September 15, 2005, the Inter-American Court of Human Rights considered it appropriate to apply the fundamental principle of International Law on the responsibility of the State, consisting of the duty to adequately repair the damages and put an end to the consequences of the violation, ordering the corresponding measures of integral reparation. Unfortunately, several similar massacres have occurred in Colombia. The purpose of this article is to demonstrate that, by virtue of the control of conventionality, the judgment issued by the Inter-American Court in the case of the "Mapiripán Massacre" is binding for the Contentious-Administrative Jurisdiction with respect to analogous cases. For this purpose, two judgments of the Council of State are analyzed in which the content of the Colombian State's responsibility declared by the Council of State was different from that established in the Inter-American System despite the similarity of the facts. Maestría Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público (Modalidad Investigación)

Ilustraciones, gráficos, tablas El propósito de este trabajo fue establecer que la victimización secundaria derivada del pago parcial de la indemnización reconocida en las sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, es fuente potencia de responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano. Para tal fin, se hizo un análisis documental de fuentes primarias: sentencias judiciales, autos y decisiones administrativas, así como de fuentes secundarias, como entrevistas a las víctimas en medios de comunicación y noticias. Con ello se determinó que esta responsabilidad es atribuible a la Fiscalía General de la Nación y al Congreso de la República, por falla en el servicio y daño especial, respectivamente. En el primer caso, por la dilación injustificada en la creación de la Sub-Unidad Élite de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas y por la omisión en el cumplimiento efectivo de su función de perseguir los bienes de los postulados; y en el segundo caso, debido a que al expedir la Ley 975 de 2005 se ha impuesto a las víctimas una carga exagerada, en tanto que el sistema diseñado por el legislador conlleva o es una de las causas del pago incompleto de las indemnizaciones. The purpose of this work was to establish that the secondary victimization derived from the partial payment of the compensation recognized in the sentences handed down within the framework of the Justice and Peace Law, is a potential source of extracontractual liability of the Colombian State. To this end, a documentary analysis was made of primary sources: court rulings, orders and administrative decisions, as well as secondary sources, such as interviews with the victims in the media and news. With this, it was determined that this responsibility is attributable to the Office of the Attorney General of the Nation and the Congress of the Republic, for failure of service and special damage, respectively. In the first case, due to the unjustified delay in the creation of the Elite Sub-Unit for the Prosecution of Assets for the Reparation of Victims and due to the omission in the effective fulfillment of its function of pursuing the assets of the nominees; and in the second case, due to the fact that when enacting Law 975 of 2005, an exaggerated burden was imposed on the victims, while the system designed by the legislator entails or is one of the causes of incomplete payment of compensation. Maestría Magíster en Derecho de Estado con Énfasis en Derecho Administrativo

El reconocimiento de los nuevos sujetos de derecho por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia T-622 de 2016 supone una transformación sin precedentes en la responsabilidad del Estado colombiano por daños al medio ambiente en la medida en que dicho reconocimiento generó una mayor connotación jurídica ambiental en el ámbito de la responsabilidad patrimonial por tal motivo es necesario hacer un análisis donde se observen los cambios en la responsabilidad patrimonial del estado al entrar en contacto con los nuevos sujetos de derecho. Maestría Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público

Los estados como autores del derecho internacional, intentan establecer reglas para regular sus relaciones, y en este camino que se traza a la par de la búsqueda del desarrollo económico, y en el afán por atraer la inversión extranjera, terminan siendo víctimas de sus propios acuerdos, cuando de lo pactado en los tratados bilaterales de inversión, como en los tratados de libre comercio con capitulo de inversión, emergen estándares de trato y prohibiciones que, al contrastarse con las decisiones que en materia ambiental y en el marco del derecho interno adoptan los estados receptores de la inversión, terminan generando cambios, que son vistos por los inversores como ‘adversos’, y para quienes los mismos, suponen expropiaciones indirectas, cambios regulatorios desfavorables, o desconocimiento a estándares que, dentro de los tratados internacionales se incluyen con el fin de garantizar ‘estabilidad jurídica’, y que por ende, desde su óptica, dan lugar a demandas internacionales. States, as authors of international law, try to establish rules to regulate their relations, and in this path that is traced alongside with the search of economic development, and in the desire to attract foreign investment, they end up being victims of their own agreements, when what is agreed in the bilateral investment treaties, as in the free trade agreements with the investment chapter, emerge standards of treatment and prohibitions that, when contrasted with the decisions that in environmental matters and within the framework of domestic law adopt states recipients of investment, end up generating changes, which are seen by investors as 'adverse', and for whom they involve indirect expropriations, unfavorable regulatory changes, or ignorance of standards that, in the framework of international treaties are included with in order to guarantee 'legal stability', and therefore, from their point of view, give rise to international demands. Maestría Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público

Uno de los derechos reconocidos por diversos instrumentos internacionales a favor de los Pueblos Indígenas y Tribales es el derecho a la reparación de los daños sufridos, entre ellos el daño a la integridad cultural. En este sentido, este trabajo de investigación tiene por objeto demostrar que el daño causado a la integridad cultural de los pueblos y comunidades indígenas debe ser reconocido y considerado como una categoría autónoma de daño inmaterial, distinta de aquellas que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado reconocen actualmente, en razón a que los daños de carácter cultural, espiritual o religioso que deben ser reparados a estas comunidades, no encajan en las categorías tradicionales de daño inmaterial. Así mismo se proponen nuevos criterios para la reparación del daño a la integridad cultural, tales como la necesidad de que los pueblos y comunidades indígenas participen en el proceso de determinación de las medidas de etnoreparación, que las medidas de reparación sean respetuosas de la identidad cultural particular del grupo étnico en el momento de definir medidas de etnoreparación con el fin de que las medidas adoptadas logren la finalidad reparatoria que estas persiguen, entre otros criterios. One of the rights recognized by various international instruments in favor of Indigenous and Tribal Peoples is the right to reparation for damage suffered, including damage to cultural integrity. In this sense, this research work aims to demonstrate that the damage caused to the cultural integrity of indigenous peoples and communities should be recognized and considered as an autonomous category of non-pecuniary damage, different from those that both the Supreme Court of Justice and the The Council of State currently recognizes, because the damages of a cultural, spiritual or religious nature that must be repaired to these communities do not fit into the traditional categories of non-pecuniary damage. Likewise, new criteria are proposed for repairing damage to cultural integrity, such as the need for indigenous peoples and communities to participate in the process of determining ethno-reparation measures, that reparation measures are respectful of cultural identity. of the ethnic group at the time of defining ethno-reparation measures so that the measures adopted achieve the reparatory purpose they pursue, among other criteria. Maestría Magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado

Una propuesta de reparación administrativa de perjuicios en la responsabilidad del Estado en Colombia, que pretende evitar la congestión judicial imperante en el país en esa materia, especialmente. Así, en un escenario en el cual las víctimas acuden de manera directa al juez para que se declare su derecho a la reparación, se propone un procedimiento administrativo en el cual sea la administración pública quien resuelva y reconozca ese derecho, con el consecuente control judicial del acto que decida el asunto. En la primera parte se analiza la procedencia constitucional de este procedimiento, para luego analizar la necesidad de una ley que lo establezca y determine sus particularidades y finalmente las normas en las que debe fundamentarse la Administración para resolver esos casos. En la segunda parte, se exponen casos particulares de reparación administrativa, pese a que en Colombia se pretende darles otro nombre, para no admitir que es posible la reparación administrativa, entre los que se encuentran los daños a la propiedad y al medio ambiente causados por la fumigación con glifosato. Por último, se propone el procedimiento que debe debería realizar la Administración Pública, sus características y reglas. This thesis is a proposal for reparation of damages in the responsibility of the State in Colombia, which aims to avoid the prevailing judicial congestion in the country, especially in this matter. Thus, in the scenario in which the victims go directly to the judge to have their right to reparation declared, an administrative procedure is proposed in which it is the public administration that resolves and recognizes the reparation right, with the consequent judicial control of the act that decides this matter. In the first part of the text, the constitutional provenance of this procedure is analyzed, to then study the need for a law that establishes it and determines its particularities, and finally the rules on which the Public Administration must base itself to resolve those cases. In the second part, particular cases of administrative reparation are exposed, despite the fact that in Colombia they do not receive this recognition, so as not to admit that administrative reparation is possible. Among these are the damages to property and the environment caused by glyphosate fumigation. Finally, the third section describes and proposes the procedure that the Public Administration should carry out, its characteristics and rules. Maestría Magíster en Derecho de Estado con Énfasis en Derecho Administrativo

Esta monografía pretende analizar la responsabilidad del Estado en materia urbana. por la expedición irregular de licencias urbanísticas. El objeto principal es determinar si se configuran los elementos que la constituyen y que permiten su declaración, cuando se profiere una licencia, cuyo contenido se encuentra viciado de ilegalidad al haber sido expedida inobservando la normativa urbanística correspondiente. Ilegalidad que puede obedecer a dos circunstancias: De un lado podemos plantear la hipótesis de que la ilegalidad es generada por errores de fondo ocurridos en su expedición a cargo de la curaduría urbana. Y una segunda hipótesis plantea que la ilegalidad obedece a los eventos en los cuales la licencia se expide en contra de la normatividad contenida en el POT. A fin de concluir que, para que proceda la declaración de responsabilidad por este hecho, su titular o el tercero, deberá acreditar la existencia de un daño antijurídico y. que éste fue producto de una falla en la prestación del servicio a cargo de la administración pública. el curador urbano o la superintendencia de notariado y registro ente encargado de hacerle seguimiento a la función que desarrollan las curadurías urbanas. This postgraduate thesis aims to analyze the patrimonial responsibility of the State in urban matters, for the irregular issuance of urban planning licenses. The main purpose is to determine if the elements that constitute and that allow their declaration are configured, when a license is issued, the content of which is tainted with illegality as it has been issued in violation of the corresponding urban regulations. lllegality that can be due two circumstances: on the one hand. we can propose the hypothesis that illegality is generated by errors that occurred in its expedition by the municipal license bureaud. And a second hypothesis suggests that illegality is due to the events in which the license is issued against the regulations contained in the territorial Ordering Plan (POT by the initials in spanish). In order to conclude that, for the declaration of the responsibility for this fact to proceed, its owner or the third party, must prove the existence of unlawful damage and that this was the result of a failure in the provision of the service in charge of the public administration, the urban guardian or in the superintendency of notary and registry entity that is in charge of monitiring the function carried out by the municipal license bureau. Maestría Magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado

Ilustraciones, tablas El impacto fiscal de las sentencias y conciliaciones y el crecimiento de las demandas en contra del Estado son un problema público que han llevado al Gobierno Nacional a tomar decisiones en las 2 últimas décadas. La gestión pública juega un papel fundamental para lograr un cambio en la tendencia de esta problemática, ya que las reclamaciones en su mayoría nacen de fallas administrativas. En esta tesis se hace un recuento de la evolución del daño antijuridico y el sistema integrado de gestión institucional, para resolver la pregunta ¿Qué factores administrativos y organizacionales inciden en la formulación y ejecución de la política de prevención de daño antijurídico en la DIAN durante el periodo 2017-2019? Y verificar la hipótesis: Existe una desalineación entre el manual y la guía para la formulación de la política de prevención del daño antijurídico con el Sistema Integrado de Gestión Institucional, que limita la formulación y ejecución de la política de prevención de daño antijurídico en la DIAN. The State has a significant fiscal burden arising from adverse legal decisions and conciliations. This cost has been growing in the last twenty years. One of the main causes of judicial claims are usually caused by poor administrative management. One of the policies to handle this problem, is that public entities formulate institutional policies to prevent lawsuits, following the guidelines of the manual created for it. This manual needs to be integrated with the management system at public entities. The close relation between the two, should improve public management effectiveness and reduce the legal risk for the public administration. In this thesis, we define and review the evolution of wrongful damage and of the integrated institutional management system, to: (1) Solve the question: What administrative and organizational factors influence the formulation and execution of the policy for the prevention of wrongful damage in the DIAN during the period 2017-2019? (2) Verify the hypothesis: There is a misalignment between the manual and the guide for the formulation of the policy for the prevention of wrongful damage with the Integrated Institutional Management System, which limits the effectiveness of policies to prevent lawsuits against the DIAN. Maestría Magíster en Gobierno y Políticas Públicas

El presente trabajo busca explicar la función pública en la que se enmarca la gestión adelantada por los curadores urbanos, disciplina en constante formación, que en los últimos años ha traído consigo el incipiente estudio del máximo tribunal de lo Contencioso administrativo, además hacer referencia a la responsabilidad del Estado como eje central de estudio. En principio se explica la actividad de licenciamiento del Estado como un deber que le asiste al mismo, y los efectos jurídicos frente a su desconocimiento, así como los deberes a los cuales se encuentran sujetos los curadores y la responsabilidad derivada del incumplimiento de estos. Con posterioridad, se profundizara en lo concerniente a la responsabilidad del Estado con ocasión de las modificaciones que se presentan en la normatividad urbanística y que generan una afectación a quien en principio se vería beneficiado con la expedición de la licencia; hipótesis que se plantean como el segundo eje de la presente disertación, y en la cual se analiza el título de responsabilidad del Estado bajo el supuesto de un daño especial, abarcando los extremos que divergen entre dicho planteamiento, por una parte, la confianza legitima como presupuesto de derechos adquiridos y, por otra parte la consecución de una mera expectativa, para finalmente, exponer las conclusiones que se derivan del análisis in situ. This paper seeks to explain the public function and its management, discipline in constant creation that in recent years has brought the incipient study of the highest court of Administrative Litigation, in addition to making reference to State responsibility as the central axis of study. In principle, the licensing activity of the State is explained as a duty that assists it, and the legal effects of its unawareness, as well as the curators’ duties and the responsibility of its noncompliance. Subsequently, the responsibility of the State will be examined on the occasion of the modifications that are presented in the urban planning regulations and that generate an affectation to who in principle would benefit from the issuance of the license; hypothesis that is proposed as the second axis of this dissertation, and in which the title of responsibility of the State is analyzed under the assumption of special damage, encompassing the extremes that diverge between said approach, on the one hand, trust legitimates as budget of acquired rights and, on the other hand, the achievement of a mere expectation, to finally expose the conclusions derived from the on-site analysis. Maestría Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público

Un análisis de la responsabilidad estatal generada a partir de actuaciones legales en temas relacionados con la planificación de la ciudad es el objetivo principal a desarrollar, para ello, se hace preciso ahondar en dos conceptos jurídicos de total trascendencia por activar toda una cadena de eventos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado. Ese primer concepto al que se hace alusión se encuentra enmarcado como principio dentro de la ordenación del territorio, y es la distribución equitativa de las cargas y beneficios entre los propietarios. Esta se justifica en la igualdad y ordena que todas las herramientas normativas de planeación urbanística establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento. Sin embargo, cuando ese reparto no es equitativo y por el contrario, se imponen cargas que limiten el ejercicio del derecho a la propiedad sin beneficios que las compensen, se activa nuestro segundo concepto a estudiar, el equilibrio de las cargas públicas como criterio de imputación de responsabilidad. Por tanto, cuando se rompe ese equilibrio es posible configurar daños que ameritan su resarcimiento, siendo la planeación de ciudad el proceso durante el cual se puede configurar ese daño especial. The main objective of this dissertation is to analyze the responsibility of the State that is generated from the legal actions related to city planning. To this end, two legal concepts have been studied in-depth, which are crucial given that they activate the chain of events necessary to declare the responsibility of the State. The first concept is that of the equitable distribution of burdens and benefits among owners, which is one of the guiding principles of spatial planning. This principle is justified on equality and mandates that all urban planning regulations establish mechanisms to guarantee compliance. However, in some cases, this distribution is not equitable and, on the contrary, burdens that limit the exercise of the property are imposed without compensating benefits. In these situations, the second concept arises, which is the balance of public burdens as a criterion to attribute responsibility to the State. Therefore, when that balance is broken, it is possible to configure damages that deserve compensation, with city planning being the process during which that special damage can occur. Maestría Magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público

El ordenamiento jurídico colombiano contempla la posibilidad de emplear formas de reparación no pecuniarias para el resarcimiento del daño inmaterial. Su aplicación en materia de responsabilidad extracontractual del Estado presenta dificultades como: ausencia de motivación respecto a cuál forma aplicar, por qué hacerlo, cómo emplearla y con qué contenido. No se explica la correlatividad, oportunidad, suficiencia y la posibilidad de ejecución de las medidas, ni su proporcionalidad, idoneidad, pertinencia y adecuación al daño generado. El resultado, ha sido un tratamiento impreciso y disímil. La satisfacción, en cuanto una de las formas de reparación no pecuniarias, comparte las dificultades enunciadas. Esto demuestra la pertinencia de estudiar cuáles deben ser el contenido y los límites de la satisfacción como forma de reparación del daño inmaterial en materia de responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. La investigación realiza un análisis doctrinal y jurisprudencial, y desarrolla el método científico sistemático. Se concluye con el planteamiento un concepto de satisfacción, definida en un sentido estricto, como una forma de reparación que consiste en enmendar el daño inmaterial mediante medidas no pecuniarias que imponen un deber de conducta específico por parte del responsable, cuya finalidad es la dignificación de la víctima en el caso particular. The Colombian legal system allows the use of non-pecuniary forms of reparation for the compensation of non-pecuniary damages. The application of this measures has difficulties in extra-contractual liability of the State such as: lack of motivation regarding which measure should be applied, the reason to do it, how to use it and with what scope. Besides, the correlation, opportunity, sufficiency, and possibility of executing of these measures are not explained, nor their proportionality, suitability, relevance, and adequacy to the damage generated. The result has been a vague and unequal treatment. Satisfaction, as one of the non-pecuniary measure, shares the difficulties mentioned. This situation demonstrates the relevance of studying which should be the scope and limits of satisfaction as a measure to repair non-pecuniary damages in extra-contractual liability of the State in Colombia. The research makes a doctrinal and jurisprudential analysis and develops a systematic scientific method. The approach concludes with a concept of satisfaction, defined, in a strict sense, as a form of reparation that consists of amending the non-pecuniary damage through non-pecuniary measures that impose a specific duty of conduct of the person declared responsible in order to dignify the victim. Doctorado Doctor en Derecho

80 páginas Una de las expresiones más contundentes de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno es la reparación integral, catalogada como derecho fundamental. Con la expedición del artículo 185 de la Ley 1448 de 2011, el legislador estableció que la entidad judicial o administrativa que reconozca una indemnización a favor de niños, niñas y adolescentes, ordenará, en todos los casos, la constitución de un encargo fiduciario a favor de los mismos, que les sería entregada una vez alcancen la mayoría de edad. Es esta "garantía" el objeto de este trabajo, pues pese a que su fin debió ser salvaguardar los intereses de niños, niñas y adolescentes hasta el momento en que cumplieran la mayoría de edad, puede tornarse en una limitación injustificada que desconozca sus derechos, al no tener en cuenta sus condiciones particulares. Esta norma puede desconocer los derechos fundamentales de los menores que fueron reparados al no permitirles usar los recursos, cuando sus condiciones personalísimas así lo demandan, por lo que deben buscarse alternativas que superen las afectaciones que puede generar la aplicación fría del contenido normativo, estableciendo normas que respondan a las circunstancias de vida y a la realidad fáctica One of the bluntest expressions of the victim's rights of the internal armed conflict is the integral repair listed as a fundamental right. with the expedition of article 185 of the rule 1448 of 2011, the legislator established that the judicial entity or administrative recognize a compensation in favor of children and teenagers, and it will ordain in all case the constitution of a fiduciary assignment in favor their that it would be delivered when they are of legal age. Is this "guarantee" the object of this article, despite the purpose must protect the interests of children and adolescents until they are of the legal age, this can be an unjustified limited that unknown their rights due to don't disregard the particulars conditions. This rule unknown the fundamental rights of the children repaired for it doesn't allow to use the resources when the special conditions require, for this reason, alternatives must be sought that exceed the affections for the application of the normative content, establishing rules that respond to circumstances of lile and factual reality Maestría Magíster en Derecho

32 páginas Los tres componentes teóricos que articulan el trabajo que se presenta se resumen así: 1. La aplicación del concepto de legitimación estatal en virtud de la implementación de un acuerdo de paz. Este último entendido como instrumento de realización del fin esencial del Estado de promover la convivencia pacífica y, en última instancia, de garantizar la paz; 2. La comprensión de las funciones de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) como derivados constitucionales del fin esencial de búsqueda de la paz y de la Fuerza Pública como garante de la implementación del Acuerdo, y 3. La apreciación del territorio como el escenario de la implementación y de las dificultades de la misma.

48 páginas El presente artículo pretende abordar la pérdida de oportunidad en sus funciones. en contraste con las finalidades y propósitos de la responsabilidad. Se presentan diversas decisiones en distintas instancias judiciales que permiten observar que no se supera del todo el elemento aleatorio o de azar a la hora de compensar este tipo de daño incierto. Esta figura jurídica. ha generado una posible confusión en el momento de la liquidación, al establecer el monto de la probabilidad pérdida cuya indemnización. debe ser vinculada causal mente con la acción y omisión del agente del daño pues este quantum debe ser equivalente en términos de parcialidad a la probabilidad frustrada y, por consiguiente, no puede ser igual a la reparación que debe existir en caso de que el daño fuese el final frustrado. En tal sentido. podría ser utilizada la pérdida de oportunidad como una herramienta jurídica más mediadora y justa entre víctima y victimario al margen de las finalidades de la responsabilidad This article aims to address the loss of opportunity in its functions, in contrast to the purposes and address responsibility. Various decisions are presented in different judicial instances that allow observing that the entire random element is not exceeded when compensating for this type of uncertain damage. This legal figure has generated a possible confusion at the time of liquidation, since the amount of the probability of limited loss caused by the action and the omission of the damage agent must be determined, in order to determine the compensation of the damage which must be partial, as appropriate, the amount cannot be equivalent to the reparation that must exist in case the damage is the final frustrated. In that sense, the loss of opportunity could be lost as a more fair and mediating legal tool between victim and victim regardless of the purposes of the responsibility. Maestría Magíster en Derecho

74 páginas En el presente Documento se efectúa un estudio respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución que gozan los Estados extranjeros, y si su aceptación por parte de Colombia conlleva a la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano. Para ello se abordarán como temas centrales, los diferentes títulos de imputación de responsabilidad estatal desarrollados por el Consejo de Estado en su jurisprudencia, las tesis que la doctrina internacional ha desarrollado respecto de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estado, el marco normativo internacional respecto a la jurisdicción y de ejecución, la concepción jurisprudencial sobre dichos conceptos por parte de la Corte Internacional de Justicia, lo que las altas Cortes Colombianas han edificado frente al tema y la materialización de los derechos fundamentales en ese panorama. In this document a study is carried out regarding the immunity of jurisdiction and execution that Foreign States have, and if its acceptance by Colombia entails the patrimonial liability of the Colombian State. In order to analyse it, this document is going to tackle distinct main issues. Firstly, the different titles of imputation of state responsibility developed by the Council of State in its jurisprudence. Secondly, the theses that international doctrine has established concerning immunity of jurisdiction and execution of the State. Thirdly, the international regulatory framework regard to jurisdiction and enforcement. Fourthly, the jurisprudential conception of these concepts by the lnternational Court of Justice as well as how the Colombian High Courts have faced the issue. Finally, the realization of fundamental rights in that panorama. Maestría Magíster en Derecho

66 páginas El presente trabajo tiene por objeto analizar el estado actual de la responsabilidad patrimonial en Colombia, para determinar su aplicación en el ámbito del derecho tributario. En tales términos, este texto no pretende consolidar un análisis exhaustivo sobre la responsabilidad patrimonial. Por el contrario, y dada la finalidad particular que se pretende destacar, se tratará, a lo sumo, de un análisis general sobre los principales aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado para determinar su aplicación a algunas situaciones particulares suscitadas en el ámbito tributario. Asimismo, el análisis propuesto tiene por objeto mejorar la comprensión de la responsabilidad estatal derivada de actos administrativos lícitos de contenido tributario, explicitando las dinámicas observadas a través de la experiencia práctica, pues aun cuando las decisiones que adopta, en concreto, la Administración Tributaria se instrumentan en actos administrativos, no siempre la pretensión incoada por los contribuyentes persigue la nulidad de cierto acto administrativo. The purpose of this work is to analyze the current state of financial responsibility in Colombia, in order to determine its application in the field of tax law. In those terms, this text is not intended to consolidate a comprehensive analysis of patrimonial liability. It will be a general analysis of the main aspects of the State's patrimonial responsibility in arder to determine its application to certain particular situations aroused in the tax field. In addition, the proposed analysis aims to improve understanding of State responsibility arising from lawful administrative acts of tax content, explaining the dynamics observed through practical experience, even if the decisions taken, in particular, by the tax authorities are implemented in administrative acts, not always the claim initiated by taxpayers seeks the nullity of a certain administrative act. Maestría Magíster en Derecho

78 páginas La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 establece el deber de protección del Estado, sin embargo, es la Corte Constitucional, quien se encarga de otorgarle el carácter de de,echo fundamental a este. En otras palabras, puede ser analizado desde dos perspectivas, primero como una obligación del Estado y segundo como un derecho de todos los habitantes del territorio. En el primer caso se han analizado ciertos matices. entre ellos, que dicha obligación es de medio y de no resultado y que debe ser estudiada a la luz de la relatividad de las obligaciones del Estado. En el segundo caso, como un derecho, es importante tener claro que, no solo conlleva una obligación por parte del Estado, también tiene inmerso una obligación de autoprotección. Una vez delimitada la obligación del Estado, se realiza un estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado, con el objetivo de determinar el título de imputación aplicable en los casos de omisión al deber de protección, concluyendo que esta alta corporación hace uso de la falla del servicio y la imputación objetiva, especialmente la posición de garante. The Constitution of Colombia in its article 2 establishes the duty of protection by the State, however, it is the Constitutional Court who grants this legal disposition the character of a fundamental right. In othe words, it can be analyzed from two different perspectives, first as an obligation of the State and second as a right of all the habitants of the territory. In the first case, certain nuances were analyzed, among them, that this obligation is of due diligence and does not guarantee afinal result and that it must be studied in light of the relativity of the obligations of the State. In the second case, as a right, it is important to bear in mind that not only does it entail a mandatory part of the Sate, but it also has an obligation of self-protection. Once the obligation of the State is defined, it carries out a study of the jurisprudence of the State Council, with the objective of determining the imputation title applicable in cases of omission to the duty of protection, concluding that this high corporation makes use of the lack of service and the objective of imputation, especially through its position of guarantor. Maestría Magíster en Derecho

189 páginas Acoording with our Constitulional Court the right to water enjoys in our legal system the status of fundamental and it involves obligations to the Colombian State. However, despite such recognition, it was verified that there is an "Unconstitutional State of Affairs" against the right of water and by default, in this scenario of violation, there are damages that conform to the typology known as environmental damages (ecological and impure); which are atribule to the administration under the tille of imputation of negligence in the public service due to the omission in the fulfillrnent of the positive obligation of protection and materialization of the obligations of the State, being in this sense an inefficiency and inefficiency in compliance of the functions. In the face of reparation rneasures, apart from the traditional ones, it considers that in this case complex measures must be dictated in order to avoid repeating the facts that have rnade the damages, already mentioned. El derecho al agua goza en nuestro ordenamiento jurídico del estatus de fundamental de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, corporación que además ha decantado su contenido corno las obligaciones que se desprenden de éste para el Estado Colombiano. Sin embargo, a pesar de tal reconocimiento, se verificó que existe un Estado de Cosas lnconstitucional frente al derecho en comento y por consiguiente, ante este escenario de vulneración, se consolidan unos daños que se ajustan a la tipología conocida como daños ambientales (ecológicos y impuros); los cuales se atribuyen a la administración en virtud del titulo de imputación de falla en el servicio debido la omisión en el cumplimiento de la obligación positiva de protección y materialización de sus deberes, encontrándose en este sentido una ineficiencia e ineficacia en el cumplimiento de las funciones. Frente a las medidas de reparación, aparte de las tradicionales, se considera que en este caso se deben dictar medidas complejas, las cuales requieren de la acción de la rama ejecutiva y legislativa a efectos de impedir que se repitan los hechos que generan los daños mencionados. Maestría Magíster en Derecho

73 páginas Este escrito surge como consecuencia del análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en el cual se puso en evidencia una tensión entre estas altas cortes frente a "La Responsabilidad Patrimonial del Estado por Omisión del Legislador en Colombia", denotando dos posturas: la primera establece que el Estado no es responsable, y la segunda está encaminada a demostrar la existencia de una responsabilidad. De lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento ¿El Estado colombiano es responsable por la omisión del legislador? la hipótesis que se plantea en el escrito es que por regla general el Estado colombiano no debe responder patrimonialmente por la omisión del legislador, en función a dar respuesta a este interrogante se analizó una sentencia de carácter internacional que reconoció responsabilidad patrimonial del estado de Italia y un caso colombiano formulado en una tesis de grado que argumenta la responsabilidad del estado por omisión en "la mutilación sexual femenina en la comunidad Embera Chamí", este escrito concluye que hasta el momento no hay un caso en el cual se haya declarado la responsabilidad del Estado por omisión del legislador en Colombia, sin embargo se plantea una excepción a la regla general. This letter arises as a result of the analysis of the jurisprudence of the Council of State and the Constitutional Court, in which a tension was highlighted between these high courts in the face of "The Patrimonial Responsibility of the State by Omission of the Legislator in Colombia", denoting two positions: the first states that the State is not responsible, and the second is aimed at demonstrating the existence of a responsibility. From the above, the following question arises is the Colombian State responsible far the omission of the legislator? the hypothesis raised in the letter is that, as a general rule, the Colombian State should not be financially liable far the omission of the legislature, in the case of answering this question, an international judgment was analysed which it acknowledged patrimonial responsibility of the state of ltaly and a Colombian case formulated in a degree thesis that argues the state's responsibility by omission in "female sexual mutilation in the Embera Chamí community", this brief concludes that so far there is no a case in which the state's responsibility has been declared by omission of the legislator in Colombia, however, an exception to the general rule is raised. Maestría Magíster en Derecho

La presente investigación denominada “Responsabilidad del Estado Colombiano Frente a las Desapariciones Extrajudiciales (Falsos Positivos)” trata un delicado tema en materia contenciosa administrativa. Implica nada menos que la responsabilidad del Estado colombiano, frente a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la fuerza pública, en desarrollo de operaciones militares o de policía, donde se retiene, se secuestra y luego se le da de baja a personas inocentes, para luego hacer aparecer sus cadáveres como si fueran bajas en combate o producto de delincuencia común. Es un fenómeno tan sensible que ha atraído desde hace años la atención de la comunidad internacional, en especial organismos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, lo cual ha replicado en sanciones contra el Estado por desatender sus obligaciones de protección a la honra, vida y bienes y dignidad de los colombianos. En el abordaje de la temática, se escogieron como ejes temáticos en el primer capítulo el conflicto armado y las desapariciones extrajudiciales denominadas “falsos positivos”, refiriéndose a la historia del conflicto armado, a una definición de falso positivos, este como delito, su papel en la violencia en Colombia, algunas cifras estadísticas y la reseña de sonados casos en la materia, en el segundo capítulo se examina la responsabilidad del estado en las desapariciones extrajudiciales, desde el punto de vista extracontractual , cual es la Posición doctrinal, como se maneja la jurisprudencia Constitucional, del Consejo de Estado y la jurisprudencia internacional, especialmente en lo que atañe a los criterios de imputación de responsabilidad. Teniendo como premisa la temática propuesta, se busca saber ¿de qué forma opera la responsabilidad del estado colombiano frente a las desapariciones extrajudiciales (falsos positivos)? En ese sentido, no se puede desviar el estudio del objetivo principal que se finca en analizar la responsabilidad del estado colombiano frente a las desapariciones extrajudiciales (Falsos Positivos) del cual se desprenden como objetivos específicos hacer una reseña del conflicto armado y las desapariciones extrajudiciales denominadas “falsos positivos” en Colombia y posteriormente examinar el régimen de responsabilidad del Estado en las desapariciones. The present investigation called “Responsibility of the Colombian State Against Extrajudicial Disappearances (False Positives) ”addresses a sensitive issue in contentious mattersadministrative It implies nothing less than the responsibility of the Colombian State, against the extrajudicial executions perpetrated by members of the public force, in development of military or police operations, where he is held, kidnapped and then killed by innocent people, and then make their bodies appear as if they were killed in combat or a common crime product. It is such a sensitive phenomenon that it has attracted the attention of the international community for years, especially human rights and international humanitarian law organizations, which has replicated in sanctions against the State for disregarding its obligations to protect honor, life and goods and dignity of Colombians. In the approach to the subject, the armed axes and extrajudicial disappearances called “false positives” were chosen as thematic axes in the first chapter, referring to the history of the armed conflict, to a definition of false positives, this as a crime, its role in the violence in Colombia, some statistical figures and the review of sounded cases in the matter, in the second chapter the responsibility of the state in extrajudicial disappearances is examined, from the extra-contractual point of view, which is the doctrinal position, how it is handled Constitutional jurisprudence, of the Council of State and international jurisprudence, especially with regard to the criteria of imputation of responsibility. Based on the proposed theme, it seeks to know how the responsibility of the Colombian state operates in the face of extrajudicial disappearances (false positives)? In that sense, the study of the main objective that is based on analyzing the responsibility of the Colombian state against extrajudicial disappearances (False Positives) cannot be deviated from which the objectives of the armed conflict and the extrajudicial disappearances denominated are derived as specific objectives. “False positives” in Colombia and subsequently examine the state's liability regime for extrajudicial disappearances.

124 páginas El derecho a la verdad a través de su historia ha Sido objeto de un importante desarrollo doctrinal y jurisprudencial dentro del escenario de la responsabilidad internacional del los Estados por graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto guarda una estrecha relación con la reparación integral de dichos daños. Como consecuencia de ello, a nivel regional, la Corte IDH ha tratado la verdad dentro de su jurisprudencia como un elemento accesorio a la vulneración de los derechos de garantías judiciales y libre acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención americana, subsumiendo así el derecho a la verdad y quitándole todo rastro de autonomía. Por tales razones dotar de autonomía al derecho a la verdad se torna en una tarea necesaria dentro de la jurisprudencia de la Corte IDH, puesto a que así se cubrirían una serie de eventos dañosos ajenos a los artículos 8 y 25 que se están invisibilizando por dicha subsunción y que por tal razón está afectando de manera directa la reparación integral de las víctimas de las mentadas graves violaciones a DD.HH. In the recent history, the Right to know the truth had an important development and impact in the scenario of the trials of lnternational responsability of the States by serious violations to the human rights, what makes it clase with the figure of integral reparation of that kind of damages. A consecuense of the previous idea is that in a regional level, the desicions of the lnteramerican Human Rights Court have used the Right to know the truth as a accsesory element of the violations of the Right to the access toJustice and the judicialy guarantees that are consecrated in the lnteramerican Convention of Human Rights, and taking away from it, every single sign of autonomy. Thats why giving autonomy to the right to know the truth turns in a necesary task in the pronunciations of the lnteramerican Human Rights Court, because in this way the Right to know the truth would include different kinds of events, diveres yo those that are content in the articles 8 and 25 of the San José Pact. Maestría Magíster en Derecho

88 páginas La investigación demuestra que la vulneración del derecho a la dignidad humana del personal privado de la libertad en Colombia, configura los elementos para declarar la responsabilidad estatal, así como también determina el régimen y título de imputación a aplicar por la autoridad judicial. Para ello, se describen los derechos de las personas privadas de la libertad, los cuales han tenido un desarrollo legal a través de instrumentos internacionales, y jurisprudencia de la Corte Constitucional, se muestra mediante cifras actualizadas las estadísticas de los daños padecidos por este sector especial de la población por su condición jurídica, todo el proceso desde la primera declaratoria del Estado de Cosas Institucional (ECI) con la sentencia T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015, auto 121 de 2018, auto 623 de 2018 hasta llegar al auto 110 de 2019 sobre Plan de Contingencia ante la crisis penitenciaria. Seguidamente se realiza una línea jurisprudencial con sentencias del Consejo de Estado, que han variado sus posiciones respecto del régimen de responsabilidad del Estado aplicable a los casos donde se presentan daños a los reclusos, entre la subjetiva (falla del servicio) y la objetiva (daño especial). The investigation shows that the violation of the right to human dignity of personnel eprived of liberty in Colombia, it sets elements to declare state responsibility, as well as to determine the regime and the title of imputation to be applied by the judicial authority. For this purpose, the rights of persons deprived of liberty are described; these level had a legal development through international instruments, and jurisprudence of the Constitutional Court, that are described by means of updated figures of the statistics of the damages suffered by this special part of the population due to its legal status, the entire process from the first declaration of "the unconstitutional state of affairs" with the sentence T-153 of 1998, T-388 of 2013, T-762 of 2015, order 121 of 2018, order 623 of 2018 until arriving at order 110 of 2019 on the Contingency Plan to face the penitentiary crisis. Then a line of jurisprudence is made with judgments of the Council of State, which have changed their positions with respect to the regime of responsibility of the state applicable to cases where damages to prisoners are presented, between the subjective (service failure) and the objective (damage special). Maestría Magíster en Derecho

84 páginas El presente estudio de investigación titulado: Responsabilidad Patrimonial del Estado frente a los acreedores en caso de no intervención oportuna y previa a la liquidación de las Entidades promotoras de salud EPS, es una investigación dirigida a identificar los presupuestos que deben ser tenidos en cuenta por el Juez Administrativo para declarar patrimonialmente responsable al Estado, en aquellos casos en que se omitan o se realicen de manera tardía o parcial las acciones que posibiliten intervenir oportunamente a las Entidades Promotoras de Salud por parte de la Superintendencia Nacional. La investigación logró concluir que sí es posible configurar la responsabilidad patrimonial del Estado respecto a las claras omisiones por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, lo que en consecuencia obliga o responsabiliza al Estado respecto al pago o resarcimiento de los acreedores de dichas acreencias; por todo lo anterior la presente investigación puede servir de documento guía. para aquellas Instituciones Prestadoras de Servicios de salud con carteras elevadas pendientes de pago por parte de las EPS liquidadas. las cuales no cuentan con solvencia suficiente para sufragar dichas obligaciones monetarias. The research entitled: Patrimonial Responsibility of the State with respect to the creditors in case of timely non-intervention and prior to the liquidation of the EPS Health Promoting Entities, is a study focused on identifying the budgets that must be taken into account by the Administrative Judge to declare the State in a responsible manner in those cases in which the actions that allow the Promoting Health Entities to be opportunely intervened by the National Superintendency are omitted or carried out in a late or partial manner. The confirmed investigation concludes that it is possible to configure the patrimonial responsibility of the State with respect to the clear omissions by the National Superintendence of Health, which consequently obliges or holds the State responsible for the payment or compensation of the creditors of different credits; Due to the foregoing, the present investigation can serve as a guide document for the lnstitutions Providers of Health Services with high portfolios pending payment by the liquidated EPS, which do not have sufficient solvency to cover certain monetary obligations. Maestría Magíster en Derecho

180 páginas The principle of legimitate trust arises aas a limitation to the power to revoke environmental licences, because although State assists the duty of environmental protection and subject to the constitutional and legal postulates that advocate the primacy of the general interest in preeminence of the individuals, it is undeniable that their still legitimate action has the vocation of causing an unlawful damage to the administrated holder of the environmental license, before the transgression of the trust that he places in the durabillty of the decisions of the Administration, and his guardians Principles of legal certainty and good faith. El principio de confianza legítima surge como una limitante a la potestad de revocación de las licencias ambientales, pues si bien al Estado le asiste el deber de protección del ambiente y la sujeción a los postulados constitucionales y legales que propugnan la primacía del interés general en preeminencia de los particulares, es innegable que su actuar aún legítimo tiene vocación de causar un daño antijurídico al administrado titular de la licencia ambiental, ante la transgresión de la confianza que éste deposita en la perdurabilidad de las decisiones de la Administración, y su guarda a los principios de seguridad jurídica y buena fe. Maestría Magíster en Derecho

48 páginas Al analizar la etapa posterior a la celebración de los contratos estatales podemos ciertamente encontrar aspectos o circunstancias que, previstas o no por las partes, vienen a configurar una serie de inconvenientes para la adecuada ejecución del objeto pactado por la Administración y los contratistas dentro de la relación económica bilateral que entre ellos se desarrolla. En efecto, lo inicialmente acordado en los contratos estatales propiamente dichos –que son los regidos por las normas del derecho público en general, y en especial del derecho administrativo, sin perjuicio de utilizar en la base el derecho civil y comercial– puede ser modificado o alterado por eventos posteriores a su efectiva celebración, valga decir, no propiamente a partir del acto de adjudicación, sino desde la firma del contrato; esto es conocido como rompimiento del equilibrio económico, o de la ecuación financiera del contrato, y sus causas pueden atribuirse a diversos factores inmersos en el cotidiano desarrollo de las relaciones económicas que se presentan en el tráfico comercial que envuelve a la actividad administrativa y que se traducen, en últimas, en un “acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato”.

110 páginas The way in which the State Council has addressed the state responsibility for terrorist acts has brought with a series of problems regarding the nature of the practice of extracontractual liability of rhe State, the role played by the causality and the legitimacy of the Council of State to establish that responsibility is the way through which the duties of assistance to victims of terrorism must be met; problems that are added to the old discussion on the foundation of the duty to reapir for terrorist acts. In this work, it is defended that the failure of the service is the foundation of the duty to repair state; which is a corollary of the corrective distributive nature of extrcontractual liability and the nature of an institution od common predicable benefit of the State; so that it is the legislator -not the judicial branch- the competent body to adopt the mechanisms of assistance to the victims of terrorism. La forma como el Consejo de Estado ha abordado la responsabilidad estatal por actos terroristas, ha traído consigo una serie de problemas en torno a la naturaleza de la práctica de responsabilidad extracontractual del Estado, al rol que cumple la causalidad, y a la legitimidad del Consejo de Estado para establecer que la responsabilidad es la vía mediante la cual se deben satisfacer los deberes de auxilio a las víctimas del terrorismo; problemas que se suman a la antigua discusión sobre el fundamento del deber de reparar por actos terroristas. En este trabajo, se defiende que la falla del servicio es el fundamento del deber de reparar estatal; lo cual es corolario de la naturaleza correctiva-distributiva de la responsabilidad extracontractual y de la naturaleza de institución de beneficio común predicable del Estado; de manera que, es la el legislador-no la rama judicial-el órgano competente para adoptar los mecanismos de auxilio a las víctimas del terrorismo. Pregrado Abogado(a)

En el año 2014, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Riohacha declaró responsable a la empresa PROMIGAS S.A E.S.P, junto con el Ministerio de Minas y Energía, por los perjuicios sufridos por parte de un grupo de ciudadanos, a causa de la acción terrorista que perpetró el grupo FARC, consistente en la explosión del gasoducto Ballenas-Barranquilla en octubre de 2001 -- El fallo se fundamentó en que los dos demandados eran responsables bajo el título de imputación de Riesgo Conflicto, una especie del Riesgo Excepcional -- Sin embargo, el fundamento de la imputación radicó, entre otros argumentos, en que PROMIGAS se beneficiaba del transporte de gas, confundiendo los elementos del riesgo conflicto con elementos de otros riesgos que también son especie del Riesgo Excepcional: (beneficio, peligro, álea) -- Esa indebida motivación e imprecisión de los elementos diferenciadores de los riesgos desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, conllevó a que la empresa Promigas S.A. E.S.P. interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, quien incurrió en los mismo errores que el A-Quo, conllevando a desconocer la calidad de los demandados, es decir si eran personas de derecho público o privado, y con ello, que no tuviera en cuenta los eximentes de responsabilidad que cada demandado podía hacer valer dentro del proceso -- Con el presente artículo, se buscó determinar el ámbito de aplicación, así como los sujetos pasivos del denominado título de imputación “riesgo conflicto”, para determinar si éste era el realmente aplicable al caso y si la decisión tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira se ajustó al desarrollo jurisprudencial que había al respecto -- Para lo anterior, se estudiaron los fallos existentes del Consejo de Estado sobre la materia, y la construcción que el mismo ha realizado al respecto -- Se concluyó, de manera clara, que las sentencias proferidas en primera y segunda instancia, fueron fundamentadas en un uso equivocado de los títulos de imputación, y que por tanto, no era la empresa “PROMIGAS” la llamada a reparar a las víctimas del atentado terrorista, On 2014, the Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Riohacha declared company PROMIGAS S.A. E.S.P. responsible, along with the Mine and Energy Ministry, for the damages caused to a group of citizens by the terrorist action perpetrated by FARC group, in which the gas pipeline named Ballenas-Barranquilla was exploded on October 2001 -- The court decision was founded on the fact that the two defendants were responsable under the accusation known as “riesgo-conflicto” (conflict risk), a form of exceptional risk -- However , imputation grounded on the fact that, at the judge consideration, PROMIGAS benefited from the gas transportation, mixing the two imputation titles (conflict risk and benefit risk) that belong to the exceptional risk -- That undue motivation, and vagueness on the due differentiation of the risks developed by the Consejo de Estado jurisprudence, led to PROMIGAS to appeal the court decision to a higher instance, in this case the Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, who fall into the same mistakes tan the A-Quo, leading to ignore the status of the defendants, that is them being public or private entities, which will lead to responsibility exemptions that could be applied in the court process -- With the present article, it was intended to determine the application sphere, along with the passive subjects of the imputation title known as conflict risk, to determine if it was the specific one to apply in the case, and if the court´s decision was taken based on the jurisprudence of the Consejo de on the matter -- It was concluded, that the decisions made on both instances, were grounded on a wrong imputation tiles, and therefore it wasn´t PROMIGAS the one to repair the damages suffered by the victims of the terrorist attack

El presente artículo de reflexión busca plantear una solución a la problemática que se suscita cuando se está frente a una privación de la libertad y la responsabilidad que en virtud de esta recae en el Estado colombiano, en atención a si debe o no responder patrimonialmente por la misma, cuando dicha privación se torna injusta ya sea porque la persona fue declarada penalmente inocente de los cargos imputados o porque dicha inocencia devino de la aplicación del principio del “in dubio pro reo”. Este ensayo se fundamenta principalmente en la evolución jurisprudencial que al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, evolución que culmina con la reafirmación de la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un régimen objetivo de responsabilidad sustentado en el daño especial, surgiendo para el Estado la obligación de indemnizar al ciudadano que no está obligado a soportar jurídicamente dicho daño. The present reflection article seeks to propose a solution to the problem that arises when you are facing a deprivation of liberty and the responsibility that lies with the Colombian State, if given under this should or not respond have an equity sharing, when such deprivation becomes unfair either because the person was declared fully innocent of the charges of which he is accused or such innocence became the application of the principle of the" in dubio pro reo". This essay is based mainly on the jurisprudential evolution that has had the liability of the State for wrongful deprivation of freedom, evolution that culminates with the reaffirmation of the liability of the State under an objective liability regime based on damage special, emerging to the State the obligation to compensate the citizen who is not required to support legally such damage to the interior of the third section of the Council of State.

La pérdida de los procesos es la consecuencia lógica de la carencia de una política integral inexistencia, de un programa de Defensa Judicial que permita buscar la causa más importante de litigiosidad y prevenir los litigios y sus resultados negativos, y la falta de homogenización en la defensa de las instituciones. Partiendo de estas falencias, se estructura y desarrolla el objetivo de creación de una política integral de Defensa Judicial, que permita a la entidad en particular y en general al estado Colombiano, controlar de manera positiva la litigiosidad y presentar finalmente estrategias para la contención del aumento de las demandas; para el diseño de estrategias y criterios unificados para la defensa de los intereses públicos, y de los procedimientos para registrar, controlar, consultar, y analizar sobre la gestión jurídica pública; además de un seguimiento detallado de los procesos en curso que permita prevenir condenas desfavorables. El presente artículo, busca determinar la viabilidad de un modelo integral de defensa judicial, para el establecimiento de estrategias eficaces para la prevención de condenas por los daños antijurídicos que le sean imputables al estado, en virtud del régimen de responsabilidad estatal, así como analizar el papel que ha desempeñado la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado en la disminución, mantenimiento o aumento de los indicies de litigiosidad en el país. La estructura metodológica del presente documento incluye la descripción general del concepto de Defensa Judicial, una contextualización del incremento vertiginoso en la litigiosidad de la Nación dentro del título de imputación de responsabilidad estatal, un esbozo de las políticas públicas de defensa judicial, un análisis respecto de las cifras y estadísticas existentes referentes a la litigiosidad y finalmente se establecen las características que deben identificar un modelo integrado de defensa judicial centrado en la función de prevención. Todo ello, empleando un enfoque mixto por tratarse de un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a al planteamiento respecto del modelo de defensa judicial integrado en la prevención de condenas al estado en virtud del régimen de responsabilidad estatal y la utilidad de la Agencia Nacional para la Defensa del Estado en ello. The loss of the processes is the logical consequence of the lack of a comprehensive policy absence of Judicial Defense program that allows searching the major cause of litigation and prevent litigation and negative results, and the lack of homogeneity in the defense of institutions. From these shortcomings, is structured and developed the reason why, is needed creating a comprehensive policy of Legal Defense, that allows the entity in particular and in general the Colombian state, positively control of litigation and finally present strategies for containing increases demands; to design strategies and unified for the defense of public interest criteria, and procedures for recording, control, access, and analyze public legal management; plus a detailed ongoing processes that would prevent unfavorable sentences. This article seeks to determine the feasibility of a comprehensive model of legal defense, for establishing effective mechanisms for prevention of convictions for wrongful damage, under the scheme of state responsibility, and analyze the strategies and the role played by the National Agency for the Legal Defense of the State in reducing, maintaining or increasing indexes of litigation. The methodological structure of this document includes a general description of the concept of Judicial Defense, a contextualization of the rapid increase in the litigation of the Nation within the title of attribution of the state responsibility, an outline of public policies for legal defense, an analysis regarding existing figures and statistics concerning litigation and finally the characteristics that must identify a legal defense integrated model focused on prevention function. All this, using a mixed approach because of the process in it that collects, analyzes and links quantitative and qualitative data in one study to answer the approach towards integrated model of judicial defense in preventing convictions under the state scheme State responsibility and the usefulness of the National Agency for the Protection of State about it.

El presente trabajo es producto de un cuestionamiento permanente sobre la limitación de la libertad por parte del Estado en aplicación del ius puniendi. Es de ciudadanos preguntarnos a diario que está pasando con nuestro sistema judicial, que si bien es cierto y como se ha afirmado estamos en un estado de guerra, también es cierto que no podemos llevar ese enfrentamiento a las instancias de las equivocaciones permanentes por las que atraviesa nuestros operadores judiciales, impulsados por el afán de mostrar resultados en contra de los presuntos infractores de la ley penal, donde se toman medidas privativas de la libertad en el curso de las investigaciones en contra de ciudadanos que al final son absueltos, manteniendo intacta su inocencia.

Los actos terroristas son una expresión generalizada de violencia que provoca la pérdida de vidas y bienes. El Consejo de Estado atribuye responsabilidad a la administración a través de los de los títulos de imputación de falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, éste último se fundamenta en los principios de solidaridad y equidad, sin embargo, su aplicación ha sido excesiva generando inseguridad jurídica traducida en diversas interpretaciones por parte de jueces y magistrados. Terrorist acts are an expression of generalized violence resulting in loss of life and property. The State Council attaches responsibility to the administration through the imputation titles of service failure, exceptional risk and special damage, this last is based on the principles of solidarity and equity, however, its application has been excessive generating legal uncertainty translated into different interpretations by judges and magistrates.

El legislador estableció que las personas que han sido privadas de la libertad dentro de un proceso penal en el cual no se logró demostrar la culpabilidad del indiciado es procedente demandar a la Nación por el perjuicio causado, lo anterior, en razón a que, la libertad, es un derecho fundamental, constitucional e internacionalmente protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, por lo tanto se asegura que nadie puede ser privado de la libertad sin orden judicial previa, la cual debe estar justificada.

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Colombia no ha sido ajena a la práctica a la desaparación forzada, a pesar que nuestra Constitución garantiza, en su articulo 12, la prohibición general de ser sometido a ella, recogiendo lo dispuesto en el artículo 5 la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Contrario a la mayoría de los instrumentos internacionales que nos ocupan en este delito, nuestro ordenamiento interno no cualifica al sujeto activo que pueda cometer la conducta punible de la desaparación forzada, lo que implica que cualquier persona puede estar en curso en ella. Asíque esta prohibición tiene un carácter universal, pues se dirije a todas las personas independiente de la calidad que ostenta, tratase de agentes del Estado o particulares. En Colombia los fiscales y los jueces se enfrentan a un dilema juridico; ¿ Pueden aplicar retroactivamente la ley penal nacional a hechos anteriores a su tipificación, pero que ya constituian crimenes en el derecho internacional, sin violar los principios de Nullum Crimen Sine Legen y la irrectroactividadde la ley penal?. El derecho internacionaly el derecho comparado han resuelto afirmativamente esta crucial pegunta. Conforme a este principio fundamental, nadie puede ser procesado y condenado por un acto o una omisión que no constituía delito al momento de su comisión. El principio de no aplicación retroactiva de la ley penal es una salvaguardia esencial del derecho internacional, de una “defensa del individuo contra la arbitrariedad”, y en una consecuencia del principio de legalidad de los delitos del Nullum Crimen Sine lege. Pero así mismo es un elemento esencial del estado de Derecho, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en aras de la estabilidad juridica es indispensable que la norma punitiva exista y resulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la acción. La calificación de un hechocomo ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter de ilicita para efectos penales. Colombia has not been immune to the practice of forced disappearance , despite our Constitution guarantees , in its article 12, the general prohibition of being subjected to it , collecting the provisions of Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and American Convention on Human Rights. Unlike most of the international instruments that concern us in this crime, our domestic legislation does not qualify the perpetrator who may commit the criminal offense of enforced disappearance , which means that anyone can be in progress on it. So this ban has a universal character, for all people regardless of who holds the quality is directed , one is about officials or private individuals. In Colombia prosecutors and judges face a legal dilemma may apply retroactively ? National criminal law prior to their typing events, but already constituted crimes under international law , without violating the principles of Crime Nullum Sine and Legen unretroactively criminal law? . International law and comparative law affirmatively resolved this question. According to this fundamental principle, no one can be prosecuted and convicted for an act or omission which did not constitute an offense at the time of its commission. The principle of non- retroactive application of criminal law is an essential safeguard of international law, a " defense of the individual against arbitrary " and in consequence of the principle of legality of crimes of nullum crimen sine lege . But also is an essential element of the rule of law , as pointed out by the Inter-American Court of Human Rights, for the sake of legal stability is essential that the punitive rule exist and be known , or may be before the action occurs. The characterization of an act as illegal and the determination of its legal effects must precede the conduct of the subject that is infringing , as before a conduct is criminalized it still has the character of unlawful for criminal effects.

Este artículo presenta la evolución del Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia, mostrando su historia reciente y permitiendo al lector la comprensión de su estructura, normatividad y composición. Al mismo tiempo, se pretende cuestionar, los errores y evidentes contradicciones que han llevado a que en la actualidad el sistema no funcione de manera idónea. Sin pretender polemizar, únicamente aportar y desenvolver la complejidad, se busca comprender que la educación a los diferentes actores no solo propondría una importante mejora, si no que permitiría la construcción de un sistema más viable y eficiente. This article presents the evolution of the General System of Social Security of Health in Colombia, showing its recent history and allowing to the reader the understanding of its structure, laws and composition. At the same time, it tries to question, the mistakes and evident contradictions which have done a system that currently is not working in a suitable way. Without trying to argue, only, to contribute and to develop the complexity, it looks for understand that the education to the different actors would propose not only an important improvement, but also would allow the construction of a more viable and efficient system.

Como lo evidencia nuestra historia social e institucional, el Estado Colombiano se ha visto enfrentado a un conflicto armado interno1 y a confrontaciones sociales que han generado un permanente estatus de violencia que afecta el orden público y las condiciones normales de existencia que las personas deberían experimentar en el marco de un Estado Social de Derecho. En este contexto de violencia, los actores del conflicto han utilizado los actos de terrorismo como una herramienta directa o indirecta para la consecución de sus intereses, ocasionando perjuicios de distinta índole a las víctimas de los ataques, quienes, generalmente, por la naturaleza del acto, no pertenecen a los grupos combatientes. Así, la población civil constituye el sector social perjudicado en mayor forma por esta clase de actividad armada.

La responsabilidad del Estado legislador en Colombia como sistema de imputación en materia de responsabilidad administrativa, sigue siendo una expectativa en el desarrollo de la jurisprudencia, a pesar de la cláusula contenida en el artículo 90 constitucional. Al establecimiento de una responsabilidad estatal por el hecho de las leyes, se han opuesto argumentos como el de la soberanía, porque no se puede limitar la facultad del pueblo soberano a autorregularse; la inviolabilidad del voto del congresista como agente del constituyente primario, e incluso, la existencia del control constitucional de las leyes. No ocurre lo mismo en el derecho comparado. Francia y España, tienen un admirable desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la materia. Es tímido en cambio, en países como Italia, Alemania y Estados Unidos, mientras que en Inglaterra no está contemplada esta clase de responsabilidad. El presente ensayo, pretende abordar sucintamente el tema en el derecho comparado con especial énfasis en el derecho francés y español, así como el patrio. DOI: http://dx.doi.org/10.22518/16578953.709