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Indagar y analizar las relaciones que pueden tenderse entre las prácticas artísticas y la experiencia de la violencia política en Colombia desde una perspectiva en la que confluyen una mirada desde la estética y los estudios sociales, implica asumir una suerte de posicionamiento; no tanto en el sentido de justificar el hecho de hacer referencia a las prácticas del arte como objeto de estudio, pues en tanto modo de hacer humano, el arte ha tenido históricamente un lugar de referencia en las disciplinas sociales, bien sea como forma de expresión e incluso de problematización de cuestiones que inquietan tanto a los creadores como a los públicos o, en tanto sus procesos expresivos permiten valorar formas concretas de experiencia e interacción con el mundo y con los otros.

A lo largo de la monografía, se detalló las diferentes perspectivas del caso en cuestión, definiendo los conceptos, sus categorías, principios, preceptos fundamentales, marco normativo, instituciones, sus clasificaciones, entre otras características propias a materia presupuestaria. A su vez, analice diferentes posturas doctrinarias tanto nacionales como internacionales, concluyendo que si bien cada autor plantea puntos similares y diferentes en sus particularidades, por ejemplo cada uno plantea su propia perspectiva de las clasificaciones, de la eficacia, de las modificaciones, recomendaciones, etc., podemos concluir en que globalmente se ha regulado la necesidad de establecer un presupuesto, para poder controlar así la discrecionalidad del ejercicio gubernamental. Concluyendo por último, con el análisis y citación de jurisprudencia de la Corte Constitucional referida al tema, donde sus ponentes dejan en manifiesto la interpretación que dicho tribunal ha realizado del marco regulatorio concordante. Lo cierto es que, luego de dicha investigación y como fue planteado previamente por varios autores citados y referencias al tema, en dicho ámbito podemos observar una cierta insuficiencia en la administración pública. Dicha insuficiencia en cuanto al gasto público representa, se genera por la falta de una adecuada provisión de bienes, servicios e infraestructura públicos, siendo que asimismo las estructuras presupuestarias no alcanzan a cubrir los requisitos sustanciales necesarios para poder operar de forma más eficiente y eficaz en la gestión. Por otro lado, podemos observar cómo se plantea una cierta rigidez que dificulta la reprogramación de los gastos e ingresos, conforme a las necesidades sociales existentes, ya que para ello es preciso cumplir con determinadas solemnidades previas. Otra razón de dicho déficit puede generarse por falta de transparencia en los procesos respectivos, dificultades de gestión, adiciones presupuestales, atomización de la inversión pública, capacidad financiera, retrasos en los proyectos, regalías, estimaciones y expectativas poco fiables o verídicas, abusos del sector financiero, planificación por un plazo temporalmente corto, falta de continuidad en la realización de actividades, corrupción, modalidades de contratación y obras públicas, entre otros aspectos a considerar. Por tales circunstancias, en el marco latinoamericano se ha observado cómo algunos países han desarrollado políticas públicas eficientes, a través de un verdadero compromiso con el estado tanto en la coordinación de actividad de sus instituciones como de aquellos encargados de su ejecución. Por otro lado, considerando las actuales circunstancias en las cuales vivimos, los presupuestos públicos se han visto fuertemente afectados, ello vinculado al creciente gasto en salud, seguridad, y demás cuestiones de mantenimiento en el extraordinario contexto de pandemia vivido. No obstante, se evidencia como la principal problemática para la buena gestión del gasto publico en Latinoamérica, y principalmente en Colombia es la corrupción, la falta de trasparencia en los procesos mencionados, esto genera una dificultad enorme a la hora del buen uso de los recursos económicos que ostenta la nación. Y retomando, se evidencia como la solución más factible para la organización del gasto publico es la aplicación real y correcta de las leyes anticorrupción que venido siendo implementada al ordenamiento jurídico interno, junto con una planeación real y eficaz de las leyes presupuestales con una mayor rigidez lo que genera como consecuencia un buen uso de los recursos públicos, y una claridad y transparencia en el manejo de los mismos, fortaleciendo así los controles políticos y jurídicos en lo referente al gasto público. Lo anterior, toda vez que, al tener unas estructuras jurídicas claras, y una aplicación correcta los recursos públicos estarán salvaguardados por una buena gestión, así generando un desarrollo en la región de forma más exponencial a lo que se ha venido viviendo en los últimos años, donde la corrupción, desviación de fondos y malas gestiones económicas han generado un atraso en el desarrollo de la nación.