Ahora bien, junto con las causas de deforestación expuestas concurre lo que estos autores reconocen como causas subyacentes de la deforestación, las cuales hacen referencia a los factores que refuerzan las causas directas e influyen o motivan las decisiones que toman los agentes de la deforestación, lo que explica porqué se presenta este fenómeno. Señalan que las causas subyacentes corresponden a factores demográficos; económicos y tecnológicos; políticos e institucionales; culturales y biofísicos, como, por ejemplo, la visión que tiene el agente sobre el bosque como factor cultural, siendo recurrente que exista “la falsa percepción de que la ruta hacía la obtención de un título de propiedad depende del porcentaje de bosque talado dentro de un terreno baldío” (González, Cubillos, Chadid et ál., 2018, p. 78). La magnitud de la problemática y el acelerado proceso de degradación explican los compromisos adquiridos por Colombia a nivel internacional y los planes, programas y políticas que se han implementado internamente, todos enfocados a un objetivo común: contrarrestar la deforestación y hacerle frente a los impactos que desprende. Resumidos por el Instituto Alexander von Humboldt y wwf (2019), entre estos impactos están la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, alteración de ciclos hidrológicos, nutrientes y erosión del suelo; aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático; alteración del clima regional y local; y vulnerabilidad de la población y precarias condiciones de vida. A dichas consecuencias ambientales deben añadirse los impactos del narcotráfico sobre los bosques, que van más allá de las plantaciones: carreteras clandestinas, apertura de pistas de aterrizaje, actividades económicas como la tala y la ganadería para lavar dinero (El Tiempo, 2016), nuevos asentamientos y pobladores que detonan nuevos procesos de deforestación (Vélez, 2019) y el establecimiento de zonas de almacenamiento, procesamiento de hoja y alojamiento de jornaleros (González, Cubillos, Chadid et ál., 2018). Esto se agrava en términos culturales y ambientales cuando los cultivos tienen lugar en áreas de especial importancia ecológica y en territorios de grupos étnicos, situación que lamentablemente se presenta en grandes proporciones. Según lo señalando por el Ministerio de Ambiente y el Ideam (2018), el 15,8 % de los cultivos se encuentran en el Sistema de Áreas Protegidas, 53,4 % en territorio de los que son titulares los grupos étnicos y el 1,9 % bajo zonas de reserva campesina. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —unodc— indica que para el 2019 un total de 72 511 hectáreas se encontraban en zonas de manejo especial, de las cuales 24 856 hectáreas se ubicaron en tierras de comunidades negras (unodc y simci, 2020).