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Resumen El presente artículo analiza la dimensión que ha adquirido el derecho del acusado a concluir el juicio penal manifestando la última palabra. La interpretación jurisprudencial del proceso penal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882 ha otorgado un nuevo alcance a este derecho por su conexión con las garantías del debido proceso de ley y el valor del derecho del defensa. Sin embargo, es un derecho que debe ser analizado en función de su efectividad práctica y de su influencia en la sentencia.

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la admisión de la nueva prueba en la misma sesión de juicio oral en la que fue ofrecida vulnera el principio de contradicción, cuando no se otorga a la parte contraria un plazo para refutarla o presentar contraprueba. Donde la investigación por sus características fue de nivel explicativo y de tipo transversal, con diseño no experimental. Con el fin de obtener los resultados esperados se trabajó con una muestra poblacional de 51 profesionales entre fiscales, jueces y abogados penalistas de la provincia de Leoncio Prado, que ejercieron el año 2018. Y para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico SPSS; para realizar el análisis de datos con la prueba Chi cuadrado, el procedimiento de datos cuantitativos, tabulación, cruce de variables permitió realizar la contrastación de hipótesis; la cual puso en evidencia la vulneración del principio de contradicción en los juicios orales, puesto que no existe aporte jurisprudencial y doctrinal que corrija esta situación, y en la práctica judicial, los fiscales y abogados no solicitan a los jueces un plazo que hagan posible la verificación de la nueva prueba y la presentación de contraprueba, a fin de generar confiabilidad en la prueba ofrecida y que el juzgador obtenga información de calidad que le permita emitir una sentencia justa.

En este artículo se estudia la creciente importancia del riesgo de victimización secundaria tanto en la normativa nacional como en la supranacional. Asimismo, se examina cómo esta preocupación ha provocado la regulación de especialidades en las declaraciones sumariales de las víctimas menores de edad, por ejemplo, a través de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito o, más recientemente, la Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Finalmente, se analiza en qué medida las modificaciones efectuadas para evitar la victimización secundaria han afectado al principio de contradicción y al derecho a la presunción de inocencia. This article studies the growing importance of the risk of secondary victimization in both national and supranational legislation. It also examines how this concern has led to the regulation of specialties in the statements of underage victims at the pre-trial stage, for example, through Law 4/2015, of April 27, on the Statute of the victim of crime or, more recently, Law 8/2021, of June 4, on the comprehensive protection of children and adolescents against violence. Finally, it is analyzed to what extent the modifications made to avoid secondary victimization have affected the principle of contradiction and the right to the presumption of innocence.

Fil: Alicino, Tobías Martín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: El objeto de este trabajo es el análisis de la divergencia jurisprudencial que existe, en Argentina, respecto de la inoponibilidad de la franquicia en el seguro de transporte. El conflicto principal se configura entre un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, también existen posturas disímiles entre las propias salas que integran la referida Cámara. A su vez, participan de la contradicción jurisprudencial los juzgados de primera instancia que, muchas veces, se ven en la encrucijada entre aplicar el plenario o seguir el criterio del máximo tribunal. A fin de explicitar esta problemática, se analizarán algunas sentencias de los tribunales referidos que reflejan la postura que cada uno de ellos ha asumido respecto de la oponibilidad de la franquicia. Se abordará, además, el interrogante de si es posible preservar la seguridad jur´dica, a la luz de la doctrina del precedente, en el marco de tal contradicción jurisprudencial. Abstract: This paper analyzes the conflict of precedents regarding the unforceability of the deductible or amount the insurance company does not have to pay. The main conflict involves an en banc from the Argentinian Civil Court of Appeals and different decisions of the Supreme Court. But contradiction also appears within panels of the Court of Appeals and all these leads to conflict in courts of first instance. In order to delve with this. a set of decisions from the mentioned courts will be examined. They will show which are different criteria judges developed aroud the deductible. Finally, an attempt will be made to ascertain whether it is possible to preserve legal certainty within the framework of such a conflict.

En este artículo se estudia la creciente importancia del riesgo de victimización secundaria tanto en la normativa nacional como en la supranacional. Asimismo, se examina cómo esta preocupación ha provocado la regulación de especialidades en las declaraciones sumariales de las víctimas menores de edad, por ejemplo, a través de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito o, más recientemente, la Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Finalmente, se analiza en qué medida las modificaciones efectuadas para evitar la victimización secundaria han afectado al principio de contradicción y al derecho a la presunción de inocencia. This article studies the growing importance of the risk of secondary victimization in both national and supranational legislation. It also examines how this concern has led to the regulation of specialties in the statements of underage victims at the pre-trial stage, for example, through Law 4/2015, of April 27, on the Statute of the victim of crime or, more recently, Law 8/2021, of June 4, on the comprehensive protection of children and adolescents against violence. Finally, it is analyzed to what extent the modifications made to avoid secondary victimization have affected the principle of contradiction and the right to the presumption of innocence.

Resumen: Una práctica muy utilizada, que cuenta con base normativa, consiste en la producción de la prueba testimonial por medio de una declaración jurada, escrita y firmada por su autor, lo cual se traduce en un gran beneficio y eficiencia en la destinación de recursos humanos y materiales tanto de las partes como del tribunal arbitral. El presente documento tiene por objeto analizar, por una parte, cómo regulan esta práctica los distintos sistemas jurídicos y reglamentos de centros especializados de arbitraje y si la práctica descrita es admisible o si, por el contrario, afecta los derechos de las partes en el proceso.

Resumen: Una práctica muy utilizada, que cuenta con base normativa, consiste en la producción de la prueba testimonial por medio de una declaración jurada, escrita y firmada por su autor, lo cual se traduce en un gran beneficio y eficiencia en la destinación de recursos humanos y materiales tanto de las partes como del tribunal arbitral. El presente documento tiene por objeto analizar, por una parte, cómo regulan esta práctica los distintos sistemas jurídicos y reglamentos de centros especializados de arbitraje y si la práctica descrita es admisible o si, por el contrario, afecta los derechos de las partes en el proceso. Abstract: A useful practice, which have normative recognition, is the deposition of witnesses by written, which it involves efficient use of human and economic resources for the parties and the arbitrator or panel. This document has for objectives analyze how the different legislations and rules of specialized centers of arbitration regulate this practice and if it is admissible or, by contrary, if it affects procedural rights protected by due process.

Treball Final de Grau en Dret. Codi: DR1052. Curs: 2018/2019 El presente trabajo tiene como objetivo analizar los aspectos más importantes relativos al derecho de traducción e interpretación de los investigados y de los acusados en el proceso penal. La elección de esta temática se debe principalmente al afán de conocer el funcionamiento de dichas instituciones en la práctica, así como de comprender en detalle la regulación de las mismas, con el apoyo de la jurisprudencia española y europea. Con el objetivo de analizar esta temática, hemos estructurado este trabajo en seis grandes Capítulos. En el primer Capítulo, dedicado al sujeto pasivo del proceso penal y a sus derechos procesales, se estudia la diferencia existente entre los conceptos de «investigado» y «acusado». A continuación, se expone el derecho de defensa en sus dos vertientes (tras la imputación y tras la detención), reconocido en nuestra Constitución. En el mismo Capítulo, analizamos el contenido del derecho a la traducción e interpretación, ahondando en los artículos que lo regulan y apoyándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como concretando las consecuencias que se derivan de la vulneración del mismo. Seguidamente, tratamos las posibilidades de renuncia a los derechos de traducción e interpretación, con sus respectivos requisitos y las consecuencias que conlleva. En el segundo Capítulo, exponemos nuestra investigación sobre la figura del traductor o del intérprete, haciendo referencia a los aspectos básicos más relevantes como su naturaleza, funciones, importancia de los Códigos Deontológicos para su función, procedimiento para su designación y responsabilidad. Se analizan también los diferentes recursos que se pueden interponer en caso de denegarse el derecho a traducción. Continuamos especificando cuál será el sujeto que incurrirá en los gastos de la traducción e interpretación. Consideramos que la modificación de la LECrim en el ámbito analizado es de especial importancia, por lo que le dedicamos el tercer Capítulo, en el cual hacemos énfasis en el ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y temporal de los derechos a traducción e interpretación, así como en las modalidades de llevar a cabo la interpretación, que principalmente son dos: la simultánea y la consecutiva. En ese aspecto, nos centraremos en los principales problemas que nacen de la regulación legal. A continuación, en el cuarto Capítulo, hacemos alusión al uso de la videoconferencia, dado que se trata de una herramienta muy utilizada en la actualidad por los tribunales españoles. En este punto trataremos los aspectos problemáticos que supone la utilización de este tipo de medios tecnológicos, pero expondremos también las ventajas de los mismos. Estudiaremos por una parte la posición general adoptada por los el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el uso de la videoconferencia y por otra, la de los tribunales españoles sobre el mismo. Para cerrar este trabajo fin de grado, presentamos las conclusiones derivadas del análisis realizado en los Capítulos precedentes. Trazaremos unos argumentos globales y unas proposiciones de mejora. Por último, para obtener una visión práctica sobre la temática, consideramos conveniente entrevistar a un traductor-intérprete judicial, con relación a los siguientes aspectos: los conocimientos que se requieren para ser traductorintérprete y las pruebas que se han de superar, cuál es el tipo de interpretación más utilizado en la práctica, la dificultad de su trabajo, los principios que ha de respetar y la existencia de un Código Deontológico, así como el uso de la videoconferencia en el ámbito de las interpretaciones judiciales. Dicha entrevista está incluida en el ANEXO del presente trabajo.

El proceso penal colombiano de tendencia acusatoria, implementado por la Ley 906 de 2004, no define ni regula expresamente la prueba de refutación, siendo sólo mencionada llanamente en el inciso final del artículo 362. Esta situación genera inconvenientes en el curso de las actuaciones penales, pues evidentemente la omisión legislativa sobre esta figura impide que haya claridad sobre su adecuada práctica. La presente investigación aborda el problema que surge ante la carencia de desarrollo legislativo en Colombia de la prueba de refutación, proponiendo una dinámica específica de regulación de esta figura en el proceso penal acusatorio nacional, a partir de los aportes del desarrollo internacional de la misma y teniendo en cuenta el contexto Constitucional y legal de Colombia. Al examinar el derecho contemporáneo internacional (anglosajón, centroamericano y suramericano), en lo concerniente a la prueba de refutación; emergen los vacíos existentes en la legislación Colombiana sobre la prueba de refutación; de ahí que sea necesario formular criterios para el decreto y práctica de la prueba de refutación en la etapa de juzgamiento en el proceso penal acusatorio colombiano. Ante la evidencia de falta de regulación legal respecto al tema, se formula una propuesta de adición a la ley 906 de 2004 con el propósito de que el principio de legalidad contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política se materialice en la etapa del juicio sin disquisición alguna. The colombian criminal process of accusatory tendency, implemented by law 906 of 2004, this process isn´t expressly defined or regulated by the rebuttal test, although it was only mentioned for free in the last paragraph of article 362. This situation generates inconveniences in the course of criminal activites,as well as omission. The present investigation tackles the problem that arises from the lack of legislative development in Colombia of the rebuttal test, proposing a specific dynamics of this figure in the national accusatory criminal process, from the contributions of the international development of the same and also the constitutional and legal context of Colombia. When examin the law contemporary international (anglo-saxon,central american and south amercian), in the concerning the proof of refutation, emerge the gaps in the colombian legislation on the proof of refutation; in the colombian accusatory criminal process. given the evidence of the lack of legal regulation on the subject, aproposal is made of the addition to law 906 with the purpose of the principle of legality contemplated in article 29 of the political constitution is materialized in the test stage without any disquisition. Facultad de Derecho - Centro De Investigaciones Sociojurídicas

Las raíces de la violencia contra la mujer están en la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la discriminación generalizada contra la mujer en los sectores tanto público como privado. Las disparidades patriarcales de poder, las normas culturales discriminatorias y las desigualdades económicas se han utilizado para negar los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia contra la mujer, que es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer. Es así que el 29 de noviembre de 1995, se aprobó la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida como Ley N°. 103, teniendo como finalidad proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia. La violencia contra la mujer y la familia, no se limita a una cultura, región o país en particular, ni a grupos específicos de mujeres dentro de una sociedad. Las diferentes manifestaciones de esa violencia y las experiencias personales de las mujeres dependen, no obstante, de factores como el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad y la religión. En el caso del Ecuador, según datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, un 60.60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia (física, sicológica, sexual y patrimonial), es decir, que 6 de cada 10 mujeres, independientemente de su auto identificación, condición social o nivel de educación, ha sufrido algún tipo de violencia. El presente estudio ha planteado como objetivo general, diseñar un anteproyecto de ley reformatoria al artículo 643 numeral 15 del Código Orgánico Integral penal, que permita la comparecencia de los peritos en procesos relacionados con violencia intrafamiliar y no dejar tan solo a la discrecionalidad de ellos de poder acudir o no, tomando en cuenta que el informe pericial es un medio de prueba que permite formar el criterio del Juzgador en un hecho litigioso, más aún cuando se trata de violencia intrafamiliar, de allí lo que se busca es establecer la verdad acerca de los hechos en un caso concreto. De allí que para llevar a cabo este estudio se ha realizado una fundamentación teórica sobre los peritajes y principios procesales. En la parte metodológica se ha utilizado métodos técnicas e instrumentos de investigación, que ha permitido diagnosticar la problemática existente; en otra parte se ha realizado el marco propositivo dentro de cual se ha realizado el desarrollo de la propuesta. Culminando con las respectivas validaciones de expertos el impacto social y jurídico de la propuesta y las conclusiones y recomendaciones.

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 11, n. 1, 2017, pp 15-40 En el arbitraje internacional el tribunal no decide en nombre de determinado Estado. Se plantea por ello la cuestión de saber si los árbitros pueden aplicar al fondo del litigio reglas de derecho que las partes no hayan invocado en el proceso. No sirven necesariamente para los tribunales arbitrales las reglas que vinculan a los tribunales estatales en cuanto a esta cuestión. Pero tampoco parece adecuado que las partes tengan la libre disposición del Derecho aplicable en el arbitraje internacional. En este estudio se intenta determinar si y en qué medida el tribunal arbitral puede averiguar y aplicar ex officio al fondo del litigio reglas jurídicas no alegadas ni probadas por las partes. In international arbitration the tribunal does not decide on behalf of a given State. The question thus arises of whether arbitrators may apply to the merits of the dispute rules that parties have not invoked in the proceedings. Rules that bind national courts in this regard are not necessarily suitable for arbitral tribunals. But it does not seem appropriate that parties should freely dispose of the applicable law in international arbitration. This paper discusses whether and to what extent are arbitral tribunals allowed to determine and apply ex officio rules of law that have not been invoked or proved by the parties.

En este trabajo de grado, se presenta una línea jurisprudencial elaborada con el fin de examinar, determinar y concluir, acerca del manejo que le ha estado dando la Corte Suprema de Justicia, al tema de la prueba de referencia y su relación con los principios procesales de oralidad, inmediación y confrontación -- Por medio del análisis de algunas providencias de esta corporación, nos permitimos establecer la forma en la que esta Corte, logra ponderar la admisibilidad de la prueba de referencia y los principios procesales ya mencionados

Fil: Ariano, Chiara. Pontificia Universidad Lateranense; Italia Sommario: Il principio del contraddittorio è cardine portante della struttura del processo. Sia l’ordinamento italiano, sia quello canonico si basano essenzialmente sul principio del contraddittorio e sul diritto di difesa, ponendo al centro la persona. L’ordinamento statale italiano e quello canonico non sono però immediatamente assimilabili, soprattutto per ciò che concerne i motivi che ne ispirano l’azione. Pur avendo in questa prospettiva elementi che contribuiscono alla divergenza tra i due ordinamenti ognuno dei due si ritrova di fronte alla necessità di dettagliare, in termini di diritto positivo, principi specifici, ma probabilmente sono molti di più i valori comuni, che rivendicano la loro normatività sia nei confronti della società civile sia di quella ecclesiale, anzi postulano una loro sana cooperazione. Abstract: The adversial principle is the pillar of a legal process. Indeed, both the Italian and canonical legislation hinge on the adversial principle and the right of defense, with the ‘person’ being centerstage. Albeit the two legislations diverge in several respects, the points in common seem to prevail, especially when considering their roles vis-à-vis the civil society and the canonical order, respectively, and the need to promote a healthy/peaceful cooperation between the two.

La posibilidad de introducir en el proceso penal un sistema articulado de delación premiada más allá de las atenuantes de colaboración que de forma aislada prevén algunos preceptos del Código Penal, requiere determinar el modo en el que ha de configurarse tal sistema para garantizar su compatibilidad con las garantías procesales. En particular, es necesario determinar el alcance de los acuerdos premiales que puedan adoptarse, las condiciones para su ejecución, las consecuencias de su incumplimiento, el modo en el que ha de obtenerse la información ofrecida por el delator y su eficacia procesal. Este trabajo se centra en este último aspecto, esto es, en los requisitos para la incorporación a la causa de la información ofrecida por el delator y en su eficacia procesal para acordar resoluciones interlocutorias, en especial, todas aquellas que puedan afectar a la situación personal y procesal del investigado. The possibility to create in criminal process a Leniency Programme, beyond the attenuating circumstances of cooperation that provides the Criminal Code, makes necessary to determine the scope of this system to ensure that it’s suitable with the norms of due process. Particularly, it requires to determinate the extent of leniency agreements that can be taken, the conditions for its execution, the consequences of non compliance, how should be collected the information provided for the informer or whistleblower and its procedural efficiency. This paper focuses on the last topic, that is, on the requirements to include into criminal process the information provided for the informer and its efficiency to take a judicial interlocutory decision, specially the decisions which may effect the personal and procedural situation of person under investigation.

Contenido: Presentación -- Derecho y moral : ¿por qué ocuparnos? ¿de qué ocuparnos? / Méndez, Julio R. -- Los argumentos a favor y en contra de la educación religiosa en Salta en las audiencias celebradas ante la Corte Suprema / Laferriere, Jorge N. -- El concepto de dignidad humana en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación / Sacristán, Estela -- Algunas consideraciones sobre la muerte y los muertos en el Código Civil y Comercial / Navarro Floria G. -- Aproximaciones a los métodos de la filosofía iusnaturalista clásica / Freile Franco, Álvaro José -- Otras manifestaciones del principio de oportunidad / Romero Berdullas, Carlos Manuel -- Il principio del contraddittorio. Lineamenti comparativi tra proceso italiano e canonico / Ariano, Chiara -- La naturaleza jurídica del Reglamento de Propiedad Horizontal, la tutela del consumidor inmobiliario y las cláusulas abusivas / Cajarville, Juan Carlos -- Argumentos para una reinterpretación del artículo 3º del Código Civil peruano : goce de derechos vs. capacidad de goce / Santillán Santa Cruz, Romina V. -- Nuevos horizontes de la discriminación genética en los Estados Unidos a partir del caso “Chadam v. Palo Alto Unified School District” -- Acerca de la enseñanza religiosa escolar en Salta -- Documentos -- Recensiones.

Este trabajo aborda el análisis del nuevo Título VI de la Ley General Tributaria, que contiene las normas de desarrollo del procedimiento administrativo en supuestos de delito contra la Hacienda Pública, desde el punto de vista de algunos de los principios fundamentales del ordenamiento tributario, en particular, el principio non bis in idem, el principio de no autoincriminación, el principio de contradicción y el principio de proporcionalidad, como límite a las actuaciones inspectoras. El trabajo tiene por objeto la exposición y el análisis crítico de determinados aspectos de la regulación que pueden afectar los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de aplicación de los tributos. The aim of this paper is to examine the new Title VI of the General Tax Act, containing the rules about the administrative procedure in case of tax crime. This analysis is performed from the point of view of some fundamental principles in Tax Law, such as non bis in idem principle, the privilege against self-incrimination, contradictory principle and proportionality, as a limit of the administrative actions. The object of the present article is to describe and analyse critically various aspects of the regulation that it may affect the taxpayers’ rights in tax procedures. Este trabajo se ha realizado como consecuencia de la obtención de una beca postdoctoral para estancias en centros de investigación extranjeros, concedida por la Generalitat Valenciana (Resolución de 4 de mayo de 2015), y disfrutada en el ”Institute of Advanced Legal Studies” de la ”University of London” del 29 de junio al 31 de julio de 2015.

Fil: Romero Berdullas, Carlos Manuel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho; Argentina Resumen: l autor analiza el Derecho Procesal Penal desde la perspectiva del Derecho Constitucional y especialmente la forma republicana de gobierno. Tal perspectiva permite vislumbrar la importancia del derecho punitivo que contiene las garantías y libertades constitucionales en pos del bien común político. Al mismo tiempo, se analizan las proyecciones antirrepublicanas en el tema para concluir con un llamado a la resignificación de algunos conceptos tales como el principio de contradicción, el de oralidad y la importancia de una retórica emparentada con la noción de poliacroasis. Abstract: The author analyzes the Criminal Procedural Law from the perspective of Constitutional Law and especially the republican form of government. This perspective allows us to glimpse the importance of punitive law containing the constitutional guarantees and political freedoms in pursuit of the common good. At the same time, the anti-republican projections are discussed in the topic to conclude with a call to the redefinition of certain concepts such as the principle of contradiction, that of orality and the importance of rhetoric akin to the notion of poliacroasis.

El nuevo proceso penal ha traído aparejada la inclusión de un modelo adversarial de juicio oral, en que por primera vez las partes son las encargadas de incorporar la evidencia al juicio. En ese contexto la examinación de los testigos, incluida su desacreditación, ha quedado entregada a los intervinientes a través del contraexamen, el que cumple el rol de depurar la prueba testimonial y pericial. Un de las fases del contraexamen es la impugnación de la credibilidad, etapa que requiere desarrollarse correctamente para que el nuevo modelo de juicio oral produzca evidencia de calidad para decidir el asunto sometido a juicio. El presente artículo analiza la posibilidad de usar durante el contraexamen, información que emane de un juicio anulado para desacreditar a los declarantes en un posterior juicio de reenvío. The new criminal procedure has incorporated the adversarial model to the criminal trial, in which for the first time the parties are in charge of incorporating evidence in trial. In this context the witness examination, including their impeachment, has been handed over to the parties through cross-examination, its role to filter witness and expert testimony. One of the phases of the cross-examination is impeachment, which requires the correct development of this stage in order for the new model of public trial to produce precise evidence that will decide the litigious issue. This article discusses the possibility of using, during cross-examination, information from an annulled trial in order to discredit the witnesses’ statements in a subsequent trial.

El principio de inmediación es condición de la presentación de la prueba en el derecho procesal penal y también en una justicia transicional que agilice trámites para garantizar un derecho y atendiendo al carácter público de la audiencia pública de juzgamiento bajo la ley de Justicia y Paz, en representación de las víctimas y la defensa, para trasmitirle al juez dicha información. Hacia el posconflicto, debe prevalecer dicha inmediación. Se analiza la evolución jurisprudencial y legislativa y se concluye que es de obligante cumplimiento garantizar la inmediación en incidentes de reparación integral bajo las normas de justicia transicional. The principle of immediacy is the condition of presentation of evidence in the criminal procedure law and transitional justice in a expedite procedures to ensure law and considering the public nature of the hearing of prosecution under the law of Justice and Peace, in representation of victims and defense, to convey this information to the judge. To the post-conflict should prevail such immediacy. The case law and legislative developments are analyzed and concluded that it is of compelling immediacy ensure compliance incidents of reparation under the rules of transitional justice.

El presente artículo de reflexión tiene como propósito analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el tratamiento brindado a la prueba de referencia en contraposición con los principios de inmediación y contradicción que giran en torno a este instituto, siguiendo la metodología propuesta por el profesor Diego Eduardo López de análisis dinámico del precedente, apoyado en el análisis de contenido de las normas constitucionales y legales contenidas en la ley 906 de 2004. En tal sentido se definirán los pronunciamientos jurisprudenciales con relación a la prueba de referencia y se identifican los casos en que excepcionalmente las declaraciones anteriores al juicio pueden ser admitidas bajo esta tarifa legal negativa. This article aims to analyze reflect the jurisprudence of the Supreme Court and the treatment provided to the gold standard as opposed to the principles of immediacy and contradiction that revolve around this institute, following the methodology proposed by Professor Diego Eduardo López dynamic analysis of precedent, supported by content analysis of the constitutional and legal norms contained in law 906 of 2004. In this regard the judicial rulings will be defined relative to the benchmark and that in exceptional cases the above statements may be admitted at trial under this negative legal rate are identified.

El objetivo de la investigación fue analizar la forma como la audiencia de apelación regulada en el artículo 420º.5 vulnera el derecho de defensa del imputado y del principio de contradicción en el Código Procesal Penal en el Sistema Acusatorio, Garantista y Adversarial; para lo cual se realizó un estudio cualitativo, transversal, explicativo, cuyo diseño fue un no experimental, desarrollado en el ámbito de la jurisdicción nacional, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación realizada. La muestra estuvo constituida por el análisis de la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección de datos las fichas y ficha de análisis de contenido. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que la rigidez que embarga el artículo 420º.5 del Código Procesal Penal, debe flexibilizarse y contener excepciones, tratándose de situaciones en que una de las partes - el imputado - no concurra a la audiencia debido a causas justificadas, de tal forma que no se le prive del derecho a la defensa técnica o al menos oficiosa Tesis

The writings of Menchu Gutiérrez carry us through an intense and vibrand present. A present as far from the anecdote as the own course of constellations which turn each sequence in an Epiphany “fact”. The present immediately brings us inside a highly symbolic space weaved by the writer, and involves us in a series of never exact speculative reduplications through which we once again pass through the rooms of any interior castle as well as through the perfumed and beautifully illuminated stations of a new manuscript of “rich hours”. Writings at the edge, in the mountain range that gathers prose and poetry, understanding and enigma, reason and unreason through which we intend to stroll listening with attention to this unheard of language, testing radiant darknesses with hands offered by the texts., Los relatos escritos por Menchu Gutiérrez nos someten a un presente vibrante e intenso, un presente, tan alejado de la anécdota como el propio curso de las constelaciones, que convierte cada secuencia en «hecho», en una epifanía. El presente nos adentra de inmediato en el espacio altamente simbólico tejido por la escritora y nos involucra en una serie de reduplicaciones especulares nunca exactas, mediante las cuales volvemos a recorrer tanto las moradas de algún castillo interior como las estaciones perfumadas preciosamente iluminadas de un nuevo manuscrito de las «ricas horas». Escritura al filo, en la cordillera, en que se reúnen prosa y poesía, comprensión y enigma, razón y sinrazón y por la que nos proponemos pasear, oído atento a esta lengua inaudita, tanteando oscuridades radiantes con las manos ofrecidas por los propios textos.

El principio de contradicción tiene su lugar propio en la filosofía griega, concretamente en la Filosofía Primera o Teología de Aristóteles. No es ni un precepto ni una prohibición sobre el ente, abstraído de diversos estados de cosas, sino él mismo un estado de cosas, mejor dicho: el estado de cosas primero para todo el que quiera conocer algo. Su universalidad consiste en que presenta el estado de cosas en cuanto estado de cosas y se expresa en la decisividad de lo que constata: es imposible – que lo es el caso no sea el caso. The Principle of Contradiction is at home properly in the Greek Philosophy, specifically in the Aristotelean First Philosophy or Theology. It is neither a precept nor an interdiction about beings, abstracted from several states of things, but itself a state of things, better: the first state of things for everyone who wishes to know anything. Its Universality consists in the fact that it presents the state of things as state of things and is expressed in the decidedness of its statement: it is impossible – that what is the case is not the case. Fil: Boeder, Heribert.

La Ley de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, N° 8720, entró en vigencia en Costa Rica el 22 de abril de 2009. Esta ley contempla la posibilidad de ordenar medidas de protección para reservar las características físicas individualizantes de este grupo de personas, aceptándose en consecuencia el llamado “testigo sin rostro”. Sin embargo, la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal en recientes sentencias, han rechazado –expresa o tácitamente– la aplicación de este instituto no solo en la etapa de juicio sino también en el anticipo jurisdiccional de prueba, basadas, sobretodo, en lo dispuesto por la normativa internacional vigente en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Afortunadamente, el rumbo que ha tomado la jurisprudencia es acorde con el respeto de los Derechos Humanos que deben imperar en un Estado Democrático como el costarricense.

El presente artículo analiza el derecho a la última palabra como derecho fundamental, directamente conectado al derecho de defensa. Se trata de un mecanismo jurídico que constituye la más viva expresión del principio de autodefensa. Su relevancia radica, de un lado, en su presencia a todos los niveles del ordenamiento jurídico: internacional, constitucional y legal, y de otro, en su profusa aplicación por los tribunales. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo o las Audiencias Provinciales han dedicado numerosas sentencias al análisis de esta institución jurídico-penal.------------------------------------------------------------------This articles analyses the right to have the final say as a fundamental right, directly linked to the right of defence. It is a legal mechanism which constitutes the most vivid expression of the principle of self-defense. Its relevance lies, on the one hand, on, its presence in all levels of the legal system (o legal order) and, on the other hand, on its usual application by courts. The Constitutional Court, as well as the Supreme Court and Provincial Courts have dedicated many judgements to the analysis of this criminal legal institution., Artículo revisado por pares

La finalidad del Derecho de Defensa, como garantía constitucional, es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La presente investigación está orientada a determinar la forma cómo se manifiesta la restricción del derecho de defensa de los imputados en los procesos penales sumarios, en el Distrito Judicial de Ancash. Para este estudio se seleccionó una muestra de 40 Abogados y 10 expedientes penales, la recolección de datos, el procesamiento y análisis a través del empleo de la estadística descriptivo. La conclusión principal nos permite afirmar que la vulneración del derecho del detenido a ser comunicado sobre la imputación, el derecho al tiempo y las facilidades necesarias para la defensa, el derecho a contar con un intérprete, la asistencia del imputado por un abogado defensor, el derecho a la autodefensa, el derecho a confrontar la evidencia presentada por la acusación, el derecho a no ser obligado o inducido a declarar contra sí mismo o a declararse culpable y el derecho a un defensor de oficio en caso de ser necesario, son quebrantados por los operadores de la justicia penal en las distintas etapas del proceso; evidenciándose la vulneración e inaplicación en gran medida de esta garantía. Tesis

El llamamiento en garantía y la denuncia del pleito son dos figuras del derecho procesal colombiano, de mucho uso en la práctica, de poco desarrollo en la legislación y buenos intentos de interpretación por parte de la doctrina. Ambas figuras se encuentran reguladas en el C.P.C y su desarrollo está entrelazado ya que comparten artículos entre sí. Cada una de ellas posee una naturaleza que al identifica como tal, pero hoy en día existen muchas dudas sobre las mismas., 82 p., Contenido parcial: La parte como sujeto procesal -- La sucesión procesal -- Acumulación de pretensiones -– Litisconsorcio -- Los terceros -- Trámite de la denuncia del pleito -- Acción de repetición.

Fil: Burgoa, Lorenzo Vicente. Universidad de Murcia; España Lo primero que salta a la vista es que Kant le ha dedicado muy poco espacio, apenas dos páginas de su extensa obra, al análisis del principio de contradicción, que se considera tan importante por todos. Sin embargo, el mismo Kant, afirma que es el primero entre los juicios analíticos y la base, al menos negativa, de los mismos. Da la impresión de que Kant lo trata con desgana. De hecho le resta rá enseguida importancia, ya que siendo según él un juicio analítico, no vale para el plano de lo sintético, que es lo que importa para la ampliación del conocimiento científico. En todo caso, Kant lo reduce a una consideración estrictamente lógica, sin darle alcance alguno ontológico (de acuerdo con sus prejuicios hacia todo lo ontológico). Lo que no le impide hablar de contradicción con el objeto, cuando se va contra (contradiciendo) el concepto del objeto...

In Metaphysics, Book Gamma, Aristotle argues that he who asserts a contradiction is committed to a rejection of degrees. On the other hand, though, Aristotle claims that there can be no intermediary situation in-between pure or entire truth or existence and utter, complete falseness or nonexistence. Such a combination of views can be rendered noncontradictory at best through objectionable manoeuvres. Although Aristotle accepts that two contrary properties can be both present in the same object to some extent, he is, in order to keep clear of contradictions, bound to regard intermediary situations as something irreducibly different from both extremes.

El uso de mecanismos premiales para obtener información con la que desarticular bandas y grupos criminales se ha revelado como un instrumento especialmente eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. En todos los sistemas penales se han introducido (o se está en vías de introducir) elementos a través de los que canalizar acuerdos de colaboración o ciertos beneficios penales con los que incentivar que investigados conocedores de información relevante la aporten al proceso. Sin embargo, no todos ellos garantizan su compatibilidad con las garantías procesales de otros investigados que resultan incriminados a cambio de acuerdos o beneficios penales ni ofrecen información fiable. En particular, es necesario determinar el alcance de los acuerdos premiales que pueden adoptarse, las condiciones para su ejecución, las consecuencias de su incumplimiento, el modo en el que ha de obtenerse la información ofrecida por el delator y su eficacia procesal. Este trabajo se centra en este último aspecto, esto es, en los requisitos para la incorporación a la causa de la información ofrecida por el investigado colaborador y en su eficacia procesal para acordar decisiones que puedan afectar a la situación personal y procesal de otros investigados en la misma causa o en causas vinculadas a ella. The possibility to create in criminal process a Leniency Programme, makes necessary to determine the scope of this system to ensure that it’s suitable with the norms of due process. Particularly, it requires to determinate the extent of leniency agreements that can be taken, the conditions for its execution, the consequences of non compliance, how should be collected the information provided for the informer or whistleblower and its procedural efficiency. This paper focuses on the last topic, that is, on the requirements to include into criminal process the information provided for the informer and its efficiency to take a judicial interlocutory decision, specially the decisions which may effect the personal and procedural situation of person under investigation.