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El objetivo de este artículo es mostrar cómo, a partir de la entrada en vigencia de la ley 1480 de 2011, se ha plasmado un nuevo límite a la libertad contractual, este referido a la formalización y documentación del contrato con consumidores, el cual funge como control de forma sobre el proceso contractual, y no un control defondo, como el que ocurre, por ejemplo, con las cláusulas abusivas o los criterios de interpretación contractual. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: (1) La evolución de la forma del contrato, (2) la solemnización y la documentación en los contratos de consumo y (3) efectos jurídicos del incumplimiento de las formas ordenadas en la ley. El apartado de conclusiones, dará razón de los resultados del análisis, enfocadas a demostrar que retomar algunos rituales y solemnidades contractuales, mas que un retroceso frente a la regla de libertad de forma, es un avance para la protección de la parte débil en las relaciones contractuales. The objective of this article is to show how from the effect of Law 1480, 2011, a new limitation to contractual freedom has emerged, referred to formalization and documentation of agreements with consumers, which act as a control of form on the contractual process but not as an important control such as abusive clauses or criteria of contractual interpretation. For this, the following aspects willbe analyzed: (1) Evolution of agreement form, (2) Signing and documentation of consumption agreements, and (3) juridical effects of failure to comply with law. In conclusions, analysis will be shown, demonstrating that to retake some rituals and contractual solemnities more than going backwards before a form liberty norm,it is an advancement, for the protection of the weak part in contractual relations.

El presente artículo muestra que los principios generales de la contratación en el derecho privado y sus criterios de interpretación se estructuraron con los supuestos de igualdad jurídica y económica entre las partes y la libertad de determinación del contenido del contrato; sin embargo, la masificación de la producción y consumo de bienes y servicios ha llevado a una mutación de las estructuras contractuales y ha creado la necesidad de recurrir a formas también masivas de contratos que establecen cláusulas uniformes para los contratantes. El objetivo de esta investigación es formular unas nuevas pautas de interpretación de estos contratos, con el fin de reconstruir el equilibrio económico y jurídico de los mismos. This article shows that the general principles for engagement in the private law and its interpretation criteria were structured with the assumptions of economic and legal equality between the parties and the freedom of determination of the contract’s content; however, mass production and goods and services consumption has led to a mutation of the contractual structures and has also created the need to appeal to massive forms of contracts that establish standard clauses for the contracting parties. The aim of this research is to formulate new interpretation patterns of these contracts, in order to reconstruct the economic and legal balance of the contracts

En los últimos años han cobrado gran importancia los que se ubican en el caso colombiano dentro de los derechos colectivos, según la consagración establecida en la carta de 1991, artículo 78, previendo el control de calidad sobre los bienes y servicios, por otra parte el Decreto 3466 de 1982 enmarca el Estatuto del Consumidor, la cual es una normatividad anclada en el pasado y que no responde a los principios y garantías fundamentales estatuidas en la constitución Política actual ni a los desafíos de una nueva era caracterizada por la desaparición de las fronteras y las barreras económicas y el acceso sin limite a la información del mercado. Frente a los requerimientos del derecho del consumo es menester nuestro responder al siguiente interrogante: ¿Cuál es el contenido que debe dársele a los derechos de los consumidores y cuáles son los mecanismos adecuados para la protección de estos a la luz de la Constitución Nacional de 1991?, a lo cual se dio respuesta a través de una metodología jurídica de carácter aplicado, con un enfoque, Cualitativo. Concluyéndose que en coherencia con los principios constitucionales de 1991, los derechos de los consumidores son de contenido socioeconómico y por ende se constituyen como derechos sociales fundamentales de carácter individual y no colectivo, razón por la cual los mecanismos dispuestos actualmente no son coherentes con sus necesidades y dinamismo, no haciéndose posible su accionar para una efectiva garantía.

La crisis que originó la apertura económica en Colombia generó traumatismos en lo empresarial y lo económico; con situaciones tales como la inadecuada estructura operativa y de costos, la falta de información contable y oportuna en las empresas, el endeudamiento y las tasas de interés y los ajustes integrales por inflación. Por circunstancias como las expuestas anteriormente, es que los procesos concursales en Colombia, se implementan como una herramienta legal diseñada para la consecución de acuerdos o planes de pagos que permitan o procuren la satisfacción de los créditos insolutos a cargo de una persona natural o jurídica que tenga la calidad de comerciante insolvente, en armonía a las normas comerciales, civiles y tributarias aplicables, sin desprenderse de principios básicos de equidad, de igualdad ante la ley y de preservación del derecho a desarrollar una actividad empresarial. Por ello a través del estudio paradigmático de la acción comunicativa, se verifica la eficacia de dicha. normativa concursal.