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La reforma al Código Civil y Comercial de 2015 trajo consigo, entre otros cambios, novedades relevantes en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. El objetivo de este trabajo es hacer un rápido repaso al estado actual de la cuestión, señalando cómo la responsabilidad estatal ha sido regulada tanto por la jurisdicción federal como por algunas provincias argentinas. En ese marco, me concentraré en la inconveniencia de prescindir por completo de las disposiciones previstas por la legislación Civil, según lo dispuesto por el Código Civil y Comercial y por la Ley N° 26.944. Así, abordaré los caminos recorridos por las diferentes provincias de nuestro país, poniendo especial énfasis en la situación de la provincia de Buenos Aires, la cual, al momento de este trabajo, carece de regulación en materia de este tipo de responsabilidad. Indicaré los posibles mecanismos de integración que se encuentran en el ordenamiento jurídico, particularmente la analogía y los principios jurídicos, ejemplificando cómo las cortes provinciales han tenido que recurrir a ellos. Finalmente, apoyaré la necesidad de que la provincia más grande del país regule su propia responsabilidad de bienes públicos, incluyendo principios que son comunes a todo el sistema constitucional.

La presente reflexión pretende analizar, qué protección ha otorgado el legislador bonaerense a la vivienda, única y de ocupación permanente, cuando ha estipulado su inembargabilidad e inejecutabilidad a través de la ley 14432, a la luz del Estado constitucional y convencional de Derecho.En éste contexto, se analizará cuál ha sido la postura de los tribunales bonaerenses al respecto, con especial atención a lo decidido por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala I, del Departamento Judicial de Azul, toda vez que se inclinó por la inconstitucionalidad de la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única de ocupación permanente.Asimismo, en contraposición, se considerará un fallo de la Sala 2 de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Plata, del año 2015, donde la Jueza Bermejo realiza un control de convencionalidad de la normativa en cuestión, declarando su constitucionalidad.