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En Ecuador, los delitos sexuales y de género han aumentado, afectando gravemente a menores y familias. El testimonio anticipado se utiliza en estos casos para proteger a las víctimas, minimizando su revictimización sin afectar el derecho a la defensa. Aunque el testimonio anticipado es una medida para proteger a las víctimas, surgen dudas sobre su efectividad y equidad en los juicios de delitos sexuales. Se cuestiona si garantiza un juicio justo y si previene realmente la revictimización. La investigación evalúa la eficacia y repercusiones del testimonio anticipado en delitos sexuales del país, además se propone recomendaciones en el procedimiento penal para equilibrar la protección de las víctimas y los derechos del acusado en el sistema judicial. La metodología empleada combina el método exegético, para una interpretación literal de las normas en Derecho Penal, y el método de análisis de contenido, que permite analizar documentos legales de forma sistemática. Se utiliza técnicas cualitativas como la observación no estructurada y la revisión documental para explorar antecedentes, analizar contribuciones y datos de otros autores. Se concluye que es necesaria una regulación específica de procedimientos legales que permitan hacer cumplir las leyes y administrar justicia en la legislación ecuatoriana, normando la evacuación de la prueba anticipada en casos de abuso sexual para preservar su propósito excepcional y efectivo. La práctica judicial enfrenta desafíos importantes, ya que la falta de contradicción plena en el testimonio anticipado puede vulnerar el derecho a la defensa y el principio de igualdad de armas

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Los juicios paralelos no son ejercicio de justicia popular, pero sí manifestación de la esencial libertad de expresión en asuntos de interés público. El problema es que no son paralelos, sino oblicuos, porque inciden en la también sagrada presunción de inocencia: pueden pervertir la presunción, la prueba y la imparcialidad judicial. Para solucionar este conflicto de valores constitucionales se han propuesto malas y buenas estrategias. Entre las primeras está la penalización de los juicios paralelos, el aplazamiento del juicio, la absolución y la recusación del juez. Mejor camino es el que marcan los deberes penales de secreto de funcionarios y partes procesales, la prohibición de entrevistas a testigos, la atenuación de la pena en casos extremos y la supresión total o parcial del jurado.

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Recensión del libro: ROGELIO RIVERO, Presunción de inocencia y aplicación de medidas cautelares en fase de investigación previa. Pautas para su protección ante denuncias a clérigos por abuso sexual a menores [Instituto Martín de Azpilcueta, Canonica], Pamplona: EUNSA 2024, 347 pp., ISBN 978-84-313-3973-9.

El sistema de justicia dispositivo es implementado actualmente en Colombia para el juicio de pérdida de investidura de los congresistas. Ahora bien, al ser un proceso sancionatorio, surge la pregunta de si es más adecuado adelantar su trámite bajo las lógicas del sistema acusatorio, propio de esta clase de procesos, y más alineado con los principios y presupuestos del ejercicio del ius puniendi. Las reflexiones consagradas en la presente investigación buscan responder a este interrogante, así como explicar las bases para una posible reforma. Virar hacia un sistema procesal de corte acusatorio permitiría un mejor cumplimiento de las exigencias derivadas del conjunto de principios que hacen parte del debido proceso.

El presente artículo consistió en identificar los criterios de evaluación que posibilitaron poner de manifiesto de manera clara una vulneración al ejercicio del derecho de defensa, con la finalidad de otorgar a los operadores de justicia la facultad de admitir de forma extemporánea el escrito de absolución del requerimiento acusatorio y lo establecido en el artículo 350 inciso 1 del CPP. Establecer criterios claros para el derecho a la defensa fue considerado esencial para asegurar un juicio justo. Este derecho buscó proteger al imputado de la potestad punitiva del Estado mediante la defensa material y técnica, siendo esta última ejercida por un abogado defensor. El enfoque es cualitativo con un diseño de la investigación transversal, descriptivo-explicativa, dogmática-propositiva con el carácter proyectivo. Los resultados obtenidos manifestaron la necesidad de nuestra propuesta de investigación para aprobar un proyecto de ley que fue proponer medidas concretas destinadas a mejorar la actuación del abogado particular en la etapa intermedia y, por ende, la calidad de la defensa. Finalmente, con la investigación se concluyó que fue esencial garantizar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Para enfrentar adecuadamente las acusaciones, el acusado debió estar informado de los cargos y contar con la asistencia de un experto legal que lo representara y asesorara.

The Apostolic Constitution Pascite Gregem Dei. A brief but necessary historical retrospective of the presumption of innocence: a key to interpreting procedural guarantees. Onus probandi incumbit eo qui dicit: the right and duty to answer well-founded and documented accusations. In dubio pro reo: If the judge cannot establish the moral certainty of guilt, an acquittal sentence must be issued. Is there a right to acquittal? The presumption of imputability and the presumption of innocence. Some procedural consequences of the principle of presumption of innocence: notitia criminis and the prior investigation; the obligation of secrecy and confidentiality; the "administrativization" of criminal proceedings; precautionary measures; informing the accused so that the right of defense with regard to the accusations made is protected; moral certainty must be achieved; criminal conviction with mitigation; and the suspensive effect of appeal and appeal. Vademecum of the DDF. Admonitions and criminal remedies. Some concluding considerations. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This paper systematizes and compares, based on the reasoning of the U.S. Supreme Court and its decisions, four pairings of concepts that arise from discussions on the operability of the presumption of innocence in the AngloAmerican legal system. The article illustrates that the partial conclusions in each of these comparisons must be reached by arguments consistent with the normative foundation of the presumption of innocence principle in order to find the defining characteristics of said principle. Ultimately, the paper sets forth a definition of the presumption of innocence that encompasses each of the partial conclusions thus reached. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Indispensable es tratar temas procesales respecto a la privación de la libertad, presentándose en la actualidad una discusión latente en Colombia, en la que se valora argumentativamente si se debe restringir para una persona este derecho, una vez se ha dictado el sentido del fallo condenatorio cuando existan prohibiciones respecto a beneficios punitivos, denotándose dos posturas de la jurisprudencia que se contraponen. El objetivo perseguido es resolver que frente a un problema jurídico similar se viene decidiendo con dos alternativas distintas que comprometen el derecho a la libertad y, con ello, el despliegue de las múltiples consecuencias del encierro. Así, se iniciará fijando la categoría de la libertad como un presupuesto máximo; enseguida se ubicarán las dos posiciones contrapuestas frente a una misma situación y, a partir de ello, se vinculará al trabajo la trascendencia del rol del juez argumentador. Con apoyo de una metodología cualitativa, que involucra el estudio del tema por medio de jurisprudencia, doctrina y bibliografía, se colegirá que las limitaciones del derecho a la libertad que están en un escenario procesal en pugna pueden deberse a múltiples posiciones valorativas, y debido a ello, solamente se otea un resultado plausible derivado de la garantía de la motivación.

Este trabajo investigativo versa sobre la valoración del testimonio de la víctima en delitos sexuales. Su objeto es determinar los criterios jurisprudenciales respecto de esta temática emanados de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para contrastar estos datos con la regla valorativa legal contenida en el Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la premisa que el testimonio de la víctima en delitos sexuales es de importancia: 1. la regla del Código indica que debe ser valorado en conjunto con los otros medios probatorios; y, 2. la jurisprudencia nacional por un lado considera que el valor de la víctima es trascendental y capaz de enervar la presunción de inocencia por sí solo; no obstante, por otro lado, exige que sea corroborado por otras pruebas. La jurisprudencia internacional por su parte establece un estándar que le da el carácter de prueba fundamental. En este contexto se ofrece una contribución vinculada con la argumentación probatoria dentro del estándar de más allá de toda duda razonable. Y, se propone: se establezcan los siguientes parámetros en la valoración de esta prueba: 1. cuando existen otros medios probatorios debe ser valorado con éstos en su conjunto; y, 2. cuando resulte único medio probatorio de cargo debería confirmarse su credibilidad a través de un test.

La autora analiza la colaboración eficaz, destacando entre sus re­glas la importancia del adecuado uso de la declaración del colaborador eficaz en las investigaciones y los procesos penales; y realiza un análisis sobre las consecuencias jurídicas en las que se incurriría al no observar los requisitos de uso, mencionando entre ellas la vulneración de derechos, garantías y prin­cipios de rango constitucional. Adicionalmente, realiza una exposición sobre otros aspectos relevantes de esta institución jurídica, tales como la reserva del procedimiento y la necesidad de corroborar la información proporcionada por el delator; así como un breve comentario sobre el proyecto de Ley 6623, que propone modificar la regulación de esta institución jurídica.

Este trabajo analiza los posibles escenarios y relaciones que pueden ocurrir cuando la prescripción y nulidad se presentan, casi de manera conjunta, en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración pública. En concreto, se estudia la prescripción como límite para la validez de la san­ción administrativa, como consecuencia de la invalidez del procedimiento sancionador, y, su impacto en la validez de la fiscalización administrativa.

Recensión del libro: PEDRO MARTÍN RODRÍGUEZ, La presunción de inocencia en la Iglesia. Análisis comparado con el derecho penal español, Dykinson S.L., Madrid 2023, 356 pp., ISBN 978-84-1170-718-3.

Restorative Justice has triumphantly entered the core of the Italian "penal citadel". The "Cartabia Reform" (Legislative Decree nº 150/2022) provided an organic and detailed regulation of the "giustizia riparativa" and a new and complex organisational infrastructure for it. Now, in Italy, restorative processes can be applied to all offences and at any stage of the criminal procedure. Restorative processes' effects on the penal system are various, although generally not so impactful, and globally reasonable, if properly framed. On the other hand, in the procedural field, serious problems arise, which can generate distorting dynamics. The new Italian legislation offers an opportunity to reflect on a new paradigm of justice and on its complex relationship with the criminal justice system. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El objetivo fue establecer una propuesta de modificación de Ley para evitar la vulnerabilidad del derecho a la presunción de inocencia de los aprehendidos por supuesta comisión de delitos en Bolivia. La metodología empleada comprende: [1] Análisis de la cuestión; [2] Exhibición de aprehendidos como sentencia anticipada; [3] Análisis de la legislación comparada; [4] Propuesta para la modificación del Artículo 296 de la Ley 1970; [5] Identificación de beneficiarios. Se estableció que ésta es una práctica frecuente en Bolivia que: vulnera el derecho de presunción de inocencia durante las diligencias preliminares, es contraria al ordenamiento interno e internacional y transgrede una de las tres misiones específicas de la Policía Boliviana según lo establecido por el artículo 251 de la Constitución. En consecuencia, es pertinente promover una propuesta de anteproyecto de Ley de modificación del artículo 296 de la Ley 1970, que prohibirá la exhibición pública del imputado ante medios de comunicación hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.

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El presente artículo centra su análisis en uno de los principios de mayor utilización práctica en la justicia penal. Tradicionalmente rela-cionado con el ámbito de la valoración de las pruebas, en la actualidad el principio «in dubio pro reo» ha perdido su significación independiente por su directa relación con el derecho a la presunción de inocencia.

The investigation addresses the incorrect assessment and motivation of judicial decisions, violating the principle of presumption of innocence. Posing as a scientific problem, that the improper motivation of the evidence would lead to conviction, limits the protection of the principle of presumption of innocence in the Peruvian criminal process and as an objective, a modification to Law No. 29277 of the judicial career to protect presumption of innocence in criminal proceedings. Scientific legal methods and studies of doctrinal and jurisprudential documents were used, as well as a survey with a questionnaire. From the analysis carried out, the defects in the motivation of the circumstantial evidence by the judge in the sentence are corroborated, affecting the presumption of innocence of the accused, for which it is of interest to incorporate as a disciplinary fault of the Judge who fails to comply with this requirement in the criminal process. in the Regulations, Law N°. 29277 of the Judicial Career. l, Chapter V: Disciplinary Regime, article 47: Serious Offenses. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En un reciente artículo se ha propuesto invertir la carga de la prueba en el procedimiento sancionador, de manera que sea el administrado quien demuestre su inocencia. Esta nueva regla se utilizaría en aquellos casos en donde es menos costoso para el administrado producir la prueba necesaria para exonerarse de responsabilidad. De esta forma, se enfrentaría el problema de la conducta estratégica que podría tener el administrado para ocultar información. En el presente artículo, se analiza críticamente la propuesta mencionada, cuestionando sus bases teóricas y sus implicancias prácticas. En otras palabras, se asume una defensa de la garantía constitucional de presunción de inocencia, la misma que, en la posición del autor, no admite ni debe admitir excepciones.

En el presente artículo se analizan los problemas que enfrenta en la actualidad el proceso penal en cuanto a la declaración del testigo-víctima en delitos basados en género, producto de un desenfrenado populismo e insatisfacción ciudadana. Resulta necesario evitar cualquier sesgo de género por el cual se pueda arribar a resoluciones judiciales irracionales, ello sin disminuir las garantías procesales, especialmente las que asisten a los investigados.

El próximo 6 de junio del 2021, por primera vez en México, emitirán su voto en las elecciones federales hombres y mujeres que se encuentran privados de su libertad; esto ocurrirá en 5 centros penitenciarios del país, como parte de una prueba piloto que implementará el INE. Una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales (JDC-352/2018) promovido por dos ciudadanos ha reconocido el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y ha ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una prueba piloto para la votación de personas en dicha condición en el proceso electoral 2020-2021, así como desarrollar un programa para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva en la elección de 2024.

En el presente documento, se explora la acusación de que las reivindicaciones a favor de las mujeres tienen un tinte punitivo, en el sentido de que pretenden combatir los estereotipos de género a través de los medios más coercitivos del Estado, exigiendo, además, que este restrinja los derechos individuales de los procesados para lograr más castigos y más severidad en ellos. Desde el contexto mexicano, se analiza si, en efecto, las pretensiones a favor de las mujeres implican el debilitamiento de garantías, específicamente, de una tan importante como la derivada de la protección del derecho de presunción de inocencia de los individuos sujetos a un proceso penal por delitos que implican violencia hacia las mujeres.

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El presente trabajo examina las propuestas de presunción de inocencia civil desarrolladas por Eduardo Da Fonseca y J. Harvie Wilkinson III. Para ello, el autor analiza los presupuestos de ambas propuestas con relación a la concepción de la pena y los criterios morales y políticos asociados a la determinación de estándares de prueba. En ese sentido, se presentan dos aspectos problemáticos comunes a ambas propuestas consistentes en, primero, la adopción implícita de una perspectiva nominalista sobre la pena, y segundo, la ausencia de una problematización sobre los criterios morales y políticos que justifican tanto la exclusividad de la presunción de inocencia penal como su expansión al ámbito civil. El autor concluye que para dar respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de una presunción de inocencia civil se requiere de nociones metaéticas y de filosofía política que ambas propuestas no desarrollan.

En el actual debate sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, resulta interesante proponer una mirada a la luz de las lógicas de los modelos legales de imputación tradicionalmente vinculados con su tratamiento (administrativo-penal). La posibilidad de legitimar un manejo diferenciado de los principios generales de ambos ordenamientos, especialmente del principio de culpabilidad, derivaría unas garantías y exigencias totalmente relevantes a la hora de decidir el tratamiento para los entes jurídicos. En ese sentido, este trabajo pretende explorar la relación existente entre las nociones de culpabilidad, presunción de inocencia y estándar de garantía, como aspectos determinantes para analizar el modelo del que se pretende hacer destinatarios a estos sujetos sociales. En últimas, lo que se pone de presente es una tensión entre un sistema basado principalmente en la eficacia y otro totalmente garantista.

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Sobre la motivación del veredicto del Jurado, la doctrina del Tribunal Supremo ha sentado como definitivas tres tesis: 1) no cabe imponer a los Jurados legos el mismo grado de razonamiento intelectual exigible de los jueces profesionales; 2) por ello, la LOTJ demanda de los jurados una «sucinta» motivación del veredicto y nada más; 3) y la misma LOTJ habilita al magistrado-presidente para subsanar las carencias en la motivación del veredicto. En este artículo se cuestionará la primera tesis (en cuanto no fundamentada debidamente) y se negarán la segunda y la tercera (por erróneas).

Los reclamos de indemnización de quienes han sufrido detención preventiva legalmente ordenada y después resultan absueltos, incluyendo entre las razones de la absolución la presunción de inocencia, han generado en España y en Colombia recientes decisiones judiciales con efectos opuestos. En el primer país, como consecuencia de la Sentencia STC 85/2019, se ha generado una tendencia a una indemnización, calificada por algunos como automática. En el segundo país, por el contrario, después de la Sentencia SU 46947 de 2018 del Consejo de Estado, la tendencia a la indemnización parece reducirse. Lo cierto es que ambos extremos pueden generar problemas. Por un lado, la automatización puede conducir a restarle importancia a la teoría general de la responsabilidad y, por otro lado, la restricción puede llevar a dejar de indemnizar supuestos de daño injustos.

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Authors study the issues of providing the suspect and the accused with the right for defense in criminal proceedings through the prism of the provisions enshrined in international normative legal acts and the Constitution of the Russian Federation. The relevance of this article is substantiated by the authors by the fact that the consideration of the problems of the procedural status of the suspect and the accused in the criminal case should start with this basic provision of the principle of criminal proceedings, such as ensuring the right for protection to the suspect and the accused under article 16 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. In the context of the modern legal state and the requirements of the Constitution of the Russian Federation, which establishes the basic rights and freedoms of the person and the citizen. The solution to this problem becomes extremely important in the field of criminal justice, which is inevitably associated with the restriction of the constitutional rights of the individual within the limits allowed by law. In this regard, the problems of ensuring the right of the suspect and the accused to a defense require special attention. Based on the results obtained, the authors conclude that compliance with the guarantees of the right to defense of suspects and accused persons has a significant impact on the domestic and foreign policy image of the Russian Federation, being directly proportional to the legal insinuations of international organizations and attempts to influence the Russian legal system. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This article analyzes the different denominations used in the Spanish Criminal Procedure Law to refer to the passive subject of criminal proceedings. Some of these concepts have been considered a stigma for producing a false identification associated with the notion of guilt. They show the historical evolution of the passive subject up to the recognition of a true guaranteeing status such as that of the Draft Bill of the Criminal Procedure Law of 2020. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En el presente trabajo el autor da respuesta a las objeciones planteadas por Raymundo Gama, Roberta Casiraghi, Federico José Arena y Olga Fuentes Soriano a una de las tesis formuladas en el artículo «El testimonio único de la víctima en el proceso penal desde la perspectiva de género (1) ». En concreto, la tesis de que el testimonio único no corroborado no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El autor concluye que el abordaje del derecho y sus instituciones con las herramientas que suministra el feminismo puede suponer un potente motor de cambio para la consecución de un derecho legal y judicial más igualitario. Al mismo tiempo, destaca que una acrítica recepción de los aportes de la perspectiva de género puede dar lugar a que acabe convirtiéndose en un instrumento más al servicio de la degradación del modelo constitucional procesal penal, enmascarando las verdaderas raíces del problema de la desigualdad de género.

Es sistema procesal penal acusatorio y oral, cuya implementación inició en nuestro país con las reformas constitucionales de junio de 2008, es esencialmente garantista, busca el equilibrio en el respeto a los derechos de los sujetos procesales y se rige por principios fundamentales, entre ellos, el de presunción de inocencia. Prevalecen, sin embargo, temas cuestionables, como la prisión preventiva oficiosa, ordenada por la propia Carta Magna para los delitos en ella previstos. Esta figura rompe con los principios de las medidas cautelares, es contraria al espíritu garantista de un sistema procesal penal de corte acusatorio, se opone al principio de presunción de inocencia y lesiona derechos humanos.

La eternamente aplazada reforma integral de la Justicia penal en España no debería abordarse con el único objetivo de mejorar la eficacia del sistema de persecución del delito, sino también —e incluso principalmente— como la ocasión de ajustar la estructura y organización del proceso penal a la finalidad primordial que debe cumplir en una sociedad democrática: la preservación de los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos enfrentados al ejercicio del ius puniendi del Estado, y de todos los demás intervinientes en el procedimiento, en especial las víctimas. Para ello es imprescindible la superación de la vieja concepción inquisitiva y la sustitución del actual modelo por otro auténticamente inspirado en los principios de presunción de inocencia e igualdad de armas, que ha de partir de la base de que acusación y defensa son titulares de derechos diferentes. Que ese nuevo sistema responda en su conjunto a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denomina un proceso equitativo exige, por tanto, redefinir de manera asimétrica la posición de las partes en cada fase del procedimiento. El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal publicada en 2013 han afrontado ese reto con diferente planteamiento y con desigual resultado

El Ministerio Fiscal es un órgano estatal que tiene encomendada la defensa de los intereses de la sociedad ante los tribunales de justicia, exigiéndose desde siempre su intervención en el proceso penal. Organizado jerárquicamente y situado en la esfera del Poder Ejecutivo, el Ministerio Fiscal debe gozar sin embargo de autonomía, actuando por medio de sus propios órganos y sin subordinación con el Gobierno, aunque pueda recibir de éste indicaciones o instrucciones generales y positivas sobre política criminal, que habrán de ser transparentes. Aunque tras la revolución francesa el proceso penal se diseñó con una intervención del Ministerio Fiscal de mero control en la investigación de los delitos, atribuyendo esta responsabilidad al juez de instrucción, el modelo ha resultado claramente disfuncional, sobre todo porque éste no puede atender con imparcialidad su función de garante de los derechos del imputado. Por eso la investigación de los delitos debe encomendarse al Ministerio Fiscal, manteniendo el carácter público de esta fase del procedimiento, estableciendo la intervención imparcial de un juez de garantías que atienda sólo a la protección de los derechos de todos cuantos están concernidos por el proceso penal

El Tribunal de Estrasburgo se ha ocupado del fenómeno de los «juicios paralelos» o «juicios por la prensa» desde dos perspectivas complementarias. De un lado, teniendo en cuenta los derechos de aquellas personas que pudieran verse afectadas por campañas de prensa (así, el derecho a la vida privada y el derecho a la presunción de inocencia); de otro, evaluando los efectos negativos de esas campañas sobre el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, y la garantía de la imparcialidad de los jueces. En varias ocasiones, el Tribunal ha considerado que la información proporcionada por las autoridades y reproducida por la prensa en la que se afirma la culpabilidad de personas acusadas de un delito constituye una violación de la presunción de inocencia

La sentencia dictada en el orden penal en el caso de La Manada plantea diversas cuestiones relacionadas con el ámbito constitucional. Una primera es la relativa a la sujeción del tribunal sentenciador a los principios de independencia y responsabilidad y, por ende, al principio de neutralidad. Aunque la sentencia no es reprochable a la luz de estos principios, muestra una notable incoherencia entre los hechos que declara probados y la calificación penal. Por otra parte, el contenido del voto particular plantea la cuestión de la libertad de expresión del juez cuando ejerce funciones jurisdiccionales y obliga a interrogarse sobre el sistema de selección de jueces en España. Finalmente, el impacto social de esta sentencia incita a reflexionar sobre dos temas: la patología de los llamados juicios paralelos y la responsabilidad de algunos medios de comunicación, especialmente en relación con la tutela del de los derechos de la personalidad y a la presunción de inocencia de los procesados; y sobre la función de las autoridades reguladoras del audiovisual para evitar los excesos de la información irresponsable.