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Uno de los fines del Estado Colombiano es buscar mecanismos de protección de sus recursos hídricos frente a su explotación. Por consiguiente, en el artículo 43, parágrafo 1, ley 99 de 1993 se creó la figura jurídica denominada Inversión Forzosa de no menos de 1 %: esta busca controlar las obligaciones de los titulares de licencias ambientales expedidas ante la Autoridad Ambiental ANLA, establece que están obligadas a aportar el 1% de valor del proyecto para protección del recurso hídrico, brinda diferentes opciones para su cumplimiento, pero en los últimos años se ha evidenciado un profundo desconocimiento de la norma, por lo cual se abordaron objetivos que permitieron resolver esta problemática, como: el análisis del origen, desarrollo y finalidad de la norma que establece la inversión forzosa, junto a una Línea de tiempo detallada, las distintas opciones de cumplimiento, fortalezas y deficiencias jurídicas, así como propuestas de solución a las mismas, finalmente, se abordara este artículo con base en el método deductivo, partiendo de una revisión documental por medio de fuentes y análisis del derecho, de lo general a lo especifico, donde se establecerá una hipótesis, la cual pondremos a prueba para comprobarla y así resolver la pregunta de investigación.

El presente trabajo tiene como finalidad exponer los problemas que enfrentan los usuarios o personas que buscan acceder a un servicio web o cualquier plataforma digital que requiera información de datos personales para su uso, so pena de no poder utilizar la aplicación de forma segura y disponible, condicionando a las personas a aceptar con fuerza políticas internas de la empresa, las cuales solicitan y recopilan información bajo diversas excusas como: La mejora del servicio, el acceso al mismo, personalización, etc. La cual a su vez es utilizada para en muchos casos beneficios secundarios de estas industrias o de otras empresas, como así como para terceros directamente involucrados. (Tomado de la fuente).

El artículo presenta el desarrollo de la aplicación móvil denominada Navega Seguro, la cual ha involucrado herramientas de big data y un marco de referencia del uso de aplicativos que usan datos abiertos públicos frente a temáticas del derecho TIC, como la protección de datos, los términos y condiciones de la aplicación, el acceso a la información y la ciberseguridad, por medio de este estudio de caso. Navega Seguro ha sido desarrollada en el marco de la investigación internacional “Derecho, cambio climático y big data. Fase II”, con un enfoque interdisciplinario, que permite observar las fortalezas del trabajo investigativo de áreas como el derecho, la ingeniería, las comunicaciones y el diseño, con el apoyo de organizaciones gubernamentales., This article presents the development of the Navega Seguro mobile app, which used big data tools and a framework for the use of apps that utilize open data regarding subjects related to information and communication technology (ICT) law such as data protection, application terms and conditions, access to information, and cybersecurity, through this case study. The Navega Seguro has been developed as part of the second phase of the international research program “Law, Climate Change, and Big Data,” with a collective and interdisciplinary approach in areas such as law, engineering, communications, and design, with the support of governmental organizations.

Airbnb ofrece publicidad de inmuebles disponibles para su arrendamiento. Esta empresa gestiona los datos del interesado y del oferente, sirve de intermediaria en el pago, estandariza el servicio y además, todo ello con presencia en más de 190 países. Son muy recientes los intentos de nuestra legislación para enfrentar este fenómeno y no está claro que, hoy Colombia, posea un marco jurídico que evite las disputas que en otros países se han sucedido.

Los actuales procesos de tratamiento sistematizado de datos con IA aplicada, presentan potenciales amenazas para la seguridad de la información de las personas. Frente a esta problemática, la autorización del titular de la información como instrumento principal de protección de datos en Colombia, es insuficiente e incompatible con la práctica de análisis de datos. (Tomado de la fuente).

Los actuales procesos de tratamiento sistematizado de datos con IA aplicada, presentan potenciales amenazas para la seguridad de la información de las personas. Frente a esta problemática, la autorización del titular de la información como instrumento principal de protección de datos en Colombia, es insuficiente e incompatible con la práctica de análisis de datos. (Tomado de la fuente).

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El artículo analiza, mediante una revisión normativa y jurisprudencial, el concepto de imparcialidad, su aplicación en la normatividad disciplinaria colombiana y el impacto que generó la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia, en la que a través del control de convencionalidad Colombia realizó los ajustes en su ordenamiento jurídico. (Tomado de la fuente).

En este artículo se analizará, ¿si el Congreso Colombiano desconoció la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Colombia, atribuyéndole funciones administrativas jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación?, En aplicación a los casos en que, está Entidad Administrativa suspende y sanciona funcionarios de elección popular; violando su debido proceso, las pautas de convencionalidad impuestas por nuestra Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el referente jurisprudencial del Consejo de Estado, desde el caso del presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego cuando fue alcalde de Bogotá.

The purpose of this investigation is to establish the interference of Artificial Intelligence in the legal field, with special attention to the legal decision. For this, a descriptive analysis of its use in judicial, administrative and legislative decisions is carried out addressing scenarios of substantive, procedural and probative law in order to solve the following legal question: Is artificial intelligence an instrument to adopt legal decisions or Is it a new entity that generates legal decisions? This question is developed taking into account different sources of law, including judicial pronouncements, doctrine and legislation that develops the use of artificial intelligence, which are analyzed with government and state policies that have raised their incorporation into the field of law., La presente investigación tiene como propósito establecer la injerencia de la Inteligencia Artificial (IA) en al ámbito jurídico, con especial atención en la decisión jurídica y política. Para ello, se realiza un análisis descriptivo de su uso en las decisiones judiciales, administrativas y legislativas abordando escenarios del derecho sustantivo, procesal y probatorio con el fin de resolver la siguiente pregunta jurídica: ¿la inteligencia artificial es un instrumento para adoptar decisiones jurídicas o es un nuevo ente generador de decisiones jurídicas? Este interrogante es desarrollado teniendo en cuenta diferentes fuentes del derecho, entre las que se destacan pronunciamientos judiciales, doctrina y legislación que desarrolla el uso de la inteligencia artificial, las cuales son analizadas con políticas de gobierno y de Estado que han planteado su incorporación en el campo del derecho.

Se establece un marco para dar prioridad a la creación de una dependencia constitucional encargada de la defensa de las mujeres, sobre todo para dar énfasis al origen de una Fiscalía Especial para la Mujer donde se priorice los casos que lleguen afectar a la mujer en su vida integral física o psicológica. La necesidad se crea a partir de la enumeración de una serie de situaciones y estadísticas que configuran una situación jurídica desfavorable para las mujeres, a través de este artículo se conocerán algunos casos relevantes de la historia colombiana sobre la violencia de genero hacia la mujer, pues los casos de violencia, acoso y homicidios afectan principalmente a mujeres de todas las edades. (Tomado de la fuente).

En el presente trabajo de investigación se demuestra que el diseño institucional para sancionar a inspectores de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con herramientas de investigación bibliográfica se adelantó un trabajo cuyos resultados en tres partes muestra, en primer lugar, las funciones que cumplen los inspectores de policía que emiten decisiones de naturaleza jurisdiccional; en segundo lugar, la competencia para adelantar procesos en contra de quienes ejercen dichas funciones; y, en tercer lugar, la afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía por parte de órganos distintos al Consejo Superior de la Judicatura. (Tomado de la fuente)

Se realizó un estudio del concepto de la regla de mejor evidencia, sus excepciones y la libertad de medios en los sistemas penales acusatorios de Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia con el propósito de identificar una correcta interpretación para la aplicación del concepto referido en los casos que se investigan por delitos de falsedad en documentos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

La Acción de tutela surge de un proceso transformador en Colombia, el cual debe garantizar y proteger los derechos fundamentales, se impuso al ciudadano colombiano a través del Decreto reglamentario, 2591/91, derivado de lo estipulado en texto superior de1991, artículo 86. De estos mecanismos constitucionales, es pertinente revisar la realidad social, en donde se puede establecer como en un país como Colombia a diario se dan vulneraciones de los derechos de todo tipo hacia sus ciudadanos, entre ellos los referentes a aquellos mecanismos que le permiten al ciudadano ejercer el derecho de participar del poder político y como la acción de tutela resulta una acción jurídica constitucional efectiva para garantizar la finalidad de los mecanismos de participación ciudadana.

La Acción de tutela surge de un proceso transformador en Colombia, el cual debe garantizar y proteger los derechos fundamentales, se impuso al ciudadano colombiano a través del Decreto reglamentario, 2591/91, derivado de lo estipulado en texto superior de1991, artículo 86. De estos mecanismos constitucionales, es pertinente revisar la realidad social, en donde se puede establecer como en un país como Colombia a diario se dan vulneraciones de los derechos de todo tipo hacia sus ciudadanos, entre ellos los referentes a aquellos mecanismos que le permiten al ciudadano ejercer el derecho de participar del poder político y como la acción de tutela resulta una acción jurídica constitucional efectiva para garantizar la finalidad de los mecanismos de participación ciudadana.

Se realizó un estudio del concepto de la regla de mejor evidencia, sus excepciones y la libertad de medios en los sistemas penales acusatorios de Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia con el propósito de identificar una correcta interpretación para la aplicación del concepto referido en los casos que se investigan por delitos de falsedad en documentos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

En el presente trabajo de investigación se demuestra que el diseño institucional para sancionar a inspectores de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con herramientas de investigación bibliográfica se adelantó un trabajo cuyos resultados en tres partes muestra, en primer lugar, las funciones que cumplen los inspectores de policía que emiten decisiones de naturaleza jurisdiccional; en segundo lugar, la competencia para adelantar procesos en contra de quienes ejercen dichas funciones; y, en tercer lugar, la afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía por parte de órganos distintos al Consejo Superior de la Judicatura. (Tomado de la fuente)

La caída de rocas es el movimiento de fragmentos de roca sobre taludes o laderas muy empinadas, que descienden hasta alcanzar la base de la pendiente. Este fenómeno se convierte en una seria amenaza cuando las rocas que se desprenden impactan sobre la calzada de la vía, poniendo en riesgo la vida y bienes de usuarios y habitantes de poblaciones aledañas. Anualmente se gastan miles de millones de pesos en sectores viales con problemas de inestabilidad y caída de rocas, por concepto de pérdidas de vidas humanas, costos por accidentalidad, mantenimiento, reparación de infraestructura impactada, trabajos de estabilización de taludes, cierres parciales o totales y efectos negativos sobre la economía regional (en especial en sectores como el turístico y transporte de carga). Un falso túnel, es una estructura de protección generalmente de concreto reforzado que se construye a lo largo de la vía y cuyo objetivo principal, es separar el tránsito y peatones del posible impacto de caída de rocas. La solución de falso túnel es la mejor y más efectiva medida de protección, principalmente cuando la estabilización del talud o ladera a través de otras técnicas es inviable o muy costosa. El ingeniero que emprenda el diseño de un falso túnel en Colombia, se enfrenta al problema de la inexistencia de normativa al respecto o los métodos y herramientas prácticas de diseño que le permitan conocer la respuesta de un fenómeno complejo, tal como el que representa el comportamiento de un falso túnel ante el impacto de un bloque de roca. Esta investigación busca ser un aporte a la gerencia de este tipo de proyectos., Rockfall is the movement of rock fragments over steep slopes or slopes down which they fall until they reach the base of the slope. This phenomenon becomes a serious threat when the falling rocks hit the roadway, putting the lives and property of users and residents of neighboring towns. A lot of money is spent annually on road sectors with problems of instability and rockfall, due to loss of human life, costs due to accidents, maintenance, repair of impacted infrastructure, slope stabilization work, partial or total closures and negative effects on the regional economy (especially in sectors such as tourism and cargo transport). A false tunnel is a protective structure generally made of reinforced concrete that is built along the road and whose main objective is to separate traffic and pedestrians from the possible impact of falling rocks. The false tunnel solution is the best and most effective protection measure, especially when the stabilization of the slope or slope through other techniques is not feasible or very expensive. The engineer who undertakes the design of a false tunnel in Colombia, must face the problem of the lack of regulations in this regard or practical design methods and tools that allow him to know the response of a complex phenomenon, such as the one represented by the behavior of a false tunnel before the impact of a rock block. This research seeks to be a contribution to the management of this type of project.

En el laboratorio de Química Analítica, de la Facultad de Ciencias- ESPOCH, junto con el laboratorio de la Empresa Cemento Chimborazo C. A. se realizaron investigaciones, con el objetivo del mejoramiento de las resistencias iniciales del Cemento. Durante las etapas de la investigación se procedió a moler las materias primas para la fabricación del cemento, teniendo en cuenta las proporciones utilizadas a nivel industrial de la empresa (cemento patrón): 66 % clínker, 25 % puzolana, 6 % caliza, 3 % yeso y más la dosificación del aditivo estimada para la mejora de las resistencias mecánicas, este aditivo fue colocado en la etapa final de la molienda en un molino de bolas a escala de laboratorio. Al final de la investigación se encontró la cantidad máxima de puzolana que puede ser añadida al clínker con el aditivo RGA K155, dando como resultado una adición entre 15% - 18 % de la masa total a ser molida. De esta manera se pudo optimizar el proceso de producción y mejoramiento de la calidad del cemento específicamente a las resistencias iniciales. Conjuntamente se realizó la adición de Aditivos sintéticos con diferentes dosificaciones en la molienda final del cemento, dando como mejor resultado el aditivo de RUREDIL-ITALIA con nombre comercial RGA K155 con una dosificación de 0,5 mL, en una finura del cemento de 18,67 % de retenido en malla N° 325. Este aditivo ofrece los mejores beneficios con porcentaje de mejoramiento de las resistencias iniciales aproximadamente con 40 % en comparación entre los 4 aditivos investigados. Los resultados de la investigación se basaron en el cumplimiento de los requisitos determinados en la Norma Técnica Ecuatoriana - NTE INEN 490: 2011 quinta revisión - cementos hidráulicos compuestos, requisitos y la Norma Norteamericana ASTM C-595 y bajo los datos obtenidos se justifica la elección del mejor, teniendo en cuenta la eficiencia del aditivo y de igual forma su dosificación. Para el desarrollo de esta investigación, primero se procedió a re

El presente documento permite determinar si el marco Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de protección ambiental y ecológica ha generado mejoras o potencializado de forma efectiva la defensa de la fauna. Si los argumentos adoptados por la Corte Constitucional permiten la penalización de conductas que atenten contra la fauna y su explotación económica. Toda vez que existe en la actualidad una alta tasa de vulneración de la fauna colombiana y un desequilibrio ambiental que repercute de forma negativa en la supervivencia del ser humano. Se plantea como hipótesis que la Corte Constitucional bajo la concepción ecológica de la constitución política ha pasado de una visión utilitarista a una ecocéntrica y biocéntrica. Esto genera mejores estrategias y procedimientos de protección de la fauna por parte del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el desarrollo de estándares internacionales a través de procesos de cooperación.

De conformidad con los estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación a 703 Municipios de Colombia, se evidencia graves desórdenes en la prestación del servicio de alumbrado público. Se revela el desconocimiento de cada componente, lo que genera preguntarse ¿cuáles son los fundamentos jurídicos y las tecnologías emergentes que se deben aplicar en la prestación de dicho servicio? Con la aparición de la cuarta revolución industrial, es acucioso que la administración pública emplee tecnologías disruptivas para proporcionar un servicio eficiente. Se pueden llegar a ofrecer soluciones sin precedentes brindado transparencia en la entrega de información, eficiencia al instante de verificar fallas en tiempo real, ahorro económico para las partes, y por ultimo, reducción de la contaminación ambiental. Se ha acreditado que el tema en el que se presenta el mayor número de instancias de desconocimiento es el contenido de normatividad y procesos jurídicos, seguido por los temas relacionados con el manejo ambiental, el suministro de energía y la gestión financiera.

El presente documento permite determinar si el marco Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de protección ambiental y ecológica ha generado mejoras o potencializado de forma efectiva la defensa de la fauna. Si los argumentos adoptados por la Corte Constitucional permiten la penalización de conductas que atenten contra la fauna y su explotación económica. Toda vez que existe en la actualidad una alta tasa de vulneración de la fauna colombiana y un desequilibrio ambiental que repercute de forma negativa en la supervivencia del ser humano. Se plantea como hipótesis que la Corte Constitucional bajo la concepción ecológica de la constitución política ha pasado de una visión utilitarista a una ecocéntrica y biocéntrica. Esto genera mejores estrategias y procedimientos de protección de la fauna por parte del Estado, tanto en el ámbito nacional como en el desarrollo de estándares internacionales a través de procesos de cooperación.

De conformidad con los estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación a 703 Municipios de Colombia, se evidencia graves desórdenes en la prestación del servicio de alumbrado público. Se revela el desconocimiento de cada componente, lo que genera preguntarse ¿cuáles son los fundamentos jurídicos y las tecnologías emergentes que se deben aplicar en la prestación de dicho servicio? Con la aparición de la cuarta revolución industrial, es acucioso que la administración pública emplee tecnologías disruptivas para proporcionar un servicio eficiente. Se pueden llegar a ofrecer soluciones sin precedentes brindado transparencia en la entrega de información, eficiencia al instante de verificar fallas en tiempo real, ahorro económico para las partes, y por ultimo, reducción de la contaminación ambiental. Se ha acreditado que el tema en el que se presenta el mayor número de instancias de desconocimiento es el contenido de normatividad y procesos jurídicos, seguido por los temas relacionados con el manejo ambiental, el suministro de energía y la gestión financiera.

Mediante el abordaje jurisprudencial y doctrinal de los presupuestos a partir de los cuales, el ordenamiento jurídico nacional le concedió la calidad de servicio público esencial, al transporte aéreo en Colombia, evidenciaré las razones por las cuales, se contravienen los criterios de aplicación de los Convenios 87 y 98 previstos por los órganos de control de la OIT, en detrimento del derecho de huelga. Para tal fin, el estado del arte estará apoyado en la legislación nacional, así como en el desarrollo jurisprudencial del tema, aunado a los aportes doctrinales en la materia; también en los criterios que han fijado los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, para efectos de la determinación del estatus de un servicio público, en esencial. Ello conducirá a concluir que, los criterios a partir de los cuales el ordenamiento jurídico le concede la calidad de esencialidad a un servicio público, dista ampliamente de los presupuestos bajo los cuales lo efectúan los órganos de la OIT, lo cual, para el caso colombiano, vulnera el derecho de huelga en el servicio de transporte aéreo.

Mediante el abordaje jurisprudencial y doctrinal de los presupuestos a partir de los cuales, el ordenamiento jurídico nacional le concedió la calidad de servicio público esencial, al transporte aéreo en Colombia, evidenciaré las razones por las cuales, se contravienen los criterios de aplicación de los Convenios 87 y 98 previstos por los órganos de control de la OIT, en detrimento del derecho de huelga. Para tal fin, el estado del arte estará apoyado en la legislación nacional, así como en el desarrollo jurisprudencial del tema, aunado a los aportes doctrinales en la materia; también en los criterios que han fijado los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, para efectos de la determinación del estatus de un servicio público, en esencial. Ello conducirá a concluir que, los criterios a partir de los cuales el ordenamiento jurídico le concede la calidad de esencialidad a un servicio público, dista ampliamente de los presupuestos bajo los cuales lo efectúan los órganos de la OIT, lo cual, para el caso colombiano, vulnera el derecho de huelga en el servicio de transporte aéreo.