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El objetivo del Proyecto de Innovación Docente es ofrecer una herramienta para el aprendizaje del Derecho, basada en la digitalización mediante podcast, que permita a los estudiantes disponer de contenidos jurídicos para su proceso formativo., The aim of the Teaching Innovation Project is to offer a tool for learning law, based on digitalisation through podcasts, which allows students to have access to legal content for their learning process., L'obiettivo del Progetto di Innovazione Didattica è quello di offrire uno strumento per l'apprendimento del diritto, basato sulla digitalizzazione attraverso i podcast, che permetta agli studenti di avere accesso a contenuti giuridici per il loro processo di formazione., O objetivo do Projeto de Inovação Didática é oferecer uma ferramenta de aprendizagem do direito, baseada na digitalização através de podcasts, que permita aos estudantes ter acesso a conteúdos jurídicos para o seu processo de formação.

El trabajo a través de plataformas digitales offline y online plantea numerosos retos para el Derecho del Trabajo, incluyendo, entre ellos, el de la delimitación de su ámbito subjetivo. El Tribunal Supremo y la reciente disposición adicional vigesimotercera del ET han arrojado luz sobre esa cuestión, instando una interpretación flexible del trabajo objeto del Derecho del Trabajo. No obstante, el debate dista de estar resuelto a corto y medio plazo, pues las empresas titulares de plataformas continúan modificando sus estructuras productivas para evitar que sus prestadores sean calificados de trabajadores por cuenta ajena. Las nuevas formas de prestación de servicios y, en concreto, la gestión algorítmica del trabajo a través de plataformas, obligan a examinar desde un punto de vista renovado las notas con las que se ha definido tradicionalmente el trabajo por cuenta ajena. Esta Tesis aporta un estudio detallado sobre la vigencia e interpretación del carácter personal y retribuido del trabajo en plataformas digitales, así como de su prestación en régimen de dependencia y de ajenidad. En concreto, se recogen una serie de pautas para calificar jurídicamente el trabajo en plataformas digitales, actualizando el sistema de indicios de las referidas notas de laboralidad empleado hasta el momento por la doctrina judicial.

El objetivo es potenciar una competencia crucial como es el trabajo colaborativo y en equipo de los alumnos mediante la utilización de entornos virtuales en el aprendizaje en las enseñanzas universitarias basado en problemas Resulta innegable que el trabajo en equipo y colaborativo fomenta la motivación de los estudiantes y favorece el aprendizaje, debido al propio efecto social que genera la pertenencia a un grupo. Contribuyendo, asimismo, al desarrollo de la capacidad de debate y argumentación, el razonamiento crítico y creativo o la organización de procesos de trabajo complejos, entre otras muchas competencias esenciales. El proyecto pone el foco en el trabajo colaborativo en entornos digitales dentro del aprendizaje basado en problemas y persigue favorecer un modelo de aprendizaje más participativo, mediante el uso de los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, aumentando la interacción de los estudiantes, incluso en entornos digitales. El trabajo colaborativo supone la creación de grupos integrados por varios estudiantes con, a priori, el mismo nivel formativo, y con una asunción compartida del liderazgo y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. El trabajo colaborativo se basa, además, en la autonomía de trabajo de sus integrantes que presentan funcionalidades y competencias heterogéneas, y que tienen que desarrollar y fortalecer elementos como la confianza, la comunicación, la gestión de conflictos y solución de problemas y la adopción de decisiones.

A Directiva (UE) 2019/1937 consolida a nivel europeo unha figura de orixe estadounidense: a dos whistleblowers. Este anglicismo refírese a persoas que no contexto das súas actividades laborais coñecen irregularidades que danan o benestar da sociedade e polo tanto, deciden denuncialas. Coa expansión desta práctica a Europa, os whistleblowers pasaron a denominarse alertadores, denunciantes ou informantes. O lexislador europeo decatouse de que os alertadores son un perfecto aliado para descubrir infraccións do Dereito da Unión. Non obstante, adoitan mostrarse reticentes a actuar polo medo ás múltiples represalias que poden sufrir no contexto laboral. Para evitar este problema, a Directiva establece unha importante gama de medidas de protección dos denunciantes. A norma europea contempla a obriga de implantar canles de denuncia internas (seguras, confidenciais e efectivas) en todas as empresas do sector privado que teñan 50 ou máis traballadores e, con carácter xeral, nas entidades do sector público. Tamén prevé, con similares garantías, a posibilidade de que o informante acuda a canles de denuncia externas xestionadas a través das autoridades competentes designadas polos Estados membros. Así mesmo, a Directiva admite coma terceira vía de denuncia a revelación pública; pero o alertador que recorre a ela só goza de protección en casos moi específicos. España non dispón, ata o momento, dunha norma estatal de salvagarda dos informantes; se ben en marzo de 2022 o Consello de Ministros aprobou un anteproxecto para a transposición (tardía) da Directiva Whistleblowing., La Directiva (UE) 2019/1937 consolida a nivel europeo una figura de origen estadounidense: la de los whistleblowers. Este anglicismo se refiere a las personas que en el contexto de sus actividades laborales conocen irregularidades que dañan el bienestar de la sociedad y por lo tanto, deciden denunciarlas. Con la expansión de esta práctica a Europa, los whistleblowers pasaron a denominarse alertadores, denunciantes o informantes. El legislador europeo se ha dado cuenta de que los alertadores son un perfecto aliado para descubrir infracciones de Derecho de la Unión. No obstante, suelen mostrarse reticentes a actuar por miedo a las múltiples represalias que pueden sufrir en el contexto laboral. Para evitar este problema, la Directiva establece una importante gama de medidas protección de los denunciantes. La norma europea contempla la obligación de implantar canales de denuncia interna (seguros, confidenciales y efectivos) en todas las empresas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores y, con carácter general, en las entidades del sector público. También prevé, con similares garantías, la posibilidad de que el informante acuda a los canales de denuncia externos gestionados por las autoridades competentes designadas por los Estados miembros. Asimismo, la Directiva admite como tercera vía de denuncia la revelación pública; pero el alertador que recurre a ella solo goza de protección en casos muy específicos. España no dispone, hasta el momento, de una norma estatal para salvaguardar a los informantes; si bien en marzo de 2022 el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para la transposición (tardía) de la Directiva Whistleblowing., The Directive (EU) 2019/1937 consolidates at European level a figure of American origin: that of the whistleblowers. This anglicism refers to people who, in the context of their work activities, are aware of irregularities that harm the well-being of society and therefore decide to report them. With the spread of this practice to Europe, whistleblowers came to be called claimants, complainants or informants. The European legislator has realized that whistleblowers are a perfect ally to discover infringements of Union Law. However, they are often reluctant to act for fear of the multiple reprisals they may suffer in the workplace. To avoid this problem, the Directive establishes an important range of protection measures for whistleblowers. The European standard contemplates the obligation to implement internal reporting channels (safe, confidential and effective) in all private sector companies that have 50 or more workers and, in general, in public sector entities. It also provides, with similar guarantees, for the informant to use the external reporting channels managed by the competent authorities designated by the Member States. Likewise, the Directive admits public revelation as a third way of reporting; but the whistleblower who resorts to it only enjoys protection in very specific cases. Spain does not have, to date, a state regulation to safeguard informants; although in March 2022 the Council of Ministers has approved a draft for the (late) transposition of the Whistleblowing Directive.

This open access book investigates the role of collective bargaining in the gig economy. Despite the variety of situations covered by the term ‘gig economy’, collective agreements for employees and non-employees are being concluded in various countries, either at company or at branch level. Offline workers such as riders, food deliverers, drivers or providers of cleaning services are slowly gaining access to the series of negotiated rights that, in the past, were only available to employees. Embedded in the EU legal framework, including the EU Commission’s proposal for a Directive on improving working conditions in platform work and its Draft Guidelines on the application of EU competition law, both from December 2021, the chapters analyse recent high-profile decisions including Uber in France’s Cour de Cassation, Glovo in the Tribunal Supremo, and Uber in the UK Supreme Court. They evaluate the bargaining agents in different Member States of the EU, to determine whether established actors are participating in the dynamics of the gig economy or if they are being substituted, totally or partially, by new agents. Interesting best practices are drawn from the comparison, also as regards the contents of collective bargaining, raising awareness in those countries that are being left behind in the dynamics of the gig economy

La sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2019, European Federation of Public Service Unions (EPSU), Jan Goudriaan, contra Comisión Europea, asunto T-310/18, fuertemente contestada desde los sindicatos, ha devuelto a escena, con un cierto dramatismo, la subsidiariedad horizontal, curiosamente en un momento político en el que la Comisión Europea insiste con fuerza en la importancia del diálogo social. El protagonismo del Tribunal General, en este caso, se debe a que el litigio tiene como objeto la impugnación de una decisión de la Comisión Europea, en el marco de un recurso de anulación, y no una cuestión prejudicial que indefectiblemente conduciría al Tribunal de Justicia.

Esta Tesis aporta un estudio detallado de las disposiciones particulares aplicables a la prestación por desempleo contenidas en los Reglamentos de coordinación, arrojando luz sobre aquellas cuestiones que presentan mayor controversia y ofreciendo alternativas desde la perspectiva española. En concreto, se abordan las cuestiones relativas a la determinación de la legislación aplicable, la totalización y cálculo de la prestación, la exportación de la prestación por desempleo y las disposiciones particulares aplicables al colectivo de trabajadores que, en el momento de su última actividad, residían en un Estado miembro distinto del de ocupación.

La mal denominada “economía colaborativa” ha conseguido implantar en un mercado digitalizado una nueva canalización de oferta y demanda a través de plataformas digitales donde se encuentra conectada una infinidad de prestadores de servicios a la espera de un simple aviso informático. La consideración de estos prestadores de servicios como trabajadores por cuenta ajena, en respuesta a una nueva huida del Derecho del Trabajo, trae como consecuencia la revisión necesaria de una normativa laboral que carece de ese “matiz” digital, especialmente en la dimensión colectiva de la relación laboral. Destacan en este sentido los mecanismos a disposición de los trabajadores de las plataformas digitales dirigidos a la defensa y promoción de los intereses comunes a través de la representación unitaria y la representación sindical. Estas pueden no ofrecer posibilidades de adaptación o cobertura para las características tan particulares de la plataforma digital y, consecuentemente, pueden perjudicar la conformación de la voluntad común, debidamente reflejada en un convenio colectivo no fácilmente identificable. La representación unitaria debe responder a la identificación del centro de trabajo para su propia conformación y, a su vez, la representación sindical se encuentra de frente con el fenómeno de la “huida del sindicalismo de clase”, al ser los trabajadores más propensos a crear sus propias asociaciones u organizaciones de defensa y representación. Contando estos trabajadores con iniciativa suficiente para la movilización y reivindicación mediante estrategias de colapso de las plataformas digitales, también debe prestarse atención a los instrumentos de presión como la huelga, cuya protección puede verse desbordada por las nuevas estrategias empresariales de reacción indirecta a través de los sistemas reputacionales o de valoración por la clientela de los trabajadores.

La aprobación de la Directiva (UE) 2019/1152 obliga a llevar a cabo mediante su transposición na revisión del Estatuto de los Trabajadores y de otras normas, principalmente el Real Decreto 1659/1998. Las materias que deben ser comunicadas en papel o por soporte electrónico a los trabajadores aumentan y se acortan considerablemente los plazos para dicha comunicación. La Directiva obligará también a una revisión de la actual regulación del periodo de prueba, entre otros ajustes, limitándolo a seis meses. Un punto de particular interés en la transposición será la puesta en práctica de mecanismos de tutela de los derechos contenidos en ella. La transposición, en síntesis, obligará al legislador español a una tarea detallada y minuciosa de ajuste, más compleja que en otras ocasiones, con numerosas decisiones de política legislativa que no pueden ser objeto de una incorporación automática, The approval of Directive (EU) 2019/1152 requires a revision of the Workers’ Statute and other regulations, mainly Royal Decree 1659/1998, to be carried out by means of its transposition. The matters that must be communicated on paper or by electronic means to the workers increase and the deadlines for said communication are considerably shortened. The Directive will also require a review of the current regulation of the probationary period, among other adjustments, limiting it to six months. A particular point of interest in the transposition will be the implementation of mechanisms for the protection of the rights contained therein. The transposition, in short, will force the Spanish legislator to a detailed and meticulous task of adjustment, more complex than on other occasions, with numerous legislative policy decisions that cannot be automatically incorporated

En líneas generales, España ha cumplido con regularidad sus obligaciones de incorporación del Derecho de la UE a su legislación laboral. No obstante, varios recursos por incumplimiento han condenado a nuestro país por errores y retrasos. Este artículo analiza el mecanismo procesal europeo de control y presenta de forma exhaustiva los incumplimientos en los que ha incurrido España hasta la fecha. El caso de la estiba es objeto de especial atención, por la imposición de una multa pecuniaria

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto el impasse en el que se encuentra en este momento el modelo social de la Unión Europea. Con este objetivo, se examinará la actual parálisis en la creación normativa y se considerará el Brexit como un amago de retroceso social. El escaso papel del Parlamento Europeo también será puesto de manifiesto. En ese lánguido escenario, la atención pasará a continuación al Tribunal de Justicia, con dos puntos de vista complementarios. En primer lugar, se abordará su rol en estos momentos, para a continuación hacer un breve estudio de caso, las conocidas sentencias de septiembre de 2016 y su impacto, todavía no definitivo, en la doctrina judicial española, The aim of this paper is to show the impasse that it is nowadays the EU Labour Law. With this goal, the current paralysis in normative creation will be examined and Brexit will be considered from the point of view of a social setback. The tiny role of the European Parliament will also be shown. In this languid scenario, the attention will move to the European Court of Justice, with two complementary approaches. First, its role in these moments will be considered, to make afterward a brief case study, the well– known decisions of September 2016 and its impact, not yet final, in the Spanish judicial doctrine.

El presente trabajo recoge un análisis del artículo 1 del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. En él se recogen las definiciones de los términos técnicos que se emplean en el articulado, que incluyen los distintos tipos de actividad, las personas afectadas y los sujetos administrativos implicados, This paper contains an analysis of Article I of the Iberoamerican Agreement on Social Security. In this article we can find the definitions of the technical terms used in the Convention, including the different types of activity, the people within its scope and the relevant administrative bodies.

La dimensión colectiva de la libre circulación de trabajadores es uno de los grandes fracasos en la construcción de la Europa social. Los agentes sociales europeos no han sido capaces de hacer avanzar la creación dialogada de directivas. No obstante, sí se puede detectar el nacimiento de una negociación colectiva empresarial dentro de la Unión. El conflicto colectivo, por el contrario, es el aspecto cuya ausencia de regulación resulta más patente., The collective dimension of free movement of workers is one of the greatest failures in the creation of social Europe. European social agents have not been able to make any progress in the creation of directives in agreement. However, the birth of a collective corporate negotiation within the European Union can be observed. On the contrary, collective conflict is one of the aspects whose lack of regulation has become more evident.

El ordenamiento de la Unión Europea, paulatinamente, ha ido admitiendo la presencia de cláusulas de contenido sociolaboral en la contratación pública. La evolución histórica de la normativa pone de manifiesto que ha sido un proceso largo y lento, pero la nueva Directiva 2014/18/UE parece augurar la consolidación de esta situación. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido, por su parte, bastante errática. En un primer momento admitió, sin apoyo normativo alguno, la presencia de estas cláusulas en el tráfico jurídico público. A continuación, con las emblemáticas sentencias Rüffert y Bundesdruckerei, las tornas cambiaron completamente, al imponer taxativamente el respeto de las libertades mercantiles. La muy reciente sentencia Regiopost, en cambio, ha apostado firmemente por la admisibilidad de cláusulas sobre salario mínimo., EU Law, gradually, has incorporated the possibility of clauses related to social and work issues in public procurement. The historical evolution of this normative shows clearly the length of this slow itinerary; nonetheless, the new Directive 2014/18/EU can be seen as a herald of the consolidation of this trend. The case law of the European Court of Justice, on the other hand, has been erratic. In a first moment, it admitted, without any legal base, the presence of this type of clauses in the public legal traffic. Next, with the emblematic rulings Rüffer and Bundesdruckerei, the tables turned completely, imposing the most severe respect for the economic freedoms. Surprisingly, the recent ruling Regiopost has changed again the trend, betting firmly on the possibility of clauses establishing minimum wages.

El presente trabajo recoge un análisis del artículo 1 del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. En él se recogen las definiciones de los términos técnicos que se emplean en el articulado, que incluyen los distintos tipos de actividad, las personas afectadas y los sujetos administrativos implicados, This paper contains an analysis of Article I of the Iberoamerican Agreement on Social Security. In this article we can find the definitions of the technical terms used in the Convention, including the different types of activity, the people within its scope and the relevant administrative bodies.