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Esta investigación analiza una experiencia de defensa y reivindicación territorial del pueblo indígena Yshir ante la discriminación estructural y el despojo de unas tierras denominadas Eshma o Puerto Ramos. Se indaga de qué modo un conflicto por la tierra impacta negativamente en distintas dimensiones de la vida de un pueblo indígena y al mismo tiempo se describen las acciones que realiza la Unión de Comunidades de la Nación Yshir (UCINY) para la recuperación de esta parte de su territorio. El diseño metodológico es cualitativo y las técnicas de investigación combinan notas de campo con entrevistas a profundidad a líderes políticos y espirituales del pueblo Yshir. Como resultado se puede señalar que para el Pueblo Yshir son fundamentales las prácticas culturales, cosmovisiones, estrategias y actividades de protección colectiva a los efectos de la reivindicación de Eshma. Así, se puede observar, que este derecho de recuperar las tierras en cuestión se encuentra establecido no solo en la Constitución de la Republica del Paraguay, sino en el derecho internacional de los derechos humanos, independientemente a la necesidad de reformar la Ley 904/81 en base a los estándares impuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En la República del Paraguay, las personas indígenas son víctimas de discriminación racial; la que se ve acentuada en relación con aquellas que se encuentran privadas de libertad en las penitenciarías nacionales. Es por esta situación que en el 2018 el Ministerio de Justicia aprobó el Protocolo de actuación para personas indígenas privadas de libertad (Protocolo). El trabajo se propone indagar el Protocolo de actuación para personas indígenas privadas de libertad del Ministerio de Justicia de 2018, a los efectos de analizar si el mismo se adecua o no a los derechos autónomos de los pueblos indígenas. En cuanto la metodología, el enfoque es cualitativo, diseño no experimental y de corte transversal a través de un estudio documental y pormenorizado del Protocolo a la luz de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. Si bien el Protocolo constituye una acertada decisión legislativa, el mismo adolece en cuanto a una regulación acorde a la interdependencia de los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto a la técnica legislativa, el Protocolo podría ser más operativo que programático a fin de constituirse en una fuente directa de derechos indígenas.