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En un país en el que se han reportado 611 asesinatos de defensores del medio ambiente desde 2016,1 no se requiere gran esfuerzo para explicar por qué es importante ratificar un tratado que reconoce y protege los derechos humanos de las personas que defienden el ambiente. Un país que se ha comprometido con el desarrollo sostenible y que se considera líder en la adopción de mecanismos para la superación de la crisis ambiental2 no debería tener obstáculos para acoger un acuerdo regional para el acceso a la participación, la información y la justicia en estos temas. Se trata de un acuerdo novedoso porque es a la vez un tratado ambiental y un tratado sobre derechos humanos. Es el único acuerdo jurídicamente vinculante que ha surgido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y que confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para cumplir con los ODS. In a country where 611 murders of environmental defenders have been reported since 2016,1 it does not take much effort to explain why it is important to ratify a treaty that recognizes and protects the human rights of people who defend the environment. A country that is committed to sustainable development and that considers itself a leader in adopting mechanisms to overcome the environmental crisis2 should have no obstacles in accepting a regional agreement for access to participation, information and justice in these topics. This is a novel agreement because it is both an environmental treaty and a human rights treaty. It is the only legally binding agreement that has emerged from the United Nations Conference on Sustainable Development and that confirms the value of the regional dimension of multilateralism to meet the SDGs.

RESUMEN Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación. ABSTRACT This article aims to argue that, despite the fact that Colombia has an advanced legal framework regarding the rights of access to information, participation and justice in environmental matters and about environmental rights defenders based on the National Constitution, the major challenges presented by its effective implementation could be overcome through the ratification of the Escazú Agreement on this matter. Thus, this regional instrument would serve as a tool to improve the standards and achieve the protection of the environment in the country. Based on the research carried out, this paper concluded that this treaty is completely compatible with the Political Constitution and is a potentiator of the constitutional mandate. Its ratification would constitute a step towards the strengthening of several structural axes of the Constitution of 1991 and would demonstrate coherence between them. In this way, the legal implementation of the Escazú Agreement is a unique opportunity to reaffirm the commitments contained in the Ecological Constitution, thirty years after its promulgation.

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones con mayor biodiversidad, sin embargo, esta se encuentra amenazada por la sobreexplotación de recursos naturales y por conflictos sociales internos. En el 2018, 33 países de la región ALC fueron invitados a firmar y ratificar el histórico Acuerdo de Escazú, el cual es el primer acuerdo de carácter vinculante que integra de manera explícita los derechos humanos con la protección de líderes ambientales. Este acuerdo también promueve la participación en toma de decisiones ambientales y fomenta la cooperación entre países para la protección ambiental y social. No obstante, hace falta mecanismos claros para la implementación de las ideas del Acuerdo. Nosotros identificamos disposiciones claves dentro del acuerdo y las conectamos con mecanismos tangibles que integran derechos humanos y la conservación de la naturaleza. Estos mecanismos incluyen soluciones basadas en tecnología (ej., datos de libre acceso), capital social (ej., acompañamiento legal de equipos multidisciplinares) y capital natural (ej., el manejo de especies transfronterizas). Como los recursos ambientales (y sus amenazas) transcienden fronteras, las disposiciones del Acuerdo enfocadas en colaboración y participación podrían catalizar el manejo ambiental transfronterizo de una manera coordinada.

Temas que provienen de concepciones clásicas de la teoría constitucional como Estado, ciudadanía, propiedad, usufructo de la tierra son reevaluados bajo el contexto de los modelos económicos en crisis, ya que el interés por proveer bienes y productos de consumo ha venido desplazando en las últimas décadas el abastecimiento de bienes y servicios, que paulatinamente han ido agotando la capacidad productiva de sus tierras. La extracción minera no es un fenómeno aislado frente a otras problemáticas de saturación en el uso de la tierra, sin embargo, debido a la naturaleza del proceso de producción en la actividad extractiva a escala es una de las actividades más contaminantes y con mayor impacto en la degradación de los ecosistemas. Es una carga que se encuentra asimétricamente distribuida debido a las necesidades de consumo de los países con mayor capacidad de gasto, y que hace que los pasivos ambientales sean trasladados en un alto porcentaje a los territorios objeto de intervención, países catalogados como economías del tercer mundo o en vías de desarrollo. Tales problemáticas han implicado un análisis sobre la intervención en la soberanía y uso de los recursos en los países objeto de extracción, paradigma que actualmente cuestiona el rol de intervención de los diferentes actores sociales involucrados y determina una necesaria revisión a los recursos legales existentes en los ordenamientos jurídicos con el objeto de determinar el insumo legal de las negociaciones comerciales legitimadas por los gobiernos de turno, que en ocasiones van en detrimento del patrimonio ecológico de las naciones.

Cuando hablamos de cambio climático en el país debemos hacer referencia explícita a unas consecuencias ya visibles y reconocibles por todos. Este artículo presenta historias de científicos de la Universidad del Rosario que dedican sus esfuerzos a estudiar y comprender las acciones que se llevan a cabo en Colombia para luchar contra los efectos producidos por el cambio climático. When we talk about climate change in the country, we must make explicit reference to consequences that are already visible and recognizable by all. This article presents stories of scientists from the Universidad del Rosario who dedicate their efforts to studying and understanding the actions carried out in Colombia to fight against the effects of climate change.

El cambio climático es la mayor amenaza ambiental a la que se enfrenta el planeta en el siglo xxi. Al respecto, existe suficiente evidencia científica de la influencia de las actividades humanas sobre el aumento de la temperatura en la Tierra. Una poderosa herramienta en la lucha contra el calentamiento global es la protección de los bosques, ya que estos desempeñan una importante función reguladora sobre el clima. En ese sentido, el sector forestal también contribuye significativamente en la mitigación de gases invernadero (gei). Al reconocer esta situación, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desarrolló desde 2005 la iniciativa sobre “Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo, redd”, la cual ha evolucionado hasta convertirse en redd+. Este capítulo aborda la importancia de redd+ para el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional (ndc) de Colombia, el estado actual de desarrollo de la estrategia redd+ a escala nacional, el marco jurídico que sirve de base para su implementación, y finaliza con algunas conclusiones. Climate change is the greatest environmental threat that the planet is facing in the 21st century. There is sufficient scientific evidence regarding the influence of human activities on the increase in temperature on Earth. A powerful tool in the fight against global warming is the protection of forests as they play an important regulatory role on the climate. The forestry sector also contributes significantly to greenhouse gas (ghg) mitigation. Recognizing this situation, the United Nations Framework Convention on Climate Change developed since 2005 the initiative on “Reducing Emissions due to Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries redd” which has become to redd+ . This chapter addresses the importance of redd+ for the fulfillment of the Determined Contribution at the National Level–ndc of Colombia, the current state of development of the redd+ strategy at the national level, the legal regulations that serve as the basis for its implementation and finalize with some conclusions.

'Piedra de descanso’ o ‘lugar de setos’. Estos son los dos significados de Escazú, el nombre del cantón de San José, capital de Costa Rica, donde se realizaron las negociaciones que resultaron en la adopción, en marzo de 2018, del Acuerdo deEscazú. Este contempla la implementación efectiva de tres derechos esenciales —el acceso a la información, la participación y la justicia, todos en asuntos ambientales—, así como la protección de los líderes sociales dedicados a ello. Y aunque la tradición del derecho internacional señala que los tratados adoptan su nombre del lugar donde se materializan, no parecería ser una mera coincidencia que la etimología de la palabra tenga en su entraña a la naturaleza. Algo semejante le pasa a Lina Muñoz Ávila, quien de forma casi instintiva incorporó el medioambiente en su esfera profesional, personal y política hasta reconfigurar su ADN. "Resting stone” or “place of hedges”. These are the two meanings of Escazú, the name of the canton of San José, capital of Costa Rica, where negotiations were held that resulted in the adoption of the Escazú Agreement in March 2018. This contemplates the effective implementation of three essential rights—access to information, participation, and justice, all in environmental matters— as well as the protection of the social leaders who are dedicated to this effort. Although the tradition of international law entails that treaties take the name of the place where they are materialized, it would not seem to be a mere coincidence that the etymology of the word has nature in its essence. Something similar happened to Lina Muñoz Ávila, who almost instinctively incorporated the environment into her professional, personal, and political sphere to reconfigure her very being.

64 páginas Consistent with the international trend of rolling back the State, Colombia has carried out a policy of privatization for 25 years. This political and economic policy has had the objectives of relocate the role of the State towards social functions, as much as achieving greater competitiveness and efficiency of its economy, to face the international competition. This article analyzing the privatization of the generator of energy Isagén, on January 2016, since a deep polemic in the political, economic and legal areas, that reveals the absence of consensus on the definition and development of the policy of privatization; expectations about the valuation of the company and the offer price; and claim courts to try to stop the process. It also showed an apparent failure of the objective of democratization of stock ownership. Colombia ha desarrollado una política de privatizaciones desde hace 25 años, consecuente con la tendencia internacional de disminución del tamaño del Estado y corrección del déficit crónico de sus finanzas públicas. Esto fue consistente con la reorientación del papel del Estado hacia funciones de protección de derechos, equidad e inclusión, de un lado, y con la pretensión de lograr mayor competitividad y eficiencia económica ante la competencia internacional, de otro. En este artículo, se analiza la privatización de la generadora de energía Isagén, en enero de 2016, lo que suscitó una profunda polémica en los ámbitos político, económico y jurídico, develando la ausencia de consenso en la definición y desarrollo de la política de privatizaciones; generando expectativas sobre la valoración de la compañía y el precio de la oferta, y propiciando demandas ante los tribunales para tratar de detener el proceso. Igualmente, evidenció un aparente fracaso del objetivo de democratización de la propiedad accionaria.

El presente artículo examina, sobre la base de una revisión bibliográfica, el concepto de litigio estratégico en América Latina en los últimos dos decenios, desde una perspectiva teórica y práctica, explorando los aprendizajes y dificultades de dicho ejercicio. La propuesta toma como punto de partida la interpretación del concepto de litigio estratégico por las organizaciones de la sociedad civil y las universidades a través de la enseñanza clínica y las acciones con proyección social, y finaliza con una profundización en tres áreas de especial trascendencia para el futuro de los derechos humanos en el continente: los derechos de las mujeres y los derechos humanos ambientales y étnicos en América Latina. This article examines the concept of strategic litigation in Latin America over the past two decades from a theoretical and practical learning which explores and challenges of that period. The proposal takes as its starting point the interpretation of the concept of strategic litigation by civil society organizations and universities through the clinical teaching and activities with social projection and it ends with a deepening in three areas of paramount importance for the future of the human rights in the continent: women's rights and human being environmental and ethnic rights in Latin America.