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A la llum de les transformacions del dret administratiu, aquest treball planteja, en el context d’una Administració pública relacional, l’oportunitat de la inserció de la mediació administrativa en el si del procediment administratiu. Amb aquesta finalitat, en primer lloc, es fa ressò de l’impacte de l’Administració pública relacional en la manera de concebre el procediment administratiu i advoca per la incorporació de la mediació administrativa com a instrument d’innovació i mecanisme d’obertura i flexibilitat procedimental. En segon lloc, analitza l’escassa regulació existent de la mediació administrativa. En tercer lloc, mostra alguns avenços recents en aquesta matèria i aporta exemples de previsió de la mediació en el si del procediment administratiu (en procediments administratius sancionadors i disciplinaris i com a mecanisme substitutiu dels recursos administratius). Finalment, planteja algunes propostes per a una futura regulació de la mediació en el procediment administratiu, sense obviar alguns obstacles per superar per a l’assoliment d’una implantació exitosa d’aquest mecanisme.

Este trabajo tiene por objeto analizar el papel central de los gobiernos locales en la protección del medio ambiente. Se trata de un tema relevante, en un contexto de creciente importancia de ciudades, en que la sostenibilidad aparece como un reto inaplazable. Con esta finalidad, se estructura en tres partes diferenciadas. La primera pretende evidenciar el protagonismo creciente de las ciudades en la protección del medio ambiente, a pesar del carácter global de muchos de los problemas ambientales y de la existencia de numerosos desafíos transnacionales. La segunda se centra en el análisis de las competencias locales en materia ambiental, con especial referencia a los municipios; advierte de algunos de los problemas existentes; y apunta algunos de los retos de futuro para una tutela ambiental efectiva en el ámbito local. Por último, la tercera focaliza su atención en uno de los principales desafíos de las ciudades: la protección de la calidad del aire; y se refiere, en particular, al reto que supone en la actualidad para muchos municipios la implantación de las zonas de bajas emisiones (en adelante, ZBE) como instrumento para luchar contra la contaminación atmosférica y el cambio climático en el ámbito urbano.

La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido repercusiones evidentes en la Administración de Justicia en España y las continuará teniendo en un futuro próximo. Este trabajo pretende examinar cómo las medidas de lucha contra la pandemia han afectado a la actividad jurisdiccional, con especial referencia al ámbito contencioso-administrativo. Con este fin, por una parte, se analiza, desde una perspectiva crítica, el impacto que han tenido las medidas adoptadas por las autoridades gubernativas para combatir la pandemia en el funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por otra, de lege ferenda, también se plantean algunas propuestas de mejora del actual marco normativo en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y se valoran, también con una mirada crítica, las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial para la reactivación de la actividad jurisdiccional en este ámbito y las medidas ya adoptadas o proyectadas por el Gobierno, para agilizar la actividad judicial en este ámbito.

En este trabajo se aborda el estudio de la protección del bienestar animal a través del Derecho administrativo ¾excluyendo, por tanto, el análisis de esta cuestión desde otras disciplinas jurídicas, como el Derecho civil o el Derecho penal¾, con especial referencia a la protección de los animales de compañía. Con esta finalidad, se realiza, en primer lugar, una aproximación general, desde un punto de vista crítico, al marco jurídico-administrativo en materia de bienestar animal en España, fuertemente influenciado por el Derecho de la Unión Europea. En segundo lugar, se incluye una referencia específica a la tutela administrativa de los animales de compañía y se analizan algunos de los principales instrumentos y técnicas de protección articulados por el ordenamiento jurídico-administrativo en este ámbito. Finalmente, este estudio concluye con unas consideraciones finales en que se realiza una valoración del actual marco jurídico-administrativo, no plenamente satisfactorio, y se apuntan posibles líneas de mejora en pro del bienestar animal.

Este trabajo se centra en el estudio del Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado recientemente en el seno de la Unión Europea. Con esta finalidad, tras una breve introducción que sitúa el objeto y el contexto del trabajo, procede a analizar, en primer lugar, el proceso de gestación de este Pilar, desde sus primeros pasos, en septiembre de 2015, hasta su aprobación mediante una Recomendación de la Comisión en abril de 2017 y su proclamación, conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en noviembre de 2017. En segundo lugar, examina en profundidad las razones que subyacen a la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, sus objetivos y su contenido, destacando en especial sus principales aportaciones y novedades y sus limitaciones. En tercer lugar, repasa las principales acciones emprendidas a nivel europeo tras la aprobación del Pilar, con el fin de hacer efectivas sus previsiones. Por último, el trabajo se cierra con unas consideraciones finales, en que, a la luz de los datos proporcionados, se realiza una valoración de este instrumento, de su potencialidad y de sus limitaciones, en el seno de la Unión Europea como vía para fortalecer su dimensión social.

La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supone la introducción de un nuevo trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de normas con rango legal y reglamentario, regulado en su artículo 133. Este trámite, de carácter preceptivo, refuerza la participación ciudadana, al garantizarse en una fase muy temprana, previa al procedimiento normativo en sentido propio, cuando todavía no existe una propuesta redactada del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento y todas las opciones están abiertas. Sin embargo, nada dice este precepto sobre los efectos jurídicos que se anudan a la omisión –o práctica inadecuada– de la consulta pública previa, a pesar de ser ésta una cuestión de gran relevancia y que, en el fondo, determina la efectividad real de este trámite. Sobre esta cuestión versa este trabajo que, ante el silencio de la LPACAP, pretende aportar herramientas a los operadores jurídicos que ilustren sobre cuáles deben ser los efectos jurídicos de la omisión de este trámite en el procedimiento de elaboración de normas reglamentarias. Con este fin, se analizan tanto las diferentes interpretaciones ofrecidas por la doctrina como la jurisprudencia recaída hasta el momento.

El presente artículo analiza la evolución experimentada por el Derecho ambiental en los últimos diez años en España. En particular, analiza la incidencia de la crisis económica en este ámbito. La fuerte crisis del Estado producida estos últimos años ha actuado como motor para la transformación del derecho público y, en el derecho ambiental, ha inspirado numerosos cambios normativos y ha servido para justificar la apertura de nuevas líneas evolutivas que son objeto de análisis en este trabajo. En primer lugar, se analizan los cambios profundos en las políticas ambientales que ha provocado la crisis: ralentización y prioridad de los objetivos de reactivación de la economía sobre los ambientales. En segundo lugar, se examina el impacto de la crisis sobre el ejercicio de las competencias en materia de protección del medio ambiente y se destaca la recentralización de competencias producida al servicio del mercado y en detrimento de la protección ambiental. En tercer lugar, se estudia la incidencia de los procesos de liberalización, desregulación y simplificación administrativa sobre el el derecho ambiental y se analizan los principales cambios producidos en la legislación ambiental. Por último, también se realizan algunas reflexiones sobre las oportunidades que la crisis ha supuesto para el derecho ambiental.

Policies to improve regulation promoted by the Organisation for Economic Co-operation and Development and the European Union have recently been applied in Spain and in 2015 received a significant boost with the passing of Law 39/2015, of 1 October, on common administrative procedure for the public administrations. This Law includes a new Section (VI) which regulates legislative initiative and the power to create regulations and other provisions. The law contains provisions regarding the execution of legislative initiative and the power to create regulations with the force of laws, the exercising of regulatory power, the principles of good regulation, regulatory evaluation, regulatory publicity, regulatory planning and the participation of citizens in the process of creating legislation with the force of laws and regulations. The present study analyses the changes made to local regulatory powers by the aforementioned Law 39/2015, given that its provisions are applicable to all public administrations and, therefore, also to the local administrations. The primary objective is to analyse the effect of this Law on local regulatory powers and, therefore, to determine the principle new changes that have been made to local regulatory powers, with the aim of identifying the challenges, problems and uncertainties that may arise through the application of the Law and to propose possible solutions.

The recent passing of Act 19/2013 of December 9th on transparency, access to public information and good governance sets out its articulation and coodination with other sectorial norms that have specific regulations in some areas regarding the access to information. As right of access to enviromental information has its specific normative in the State, Act 27/2006 of July that governs rights of access to information, public participation and access to justice in the field of enviroment, this work analyzes the articulation between this Act and Act 19/2013 in order to establish the relationships between both legislations. With this purpose and after studying the content of the first additional provision of Act 19/2013 that states the guidelines for the relationship between this Act and the specific rules about access to information, it analyzes in particular the scope of the supplementarity of Act 19/2013 over the regulation of the right to access to enviromental protection as stated by Act 27/2006 and it makes special reference to those more problematic aspects as the legal regime to administrative silence or the regime of the guarantees to the right of access.

This study analyses the impact of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and the Council, of 24 November 2010, on industrial emissions on the legislation governing environmental inspection. To this end, after providing a general discussion of the Directive and pointing out its most outstanding features, we focus on the regulation of environmental inspection that it contains. This is its most novel feature because it is the first time that a minimal regulation of environmental inspection has been included in a directive (to date, within the community, it had only been the object of a recommendation of no normative value). In particular, our study focuses on the obligations of the member states in this area, which are largely to set up a system by which installations can be environmentally inspected and inspection plans drafted on the basis of which programmes for routine environmental inspection will be drawn up that include the frequency of site visits for different types of installations. Also discussed is the transposition of the Directive in Spain, bearing in mind that Law 5/2013, of 11 June, has recently been passed to modify Law 16/2002, of 1 July, on the integrated prevention and control of pollution, and Law 22/2011, of 28 July on waste and polluted soil which, in conjunction with their regulation for implementation, guarantee the transposition of the Directive.

Este trabajo analiza el régimen jurídico del derecho de acceso ala información ambiental en España, realizando un análisis minucioso de su regulación, actualmente contenida en la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participaciónpública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se analiza tanto la vertiente activa del acceso a la información ambiental (la obligación de recogida y difusión de información ambiental por parte de las autoridades públicas) como su vertiente pasiva (el derecho de acceso a la información ambiental previa solicitud), destacándose los avances que ha supuesto esta legislación y sus virtualidades, pero sin ocultar los problemas de aplicación a que todavía se enfrenta y los retos pendientes. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Derecho ambiental y libertadde servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades» (DER2010-19343), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

After a general approximation to the configuration of the prohibition of discrimination and of the right of instruction by the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, this work analyzes the prohibition of racial discrimination in relation with the exercise of the right of instruction within the case law of the European Court of Human Rights. For this purpose, four relevant judgments on the subject (cases D.H and others against the Czech Republic, which produced two rulings: one by the Second section and other by the Grand Chamber; Sampanis against Greece; and Orsus and others against Croatia) where it arose whether the measures adopted by some States in relation to the schooling of kids from the gypsy ethnic group are or not discriminatory are studied. Some considerations regarding the evolution by the case law regarding this area are also carried out and their consequences.