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[ES] Se trata de un Trabajo Final de Grado basado en el diseño y cálculo de una nave industrial destinada a la producción de maquinaria industrial, especializado en el conformado de cajas para el calzado, en el polígono industrial de Torrellano (Elche). La nave principal de 2.470 m^2, consta de una zona de almacenaje de las piezas necesarias para la fabricación de las máquinas y una zona de montaje de dichas máquinas. La zona de montaje cuenta con un puente grúa para facilitar el conformado y desplazamiento de las piezas más robustas de la máquina. Además, cuenta con un edificio adosado de 456 m^2 donde se encuentran el área de oficinas y servicios., [EN] This Final Degree Project based on the design and structural calculation of a warehouse for the production of industrial machinery, specialised in shoe box forming, in the industrial park of Torrellano (Elche). The main warehouse of 2.470 m^2consists of a storage area for the parts required for the manufacture of the machines and an assembly area for these machines. The assembly area has a bridge crane to facilitate the forming and moving of the machine¿s most robust parts. In addition, there is a 456 m^2 attached building where the office and service area are located., [CAT] Es tracta d’un Treball Final de Grau basat en el disseny y càlcul d’una nau industrial destinada a la producció de maquinaria industrial, especialitzada en el conformat de caixes per al calçat, en el polígon industrial de Torrellano (Elx). La nau principal de 2.470 m², consta d’una zona de magatzematge de les peces necessàries per a la fabricació de les màquines y una zona de muntatge de dites màquines. La zona de muntatge conta amb un pont grua per facilitar el conformat y desplaçament de les peces més robustes de la màquina. A més, conta amb un edifici adossat de 456 m² on es troben el àrea d’oficines y servicis.

Se describen los objetivos, actividades desarrolladas, resultados, propuestas de mejora y conclusiones generales del proyecto IRIS en su segunda edición realizada entre septiembre de 2018 y junio de 2019. Su fin fue diseñar y aplicar un programa de enseñanza del derecho a la información, la transparencia, el buen gobierno y la participación social destinado a estudiantes de primero de bachillerato de la Región de Murcia. Iniciativa de un grupo de docentes y voluntarios con la participación de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y la Presidencia del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. Sus objetivos fueron: a) Elaborar e impartir una unidad didáctica relativa a los contenidos a enseñar, de acuerdo con los estándares del currículo de Filosofía de la Región de Murcia b) Identificar y valorar las percepciones iniciales del alumnado de Bachillerato de la Región, c) Diseñar las Bases y desarrollar un Concurso de disertaciones y videos sobre transparencia y buen gobierno, destinado a los y las estudiantes participantes en el proyecto. e) Evaluar los resultados del conjunto de actividades e identificar las propuestas de mejora necesarias para la extensión y consolidación del programa: un plan específico de formación para el profesorado, la inclusión de un estándar sobre transparencia en el currículum autonómico y el desarrollo de materiales, textos y tareas prácticas que faciliten al profesorado su aplicación. En esta edición colaboraron diez Institutos de Enseñanza Secundaria participando en el Programa un total de 736 estudiantes Consejo de Transparencia de la Región de Murcia

Síntesis de los objetivos, actividades desarrolladas, resultados, propuestas de mejora y conclusiones generales del proyecto IRIS, cuyo fin fue diseñar y aplicar un programa de enseñanza del derecho a la información, la transparencia, el buen gobierno y la participación social destinado a estudiantes de primero de bachillerato de la Región de Murcia. Iniciativa de un grupo de docentes y voluntarios con la participación de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y la Presidencia del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. Sus objetivos fueron: a) Elaborar e impartir una unidad didáctica relativa a los contenidos a enseñar, de acuerdo con los estándares del currículo de Filosofía de la Región de Murcia b) Identificar y valorar las percepciones iniciales del alumnado de Bachillerato de la Región, c) Diseñar las Bases y desarrollar un Concurso de disertaciones y videos sobre transparencia y buen gobierno, destinado a los y las estudiantes participantes en el proyecto. e) Evaluar los resultados del conjunto de actividades e identificar las propuestas de mejora necesarias para la extensión y consolidación del programa: un plan específico de formación para el profesorado, la inclusión de un estándar sobre transparencia en el currículum autonómico y el desarrollo de materiales, textos y tareas prácticas que faciliten al profesorado su aplicación Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y Consejo de Transparencia de la Región de Murcia

© 2015 María del Carmen López Aniorte, "Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley."

LUIS VIVES. SALA. 369 LEC lec. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 1298. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 1297. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 1299. DERECHO. SALA. 369 LOP lec. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 1262. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 1261. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 1272. DERECHO. DEPARTAMENTO. E057 SS 13. DERECHO. SALA. 369 LOP lec.

Es un capítulo de un libro.

LUIS VIVES. SALA. SS 523.

Tesis-Universidad de Murcia., Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-1323.

La justicia real y judicial no caminan mano a mano. La discriminación arraigada en ilusiones cognitivas irracionales ha mutado y se ha adaptado al mundo democrático, haciéndose inmune a la ley. Los estereotipos ayudan a justificar las desigualdades de género. El sistema judicial no es consciente del impacto negativo que percepciones y prejuicios de género tienen en la forma de impartir justicia. Las decisiones judiciales, informadas por creencias y mitos preconcebidos, en lugar de hechos, pueden tener consecuencias perjudiciales y peligrosas, negando el acceso a una justicia equitativa y libre de prejuicios. Por ello, juzgar con perspectiva de género es necesario para proporcionar un acceso equitativo a la justicia. Hacer real el principio de igualdad, no permite neutralidad. Las posibles barreras necesitan ser identificadas y eliminadas para permitir juzgar con esta perspectiva, como criterio judicial de referencia, aquellos casos en que se comprometan relaciones asimétricas o estereotipos de género. Juzgar con perspectiva de género no es una tarea fácil. Este estudio doctoral compuesto de cinco capítulos analiza cómo este enfoque, guiado por el principio de mainstreaming, fue aplicado en contextos judiciales españoles e internacionales. También, desarrolla una nueva metodología para juzgar con perspectiva de género, cuyo objetivo es ayudar a quien se enfrenta en su trabajo diario con la responsabilidad crucial de impartir justicia efectiva, informada por estándares y legislación nacional e internacional. El primer capítulo introduce un marco filosófico para la justicia aplicada con perspectiva de género, que surge impulsada desde las teorías feministas del derecho que cuestionan la objetividad del ordenamiento jurídico que no representa la razón universal sino la de quienes detentan el poder patriarcal. La noción de “imparcialidad” es opresiva. Un nuevo modelo de igualdad vindicado en la diferencia social es necesario, para superar las limitaciones de un modelo basado en la comparación social. Estudios y teorías del campo psicosocial muestran cómo los estereotipos, categorizaciones y prejuicios funcionan a nivel cognitivo en el segundo capítulo. Usamos estas ilusiones cognitivas como verdades categóricas y guiones psicosociales para etiquetar a las personas. Cuando van más allá de nuestro tejido perceptivo, las identificamos como nuestra propia forma de pensar. Una técnica sistemática de argumentación vertical para administrar justicia equitativa se introduce en el tercer capítulo. Esta técnica se basa en jurisprudencia internacional, europea y española, que apoya el imperativo de juzgar con una perspectiva de género. El cuarto capítulo comenta los fundamentos de la justicia con perspectiva de género, basándose en teorías e investigaciones psicológicas. Se identifica la necesidad de proporcionar formación en derecho internacional antidiscriminatorio para quien trabaja o pueda llegar a trabajar en el sector judicial. Se exploran varios protocolos y guías existentes, para demostrar como este enfoque judicial se usa en distintos países. La educación se identifica como el antídoto necesario para franquear el uso de categorizaciones de género. El quinto capítulo explica cómo la nueva metodología propuesta para juzgar con perspectiva de género usa el orden de lo social, como referente, para facilitar una hermenéutica judicial de género, que se puede aplicar a todas las fases del proceso social. Esta se puede resumir en tres acciones concretas: a) identificar desde el análisis crítico judicial, b) corregir integrando una perspectiva de género, c) compensar mediante una justicia reparadora, preventiva y transformativa. Dos mapas jurídicos de género se incluyen en el Anexo, a modo de resumen visual sintetizado. El estudio concluye en que hay dos enfoques distintos en la manera de administrar justicia. Uno, formal y mecánico, que perpetua las asimetrías sociales de género. Mientras el otro, administra justicia equitativa con una perspectiva de género, contribuyendo así hacia una sociedad más justa y equitativa. Real and judicial equality do not walk hand in hand. Discrimination rooted in irrational cognitive illusions has mutated and adapted to the democratic world, becoming immune to the Law. Stereotypes help to justify gender-based inequality. The judicial system is unaware of the negative impact gender-based perceptions and prejudices have played in the administration of justice. Judicial decisions informed by preconceived beliefs and myths, rather than facts, can have harmful and dangerous consequences, denying access to equitable and prejudice- free justice. Thus, a gender-based approach to justice is needed to provide an equitable access to justice. To ensure the principle of real equity occurs, there cannot be neutrality. Potential barriers must be identified and removed to allow judging with a gender-based perspective as judicial reference criterium, in cases where asymmetric relations and gender-based stereotyping patterns are present. Judging with a gender-based perspective is not an easy task. This doctoral study composed of five chapters analyses how this approach, guided by the principle of gender mainstreaming, was administered in Spanish and international judicial contexts. It also develops a new methodology to judging with a gender-based perspective. The aim is to support those faced with the crucial responsibility of imparting effective justice informed by national and international standards and legislation. The first chapter introduces a philosophical framework for gender-based justice. This supported by legal feminist theories, questioning the objectivity of a judicial order unable to represent the universal reason, and only those holding the patriarchal power. The notion of “impartiality” is oppressive. A new model of equality vindicated in social difference is needed, to overcome the limitations of the social comparison model. Psychosocial studies and theories demonstrate how stereotypes, categorizations, and prejudices function at a cognitive level in the second chapter. We use these cognitive illusions as categorical truths and psychosocial scripts to label people. When these illusions go beyond our perceptive tissue, we identify them as our own way of thinking. A systematic vertical judicial argumentation approach is introduced in the third chapter. This technique is based in international, European y Spanish jurisprudence, supporting the imperative to judge with a gender-based perspective. The fourth chapter discusses the foundations of a justice with a gender-based perspective, informed by psychological theories and research. It identifies the need to include training addressing international anti-discriminatory law for anyone working now, or in the future, in the judicial sector. Various protocols and guides are explored to demonstrate how this judicial approach is applied in different countries. It identifies education as the antidote needed to help overcome the use of known or unknown gender-based categorizations. The fifth chapter explains how the new methodology proposed for judging with a gender-based perspective uses social order, as a reference, to facilitate the use of a gender-based judicial hermeneutic, able to be applied to all phases of the social process. This can be summarised in three concrete actions: a) identify using critical judicial analysis, b) correct using a gender-based perspective to justice, and c) compensate using a repairing, preventive, and transformative justice. Two gender based judicial maps are included in the Appendix to provide a visual synthesised summary. The study concludes there two different approaches to administering justice. The first, formal and mechanical, perpetuates systematic social gender-based asymmetries. While the other approach administers equitable justice with a gender-based perspective, contributing towards a more just and equitable society.

Esta investigación parte del estudio de la conceptualización realizada por la doctrina iuslaboralista y de la jurisprudencia sobre cesión ilegal o tráfico prohibido de mano de obra (art. 43. 2, 3 y 4 ET). La doctrina iuslaboralista afirma que dicho ilícito puede ser perseguido penalmente por el delito de tráfico ilegal de mano de obra, tipificado en el art. 312.1 del Código Penal. Por su parte, para la doctrina científica penal, el delito de tráfico ilegal de mano de obra sanciona, además de la cesión ilegal de mano de obra, la colocación al margen de los mecanismos legales. En lo que se refiere al criterio interpretativo de los órganos judiciales en la materia, se constata que existe jurisprudencia laboral referida a los ilícitos que contempla el tipo penal, pero que no existe jurisprudencia penal. Analizamos esta problemática con el fin de encontrar respuestas y aportar soluciones. La presente investigación tiene como objeto de estudio determinar qué es el tráfico ilegal de mano de obra, en un mundo globalizado donde la descentralización productiva es un fenómeno generalizado, para disponer de unas pautas que permita, a los operadores jurídicos, delimitar claramente la conducta típica de dicho delito, para poder perseguirlo y sancionarlo adecuadamente. Se pretende ensamblar dos disciplinas del ordenamiento jurídico español, la laboral y la penal, respecto de una materia, el tráfico ilegal de mano de obra, en el entendimiento de que este protege un conjunto de intereses que afectan a la indemnidad de la relación laboral, que ha de contar con una protección efectiva por parte de los ordenamientos laboral y penal, dada su relevancia para mantener el “Estado de bienestar”. Intermediar laboralmente, de forma ilegal, incide de manera directa e indirecta en el mercado laboral, así como en los derechos de las personas trabajadoras, ya que se rompe la confianza e integridad de las relaciones laborales por la irrupción de un nuevo actor que interfiere fraudulentamente en la relación laboral. Es preciso contextualizar, por tanto, el presente trabajo en el marco de las exigencias del Estado social y democrático de Derecho, en los términos del art. 1.1. de nuestra Carta Magna. Para llevar a cabo el objetivo anteriormente mencionado, acudimos a la doctrina iuslaboralista y penal que analizan el tráfico ilegal de mano de obra y a las resoluciones sobre tráfico ilegal de mano de obra, colocación al margen de los mecanismos legales (intermediación laboral sin comunicar la actividad al servicio de empleo correspondiente) y cesión ilegal de mano de obra, utilizando una metodología mixta cuantitativa y cualitativa, por su contribución científica para el estudio de hechos jurídicos y las consecuencias sobre las personas, en nuestro caso, relacionadas con el Derecho laboral, pues, para el análisis de las nuevas realidades y retos académicos a los que nos enfrentamos en una sociedad globalizada, que es cambiante e interdependiente, se hace imprescindible la complementariedad metodológica. Los datos obtenidos de las sentencias hacen que nos cuestionemos lo siguiente: si en 2010 se introduce en el CP el artículo 177 bis sobre trata de personas, donde uno de sus fines es la explotación laboral, ¿por qué no se persigue adecuadamente el tráfico ilegal de mano de obra contemplado en el art. 312.1 CP? Con objeto de encontrar respuestas, decidimos realizar entrevistas a profesionales relacionados, de una u otra manera, con el tráfico ilegal o prohibido de mano de obra. Para ello, recurrimos a la metodología cualitativa, perspectiva humanístico-interpretativa, de base naturalista-fenomenológica (paradigma interpretativo), es decir, nos centramos en el conocimiento de la realidad y de las posibles causas que han propiciado que sea como se nos presenta en el momento actual. Finalizamos la tesis doctoral con las conclusiones, entre las que cabe destacar que se ha constatado la inadecuada aplicación del precepto penal objeto de análisis, lo que ocasiona que, de facto, no exista ninguna sentencia donde se condene por un supuesto agravado de cesión ilegal de mano de obra o de la intermediación irregular, ya que la jurisprudencia penal interpreta que en el tráfico ilegal de mano de obra existe explotación de la persona trabajadora, lo que se aleja de los incumplimientos descritos en los preceptos laborales examinados (arts. 5.c) RDAC y arts. 7.1.b) y 33.4.b) LEmp, en materia de intermediación laboral irregular; y, art. 43 ET, respecto del tráfico prohibido de mano de obra), así como de la propia legislación penal, que dispone de un precepto, el 177 bis CP, sobre trata de seres humanos, que tiene entre sus fines perseguir la explotación laboral. This research examines the conceptualization held by the labour doctrine and existing jurisprudence on illegal cession or illicit trafficking of labour (art. 43. 2, 3 and 4 ET). According to the doctrine, this activity can be prosecuted as an offence of unlawful trafficking in labour, as defined in art. 312.1 CP. On the other hand, for scientific criminal doctrine, the offence of illegal trafficking in labour sanctions, in addition to the illegal cession of labour, employment outside legal mechanisms. With regard to the interpretation of this issue by the corresponding judicial bodies, while jurisprudence exists within employment law for offences covered by criminal law, there is currently no corresponding jurisprudence within criminal law. We analyse this problem in order to find answers and provide solutions. The aim of the present research is to determine, in a globalised world where productive decentralization is a widespread phenomenon, what illegal labour trafficking is with a view to providing guidelines for legal operators and to clearly delineate the typical conduct of such an offence so that it can be prosecuted and punished appropriately. In doing so, two of the disciplines within the Spanish legal system, employment and criminal law, are combined in a single focus, illegal trafficking in labour, on the understanding that this protects a set of interests that affect the security of working relations, which ought to be effectively protected by the labour and penal systems, given their relevance to maintaining a “state of well-being”. Illegal intermediation has a direct and indirect impact on the labour market, as well as on workers’ rights, since the trust and integrity of working relations are broken by the intrusion of a new actor who fraudulently interferes with the employment relationship. It is necessary, therefore, to contextualize the present study within the framework of the requirements of the social and democratic State of Law, in the terms of art. 1.1 CE. In order to achieve the aforementioned objective, we refer to the labour and penal doctrines that analyse the illegal trafficking of labour, and to the resolutions on illegal trafficking of labour, employment outside the legal mechanisms (employment intermediation without reporting the activity to the relevant employment service) and illegal transfer of labour, using a mixed quantitative and qualitative methodology, given its scientific contribution to the study of legal facts and consequences for people, in our case, related to employment law. For the analysis of the new academic realities and challenges that we face in a globalised, changing and interdependent society, methodological complementarity is essential. The data obtained from the sentences examined raise the following questions: if in 2010 article 177 bis on human trafficking is introduced into the Penal Code, and indeed one of the points covered is labour exploitation, why is illegal trafficking in labour covered by Article 312.1 of the Penal Code not effectively prosecuted? In order to find answers, we decided to interview professionals related, in one way or another, to illegal or unlawful trafficking in labour. To do so, we use qualitative methodology, a humanistic-interpretative perspective, with a naturalistic-phenomenological base (interpretative paradigm), that is to say, we focus on the knowledge of reality and of the possible causes that have led to the current situation. We conclude the doctoral thesis with the conclusions which highlight the inadequate application of the penal precept under analysis. Effectively, this means that to date no sentence has actively condemned an alleged case of illegal transfer of labour or illegal brokering, since criminal law interprets the illegal trafficking of labour as involving exploitation of the worker, which departs from the offences described in the employment laws examined (arts. 5(c) RDAC and arts. 7.1(b) and 33.4(b) Lemp, concerning irregular employment intermediation; and, art. 43 ET, regarding the illegal trafficking of labour), as well as the criminal legislation itself, which has a precept, 177 bis CP, on human trafficking, which aims to pursue labour exploitation. Questa ricerca parte dallo studio della dottrina della concettualizzazione realizzata dalla dottrina iuslaboralista e dalla giurisprudenza sulla cessione illegale o traffico proibito di manodopera (art. 43. 2, 3 e 4 ET). La dottrina iuslaboralista afferma che tale illecito può essere perseguito penalmente per il reato di traffico illegale di manodopera, descritto nell'art. 312.1 del codice penale. Da parte sua, per la dottrina scientifica penale, il reato di traffico illegale di manodopera sanziona, oltre alla cessione illegale di manodopera, la collocazione al di fuori dei meccanismi legali. Per quanto riguarda il criterio interpretativo degli organi giudiziari in materia, si constata che esiste una giurisprudenza del lavoro relativa agli illeciti che contempla il tipo penale, ma che non esiste una giurisprudenza. Analizziamo questa problematica per trovare risposte e apportare soluzioni. Il presente studio ha lo scopo di studiare che cosa è il traffico illegale di manodopera, in un mondo globalizzato in cui il decentramento produttivo è un fenomeno diffuso, per disporre di modelli che permettano, agli operatori giuridici, delimitare chiaramente l'ipotesi di fatto di tale reato, in modo da poterlo perseguire e sanzionare adeguatamente. Si intende riunire due discipline dell'ordinamento giuridico spagnolo, quella del lavoro e quella penale, per quanto riguarda una materia, il traffico illegale di manodopera, fermo restando che quest'ultimo protegge l'indennità dal rapporto di lavoro, che deve essere effettivamente tutelata dall'ordinamento del lavoro e penale, data la sua importanza ai fini del mantenimento dello Stato assistenziale. L'intermediazione sul posto di lavoro, in modo illegale, incide direttamente e indirettamente sul mercato del lavoro e sui diritti delle persone che lavorano, poiché distrugge la fiducia e l'integrità dei rapporti di lavoro, per l'irruzione di un nuovo attore che interferisce fraudolentemente nel rapporto di lavoro. Occorre quindi contestualizzare il presente lavoro nel quadro delle esigenze dello Stato sociale e democratico di diritto, nei termini dell'art. 1.1. della nostra Magna Carta. Per realizzare l'obiettivo di cui sopra, ricorriamo alla dottrina giuridica e penale che analizza il traffico illegale di manodopera e alle risoluzioni sul traffico illegale di manodopera, collocazione al di fuori dei meccanismi legali (intermediazione del lavoro senza comunicare l'attività al servizio di collocamento competente) e cessione illegale di manodopera, utilizzando una metodologia quantitativa e qualitativa mista, per il loro contributo scientifico allo studio di fatti giuridici e le conseguenze per le persone, nel nostro caso, legate al diritto del lavoro, Infatti, per l'analisi delle nuove realtà e sfide accademiche che ci troviamo ad affrontare in una società globalizzata che è mutevole e interdipendente, diventa indispensabile la complementarità metodologica. I dati ricavati dalle sentenze sollevano dubbi sul fatto che, se nel 2010 sarà introdotto nel CP l'articolo 177 bis sulla tratta di esseri umani, il cui obiettivo è lo sfruttamento del lavoro, Perché il traffico illegale di manodopera di cui al l'art. 312.1 CP? Al fine di trovare risposte, abbiamo deciso di intervistare i professionisti coinvolti, in un modo o nell'altro, nel traffico illegale o proibito di manodopera. A tal fine, ricorriamo alla metodologia qualitativa, prospettiva umanistico-interpretativa, di base naturalista-fenomenologica (paradigma interpretativo) In altre parole, ci concentriamo sulla conoscenza della realtà e delle possibili cause che hanno portato alla sua realizzazione in questo momento. Concludiamo la presente tesi di dottorato con le conclusioni della stessa, tra le quali va sottolineato che è stata constatata l'inadeguata applicazione del precetto penale oggetto di analisi, il che comporta, de facto, non vi sia alcun reato che sia il tipo aggravato di cessione illegale di manodopera o di intermediazione irregolare, poiché la giurisprudenza penale interpreta lo sfruttamento della persona lavoratrice nel traffico illegale di manodopera, il che si allontana dagli inadempimenti descritti nelle norme di lavoro esaminate (art t. 5.c) RDAC e art. 7.1, lettera b) e 33.4, lettera b) Lemp, in materia di intermediazione irregolare del lavoro; e, art. 43 ET, per quanto riguarda il traffico proibito di manodopera), nonché la stessa legislazione penale, che dispone di un precetto, il 177 bis CP, sulla tratta degli esseri umani, che ha tra l'altro lo scopo di perseguire lo sfruttamento del lavoro.

1- OBJETIVOS: La tesis cuyo proyecto se presenta, tiene como objeto realizar un análisis jurídico exhaustivo de las modalidades de extinción de la relación laboral con mayor trascendencia en los últimos años: los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas, y de producción, entre los que se dedica especial atención a los de origen económico. Concretamente, hemos abordado el análisis, para cada modalidad extintiva, de la causa del despido o extinción, sus efectos jurídicos, el procedimiento de impugnación y las consecuencias de la calificación jurídica realizada por el órgano judicial competente. En una primera parte del estudio hemos analizado el régimen jurídico extintivo existente antes de la reforma laboral de 2012, y en una segunda parte la regulación vigente tras la mencionada reforma. A nuestro juicio, sólo será posible realizar un análisis profundo y una valoración crítica de la materia sobre la que se centra nuestra investigación, si se conocen con detenimiento los antecedentes de la institución jurídica analizada. Nuestro objeto de estudio no se ha limitado al análisis del régimen jurídico de las extinciones que se producen en el sector privado, sino que se ha extendido a los despidos por causas económicas, técnicas organizativas o productivas que afectan al personal laboral de las Administraciones Públicas, y al examen de la respuesta ofrecida por los jueces y tribunales del orden social ante las impugnaciones de los trabajadores afectados. 2- METODOLOGÍA: Para la elaboración de este trabajo de investigación se ha seguido una metodología prácticamente teórica, tanto en lo referente al estudio del sector público como privado. En ambos casos su desarrollo parte de una revisión bibliográfica, que ha permitido establecer una reflexión teórica y estructurar las ideas sobre el objeto de estudio, así como revisar y replantear las hipótesis de trabajo y los objetivos del mismo. Dada la fuerte interacción de los elementos y procesos a estudiar, este marco teórico presenta una visión integradora, imprescindible para explicar de forma conjunta los cambios producidos en los últimos años en nuestro ordenamiento jurídico. 3- CONCLUSIONES: Como hemos visto a lo largo del presente estudio, la reforma laboral introducida en el año 2012, a través el RDL 3/2012 de 10 de febrero y de la Ley 3/2012 de 6 de Julio, han supuesto el inicio de un proceso de revisión y cambio en el régimen jurídico de este tipo de despidos; provocando así, la flexibilización de la regulación de esta modalidad de despidos en el sistema español, mediante un mecanismo ágil y eficiente, que permite a empresarios reestructurar su personal en situaciones complicadas de crisis económica, provocando a su vez una mayor libertad de gestión empresarial, tanto a nivel privado, como público, debido a que tras la reforma laboral operada en 2012, se prevé la posibilidad de realizar expedientes de regulación de empleo en el Sector Público, en este caso, como hemos visto a lo largo del desarrollo del presente estudio, muchos autores consideran muy discutible que se puedan tramitar despidos colectivos y objetivos por las Administraciones Públicas, y en todo caso, habría que aplicar las garantías adicionales que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, como es la tramitación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que afecte no sólo al personal laboral sino también al funcionario y se contemple medidas organizativas y no extintivas. Sin embargo existen numerosos planteamientos doctrinales y judiciales que admiten, sin más, la aplicación de las causas del despido colectivo u objetivo a las Administraciones Públicas. En definitiva, quienes esperaban haberlo visto todo en el proceso laboral, no imaginaban lo que nos tenía preparado el legislador tras la publicación del RDL 3/2012 en un terreno de tanta sensibilidad social y procesal como es el despido., 1. OBJECTIVES The thesis project which is presented is intended to conduct a thorough legal analysis of the modes of termination of the employment relationship with greater importance in recent years: dismissals for economic, technical, organizational and production causes, among which are devote special attention to the economic dismissal. Specifically, we focused the analysis for each mode above mentioned, the cause of dismissal or termination, its legal effects, the challenge procedure and the consequences of the legal assessment made by the competent court. In the first part of the thesis, we have analyzed the existing legal regime discontinuance before the labor reform of 2012, in the second part, the actual regulation after this reform. In our view, it will only be possible to make a deep analysis and critical assessment of the matter on which our research focuses, if known in detail the history of the legal institution analyzed. Our object of study is not limited to the analysis of the legal regime of extinctions that occur in the private sector but has been extended to dismissals for economic or productive reasons, organizational techniques that affect the workforce of the Public Administrations, and examining the reply given by the judges and courts of the social order to the challenges of the affected workers. 2. METHODOLOGY The preparation of this research has been mostly theoretical methodology followed, both regarding to the study of public and private sectors. In both cases the development of a literature review, which has established a theoretical reflection and structure ideas on the subject of study and review and reconsider the working hypotheses and objectives. Given the strong interaction of the elements and processes to study, this presents a theoretical framework, essential to jointly explain changes in recent years in our legal system integrating vision. 3. CONCLUSIONS As we have seen throughout this study, labor reform introduced in 2012, through RDL 3/2012 of February 10 and the Law 3/2012 of July 6, they have marked the start of a process review and change in the legal status of such dismissals; thereby causing the flexible regulation of this form of layoffs in the Spanish system, through an agile and efficient mechanism that allows entrepreneurs to restructure its staff in difficult situations of economic crisis, in turn causing greater freedom of enterprise management, both private and public, because after the labor reform introduced in 2012, provides for the possibility of layoff Employment in the public sector, in this case, many authors consider highly debatable that you can handle collective and objective dismissals by public administrations, and in any case, should apply the additional guarantees provided the Basic Statute for Civil Servants, as is the processing of a Human Resource Management Plan, affecting not only the workforce but also the official and organizational and not at extinguishing measures contemplated. However there are many doctrinal and judicial approaches that support, without more, the implementation of the causes of collective dismissal or objective to general public administrations. In short, who hoped to have seen everything in the labor process, they didn´t imagine what the legislator had prepared after the publication of RDL 3/2012 in an area of such social and judicial sensitivity as dismissal.

[ESP] El presente TFM tiene por objeto el estudio de la prestación por riesgo durante la lactancia natural y pretende concretar de forma clara y simple los elementos que se deben dar para el reconocimiento de este derecho. A tal efecto se realiza un estudio en materia de prevención de riesgos laborales desde una perspectiva de género, en el que se examina la normativa aplicable, agrupada en tres bloques: normativa internacional en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, normativa comunitaria en el ámbito de la unión europea, y normativa interna. Así como también se examinará la doctrina jurisprudencial que interpreta los “requisitos” que integran la procedencia de la prestación por riesgo durante la lactancia natural.Sibien la noción de prestación por riesgo durante la lactancia natural se apoya fundamentalmente en su carácter de prestación contributiva,con la que se pretenden sustituir los ingresos dejados de percibir ante una suspensión del contrato de trabajo motivada por la existencia del riesgo, el presente estudio profundiza y destaca la importancia de la existencia de otros elementos determinantes en la procedencia de la prestación, tales como,la imposibilidad de adaptación en las condiciones de trabajo, la modificación del puesto a otro que sea compatible con la situaciónexento de riesgo, o que no transcurran más de nueve meses desde el nacimiento del lactante [ENG] This bachelor dissertation aims to study of the risk benefit during breastfeeding and aims to specify clearly and simply the elements that must be given for the recognition of this right. To this end, a study is carried out on the prevention of occupational risks from a gender perspective. Examining the rules of affection, grouped into three blocks: international legislation in the field of the International organization of work , community legislation in the field of European Union, and internal regulations. As well as examining the jurisprudential doctrine that interprets the "requirements" that integrate the source of the risk benefit during breastfeeding. Although the notion of risk benefit during breastfeeding is mainly based on the fact that it is a contributory benefit intended to replace the income received from a suspension of the employment contract motivated by the existence of the risk, the present studydeepens and emphasizes the importance of the existence of other determinants in the origin of thebenefit, such as the impossibility of adaptation in working conditions, the modification of the post to another that is compatible with the situation without risk, or that More than nine months after the birth of the infant Facultad de Ciencias de la Empresa Universidad Politécnica de Cartagena

Cualquier actividad económica o profesional puede desarrollarse bajo la fórmula del autoempleo. Incluso, en tiempos de crisis, esta modalidad de trabajo permite dar una respuesta rápida y flexible a nuevas necesidades sociales que demanda el mercado laboral y que, además, suponen una oportunidad de negocio. Se trata, solo a título de ejemplo, del servicio de atención a personas dependientes y mayores, del teletrabajo por cuenta propia, de las nuevas fórmulas comerciales que surgen merced a la utilización de las nuevas tecnologías, del trabajo autónomo en el ámbito de la economía colaborativa, o de la actividad por cuenta propia en régimen de coworking. Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar de forma crítica, utilizado la metodología jurídica, el marco jurídico vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicable al trabajo autónomo común, y de manera especial, el que se aplica a quien trabaja por cuenta propia sin personas asalariadas a su cargo, figura a la que se refiere este estudio con el acrónimo TACSA. Este análisis persigue comprobar si la LETA –norma marco en la materia- garantiza, de forma adecuada, el derecho a la integridad física y, concretamente, a la seguridad y salud en el trabajo, reconocidos en la propia LETA, y cuáles son los efectos más relevantes de dicha normativa en materia de protección social. En el primer capítulo se analizan las características del trabajo decente en los términos definidos por la OIT, en el entendimiento de que aquellas deben ser aplicadas al trabajo autónomo, so pena de que quedar este relegado al ámbito de la economía informal y catalogado como trabajo vulnerable. El segundo capítulo se dedica al estudio de la delimitación del trabajo autónomo y al régimen de cobertura de las contingencias profesionales en el mismo, como presupuestos de partida para el análisis que se realiza en los capítulos siguientes respecto de la necesidad de configurar un marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales aplicable a quien desarrolla un trabajo autónomo común. Una vez analizado el concepto de trabajo autónomo incluido en el art. 1.1 LETA y en la LGSS (art.305) a los efectos de su encuadramiento en el RETA, en el Capítulo segundo se procede al análisis, de forma breve, del tratamiento que las normas de seguridad social conceden al accidente de trabajo y a la enfermedad profesional, habida cuenta que si bien es necesario otorgar una protección social adecuada a quien ha visto perjudicada su salud por causas de origen laboral, lo es, si cabe más, anticiparse al daño, es decir, establecer un marco jurídico suficiente y adecuado en materia de prevención de riesgos laborales dirigido a proteger la seguridad y salud de quien trabaja por cuenta propia l. El tercer capítulo se centra en el análisis de los elementos subjetivos del concepto de trabajo autónomo, concretamente, en la intervención de la persona física y en las principales características que, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, es preciso tener en cuenta como posibles factores de riesgo para garantizar, de forma efectiva, el derecho a la integridad física y a la seguridad y salud en el trabajo. En el Capítulo cuarto se completa el análisis de los presupuestos de partida que las normas de prevención en el trabajo autónomo deben tener en cuenta, con el estudio de las características o condiciones en las que este se desarrolla, y en particular, a través del estudio de los elementos objetivos del concepto de trabajo autónomo, es decir, las características propias del trabajo por cuenta propia, recogidas en la LETA y en la LGSS, como factores de riesgo que exigen un adecuado marco jurídico en materia de prevención de riesgos laborales no solo para garantizar la seguridad y salud de quien realiza un trabajo de esta naturaleza sino para evitar un dumping preventivo entre empresas. Una vez realizado el estudio de la intervención de la persona física y de sus características personales, formando parte del elemento subjetivo del concepto de trabajo autónomo que se infiere de la LETA y de la LGSS, y de los elementos objetivos del concepto de trabajo autónomo, en el Capítulo quinto se analiza de forma crítica el marco jurídico vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicable al trabajo autónomo común, y en particular, a la figura de la persona TACSA. El trabajo concluye denunciando la insuficiencia del marco jurídico vigente en materia de prevención de riesgos laborales en el trabajo autónomo común y los desajustes que este déficit provoca en materia de seguridad social, a la vez que se aportan propuestas de mejora para garantizar el derecho a la integridad física y, concretamente, a la seguridad y salud en el trabajo de las personas que trabajan por cuenta propia. Any economic or professional activity can be developed under the formula of self-employment. Even in times of crisis, this type of work allows a quick and flexible response to new social needs that the labor market demands and which, in addition, represent a business opportunity. This is, for example, the case of the care service for dependent and elderly people, teleworking on own account, the new commercial formulas that arise through the use of new technologies, autonomous work in the field of the collaborative economy, or self-employment on a coworking basis. This research aims to analyze critically, by means of the legal methodology, the current legal framework in the field of prevention of occupational hazards applicable to autonomous common work, and especially, that applies to those who work on their own account without salaried persons in their charge, figure to which this study refers to with the acronym TACSA. This analysis seeks to verify whether the LETA -framework standard in the matter- adequately guarantees the right to physical integrity and, in particular, the safety and health at work, recognized in the LETA itself, and its most relevant effects in the field of social protection. In the first chapter, the characteristics of decent work are studied in the terms defined by the ILO, with the understanding that they should be applied to self-employment, otherwise it will be relegated to the informal economy and classified as work vulnerable. The second chapter is devoted to the study of the delimitation of autonomous work and the regime of coverage of occupational contingencies applicable to it, as a starting point for the analysis that is carried out in the following chapters, regarding the need to set up a normative framework for those who develop a common autonomous work. The third chapter focuses on the analysis of the subjective elements of the concept of autonomous work, specifically on the intervention of the individual and on the main characteristics that, from the point of view of the prevention of occupational risks, account as potential risk factors to effectively guarantee the right to physical integrity and health and safety at work. Chapter four completes the analysis of those foundations that prevention regulations on self-employment should take into account, with the study of the characteristics or conditions in which this one is developed, and in particular, through the study of the objective elements of the concept of self-employment, that is, the characteristics of self-employment, as reflected in the LETA and the LGSS, as risk factors that require an adequate legal framework in terms of prevention of occupational hazards not only to guarantee the safety and health of those who carry out an autonomous work, but to avoid a preventive dumping between companies due to the application of preventive regulations. Once the study of the intervention of the individual and his / her personal characteristics is carried out, as part of the subjective element of the concept of autonomous work that is inferred from the LETA and the LGSS and from the objective elements of the concept of autonomous work, the fifth chapter of this research study critically analyzes the current legal framework in the field of prevention of occupational hazards applicable to common autonomous work, and in particular, to the figure of the person TACSA. The paper concludes by denouncing the insufficiency of the current legal framework in the field of prevention of occupational risks in the common autonomous work and the mismatches that this deficit causes in social security matters, and proposals for improvement are provided to guarantee the right to physical and mental integrity, in particular the safety and health at work of self-employed persons.

La tesis doctoral «La juridificación del concepto europeo de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» aborda el encaje en el ordenamiento jurídico español de la agenda europea de modernización de los sistemas de protección social y en concreto del concepto de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles propuesto por el Libro Blanco de Pensiones, el cual, culmina un proceso de casi más de una década en torno a la reforma de los sistemas europeos de pensiones y establecer las pautas a seguir por los legisladores nacionales. El objetivo general obedece a la necesidad de acotar los procesos discursivo-políticos en los que se han desarrollados las reformas de la pensión de jubilación de 2011 y 2013 en España, y sistematizar las medidas adoptadas para el cumplimiento de esos fines. Para tal fin, se plantean una serie de objetivo específicos, que han servido a su vez para estructurar el contenido del trabajo en cuatro partes, a saber: Una primera parte introductoria, donde se aborda el encaje dentro del ordenamiento jurídico español de la agenda europea de modernización de los sistemas de protección social y en concreto del concepto de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Se ha reconstruido desde la óptica europea, el debate comunitario sobre pensiones, buscando antecedentes remotos y próximos en las instituciones y organismos europeos. La segunda parte, en idioma italiano y desde un enfoque de derecho comparado, se ocupa con rigor de caracterizar en ambos países del concepto de pensión adecuada. En la tercera parte de la tesis se considera el recurso a la complementariedad entre las rentas del trabajo y las rentas pasivas del pensionista. En la última parte de la tesis se abordan las insuficiencias normativas para el anticipo de la edad de retiro en aquellas ocupaciones sometidas a mayores exigencias psico-físicas. La metodología jurídica empleada ha sido el modelo tridimensional del Derecho, aquella teoría que considera a éste como valor, norma y hecho. De un lado, se ha abordado el estudio de los cambios de valores y hechos, a través del análisis del discurso soft law (recurriendo a Comunicaciones de la Comisión Europea, a Conclusiones de los Consejos Europeos, al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y a su Boletín oficial). De otro lado, para el estudio de la norma, se ha empleado el derecho comparado, comparando y yuxtaponiendo normas de distintas ramas del ordenamiento jurídico para el estudio de la compatibilidad entre trabajo y pensión, así como al derecho comparado internacional, intentando respecto a este ir más allá del mero estudio del derecho extranjero, al requerir de la comparación como actividad jurídica propia del mismo. El enfoque de investigación comparada ha sido eminentemente de carácter macro comparativo, al analizar los sistemas jurídicos en su conjunto desde una visión global del derecho a la Seguridad Social, con una menor presencia de los mecanismos jurídicos particulares de cada ordenamiento. Para el segundo de ellos, se ha dado cabida a la micro comparación, al analizar aspectos concretos del Derecho, confrontando la legislación, la jurisprudencia y demás fuentes del Derecho en aspectos concretos. A la luz de los resultados alcanzados, se concluye en modo propositivo el trabajo de investigación, destacando algunos aspectos críticos e incoherentes de la normativa española y formulando una posible reforma legal., The doctoral thesis analyse the concept of adequate, safe and sustainable pensions proposed by the White Paper on Pensions, which complete the process of nearly a decade with regard to the reform of the European Systems pensions and establishes the guidelines to be followed by the national legislators. The general objectives obey the need to delimit the discursive-politic processes in which pensions from 2012 and 2013 have been developed in Spain and to systematize the adopted measures for the fulfillment of those purposes. To this end, it has been posed specific objectives that have served at the same time to structure the content of this essay in four main parts: Firstly, an introductory section, where it has been tackled the Spanish legislative system of the European Agenda on modernization of the systems of social protection and specifically the concept of adequate, safe and sustainable pensions. It has been reconstructing from European perspective, the Community debate about pensions, looking for immediate and remote antecedents in the institutions and European organizations. The second part, in Italian language and from a Comparative Law Approach characterizes in both countries the concept of adequate pension. In the third part, it has been considered the recourse to the complementarily between labour and passive incomes of the pensioners. In the last part of the thesis, it has been considered the inadequate regulations for the early retirements in those jobs with higher physical-mental conditions. The juridical methodology carried out has been the three-dimensional model of law, that theory that consider to this as a value, a rule and a fact. On the one hand, it has been dealt the study of the changes of values and facts, through the analysis of the Soft Law discourse (appealing to Communications of the European Commission, to conclusions of European Councils, to the Session’s Diary of the Congress of Deputies and its official bulletin). On the other hand, comparative Law has been considered for studying the rule, comparing and juxtaposing different categories of rules of the legal system, to study the compatibility between work and pension, as well as the Comparative International Law, trying to go beyond the study of the foreign law, requiring of comparation as legal work. The comparative research approach has been eminently macro comparative analysing the legal system as a whole from a global vision of the law to the social security, with a lower relative presence of the juridical mechanisms related to each legal code. For the second of them, it has been considered microcomparation, analysing specific aspects of Law, facing legislation, jurisprudence and others sources of law in specific aspects. In view of the results achieved, it is concluded in a positive way the legislative paper, outstanding some critical and inconsistent aspects of the Spanish regulation and formulating a possible legal reform.

Con las políticas de igualdad de oportunidades se ha conseguido la igualdad formal entre mujeres y hombres, sin que se haya alcanzado la real y efectiva; a tal efecto, como señala la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOI), en su Exposición de Motivos, es preciso remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Dicha Ley crea con dicha finalidad, entre otros mecanismos, los planes de igualdad. Estos son un conjunto de medidas adoptadas, después de realizar un diagnóstico de situación, para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y eliminar la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral. Tras analizar la situación en las Universidades españolas en materia de elaboración de planes de igualdad, la realidad de las mujeres en dichas instituciones antes y después de la entrada en vigor de la LOI, y el Estudio Diagnóstico sobre Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Universidad de Murcia1, se presenta una propuesta de Plan de Igualdad que abarca todos los ámbitos de actuación de la UMU, incluyendo los objetivos a conseguir a partir de la ejecución de acciones concretas.

La organización productiva descentralizada y flexible que, bajo el impulso de las nuevas tecnologías y la globalización, viene sustituyendo a partir del último cuarto del siglo XX al fordismo de inspiración keynesiana, está deteriorando los mercados laborales, lo que supone una precarización de las condiciones de empleo, un notable repliegue de los «Estados del bienestar» y la desactivación del factor trabajo. Superado el tradicional principio de «unicidad» empresarial, un empresario «complejo» y múltiple –el grupo de empresas-, caracterizado por su dificultad identificatoria, absorbe un protagonismo creciente, en un contexto normativo-laboral casi desregulado, en el que al margen del fraude, la dirección unitaria de las empresas agrupadas no implica deducir de su funcionamiento una responsabilidad (solidaria). En esa «cierta unidad económica» que constituye el grupo, se detecta un punto de conflicto o desconexión, entre las facultades empresariales decisorias -unidad de decisión- y las organizativas –dependencia y ajenidad de frutos-., The decentralized and flexible productive organization, boosted by globalization, new information and knowledge technologies, has been replacing the Fordist Keynesian inspiration since the last quarter of the 20th century; besides it has been worsening the labour markets, which involves a precariousness of employment conditions and an outstanding backing down of “welfare states” and job factor neutralization. Once the traditional principle of business uniqueness has been overwhelmed, a complex and multiple –the corporate group- employer arises; this employer is characterized by the difficulty of being identified and acquires an increasingly featuring role, inside a regulatory working context almost deregulated, where, on the fringe fraud, the unitarian corporate group management doesn’t imply deducing a solidarity liability from its activity. Inside that “particular economical unity” made up by the group, a deal-breaker or a gap is detected between the decision-making management faculties –decision unity- and the organizational ones –dependence and another person’s benefits-.