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La Business Judgment Rule (BJR) es una regla de análisis desarrollada por la jurisprudencia en Estados Unidos que establece que los jueces respetarán las decisiones de negocio adoptadas por los administradores, siempre que estos hayan tomado una decisión informada, en el mejor interés de la compañía y sin violar la ley o sus deberes. Este artículo es producto de la revisión de la aplicación de la BJR en Colombia por la Superintendencia de Sociedades desde 2013 y de los intentos infructuosos de introducción expresa de la regla a través de proyectos de ley. Además, tiene como objetivo analizar cuáles son las implicaciones económicas de la adopción de la BJR y, a través de una metodología cualitativa y desde la perspectiva del análisis económico del derecho, demuestra que la adopción de la BJR en Colombia genera importantes beneficios macroeconómicos y microeconómicos.

El Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) fue creado el 16 de enero de 2002 mediante un tratado suscrito entre el Gobierno de Sierra Leona y las Naciones Unidas con el objetivo de juzgar a quienes tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos durante los once años de conflicto armado en el país africano. A pesar de la competencia conferida al Tribunal para juzgar a los máximos responsables de crímenes, en el Acuerdo de Paz de Lomé de 1999 se confirieron perdones políticos por todos los delitos a los miembros del Frente Revolucionario Unido (RUF). Es decir, existía una aparente contradicción entre lo dispuesto en el Acuerdo de Paz y el tratado internacional, por lo que el Tribunal debió decidir acerca de la validez de las amnistías que beneficiaban a los líderes del grupo armado con el fin de asumir competencia sobre el asunto y juzgarlos. Al respecto, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el TESL determinó el alcance del otorgamiento de las amnistías a los miembros del RUF sobre delitos políticos y crímenes internacionales en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario?

En la actualidad, los directores y administradores de las compañías se encuentran expuestos a un régimen legal que compromete su responsabilidad personal y su patrimonio. La presunción de culpa de los administradores establecida en la Ley 222 de 1995 establece un esquema exigente de responsabilidad para los administradores y para los ejecutivos de las empresas cuyas decisiones están sujetas a potenciales reclamos por la dificultad de satisfacer los intereses de todos los implicados. Dado este régimen de responsabilidad, cobra vital importancia la póliza de directores y administradores (D&O) cuyo propósito principal es proteger el patrimonio de los directores y administradores frente a reclamos, investigaciones y pérdidas que eventualmente deba pagar el asegurado en relación con un acto de administración.

La presente monografía analiza la responsabilidad penal en el Tribunal Especial para Sierra Leona a partir de la revisión de dos casos. Por un lado, la primera condena internacional por esclavitud sexual y matrimonios forzados contra los máximos responsables del Frente Revolucionario Unido, un grupo armado no estatal cuyos miembros habían sido objeto de amnistias en el Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto en el país africano. Por otro lado, el fallo contra el expresidente de Liberia Charles Taylor quien, a pesar de gozar de la inmunidad propia de los jefes de Estado, fue condenado por complicidad y planeación de los crímenes cometidos por los grupos insurgentes en Sierra Leona.