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Esta obra hace un estudio de la Justicia en España en los distintos periodos de su historia, con la intención de mostrar al lector los problemas y los logros de la Administración de Justicia en cada periodo, para hacer reflexionar al mismo de la dificultad que ha supuesto la construcción del poder o administración de justicia en España, ya que ni siquiera estos conceptos son pacíficos, y lo mucho que queda para acabar de terminar la construcción judicial.El libro hace primero un estudio pormenorizado de la Justicia en el Antiguo Régimen. A continuación, en el segundo de los apartados referentes a la evolución histórica de los tribunales en España y sus problemas, se adentra en el análisis de la Justicia en la que denomina Etapa Revolucionaria, con especial detenimiento en el hecho clave y fundamental en ese periodo que fue la creación del Tribunal Supremo que surge a raíz de los principios de la Constitución de Cádiz de 1812. Este epígrafe referente a los cambios y transformaciones históricos de la justicia concluye con importantes referencias a la justicia contemporánea, primero en la etapa republicana dando especial importancia a la regulación de la Justicia en la Constitución de 1931, de cuyos principios, sin duda es deudor el sistema vigente para a continuación hacer mención al estado autoritario que se impone tras la Guerra Civil y acabar por ultimo este recorrido histórico en la Transición y en la Constitución de1978.El tercero de los apartados de este trabajo, contiene un novedoso análisis de los Discursos de Apertura del Año Judicial de los sucesivos Presidentes del Tribunal Supremo desde el último tercio del siglo XIX hasta el último pronunciado en el 2018 y también de las Memorias defendidas en ese acto de Apertura del Año Judicial por el correspondiente Fiscal General del Estado.Cierra el trabajo una exposición por el autor de los problemas que actualmente presenta la justicia y a los retos que se enfrenta de futuro sobre todo desde la incorporación del Reino de España a la Unión Europea.

La historia de la justicia de Antiguo Régimen, como tema y como problemática, ha adquirido una merecida centralidad en el terreno investigativo. Los usos sociales de la justicia, su administración concebida como un acto de gobierno, la presencia de arbitrajes y costumbres o leyes no escritas como parte esencial de su funcionamiento, la acentuación en las superposiciones competenciales y las consiguientes disputas jurisdiccionales (comprendida la eclesiástica), emergen como claves interpretativas de la investigación, ofreciendo una dimensión más cabal y compleja de la justicia. Juan Carlos Garavaglia (autor del prólogo)

La estadística judicial constituye en la actualidad un instrumento crucial para la comprensión de la actividad desarrollada por jueces y tribunales, al permitir acceder a multitud de datos de los asuntos civiles y criminales que llegan a su conocimiento y de las personas que están involucradas en ellos. Las páginas de este libro detallan de manera pormenorizada los orígenes de la estadística judicial en España y, más en particular, su desarrollo durante el siglo XIX. Al poder le interesó la pronta administración de la justicia, para lo cual buscó fórmulas mediante las cuales controlar la tramitación de los procesos, función encomendada a los órganos judiciales superiores. El control sobre las causas pendientes y fenecidas fue abriendo el camino a su plasmación en cuadros y tablas que, en forma de guarismo, daban a conocer la actividad judicial de las Audiencias y, a partir de la década de 1860, de los juzgados. La consolidación de estas tareas atravesó por diversos avatares políticos y económicos. A lo largo de los años fue modificándose la información que debía de ser recogida, discutiéndose a qué funcionarios debía encomendarse esta tarea de acopio, entre otras razones porque los jueces consideraron que no era su función esencial. La preocupación del poder político por la criminalidad, al menos desde el siglo XVIII, facilitó que la estadística de este ramo tuviera una posición primordial en detrimento de la civil. Hubo que esperar a la década de 1890 para que la estadística de la administración de justicia en España fuera divulgada anualmente.

Hoy en día es un lugar común, generalmente aceptado sin crítica, que la justicia penal de la época moderna en Castilla e Indias era un compendio de todos los males posibles: venalidad, corrupción, lentitud, ineficacia y un largo etcétera de desgraciados calificativos, dignos de los mejores propagandistas de la Leyenda Negra. Hay que reconocer que la literatura del Siglo de Oro, por ejemplo, en autores como Quevedo, favoreció una imagen de la justicia del momento muy poco halagüeña; sin embargo, el investigador comprometido con la verdad histórica no puede dejarse llevar sólo por una visión tan parcial, por otra parte, presente en cualquier momento de nuestro pasado e, incluso, en la actualidad. Contemporáneamente, la conocida obra del tristemente desaparecido profesor Tomás y Valiente (El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta. Siglos XVI-XVIII) ha dado lugar a una legión de seguidores, discípulos o no, que han pergeñado una visión de la justicia moderna acorde con el mencionado tópico de tribunales penales parciales y corruptos, inmersos en una insoportable arbitrariedad. La intención de los trabajos recogidos en el presente libro, realizados gracias a la concesión de una ayuda a la investigación del MICINN, es poner de relieve cómo el estudio de la literatura jurídica y, muy especialmente, de los numerosos procesos penales conservados nos lleva a una visión de la administración de justicia moderna situada en las antípodas de la concepción vulgar hasta ahora mantenida por la mayoría de los autores. Arbitrio judicial no significa, en absoluto, arbitrariedad, sino adaptación y adecuación de la ley penal a la época y lugar de aplicación, todo ello realizado con consentimiento regio; esto suponía la moderación de las duras leyes, cuyo principal beneficiario era el reo y, por ende, la sociedad, que veía como cercana la actuación de los tribunales de justicia, así como la misericordia con que el Rey se conducía, como administrador último de la misma; todo ello sin que faltasen, ayer como hoy, casos de fallos injustos o parciales, que, sin, embargo, podían y solían ser corregidos en apelación.