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This contribution aims to study and address the implications of the development of new technologies for the realization of human rights, under the UNGPs and the regulatory frameworks established within national and regional contexts, as well as on the comprehension and realization of the obligations and responsibilities of the actors involved, especially of the States, companies, and even individuals as customers. For this, some examples of risks and impacts of technological businesses developments will be analyzed in the light of three groups of rights: i. civil and political rights, ii. economic, social, and cultural rights, and iii. collective rights. This will lead to understand existing challenges to optimize digital transformation and the need to rethink the effectiveness of mandatory human rights due diligence as it is known up to now, considering Human Rights as an open catalog that should be considered as the ultima ratio in contexts where tensions between technology and human rights are present.

For many years it has been discussed the necessity of protecting effectively indigenous peoples and their territories from the interventions of companies and States. Nevertheless, the legal framework established for this purpose, particularly the prior consultation as one of the most iconic mechanisms, is ineffective in practice, which justifies the necessity of re-think its purpose, elements and its application. This is due mainly to the existence of structural and ideological flaws since the inception of this instrument, especially to the capitalist ideas, through which biopower has been exercised, as an expression of “legitime” imperialism.

Desde la década de los años noventa, los países latinoamericanos se encuentran condicionados a las dinámicas económicas neoliberales que irradian todos los ámbitos de estas sociedades y que gracias al fenómeno de la globalización se han profundizado las brechas entre países del “Norte” y del “Sur”. En tal contexto, los países de la región diariamente se enfrentan a diferentes problemáticas de carácter sociopolítico, económico y cultural que obstaculizan la garantía y protección de los derechos humanos, en particular, cuando estas prerrogativas se ven amenazadas o vulneradas por “actores privados”, más concretamente, por las empresas. Empero, hoy existe una pequeña luz para mejorar esta situación en los países latinoamericanos, que se impulsa desde el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos: las recomendaciones del informe de REDESCA sobre Empresas y Derechos Humanos; que resalta la necesidad de fortalecer los regímenes de responsabilidad al interior de cada estado, así como de promover iniciativas que favorezcan a las empresas socialmente responsables y respetuosas de los derechos humanos y del medio ambiente. Así, en este artículo se presenta un ejemplo que puede significar un cambio en Colombia desde la estructura y finalidad de sociedades comerciales, esto es, las llamadas “Empresas BIC”, que proponen una ruptura del paradigma neoliberal al impulsar una nueva generación de empresas que reporten beneficios para la sociedad y el medio ambiente, más allá del interés económico de sus accionistas.

No hay duda que en el contexto de la globalización económica existe una gran disposición a conflictos o superposiciones de instrumentos internacionales, de sus obligaciones o derechos e inclusive de sus jurisdicciones. El análisis de estos fenómenos se hace más complejo si se tiene en cuenta la actual proliferación de instrumentos internacionales de naturaleza comercial (acuerdos preferenciales, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, etc.), cada uno, con un mecanismo de solución de controversias que puede llegar a generar conflictos o superposiciones con el régimen jurídico de la OMC. Con un aspecto a tener en cuenta, no existe una relación de jerarquía de una fuente de producción jurídica sobre otra (como en si ocurre en el Derecho interno), a menos que esté contemplada de forma expresa en un instrumento o que se pueda deducir de forma implícita de su contenido normativo por medio de una actividad interpretativa. Del amplio abanico de instrumentos que regulan el comercio internacional, esta disertación centrará su atención en el análisis de las normas de conflicto incorporadas en los diferentes tratados de libre comercio (en adelante TLC) celebrados entre países latinoamericanos y los Estados Unidos, concretamente, el TLC de América del Norte de 1994, el TLC con Chile de 2004, el TLC con la República Dominicana y Centroamérica de 2006, el TLC con Perú de 2009, el TLC con Colombia de 2012 y el TLC con Panamá de 2012, además, los Acuerdos de Asociación Económica de países latinoamericanos y la Unión Europea, entre ellos, el TLC con México en 2000, el TLC con Chile de 2005 y el TLC con los países andinos de 2013, finalmente, se incluirá en el examen las normas de conflicto del régimen jurídico de la OMC, y así se llegará a concluir la utilidad que puede tener el principio de la cosa juzgada o res judicata respecto a los efectos del fórum shopping.