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Este trabajo estudia la relación de la percepción de corrupción y de falta de transparencia con las preferencias por el voto y la protesta. Examina el caso de Colombia con datos de la Encuesta Latinobarómetro 2015 y un modelo logístico multinomial que supone una elección simultánea del tipo de participación (o una combinación de tipos), lo que permite establecer si la preferencia por la protesta sustituye o complementan la preferencia por el voto. Se encontró una relación positiva entre la percepción de corrupción y de falta de transparencia con la preferencia de protestar además de votar. Si los ciudadanos perciben una mayor corrupción o dudan de la transparencia del gobierno están más dispuestos a participar en manifestaciones, sin reducir su apoyo a la participación electoral. Esto sugiere que hay una aceptación general de la participación democrática formal a pesar de las deficiencias del régimen político.

En los últimos años, los sistemas políticos han despertado preocupaciones, entre ellas la que algunos autores llaman “recesión democrática”. La discusión reciente se centra en la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas. Este artículo estudia la relación entre la capacidad del Estado –entendida como su desempeño en asuntos como brindar seguridad, administrar justicia, recaudar impuestos y garantizar derechos– y el apoyo a los principios democráticos y al régimen colombiano. Los resultados indican que una menor valoración de la capacidad del Estado está asociada con un menor apoyo a los principios y al desempeño de la democracia. Estos resultados se discuten en el contexto de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, y de sus implicaciones para el postconflicto en Colombia.

Este artículo propone una lectura de los dos primeros acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, en los diálogos de paz de La Habana, a partir de la relación entre las tareas de construcción de paz y construcción de Estado. En estos acuerdos se identifican cuatro ejes temáticos que dejan entrever un nuevo modelo de construcción de Estado: la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones fundamentales, la modificación de las reglas e instituciones políticas, la participación ciudadana, y el componente de construcción de ciudadanía y reconciliación. El actual diálogo de paz es una oportunidad para el desarrollo institucional y para garantizar los derechos sociales, económicos, culturales y políticos; el artículo destaca que las transformaciones contempladas preparan al Estado para enfrentar desafíos futuros.