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El presente trabajo de investigación se realiza por medio de la búsqueda y establecimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales que tiene que observar el Juez de Control de Garantías al momento de imponer una medida de aseguramiento en el territorio colombiano; como primera disposición se realiza una descripción de la figura del Juez con función de Control de Garantías y de la medida de aseguramiento, como segunda disposición se realiza un análisis con respecto al marco de actuación de los Jueces de Control de Garantías y como tercera disposición se realiza la determinación de los conceptos de las Altas Cortes con respecto a la medida de aseguramiento con relación a los derechos de los procesados; la metodología de la presente investigación es de tipo básica, jurídica, analítica, deductiva y que utiliza el método analítico, en el contexto colombiano en la imposición de una medida de aseguramiento emitida por parte del Juez de Control de Garantías en el marco de la aplicación del sistema acusatorio que entra en vigencia con la expedición de la ley 906 de 2004. Tabla de contenido JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 2 GUARANTEE CONTROL JUDGE AND ASSURANCE MEASURE IN THE ACCUSATORY CRIMINAL SYSTEM 3 INTRODUCCIÓN. 5 OBJETIVO GENERAL. 9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 9 CAPITULO PRIMERO: El juez de control de garantías y la medida de aseguramiento. 11 PRIMER SUB-CAPÍTULO: Descripción del juez de control de garantías. 15 SEGUNDO SUB-CAPÍTULO: Facultades del juez de control de garantías. 17 TERCER SUB- CAPÍTULO: ¿Que es la medida de aseguramiento? 19 CAPITULO SEGUNDO: Actuaciones del Juez de Control de Garantías. 30 PRIMER SUBCAPÍTULO: Limitaciones legales y jurisprudenciales del Juez de Control de Garantías. 32 SEGUNDO SUB-CAPÍTULO: Posición sobre el principio indubio pro-reo y el principio de presunción de inocencia. 36 TERCER SUBCAPÍTULO: ¿Que es la figura del juez rogado? 38 CAPÍTULO TERCERO: Principios procesales con respecto a la medida de aseguramiento. 42 PRIMER SUBCAPÍTULO: Consideraciones de la corte interamericana de derechos humanos. 44 SEGUNDO SUB-CAPITULO: Posición de la corte constitucional. 50 TERCER SUB-CAPITULO: Posición de la corte suprema de justicia. 55 CONCLUSIONES. 60 REFERENCIAS. 65 This research work is carried out through the search and establishment of the legal and jurisprudential requirements that the Guarantee Control Judge must observe when imposing an insurance measure in Colombian territory; As a first provision, a description is made of the figure of the Judge with the function of Control of Guarantees and of the insurance measure, as a second provision, an analysis is made regarding the framework of action of the Judges of Control of Guarantees and as a third provision, performs the determination of the concepts of the High Courts with respect to the insurance measure in relation to the rights of the accused; The methodology of the present investigation is of a basic, legal, analytical, deductive type and uses the analytical method, in the Colombian context in the imposition of an assurance measure issued by the Guarantee Control Judge within the framework of the application of the accusatory system that comes into force with the issuance of Law 906 of 2004. Maestría

La Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre en la Jurisdicción penal, ha resaltado la importancia del comiso como procedimiento a solicitarse por el funcionario judicial, en la institución de control de legalidad sobre los elementos incautados con dicho fin, para evitar excesos contrarios a la ley y evitar futuras nulidades y violación de derechos fundamentales, con base a ello la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal precisa las reglas y subreglas dando claridad del por qué, para qué y sobre qué recae esta medida cautelar. Para su análisis, en este artículo se ha reconstruido la línea jurisprudencial donde se resuelve este problema jurídico ¿Se vulnera el derecho al debido proceso cuando los operadores judiciales disponen de bienes incautados sin determinar cuál era el objeto de dicha incautación o sobre que bienes incautados procedía dicha medida?, partiendo de la sentencia arquimédica que sirve de punto de apoyo hasta llegar a la fundadora, describiéndolas una a una, empezando por la sentencia fundadora hasta llegar a la arquimedica con el fin de exponer los criterios que fija la Corte para garantizar la protección al debido proceso a través de un análisis dinámico de Jurisprudencia, en donde se describen aspectos sobresalientes fijados en las providencias más emblemáticas, para obtener como resultado un artículo donde se fije de forma clara una línea jurisprudencial recta de la Corte Suprema de Justicia que resuelve cualquier duda que exista acerca del procedimiento que se debe agotar con respecto de los bienes incautados con fines de comiso. The Supreme Court of Justice as a closing body, has highlighted the importance of the confiscation as a procedure to be requested by the judicial officer, in the institution of legality control over the elements seized for that purpose, to avoid excesses contrary to the law and avoid future nullities and violation of fundamental rights, based on this the jurisprudential line of the Supreme Court of Criminal Cassation Chamber specifies the rules and sub-rules giving clarity of why, for what and what this precautionary measure rests with. For its analysis, in this article the jurisprudential line has been reconstructed where this legal problem is solved. The right to due process is violated when judicial operators have seized assets without clarifying what the object of the seizure was or on which seized property proceeded. Said measure? Starting from the archimedic judgment that serves as a point of support until arriving at the founder, describing them one by one starting with the founding sentence until arriving at the archimetics in order to expose the criteria established by the Court to guarantee protection due process through a dynamic analysis of jurisprudence, which describes outstanding aspects set out in the most emblematic measures, to obtain as a result an article that clearly establishes a straight jurisprudential line of the Supreme Court of Justice that resolves any doubt that there is about the procedure to be exhausted with respect to the assets seized for confiscation purposes. Magister en Derecho Penal http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacion Maestría

El sistema penal acusatorio permite al Fiscal delegado, con base en el artículo 79 del C. P.P., archivar la actuación cuando constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar el hecho como un delito. No obstante, nos hemos preguntado si el contenido de tal disposición resulta claro, concreto y explicito para que el Fiscal pueda, sin incertidumbre alguna archivar la actuación, lo cual constituye el problema de investigación. Ahora bien, en torno al contenido del artículo 79 del C.P.P., han concurrido diversas interpretaciones por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. La primera alta Corte ha considerado que los requisitos objetivos mínimos que permiten caracterizar un hecho como delito o a preciar su existencia como tal deben coincidir con los elementos objetivos del tipo que la Corte limita a la verificación del sujeto activo del delito, la acción típica y la descripción del resultado, siguiendo la tesis de Roxin. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que aquella interpretación corresponde apenas a una doctrina de un autor extranjero entre diversos conceptos que tienen su origen en puntos de vista dogmáticos diferentes, por lo que concluye que esa interceptación no es necesariamente la correcta, y refiriéndose a qué se ha de entender por elementos objetivos del tipo procede a señalar la amplitud de tal concepto y sus contenidos, que comprenden, además, elementos genéricos como las circunstancias específicas de agravación, el error de tipo y la necesidad de la imputación objetiva del riesgo permitido, entre otros. Planteándose así, no necesariamente un enfrentamiento dogmático - conceptual entre las dos cortes, sino una diferencia relevante respecto del concepto y contenido del principio de la tipicidad objetiva. De donde se ha de concluir que, efectivamente resulta necesario interpretar y precisar el contenido del artículo 79 del C.P.P., entendimiento al que han contribuido las altas Cortes con su Jurisprudencia. Una vez ordenado el archivo de la actuación, si la víctima no está de acuerdo puede solicitar al Fiscal del caso que revoque la decisión, presentándole nuevos elementos materiales probatorios, si el Fiscal no lo hace, podrá la víctima acudir ante el Juez de Control de Garantías a fin que revoque la orden de archivo. Based on Article 79 of the Criminal Procedure Code, the adversarial system allows the Chief Prosecutor to close the case, if he/she finds that there are no reasons or factual circumstances to describe the incident as a crime. However, we have wondered whether the content of this provision is clear, specific and explicit so that the prosecutor can close the file, without uncertainty, which becomes the investigation problem. Now, in relation to the contents of Article 79 of the Criminal Procedure Code, several interpretations by the jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court have come together. The High Court first mentioned has considered that the minimum objective criteria allowing describing an act as crime, or valuing its existence as such, must meet the objective elements of the offense that the Court confines to the verification of the perpetrator of the offense, the typical action and the description of results, following the theory of Roxin. Meanwhile, the Supreme Court has stated that said interpretation is just a doctrine from a foreign author among various concepts that are rooted in different dogmatic points of view. It concludes that this interpretation is not necessarily the right one. In reference to the objective elements of the offense, it points out the extent of this concept and its contents, and includes generic elements such as the specific circumstances of aggravation, mistake as to the wrongfulness (or) unlawfulness of the offense, and the need of objective imputation of the risk allowed, among others. Thus considering, not necessarily a dogmatic – conceptual confrontation between the two courts, but a significant difference in relation to the concept and contents of the objective criminality principle. Then, it has been concluded that in effect, it is necessary to interpret and clarify the contents of Article 79 of the Criminal Procedure Code, and the high courts have contributed with their Jurisprudence to understand this. Once, the closure of the file is ordered, if the victim does not agree, he /she can ask the case prosecutor to overturn the decision with the production of new material evidence; if the prosecutor fails to do it, the victim may appeal to the Supervisory Judge asking to revoke the closure of the file.

Con el objeto de contribuir al cuestionamiento de la aplicación de uno de los instrumentos con los que cuenta nuestro operador judicial cuando se enfrenta a la colisión de Derechos Fundamentales, esto es, el juicio o test de proporcionalidad. A través del presente artículo, y con el estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana se pretende establecer que, pese a ser un parámetro establecido, el uso o no del mismo está sujeto a la autonomía del funcionario competente. De esta forma, el trabajo examinará 3 ejes temáticos como son: el test de proporcionalidad, medida de aseguramiento, y los elementos de la responsabilidad .disciplinaria del operador judicial. In order to contribute to the question, in the application of one of the instruments which our legal operator work with, when it faces the collision of Fundamental rights, it means that the judgment or the proportionality test., through this article, and with the study of the jurisprudence and the Colombian doctrine aims to convince that, in spite of being a parameter established to use it or not, it depends on the autonomy of the official competent, then in this way, the work will examine three main axes such as: the proportionality test, security arrangement, and the elements of the disciplinary responsibility of the judiciary operator.

The criminal dogmatic treatment of and case law doctrine on reasonable grounds in Colombia do not adequately clarify aspects as essential as purpose, need for concretion, precision and determination of reasonable grounds. Failures in a systematic procedur, El tratamiento dogmático procesal penal y la doctrina jurisprudencial acerca de los motivos fundados en Colombia explican de manera deficiente aspectos tan esenciales como la finalidad, necesidad de concreción, precisión y determinación de los mismos. Las

Trabajo de investigación Resulta de relevancia extrema recordar que dentro de la dinámica actual del proceso penal colombiano que se surte conforme lo dispuesto al tenor de la ley 906 de 2004, hay tres audiencias preliminares que tienen especial atención en la práctica, las denominadas audiencias concentradas, las precitadas son de tan alto interés en punto a que dejan casi que de lado las demás audiencias que se surten ante los Jueces de Control de Garantías, o por lo menos en los tribunales y juzgados del país, eso pareciera en cuanto que se olvidan por las partes en el proceso, la importancia de la realización de otras audiencias que tienen objetos disímiles a los ya mencionados, aunado a ello la norma deja abierta la posibilidad a una innumerable cantidad de audiencias con características de preliminares y que son desconocidas en el actual desempeño judicial. Pregrado Abogado

Con el presente artículo se pretende entregar una herramienta útil al operador jurídico que ejerce la defensa penal con la finalidad de que pueda solicitar al juez de control de garantías, a través de la figura del denominado Bloque de Constitucionalidad, la libertad del procesado cuando una vez iniciado el juicio oral, violándose los principios de concentración y plazo razonable, éste se ha extendido indebidamente en el tiempo, trayendo como consecuencia la presencia de la figura de la prolongación ilegítima de la privación de la libertad, invocando para ello diversas decisiones jurisprudenciales, en especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. With this article we try to provide to the defender an useful tool in order to ask the judge to guarantee through the figure of the so-called Constitutional Bloc, the defendant's liberty when once the trial, violated the principles of concentration and reasonable time, it has spread unduly in time, consequently resulting in the presence of the figure of the extension illegitimate deprivation of liberty, invoking various court decisions, in particular the Inter-American Court of Human Rights.