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¿Qué sucede si quien ejerce la abogacía asesora o factura para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, viola el secreto profesional, presenta en juicio pruebas falsas, defiende a la vez a la parte contraria, detrae sus honorarios de una indemnización al cliente, deja que caduque un plazo o que prescriba una acción? ¿Dónde acaba la negligencia profesional y la infracción deontológica y empieza la responsabilidad penal?La respuesta a las cuestiones planteadas no resulta pacífica, La triple responsabilidad que genera el ejercicio de la abogacía –disciplinaria, civil y penal– presenta contornos limítrofes, y los cambios legales y jurisprudenciales se suceden (Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, Estatuto General de la Abogacía Española de 2021). El derecho penal debería operar en último lugar, pero hay casos en que la infracción de los derechos y deberes profesionales es de tal magnitud que la tutela penal pasa a un primer plano.La intervención del derecho penal en esta profesión reglada y esencial en todo Estado de derecho, se traduce, de una parte, en la tipificación de delitos dirigidos a proteger el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y de otra, en la configuración de delitos especiales o de infracción de los deberes de lealtad procesal y al cliente que tienen a las abogadas y abogados como protagonistas (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).Jiménez Segado aborda, por primera vez en nuestro derecho, de manera completa, estructurada y comprensible, las infracciones penales que, desde la regulación del Código Penal vigente, pueden cometer quienes ejercen la abogacía. Y ello se hace, además, desde una perspectiva dogmática y práctica, con cita exhaustiva de legislación, doctrina y jurisprudencia (Esteban Mestre).Carmelo Jiménez Segado (Cartagena, 1971) es magistrado y doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Alcalá (2017) y doctor en Ciencias Políticas con premio extraordinario por la Universidad Complutense (2007). Autor de numerosas publicaciones en el área de las ciencias jurídicas y sociales (Delitos de género y de violencia familiar; La exclusión de la responsabilidad criminal; Ejecución hipotecaria; El poder judicial en Estados Unidos; Contrarrevolución o resistencia. La teoría política de Carl Schmitt 1888-1985), ejerce también la docencia en universidades y colegios de la abogacía.

La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violación del secreto profesional, intrusismo, vulneración de la independencia y discriminación en la prestación de servicios); y, de otra, en la configuración de determinados delitos especiales que tienen a los abogados como principales protagonistas y sujetos activos, al considerarse que tales profesionales han incurrido en una infracción de sus deberes procesales y deontológicos con relevancia penal (delitos de presentación de pruebas falsas, incomparecencia injustificada en juicio oral, destrucción de actuaciones judiciales, revelación del secreto sumarial, defensa de intereses contrarios y perjuicio al cliente).El autor analiza detalladamente cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los mencionados tipos penales, con exhaustiva cita de precedentes legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, con el fin de mostrar y acotar los evasivos límites existentes entre las responsabilidades civiles, penales y disciplinarias en que pueden incurrir los abogados en el ejercicio de una profesión esencial para el normal desenvolvimiento de cualquier Estado, y más si se define como de derecho.

Esta Guía Procesal parte de la experiencia acumulada de los últimos años de ejecuciones hipotecarias, que se han multiplicado desde los inicios de la crisis económica de 2008. Con ella los autores ofrecen al público y al operador jurídico un instrumento útil y de primera necesidad para afrontar las principales novedades legales y jurisprudenciales, introducidas mediante un sucesivo y constante goteo normativo. La Ley 1/2013, de Protección de los Deudores Hipotecarios, la Ley 19/2015, de Reforma Administrativa de la Justicia, la Ley 25/2015, de Segunda Oportunidad, las sentencias de nuestro Tribunal Supremo sobre'cláusulas suelo'(SSTS 241/2013, de 9 de mayo y 139/2015, de 25 de marzo), o los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en materia de protección de los consumidores (SSTJUE de 4 de junio de 2009 (caso Pannon), de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito), de 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus Bank), de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz c. Catalunyacaixa), de 17 de julio de 2014 (caso Sánchez Morcillo-García Abril c. Banco Bilbao Vizcaya, SA) y de 21 de enero de 2015 (caso Hidalgo y otros c. Unicaja Banco y Caixabank) son solo una pequeña muestra de este trasiego legal, que ha supuesto un giro importante en el singular procedimiento de ejecución hipotecaria, en especial cuando se dirige contra la vivienda habitual. El libro se estructura en una parte teórica, que aborda los problemas que se suscitan a diario en los procedimientos hipotecarios, seguida de tres anexos de legislación actualizada, jurisprudencia sistematizada y extractada y formularios, que completan este mini-código ante los desahucios.