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El modelo de democracia que se deriva de la Constitución española aprobada en 1978 se ha intentado definir a través del uso de instrumentos de participación electoral/representativos e instrumentos de participación directa. No obstante, el vértigo de un constituyente timorato, una interpretación restrictiva de la jurisprudencia constitucional y una práctica perezosa han convertido en marginales los instrumentos de participación política semidirecta. Con este complicado marco de partida, el presente trabajo intenta describir los problemas con los que se ha encontrado el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular, valorar cómo se ha gestionado en la vida política ese instrumento de participación ciudadana y, por último, hacer propuestas que pudiesen revitalizar el ejercicio popular de ese mecanismo para que el Cuerpo Electoral pueda colaborar efectivamente en el proceso legislativo junto con las Cortes y el Gobierno.

En noviembre del 2007 se instala la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitución y con ello renovar el sistema político ecuatoriano. Este artículo tiene como objetivo analizar el desarrollo de la iniciativa popular normativa como procedimiento institucional de participación ciudadana, desde mayo 2009 hasta diciembre 2014 e identificar los principales factores que influyeron para su impulso u obstrucción en el escenario político nacional. La investigación es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, cuantitativo, documental, empleando fuentes de información primaria y secundaria. Se revisó la producción legislativa en el período de estudio para establecer el aporte de la ciudadanía a la construcción de la política pública y los resultados revelan que las experiencias son pocas e intrascendentes, debido a un legislativo sometido al control presidencial y un modelo de gobierno donde los tiempos, los espacios y las formas de implementar los mecanismos de democracia directa y participativa se definen “desde arriba”, de acuerdo a la coyuntura política. Además, que no basta con la redacción de una normativa de contenido progresista para que la sociedad utilice estos mecanismos y se generen cambios estructurales, sino que se requiere de un Estado democrático que respete los derechos fundamentales.

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El presente trabajo realizado bajo un objetivo general de determinar los argumentos jurídicos para incorporar en el ordenamiento civil peruano en forma optimizada los contratos electrónicos, cuya investigación se realizó bajo una metodología explicativa, con un enfoque mixto, con un diseño no experimental y de corte transversal, cuya técnica de recolección de datos siendo la observación directa y las subtecnicas como la interpretación y la argumentación se llega a los resultados que la mayoría de los notarios y usuarios no tiene bastante conocimiento en contratos electrónico y además mencionan que no genera confianza ese tipo de contratos, así llegando a la conclusión, “Las implicancias jurídicas de generar regulación en el ordenamiento civil, se manifiestan en: el consentimiento como requisito de la contratación electrónica, la formalidad como elemento de un contrato electrónico y la seguridad jurídica en la contratación electrónica”

En las Sentencias 139/2018, de 17 de septiembre, y 17/2019, de 11 de febrero, el Tribunal Constitucional estima dos recursos de amparo por vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23 CE). En ambas sentencias, el Tribunal Constitucional considera que la Mesa del Congreso de los Diputados no ha ejercido su función calificadora de conformidad con las exigencias constitucionales derivadas de los arts. 23.2 y 134.6 CE, ya que no supo apreciar que la oposición del Gobierno no se ajustaba a los criterios jurisprudenciales sobre el art. 134.6 CE.

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Resumen: Las Comunidades Autónomas pueden, porque así se lo autoriza el artículo 87.2 de la Constitución, iniciar leyes estatales tanto ante el Gobierno de la Nación como ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los escasos trabajos que se ocupan de la iniciativa legislativa autonómica se centran casi exclusivamente en la segunda de las vías acogidas por aquel artículo, sin que prácticamente se haya llevado a cabo ningún comentario teórico que trate de dar sentido, hacer la crítica y elaborar unas ciertas garantías a la utilización de la vía ante el Gobierno. El ejercicio de esta modalidad de iniciativa legislativa regional abre todo un panel de cuestiones a tratar, algunas más sustantivas, como el saber el por qué de dicha previsión (¿para qué estimular la puesta en marcha de la ley ante un órgano que no es un legislador?), y otras estrictamente procedimentales (principalmente referidas a la tramitación que han de seguir, en el seno del Gobierno, las solicitudes de proyectos de ley remitidas por los parlamentos regionales), a todas las cuales el presente estudio trata de dar respuesta. Con el fin de ordenar todas estas cuestiones es útil distinguir dos fases claramente diferenciadas a través de las cuales se articula la actuación de este estímulo de la iniciativa legislativa gubernamental. La primera de estas fases tiene lugar en el seno de los parlamentos regionales de acuerdo con lo previsto en sus respectivos reglamentos parlamentarios, y se concreta en la aprobación por tales Cámaras de la remisión al Gobierno de una propuesta -articulada o no- de proyecto de ley. La segunda fase se desarrolla en el seno del Gobierno, el cual, si decide discrecionalmente atender la solicitud remitida por una Asamblea autonómica, iniciará el procedimiento de elaboración, aprobación y posterior remisión a las Cortes del proyecto de ley previsto en nuestro ordenamiento jurídico. De especial interés resulta, a este respecto, analizar las consecuencias de la incomprensible ausencia de un mínimo procedimiento que prolongue la actuación de la iniciativa autonómica con algún tipo de actuación necesaria a cargo del Gobierno de la Nación, lo cual viene a reducir la facultad atribuida por la Constitución a las Asambleas de las Comunidades Autónomas que nos ocupa a un “vacío” ayuno de toda entidad jurídica, razón por la cual nos permitimos proponer algunas medidas de lege ferenda con el fin de reintegrar este instituto a su verdadero sentido y a su más cierta eficacia. Abstract: The article 87.2 of the Spanish Constitution assigns to the Assemblies of the Autonomous Communities the power to initiate state laws, power that can exercise before the National Government or the Chamber of Deputies. However, few studies dealing with the regional legislative initiative focusing exclusively on the second of the routes received by that article. Practically it has not been carried out any theoretical commentary try to make sense, to criticize and develop a certain guarantees to the use of the road with the Government. The procedure for exercising the request to government bills opens some substantive problems (for example, why should stimulate the implementation of the law before a body which is not a legislator?), and others of a procedural nature (mainly concerning the processing to be followed within the Government requests for bills approved by regional parliaments), all of which this study try to respond. For this, it examines each of the two phases through which the exercise of this regional initiative articulates. The first phase takes place within regional parliaments in accordance with the provisions of their respective parliamentary rules in order that such chambers approve the referral to the State Government a proposed bill. The second phase develops within the Government, which, if it decides to grant the request submitted by a regional Assembly, it will initiate the procedure for preparation, approval and subsequent submission to the state Parliament of the bill. We examined its regulatory framework, the assumption of the regional impulse by the Government (the “previous pass” of the Council of Ministers), or the advantages can have this form of the regional legislative initiative against the other form of regional legislative. Of particular interest is analyzed the consequences of the incomprehensible absence of a minimum procedure to prolong the action of the regional initiative with some kind of action to be taken by the Government of the Nation, which has the result of reducing to a “vacuum” the statutory provision of article 87.2 of the Constitution, for which reason it is proposed here some further measures de lege ferenda that are desirable in order to this institution might better fulfil their purposes in an efficient manner. Title: The exercise of the legislative initiative of the Autonomous Communities before de national Government. Singularity, deficits and proposals de lege ferenda Summary: I. INTRODUCTION. II. WHAT THE LAW SAYS ABOUT IT: 2.1 The autonomic phase. Articulated or unarticulated formulation of the impulse of the Assemblie of the Autonomous Community. 2.2 State phase and the action (or inaction) of the national Government: A) Regulatory framework. B) The assumption of the autonomic impulse by the Government: the «praevios pass» of the Council of Ministers. C) Excursus: advantages and disadvantages that can result from this type of autonomic initiative. Considerations about the supposed primacy of the governmental legislative initiative. III. WHAT THE LAW DOES NOT SAY. THE FACTS AS «PASSIVE» OF THIS FIGURE: 3.1 A cause that still belongs to the realm of law: the absurdity that implies that a power granted by the Constitution to autonomics parliaments did not follow any procedure. 3.2. And two consequences of that nonsense: A) An unavoidable sequel: the almost total disengagement of the Government of the Nation. B) And an already proven dysfunctional practice: the use of this figure diverted for different purposes than those you are supposed to. Recourse to the «case method». IV. PROPOSALS DE LEGE FERENDA. V. BIBLIOGRAPHY.

El artículo reflexiona sobre el significado político y constitucional de la iniciativa legislativa del Gobierno en los tiempos actuales. Es decir, sobre la preminencia del poder ejecutivo en la función de impulso de la legislación y el papel político que corresponde a las fuerzas políticas del Parlamento en esta tarea. Asimismo el artículo analiza el modelo difuso o desconcentrado de redacción de los textos pre-legislativos en España y su contraste con otros modelos existentes en Europa.

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La transición democrática en América Latina tiene dos etapas: los años 1980, de gran avance en materia democrática y la década de 1990, caracterizada por la crisis de representación del sistema partidario y el descontento creciente con la política. Las reformas constitucionales y la incorporación de mecanismos de democracia directa sirvieron para afrontar ello. Determinar hasta qué punto estas instituciones de democracia directa han llegado para quedarse y cuáles han sido sus efectos principales en relación con los problemas respecto de los cuales tratan de dar respuesta, son los objetivos centrales de este trabajo que, en clave comparada, cubre 18 países latinoamericanos desde la fecha de arranque de la Tercera Ola en nuestra región (1978) hasta junio de 2009.

Mediante el estudio comparado de Argentina, Ecuador y Perú, el artículo analiza en qué medida las consultas populares, la iniciativa ciudadana y la revocatoria de mandato podrían contribuir a, por un lado, fortalecer la “democracia delegativa”, esto es, el protagonismo del Poder Ejecutivo basado en el apoyo popular y contra los otros poderes del estado o, por otro lado, incrementar la calidad de la democracia introduciendo mecanismos de control y de participación en la toma de decisiones por parte del ciudadano.

The main objective of this study is to analyse the unequal presence in other decentralised States of the power to initiate state laws that the article 87.2 of the Spanish Constitution assigns to the Assemblies of the Autonomous Communities, analysis that allows to conclude that not even any regional State recognises necessarily to his territorial autonomous entities legislative initiative before the central Parliament, not even the existence of a second territorial chamber is an obstacle in order that some Federations recognise his members states a capacity of legislative initiative before the federal Parliament. In addition, the upper chamber of the federal system often has minor legislative capacity that the lower chamber, and even, may suffer from little political relevance. On the one hand, the position of the States federated in the second territorial chamber is only that of a member, which does not allow them to dominate the decision to stimulate a federal law. On the other hand, It is evident that there exist federal States in which the legislative initiative of the member states before the national Parliament is perfectly recognized. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El principio de división de poderes nunca significó la parcelación de la soberanía, que es única e indivisible, como declaraban los primeros textos del constitucionalismo, también el gaditano. Equivalía y equivale más bien a una división de las funciones correspondientes al poder estatal. Aun así, ha habido dos versiones básicas del citado principio: la separación de poderes/funciones, nunca total, que es la seguida por la Constitución estadounidense de 1787, y su distribución equilibrada, que es el modelo más extendido en Europa. La Constitución gaditana se inclinó por esta segunda versión estableciendo relaciones entre los órganos fundamentales del sistema político que quería implantar: las Cortes y el Rey. Relaciones que eran bien de coparticipación en una función, como la del Rey en la legislativa con su iniciativa, bien de participación en el nombramiento de los titulares de una institución, como la de las Cortes en el de los miembros del Consejo de Estado, ora de bloqueo, aunque sea temporal, como el veto regio a las leyes aprobadas por las Cortes, ora, en fin, de intervención en determinadas cuestiones puntuales, como la de las Cortes en asuntos de la Corona. La división de poderes tampoco impide la existencia de jerarquía entre ellos. En el esquema de John Locke, la supremacía la tiene el poder legislativo, bien que en él participaba el Rey. Éste es el modelo seguido por el constituyente gaditano, con la salvedad de que el veto regio a las leyes de Cortes era superable por éstas. Las Cortes instituidas por la Constitución de 1812 eran un Parlamento en el sentido moderno y liberal de la expresión, muy lejos del precedente que algunos autores han querido ver en las Cortes de Castilla. Se sustenta esta tesis en su composición a base de sufragio activo universal masculino, su autonomía reglamentaria, la publicidad de su funcionamiento, el estatuto de los diputados con las prerrogativas clásicas y la adopción de un sistema de representación muy próximo ya al mandato representativo. Todo lo cual hace que el sistema político que se pretendió instaurar, el de una monarquía moderada, significara realmente una monarquía protoparlamentaria, como la que había por aquella época, aún con notables diferencias, en Inglaterra y como la que quiso crear la Constitución francesa de 1791, que la antecedió en el diseño y en el fracaso, a todas las cuales sólo les faltaba para igualarse a las actuales el importante instituto de la responsabilidad gubernamental ante el Parlamento. The principle of separation of powers never meant the division of sovereignty, which is one and indivisible, as stated the first texts of constitutionalism also Cadiz. Equivalent and roughly corresponds to a division of roles for the state power. Still, there have been two basic versions of that principle: the separation and powers / functions, never complete, which is followed by the U.S. Constitution of 1787, and its even distribution, which is the most widespread model in Europe. The Cadiz Constitution was inclined to this second version establishing relationships between the main organs of the political system he wanted to implement: the Cortes and the King. Relationships that were sometimes of sharing a function, like that of the King in the legislative initiative, good participation in the appointment of holders of an institution, like the courts in the member of the Council of State locking prays, even temporarily, as the royal veto laws passed in the Parliament pro, now, finally, to intervene in certain specific issues, such as the courts in matters of the Crown. The division of powers does not prevent the existence of hierarchy among them. In the scheme of John Locke, the supremacy has the legislative power, well that, in him Rey participated. This is the model followed by the constituent Cadiz, with the exception that the royal veto the laws of Cortes was surmountable by them. Courts instituted by the 1812 Constitution was a parliament in the modern sense of the term liberal, far from the above that some authors have seen in Castile. He supports this thesis in its composition based on universal male vote, their regulatory autonomy, the advertising of its operation, the status of traditional prerogatives deputies and taking a very close representation system and the representative office. All of which makes the political system that sought to establish was that of a moderate monarchy, and monarchy protoparlamentaria really meant, as he had at the time, even with significant differences in England and how they wanted to create the French Constitution 1791, that preceded the design and failure, which only lacked to match the existing institute the important government accountability to Parliament.

SUMARIO: 1.- Introducción: la unidad de objeto en las normas jurídicas. 2.- La admisibilidad de enmiendas en el procedimiento legislativo. En torno a la doctrina del Tribunal Constitucional. 3.- Las resoluciones anteriores del Tribunal Constitucional. 4.- Análisis de la STC 119/2011, de 5 de julio. 5.- Análisis de la STC 136/2011, de 13 de septiembre. 6.- Sobre el procedimiento de admisión. 7.- Las leyes de contenido heterogéneo. 8.- Consideración crítica de la doctrina del Tribunal Constitucional. 9.- Conclusiones. 10.- Bibliografía consultada.

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The author states some of the introductory texts of legal documents relating to Regional Political divisions in the Franco's Spain and the postfrancoism in order to show its political importance, drawing the attention about its political significance and the legal value ascribed to the non existence of Preamble in the Law of Political Reform and to the Preamble in the Constitution of 1978, to show the outstanding aspects of the terms in which the debate has been developed about the legal value of the Preambles in recent years, according to the intention of offering interpretative instruments to understand and to criticize the Sentence of the Spanish Constitutional Court 31/2010, June, 28th, FJ 7. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The Constitutional Court in its pronouncements has been responsible for defining the scope of legislative initiative, establishing the legal concept of this constitutional attribute and narrowing its exercise by its holders, mainly members of the Congress, the National Government, particularly with regard to tabling bills of its sole initiative and popular legislative initiative. This article is a preview of the results of the research project called "Constitutional Details on the Legislative Process in Colombia", developed within the Institutional Development Component of the Line of Trends and Prospects for the Administrative Law Group for Research in Public Law of the Faculty of Law at the Universidad del Rosario. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Through a comparative study of Argentina, Ecuador, Peru, this article argues that popular enquiries, citizen initiative and recall of term of office would contribute either to enforce delegative democracy; that is, executive power prominence based on popular support and against the other powers of the state, or to increase quality of democracy by introducing citizens' control mechanisms and participation in decision making. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

SUMARIO: I. La iniciativa legislativa del Gobierno. 1. La aprobación del proyecto de ley y su remisión a las Cortes Generales. 2. Antecedentes legislativos aportados por el Gobierno. 3. Idoneidad del tipo normativo elegido: la opción de la ley de bases. 4. La discutible necesidad de una ley orgánica de acompañamiento. 5. Recepción del proyecto de ley en el Congreso: primeras decisiones sobre el procedimiento parlamentario. El debate político y social sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. 1. La controversia en tomo al proyecto de ley. 2. El debate de totalidad en el Congreso. 3. Hearings parlamentarios: los sectores afectados ante el proyecto de ley. La fase crítica: El informe de la ponencia, dictamen de la comisión y el debate en pleno. 1. Constitución de la Ponencia. 2. La conclusión del informe y el debate en Comisión. 3. Las enmiendas aprobadas. 4. La crisis final: el debate en pleno. IV. La tramitación del Proyecto de Ley en el Senado. 1. Consideraciones generales: la intervención del Senado en el proceso legislativo. 2. Las enmiendas del Senado: la reconstrucción del sistema de recursos. V. Aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados: la última batalla procedimental.