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A finales de 1823, la Sala de Representantes de San Miguel de Tucumán, dispuso la aprobación del decreto de pena de muerte para el gobernador Bernabé Aráoz, exiliado en la vecina ciudad de Salta. El entonces presidente de la Sala, el Presbítero José Manuel Moure, acudió a la formación de una comisión de eclesiásticos integrada por Diego León Villafañe (Jesuita), Pedro Miguel Aráoz y José Agustín Molina, para que se expresaran sobre el tema. Es a partir de este caso particular que nos preguntamos a cerca de la discusión sobre la pena de muerte, tanto en ámbito laico como eclesiástico; y de que manera este acontecimiento nos revela algunos rasgos de la relación entre "lo político" y lo religioso después de la revolución. Nos interesa indagar sobre las herramientas teóricas y jurídicas con las que se contaba en la época, para promulgarse sobre la materia. Abordar la decisión de la aplicación de la pena de muerte -en este caso a Bernabé Aráoz- desde un aspecto político jurídico eclesiástico, partiendo del hecho de que es una comisión eclesiástica la que finalmente avala la decisión. El clero fue uno de los actores fundamentales dentro del entramado social colonial. Este rol principal sufrió algunas modificaciones a partir de mayo de 1810, cuando la revolución empezó a delinear una nueva forma de relación entre la Iglesia y los individuos que la componían, y los nuevos poderes emergentes. La revolución y los nuevos gobiernos comenzaron a apropiarse de espacios específicos del clero, como el púlpito, al tiempo que éstos participaban de espacios políticos cada vez más "públicos". At the end of 1823, the governor Bernabé Araoz, exiled in the city of Salta, was sentenced to death by the House of Representatives of San Miguel de Tucumán. The presbyter José Manuel Moure, then president of the House of Representatives asked a commission of ecclesiastics integrated by Diego León Villafañe (Jesuit), Pedro Miguel Aráoz and José Agustín Molina to express their opinions about death penalty. The clergy, a central player within the colonial social context, suffered a change in its role when a new kind of relationship between the Church and the new emerging powers started to be outlined in the Revolution period. As a result, the new governments began to appropriate the specific spaces of the clergy such as the pulpit, and at the same time, the latter took part of the political public spaces. From governor Araoz's particular case, this article deals with the death penalty debate in secular and ecclesiastical spheres in order to show some features of the political and the religious relationship after the Revolution period. As a consequence, it will take into account the theoretical and juridical tools the commission of ecclesiastics used to support the application of capital punishment.

Fil: Benito Moya, Silvano G. A. Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina., Fil: Universidad Católica de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina.