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El origen de la carga de la prueba está determinado por la Constitución Política, los derechos fundamentales y constitucionales prevalecen la carga de la prueba para garantizar el cumplimiento del debido proceso; asimismo, en el procedimiento penal se cumplen las garantías constitucionales y además, tiene como finalidad la pena y obtener una retribución justa, sin que sea justo obligar a una persona a probar su inculpabilidad, contrariando la prohibición de auto-responsabilidad. En consecuencia, la carga dinámica de la prueba como concepto del derecho procesal en general debe ser usado en materia penal como un criterio que oriente al juez al momento de fallar cuando haya incertidumbre de los hechos, y el acusado pueda desvirtuar las conductas imputadas reafirmando su inocencia con la presentación de elementos que desacrediten porque ante la ausencia de pruebas se debe acudir al in dubio pro reo, pero no como una carga probatoria, sino como un dinamismo, que pretende es fortalecer y efectivizar el derecho de defensa. Así las cosas, cualquier persona acusada por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, tiene dos opciones: guardar silencio, en tal caso corresponde a la Fiscalía toda la carga, o puede alegar la justificación de sus ingresos, en cuyo caso será su carga demostrarlo. Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestria en Derecho Penal, Areas Penal y Procesal Penal The origin of the burden of proof is determined by the Political Constitution, fundamental and constitutional rights prevail the burden of proof to guarantee compliance with due process; likewise, in criminal proceedings the constitutional guarantees are fulfilled and, furthermore, its purpose is to punish and obtain a fair retribution, without it being fair to force a person to prove his guilt, contrary to the prohibition of self-responsibility. Consequently, the dynamic burden of proof as a concept of procedural law in general must be used in criminal matters as a criterion that guides the judge when ruling when there is uncertainty of the facts, and the defendant can distort the imputed conducts reaffirming his innocence with the presentation of elements that discredit because in the absence of evidence, the in dubio pro reo must be resorted to, but not as a burden of proof, but as a dynamism, which seeks to strengthen and make effective the right of defense. Thus, any person accused of committing the crime of illicit enrichment of individuals, has two options: remain silent, in which case the entire charge corresponds to the Prosecutor's Office, or they can allege the justification of their income, in which case it will be their responsibility. charge prove it.