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The article analyses the reactions provoked in some rural communities of the Peruvian Andean departments of Ayacucho and Apurímac by the agrarian reform approved in 1969 by the military government and subsequently by the arrival of Sendero Luminoso. The agrarian reform aroused great expectations, but also new problems, which facilitated the penetration into the communities of the “senderistas”, who were initially considered as those who could complete the process of redistribution of the land and punish the abusive notables. However, the level of violence they had been using ended up provoking the reaction of the communities.

Numericamente limitata, come del resto negli altri paesi della costa del Pacifico, l’immigrazione che dalla penisola italiana si dirige verso il Perú tra la metà dell’800 e l’inizio del ‘900 presenta alcuni tratti del tutto peculiari. Si tratta nella stragrande maggioranza di soggetti provenienti dalla Liguria, gente di mare che si muove non tanto sotto la spinta di specifici e contingenti fattori di espulsione e di attrazione, quanto piuttosto per quella “cultura della mobilità”, sia geografica che sociale, strettamente connaturata alle loro attività originarie di naviganti e commercianti. E in effetti il commercio, esercitato anche in imprese di modeste o modestissime dimensioni, costituisce quasi sempre la prima occupazione in terra peruviana, a partire dalla quale essi ampliano e/o diversificano progressivamente il loro raggio d’azione, giungendo in alcuni casi (relativi però in genere a personaggi dotati di una solida base di partenza) a svolgere un ruolo di grande rilievo in ambito economico, finanziario, politico. Come si è detto,quantitativamente la presenza degli italiani rimane sempre modesta, e tuttavia essi costituiscono in Perú la colonia straniera più numerosa, almeno negli anni compresi tra l’avvio dell’“età del guano” e l’inizio del nuovo secolo, nonché la più ricca, come attestano i dati forniti dalla documentazione consolare.

El artículo analiza las razones que en el Perú de finales del siglo XIX motivaron la decisión de otorgar el derecho de voto solo a los alfabetizados y de introducir el sufragio directo, así como las consecuencias de tales medidas, que llevaron a la restricción del cuerpo electoral y a la introducción de novedades decisivas en el perfil del ciudadano, en la geografía política del país y en los criterios de selección del personal parlamentario. Detrás de estas medidas se encontraba la voluntad de la élite de gobierno de proponer y construir un proyecto político modernizador y una nueva idea del Estado y de la nación, para la cual, en el clima cultural de la época, la población indígena se consideraba inútil e inapropiada. Para desarrollar este tema se utilizan fuentes de distinta naturaleza: textos legislativos y constitucionales, debates parlamentarios, registros y actas electorales.The article analyzes the reasons that motivated the decision to guarantee voting rights to literate people only in Peru and the change towards a direct suffrage. This brought consequences such as the restriction of the electoral body, the introduction of changes in the citizen profile, the political geography of the country and the selection criteria for members of the parliament. Behind these measures taken by government elites was the attempt to propose the construction of a modernizing political project and the idea of a new kind of State and Nation. Indigenous people were considered useless and inappropriate for these projects. Different primary sources were used to explore these topics, including legislative and constitutional documents, parliamentary debates as well as electoral registers and minutes.

En el virreinato del Perú, como en las otras áreas en las que fue aplicada, la Constitución de Cádiz permitió a una multiplicidad de sujetos sociales colectivos, sin distinciones étnicas, elegir organismos municipales iguales entre sí e independientes, que tenían de derecho, y más todavía de hecho, una amplia gama de poderes, en primer lugar el de administrar la justicia en el ámbito local. Después de la independencia las municipalidades conocieron fases distintas, según lo que establecían constituciones y leyes. En la práctica, aun cuando las municipalidades fueron abolidas (1839), las comunidades locales mantuvieron la costumbre de discutir y tomar decisiones colectivas, utilizando un lenguaje político tradicional, parecido al que emplearon las Juntas españolas e hispanoamericanas desde el comienzo de la crisis de la monarquía. En 1856 las municipalidades fueron nuevamente introducidas, en número tan elevado y con competencias tan anchas que se produjeron conflictos frecuentes con las autoridades políticas y muchas quejas, que fueron expresadas por los parlamentarios reunidos en el Congreso de 1860. La nueva constitución (1860) y la nueva ley de municipalidades (1861) redujeron el número y las competencias de los organismos municipales, pese a que mantuvieron su origen electivo y los centros de menor tamaño pudieron elegir agencias municipales y síndicos procuradores. Además municipalidades y agencias conservaron la facultad de redactar los registros electorales y la ley electoral de 1861 reconoció a cada pueblo, por pequeño que fuera, el derecho de designar un elector de segundo grado que lo representara en el ámbito del sistema electoral indirecto de dos niveles...