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El auge de las nuevas tecnologías ha propiciado una revolución en la comunicación humana, que ha pasado a ser global, masivamente multilateral y esencialmente digital. Regular la actividad online es indispensable para proteger a los internautas, pues las grandes empresas multinacionales propietarias de las aplicaciones que predominan en Internet diseñan unas políticas de uso que condicionan el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, de un modo muy particular nuestra libertad de expresión. Las distintas alternativas para regular el funcionamiento de los proveedores de estos servicios y conseguir un modelo normativo equilibrado y viable a nivel internacional es, por lo tanto, un reto que no puede posponerse más.

Los discursos del odio atacan la dignidad de los integrantes de colectivos históricamente desfavorecidos y fomentan su discriminación y deshumanización, razón por la cual los poderes públicos se han ido dotando de mecanismos para combatirlo. Pero no hay unidad de acción a nivel global, pues su restricción exige revisar los límites a la libertad de expresión. Así, mientras en Estados Unidos los tribunales reconocen la primacía de esta libertad, en Europa se incrementa el recurso a la vía penal. Pero ambos sistemas tienen deficiencias, sobre todo porque no se centran en el resarcimiento del daño causado. De ahí que pueda analizarse una tercera opción, la civil, partiendo de la ya consolidada doctrina sobre daños morales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la más alta jurisdicción en materia de protección de las libertades reconocidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ejerce sus potestades conjugando dos criterios, el carácter universal de los mismos y el margen de apreciación nacional. En el ámbito del discurso del odio, el TEDH ha tenido que analizar cuáles son los límites de la libertad de expresión, generando una amplia y diversa jurisprudencia que, en muchos casos, no ha estado exenta de polémica.