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Resumen: ¿Asistir a una sesión parlamentaria luciendo sobre la ropa un mensaje político claramente legible, es una manifestación de la libertad de expresión, o una interferencia inaceptable en el desarrollo de los debates parlamentarios, susceptible de alterar el orden en la cámara? ¿Debe permitirse que un miembro del Parlamento exprese su opinión en el hemiciclo luciendo pegatinas o adhesivos, mostrando octavillas, o desplegando pancartas? La reiteración de estos comportamientos, cada vez más habituales en nuestra vida parlamentaria, viene desde hace tiempo exigiendo del Derecho Parlamentario una respuesta que sea al mismo tiempo acorde con los principios de un Estado democrático, compatible con el fluido funcionamiento de una de sus más importantes instituciones, y susceptible de ser aplicada de manera coherente en nuestros diferentes legislativos. En el presente artículo se aventura por primera vez, y a partir del análisis de varios casos recientes, esta posible solución. Abstract: To attend a parliamentary sitting wearing clothes featuring a clearly readable political message, is a kind of manifestation of the freedom of speech, or an unacceptable interference in the development of the parliamentary debates, likely to alter the order in the house? Is it acceptable for a Member of Parliament to express his or her opinion within the hemicycle wearing pins o stickers, showing flyers or deploying banners? The reiteration of these behavior, increasingly common in our parliamentary life, has been demanding from Parliamentary Law an answer that is at the same time consistent with the principles of a democratic State, compatible with the fluid operation of one of its most important institutions, and suitable of being applied in a consistent manner in our different legislatures. In this article we propose for the first time, and on the basis of an analysis of several recent cases, this possible solution.

Artículo redactado en inglés.

El presente trabajo de investigación, al que hemos querido brindar el título de El Divided Government en los Estados Unidos: causas, dinámicas y efectos sobre el sistema político y constitucional norteamericano, ja sido elaborado en el marco del Programa de Doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Su objeto es abordar con toda la profundidad que esté a nuestro alcance la práctica o la institución del Divided Government (en adelante, Gobierno Dividido) en los Estados Unidos, cuya vigencia en determinados periodos de gobierno de esta nación a generado interesantes consecuencias, y que ha cobrado una especial importancia en las últimas décadas. La oportunidad de esta cuestión es clara: nos encontramos ante el país más poderoso en la escena internacional, por lo que las relaciones entre naciones no tendrían sentido sin él. Y no solo en el ámbito diplomático o militar: desde el punto de vista económico se trata de la primera potencia mundial, por delante de China. A ello hay que sumar que su modelo político y constitucional es todo un ejemplo y ha sido imitado por muchos países, tanto en América como en otros continentes. En el lenguaje político estadounidense la expresión “Gobierno Dividido” se utiliza de manera cotidiana para referirse a aquella situación en la que cada una de las dos principales instituciones políticas de los EE. UU., el Congreso y la Presidencia, son controladas respectivamente, por uno de los dos principales partidos del país. Es decir; cuando –por un lado– nos encontramos con un presidente demócrata y un Congreso republicano, o –por el contrario– con un Congreso de mayoría demócrata y un presidente republicano. Una peculiar situación que, como es obvio, obliga al desarrollo de unas normas de cohabitación o entendimiento mutuo que permitan impulsar la agenda legislativa nacional y mantener la coordinación entre sus instituciones, y conduce a una situación en la cual las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo cobran una relevancia sin igual. En resumen, justificamos la importancia de abordar este tema por las razones que a continuación se enumeran: 1. Los Estados Unidos de América son la principal superpotencia, desde el punto de vista político, económico y militar, de la escena internacional. 2. El sistema político y constitucional de los Estados Unidos ha sido objeto de debate y extrapolación en otros muchos ordenamientos nacionales, como símbolo de una perfecta separación de poderes. 3. La actual coyuntura política, no solo en los Estados Unidos, sino también global, hace necesario un análisis en profundidad de la principal democracia del mundo. 4. La figura del Gobierno Dividido tiene su homólogo europeo en la llamada cohabitación política, encarnada en la Francia de la Quinta República. 5. Un análisis exhaustivo de las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo en este país —esto es, entre el Congreso y la Presidencia— permite a su vez comprender la importancia de las relaciones políticas en los Estados Unidos. 6. Así pues, el análisis del Gobierno Dividido, tanto en la situación actual como en otras del pasado, resulta necesario para comprender no solo las pautas recogidas en la Constitución, sino también cómo funcionan las relaciones partido-Presidencia y partido-Congreso en el sistema político estadounidense. This research work, to which we wanted to give the title of The Divided Government in the United States: causes, dynamics and effects on the American political and constitutional system, has been developed within the framework of the Doctorate Program in Law, Political Science and Criminology of the Faculty of Law of the University of Valencia. Its purpose is to address with all the depth that is within our reach the practice or institution of Divided Government (hereinafter, Divided Government) in the United States, whose validity in certain periods of government of this nation has generated interesting consequences, and that has gained special importance in recent decades. The opportunity of this issue is clear: we are facing the most powerful country on the international scene, so relations between nations would not make sense without it. And not only in the diplomatic or military field: from the economic point of view it is the first world power, ahead of China. To this we must add that its political and constitutional model is an example and has been imitated by many countries, both in America and on other continents. In American political language, the expression “Divided Government” is used on a daily basis to refer to that situation in which each of the two main political institutions of the United States, the Congress and the Presidency, are controlled, respectively, by one of the two main parties in the country. Namely; when –on the one hand– we find ourselves with a Democratic president and a Republican Congress, or –on the contrary– with a Democratic-majority Congress and a Republican president. A peculiar situation that, as is obvious, requires the development of rules of cohabitation or mutual understanding that allow the promotion of the national legislative agenda and maintain coordination between its institutions, and leads to a situation in which relations between the executive and legislation take on unparalleled relevance. In summary, we justify the importance of addressing this topic for the reasons listed below: 1. The United States of America is the main superpower, from the political, economic and military point of view, on the international scene. 2. The political and constitutional system of the United States has been the subject of debate and extrapolation in many other national systems, as a symbol of a perfect separation of powers. 3. The current political situation, not only in the United States, but also globally, requires an in-depth analysis of the world's leading democracy. 4. The figure of the Divided Government has its European counterpart in the so-called political cohabitation, embodied in the France of the Fifth Republic. 5. An exhaustive analysis of the relations between the legislative and executive powers in this country—that is, between Congress and the Presidency—in turn allows us to understand the importance of political relations in the United States. 6. Thus, the analysis of the Divided Government, both in the current situation and in others in the past, is necessary to understand not only the guidelines contained in the Constitution, but also how party-Presidency and party-Congress relations work in the American political system.

Esta tesis pretende describir el escenario de movilizaciones sociales que caracteriza al espacio posyugoslavo, a través de las oportunidades políticas que activan las protestas y de las estrategias contenciosas que los organizadores desarrollan para articular la movilización. El estudio busca clarificar los retos de las transiciones locales, marcadas por el fin del autoritarismo yugoslavista, las transformaciones socio- económicas, la fragmentación del Estado yugoslavo y las guerras que asolaron la región entre 1991 y 2001. La investigación aborda el análisis de los nacionalismos locales como resultado de las crisis del Estado yugoslavo. Se plantea un estudio más profundo a partir de mayo (junio) de 1968, para conocer las continuidades históricas que permanecen hasta la actualidad, destacando las movilizaciones obreras que se produjeron de manera ascendente durante los años 80 y que derivan hacia un incremento de la movilización étnica. La investigación considera fundamental la fundación de los nuevos estados, porque determina el ámbito de las protestas y moldea los términos en los que la sociedad civil se manifiesta contra el poder político. Para ello, realiza un análisis de Croacia, Serbia, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Kosovo como casos de estudio, donde se incluyen las circunstancias socio- económicas en las que se produce su conformación y los proflemas de soberanía nacional que afrontan, para luego finalizar con un análisis comparativo. El estudio identifica un incremento de las movilizaciones sociales desde el año 2008, a partir del cual se realiza una aproximación más pormenorizada a las claves de las nuevas movilizaciones, que se desencadena con la crisis económica internacional y con la nueva generación posyugoslava. La investigación parte de la base de que las fronteras entre el nacionalismo étnico y civil se desdibujan y expone cómo las movilizaciones responden cada vez más a demandas sociales que afectan al conjunto de la ciudadanía, al margen de las diferencias étnicas y de los conflictos del pasado. La movilización identifica nuevas oportunidades para el inicio de la movilización, como la reducción de las prestaciones sociales, los casos de corrupción, las privatizaciones empresariales fraudulentas, la apropiación de los espacios públicos y la vulneración de la legalidad democrática. Se puede extraer que los organizadores buscan distanciarse de los patrones de movilización nacionalista característicos de finales de los 80 y de los 90, pero también, según el caso de estudio, apelan a referencias del pasado cuando la movilización fue entonces exitosa. En ese sentido, las movilizaciones tienden a canalizarse en el marco de las reglas del juego democrático, con aspiraciones no nacionalistas que reflejan un proceso, todavía incierto, de cohesión en torno a problemas comunes. This thesis aims to describe the scenario of social mobilizations that characterizes the post-Yugoslav space, through the political opportunities that activate the protests and the contentious strategies that the organizers develop to articulate the mobilization. The study seeks to clarify the challenges of local transitions, marked by the end of Yugoslav authoritarianism, socio-economic transformations, the fragmentation of the Yugoslav State and the wars that ravaged the region between 1991 and 2001. The research addresses the analysis of local nationalisms as a result of the crises of the Yugoslav state. A more in-depth study is proposed starting in May (June) 1968, to know the historical continuities that remain to the present, highlighting the worker mobilizations that occurred in an ascending way during the 80s and that lead to an increase in ethnic mobilization. The research considers the foundation of the new states fundamental, because it determines the scope of the protests and shapes the terms in which civil society protests against political power. To do this, it carries out an analysis of Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo as case studies, which include the socio-economic circumstances in which their building state occurs and the problems of national sovereignty they face, in order to then finish with a comparative analysis. The study identifies an increase in social mobilizations since 2008, from which a more detailed approach is made to the main elements of the new mobilizations, which is triggered by the international economic crisis and the emergence of the new post-Yugoslav generation. The research is based on the fact that the borders between ethnic and civil nationalism are blurred and exposes how the mobilizations increasingly respond to social demands that affect all citizens, regardless of ethnic differences and past conflicts. The mobilization identifies new opportunities for the beginning of the mobilization, such as the reduction of social benefits, cases of corruption, fraudulent corporate privatizations, the appropriation of public spaces and the violation of democratic legality. It can be extracted that the organizers seek to distance themselves from the nationalist mobilization patterns characteristic of the late 80s and 90s, but also, according to the case study, they appeal to references from the past when the mobilization was then successful. In this sense, the mobilizations tend to be channeled within the framework of the rules of the democratic game, with non-nationalist aspirations that reflect a process, still uncertain, of cohesion around common problems.

El presente trabajo pretende llevar a cabo un análisis de la acción por incumplimiento, como una de las garantías jurisdiccionales que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano a partir de la actual Constitución del año 2008; y que constituye una de las innovaciones clave del modelo reconocido por el Ecuador de “Estado constitucional de derechos y justicia”. El estudio de este nuevo modelo, considerado como uno de los procesos más representativos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, se compaginará con la observación paralela de otros modelos que han sido utilizados en diferentes momentos y espacios para poder garantizar asimismo los derechos humanos; de allí que el trabajo previamente realice un análisis de las obligaciones que tienen los Estados frente a los derechos humanos en los ámbitos regional y universal. Con estos antecedentes, la investigación desarrollará un estudio comparado de mecanismos similares que se han construido en varios países de la región; para finalmente, realizar una observación sistémica de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional ecuatoriana desde el año 2008 hasta el año 2018. Con ello se busca comprobar si los principios del Estado constitucional de derechos y justicia propuesto por el Ecuador pueden ser materializables en la justicia constitucional. El Estado constitucional de derechos y justicia propone la inclusión de sistemas propios, críticos y plurales, cuyo estudio ha sido el eje central del presente trabajo académico. This thesis examines the action for non-compliance, which is one of the jurisdictional guarantees that has been embodied into the Ecuadorian legal system since the adoption of the current Constitution in 2008. The latter action is regarded as one of the key innovations of the framework grounding on "The Constitutional State of Rights and Justice" of Ecuador. This new model, which constitutes one of the most representative processes of the new Latin American constitutionalism, is analyzed alongside the study of other legal frameworks that have been used in different times and spaces with the aim to guarantee human rights; to this end, the dissertation grounds on the analysis of the obligations of States regarding Human Rights at the regional and universal levels. Under these premises, the dissertation presents a comparative study of similar mechanisms that have been established in several other countries. Finally, the analysis focuses on the systemic study of the judgments issued by the Ecuadorian Constitutional Court from 2008 to 2018 in order to determine whether the principles of the constitutional state of rights and justice can be materialized in the domain of constitutional justice. Noteworthy is the consideration that the Constitutional State of Rights and Justice acknowledges the inclusion of its own critical and plural systems, whose analysis has been the central axis of this academic work.

Cuando han pasado veinticinco años del inicio la guerra que asoló Bosnia y Herzegovina, y las heridas en el territorio aún están por cicatrizar, el sistema político y constitucional surgido del Acuerdo de Paz de Dayton (1995) tiene pendiente aún su consolidación y su plena legitimación, pues el documento internacional que dio lugar a una paz simulada que le evitaba al país más muerte, lo sumía al mismo tiempo en un tortuoso pozo de contradicciones políticas con un marco institucional débil, derruido, y perjudicial para el ejercicio de los plenos derechos de sus ciudadanos. Y es que, con una estructura sin precedentes en el continente europeo, Bosnia y Herzegovina se presenta como un Estado sin forma institucional definida, fragmentado entre una Federación bosnio-croata, dividida a su vez en diez cantones, con sus correspondientes gobiernos, y la Republika Srpska, étnicamente integrada casi en su totalidad por serbobosnios, además del Distrito autónomo de Brcko. En este entramado de subniveles gubernamentales, el Estado se rige por una Constitución, que también emana de Dayton, y cuyo marco contextual representa el paradigmático caso de una nación sin pueblo, pues no se compone de ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, sino de bosniacos, serbios, croatas u otros, haciendo recaer la totalidad de la soberanía estatal en los tres grupos étnicos mayoritarios. El Estado sigue caminando dos décadas después hacia una profunda transformación democrática de sus instituciones que, necesariamente implica la transferencia definitiva de poderes de la comunidad internacional hacia un gobierno que sólo sea responsable ante sus propios ciudadanos, esos que eligen su constitución, su himno, o el nombre por el que desean ser llamados, pero que dentro de la presente ingeniería institucional queda marcado por el mismo sello étnico que produjo el desastre y cuya tendencia de implosión ha continuado a pesar de la finalización del conflicto. En este desafío de transposición de poderes, el concepto de identidad, en términos de ciudadanía, se perfila como uno de los elementos más espinosos del proceso, en la que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina se ven representados únicamente dentro del radio de poder del grupo étnico al que pertenecen y al que a su vez deben adscribirse si quieren ser representados. El colectivismo entendido desde esta perspectiva conduce a la vulneración inevitable del ciudadano, en tanto que establece dos categorías de sujetos soberanos: los tres pueblos constituyentes étnicamente mayoritarios: serbios, croatas y bosniacos; y todos los demás, con rango inferior explícito en cuanto representación institucional y real en todas las esferas. Este tipo de segregación étnica, si bien tuvo una razón de ser en un proceso de pacificación altamente volátil, en el que ninguno de los bandos quería ceder posiciones, hoy es la principal traba para permitir al Estado continuar adelante. El Acuerdo de Paz de Dayton, auspiciado por la Comunidad internacional dejó la fórmula de un Estado, dos entidades (más un Distrito), tres pueblos constituyentes que se replica en las instituciones de todos y cada uno de los niveles de gobierno, que son muchos, desde el estatal, pasando por los entitarios, cantonales y locales, y obliga al individuo a identificarse permanentemente en cada uno de ellos con un grupo étnico si quiere tener cabida en los mismos. Una estructura que le supone a Bosnia y Herzegovina encontrarse en una parálisis funcional permanente. El acceso a dos de los principales órganos de poder; la Presidencia y la Cámara de los Pueblos sólo contemplan la cabida de los miembros de los tres grupos constituyentes condenando a todos los demás ciudadanos que no forman parte de estas etnias o no quieren identificarse con ninguna de ellas a vivir en el “apartheid” establecido por un acuerdo internacional vinculante, y reconocido por la Comunidad Internacional. Y esta consecuencia, quizá la más dura que ha dejado la guerra, es el legado para las futuras generaciones cuyos líderes políticos siguen fomentando el discurso etnonacionalista del odio y del miedo que le permite perpetuarse en el poder. Una suerte de identificación tribal permanente que no sólo ha vulnerado sistemáticamente los derechos individuales, sino que los ha ido desdibujando dentro de un sistema institucional formalmente moderno pero en la práctica, altamente segregado, donde las oportunidades sólo se contemplan en clave étnica. El ostracismo, la marginación y el miedo son las consecuencias de esta democracia, construida de espaldas al otro, cuyo carácter es en realidad postmoderno, y en la que se anteponen los intereses y derechos grupales, las identidades etnopolíticas del "interés vital nacional" que las blinda, y que se pueden encontrar en los discursos populistas que marcan el momento más allá de los Balcanes. El análisis de la cuestión se extiende por un lapso de tiempo que se inicia en el momento de la firma del Acuerdo de Paz de Dayton (1995) y se extiende hasta los acontecimientos más recientes, ligados a los pasos que ha dado el país en materia de su proceso de integración europea, cuyo hito ha sido la presentación de la candidatura oficial a la UE en febrero del año 2016. Se ha escogido un período de tiempo de 22 años, dos décadas de transición postbélica, por entenderlo suficiente para que se hubiera podido producir un cambio generacional y por tanto político -aunque no ha sido así en el segundo caso-, que se ha seguido desde el prisma de los acontecimientos políticos y sociales, auspiciado por la Comunidad Internacional. La investigación tiene un marco teórico fundamental basado en el uso de fuentes entroncadas en las ciencias políticas, el derecho humanitario, internacional y constitucional, y la sociología, pero también cuenta con un importante grueso de recursos recogidos a modo de entrevistas, realizadas durante varias estancia de investigación en Sarajevo, y en diferentes zonas del país, o en Alemania, desde el año 2012 hasta el año 2016. Las fechas han coincidido con diferentes acontecimientos importantes en el Estado de Bosnia y Herzegovina desde la perspectiva de los derechos civiles; desde el seguimiento de mesas redondas relativas a la implementación de la sentencia Sejdic-Finci en el año 2012, el aniversario de la masacre de Srebrenica de 2013, las campañas para la ejecución del censo electoral del año 2013, las elecciones generales de 2014, pasando por los levantamientos populares de la llamada "Primavera Bosnia" de ese año, o el seguimiento junto con las víctimas de la guerra de la lectura de sentencias históricas del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, como la de los criminales Momcilo Krajisnik, Vojislav Seselj o Radovan Karadzic. La investigación se apoya también en un importante cuerpo de bibliografía recopilada durante las estancias en Bosnia y Herzegovina, así como en la hemeroteca creada durante estos años, cuyo idioma original es el bosnio, serbio o croata (según se quiera considerar), pero también el castellano o el inglés. La estructura de la tesis se sostiene en cinco partes de las que la primera corresponde a los capítulos introductorios en los que se establece una aproximación teórica y sociológica a los conceptos de ciudadanía, el Estado postmoderno, la transición en los países surgidos de los conflictos y en los países postcomunistas, y su semejanza con la fórmula institucional que deja el Acuerdo de Paz de Dayton para Bosnia y Herzegovina. El segundo bloque temático tiene por objeto presentar un marco teórico y expositivo del sistema institucional y territorial de Bosnia y Herzegovina, y la posición de la ciudadanía dentro del mismo, ya sea mediante las formulaciones recogidas en el propio Acuerdo de Dayton y sus anexos, como en las diferentes constituciones, estatal, entitarias y cantonales, como desde la perspectiva de su protección en la organización de poderes institucional, judicial y legislativa. El tercer bloque de la tesis es el análisis propiamente dicho del objeto de la misma, la vulneración de los derechos individuales y las libertades en Bosnia y Herzegovina desde el prisma de dos categorías de sujetos constitucionales: los tres pueblos constituyentes, y todos los demás. Esta parte aborda la posición de los tres pueblos constituyentes en la Constitución de Bosnia y Herzegovina y en las constituciones de las Entidades, contrastada con la resolución de la cuestión multiétnica o multinacional en otras constituciones como la croata, la eslovena, la suiza o la española. Este apartado analiza especialmente el papel de los sujetos constituyentes que no son los grupos étnicos expresamente mencionados en los textos constitucionales, es decir, la posición de los "otros" y la discriminación expresa hacia los mismos, claramente ratificada por la sentencia Sejdic-Finci del TEDH. Este encabezado desarrolla a su vez la cuestión de la etnificación del individuo, desde el voto étnico y etnificado tanto activo como pasivo, la cuestión de la nacionalidad bosnia o la posibilidad de la doble nacionalidad, las dificultades para llevar a cabo un censo poblacional después del conflicto, que se realizó finalmente en el año 2013 y cuyos resultados han arrojado la evidencia de territorios étnicamente limpios en el país, y la ratificación del cumplimiento del plan de la "limpieza étnica" que se llevó a rajatabla durante la guerra. Los intentos internos de cambio de esta situación de ahogamiento del individuo en clave étnica, con los levantamientos de la llamada "Primavera Bosnia", y las fórmulas políticas que se han ofrecido para la implementación de la sentencia Sejdic-Finci, y el fracaso de todas ellas. Una cuarta parte de la tesis desgrana el catálogo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Bosnia y Herzegovina, y analiza la utilidad de los instrumentos y mecanismos existentes –desde los internacionales hasta los estatales–, para su protección, valorando la experiencia de su aplicación en estos últimos veinte años. Tras un desarrollo teórico de los mismos, se ha abordado un caso práctico relativo a la vulneración de los derechos del colectivo de las mujeres víctimas de violación durante la guerra, y su situación dos décadas después del conflicto. La quinta parte de la tesis se ha planteado como un bloque único a modo de conclusiones en el que se recogen las diferentes propuestas de mejora para activar la ciudadanía y garantizar la protección de los derechos individuales en el Estado, desde la perspectiva internacional, regional y local, además de la humilde propuesta de la autora. La tesis concluye con un anexo en el que se recogen mapas y datos estadísticos que sirven al lector de referente y complemento informativo a lo largo de todo el cuerpo textual en materia de organización territorial y poblacional de Bosnia y Herzegovina antes y después del conflicto, y los indicadores económicos, y sociales del Estado. Este país, pequeño en el mapa geopolítico, tiene un simbolismo de importantes proporciones, regionales y más allá de éstas, pues podría verse como un aviso para Europa en un momento en el que los totalitarismos y los giros nacionalistas parecen tomar el pulso a los valores de ciudadanía. He aquí precisamente la oportunidad de esta tesis. Analizar la situación de los derechos y las libertades de la ciudadanía en un Estado cuya fórmula dos décadas después puede reducirse a un nudo gordiano del que políticamente, y sin asistencia exterior -esa misma que diseñó el modelo de Dayton-, es imposible salir, y en el que se ha perpetuado la estagnación social dentro de una atmósfera cerrada y hermética, dominada por los mismos discursos etnocentristas y del miedo de aquellos que hicieron la guerra. En este panorama, todavía alejado de las expectativas europeas para el acceso de Bosnia en la Unión Europea, el país ha de atravesar su encrucijada más dura desde el fin de la guerra. Mientras que las perspectivas de la U.E. van camino de ceder la soberanía plena al país, las instituciones bosnias necesitan una reforma urgente para auto sustentarse, y entre estas remodelaciones está el concepto de la ciudadanía. Una ciudadanía que clama una mayor representación democrática al margen del etnonacionalismo en el que está anclada en la actualidad. Twenty-five years have passed since the beginning of the war that ravaged Bosnia and Herzegovina, and the wounds in the territory are still to be healed. The political and constitutional system that emerged from the Dayton Peace Agreement (1995) has yet to be consolidated and fully legitimized because the international document that gave rise to a simulated peace, that prevented the country from further death, at the same time plunged it into a tortuous pit of political contradictions with a weak institutional framework that was ruinous and detrimental to the exercise by the citizens of their full rights. With a structure that is unprecedented on the European continent, Bosnia and Herzegovina presents itself as a state without definite institutional form, fragmented between a Bosnian-Croat Federation, divided in turn into ten cantons, with their corresponding governments, and the Republika Srpska, ethnically integrated almost entirely by Bosnian Serbs, in addition to the Brcko Autonomous District. In this framework of governmental sub-levels, the Constitution, which also emanates from Dayton, represents the paradigmatic case of a nation without people, since it is not made up of citizens of Bosnia and Herzegovina, but of Bosniaks, Serbs, Croats or others, by delegating the totality of state sovereignty to the three major ethnic groups. The state continues to move, two decades later, towards a profound democratic transformation of its institutions, which necessarily implies the definitive transfer of powers from the international community to a government that is only responsible to its own citizens, those who choose their constitution, their anthem, or the name by which they wish to be called, but which, within the present institutional engineering, is marked by the same ethnic seal that produced the disaster and whose tendency of implosion has continued despite the end of the conflict. In this challenge of transposing powers, the concept of identity, in terms of citizenship, emerges as one of the most thorny elements of the process, in which the citizens of Bosnia and Herzegovina are represented only within the ethnic group to which they belong and to which, in turn, they should be attached if want to be represented. Collectivism understood from this perspective leads to the inevitable violation of the citizen, while establishing two categories of sovereign subjects: the three ethnically majority constituent peoples: Serbs, Croats and Bosniaks; and all others, with an explicit lower rank with regard to institutional and real representation in all spheres. This type of ethnic segregation, although it had a raison d'être in a process of highly volatile pacification, in which neither side wanted to yield positions, is today the main obstacle to allowing the state to continue forward. The Dayton Peace Agreement, created by the International Community, left behind the formula of “one state, two entities (plus one district), three constituent peoples”. This formula is replicated in the institutions of each and every level of government, which are many, from the State, through the entities, cantonal and local levels, and forces citizens to identify permanently in each of them with an ethnic group if they want to have a place in them. This structure leaves Bosnia and Herzegovina in a permanent functional paralysis. The two principal organs of power, the Presidency and the House of Peoples, only contemplate access by the members of the three constituent groups, condemning all other citizens who are not part of these ethnic groups or do not want to identify with any of them, to live in “apartheid” established by a binding international agreement, recognized by the Internationa community. And this consequence, perhaps the hardest that the war has left, is the legacy for future generations whose political leaders continue to foster the ethno-nationalist discourse of hatred and fear, thus allowing it to be perpetuated in power. It is a kind of permanent tribal identification that has not only systematically violated individual rights, but has also blurred them within a formally modern but in practice highly segregated institutional system, where opportunities are only contemplated in an ethnic way. Ostracism, marginalization and fear are the consequences of this democracy, built with its back to the other, the character of which is in fact postmodern, and which prioritizes group interests and rights, the ethnopolitical identities of the "national vital interest" that protect them, and which can also be found in the populist speeches of the day beyond the Balkans. This country, small on the geopolitical map, has a symbolism of important proportions, regional and beyond, as it could be seen as a warning to Europe at a time when totalitarianisms and nationalist turns seem to gauge the values of citizenship. This is precisely the opportunity of this thesis. To analyze the situation of the rights and freedoms of the citizens in a state whose formula two decades later can be reduced to a Gordian knot which, politically, and without outside assistance - the same assistance that designed the model of Dayton -, it is impossible to leave, and in which social stagnation has been perpetuated within a closed and hermetic atmosphere, dominated by the same ethnocentric discourses and the fear of those who made war. In this scenario, still far from European expectations for Bosnian access to the European Union, the country has to negotiate its toughest crossroads since the end of the war. While the prospect is for the E.U. to give full sovereignty to the country, Bosnian institutions need an urgent reform in order to sustain themselves, and among these renovations is the concept of citizenship. A citizenship that claims a greater democratic representation outside the ethno-nationalism in which it is anchored today.

La justicia constitucional, que entre otras cuestiones se encarga de la aplicación directa de la Constitución, se ha ido extendiendo por todo el mundo como una de las formas más importantes -sino la más- de protección de los Derechos y vigilancia de los poderes públicos y también como garantía de la superioridad normativa de la Constitución.Es por lo dicho que nos dimos a la tarea de buscar y proponer una más completa y eficaz clasificación de los modelos de justicia constitucional más acorde con la realidad, valorando para ello diversas combinaciones del órgano de control, la vía procesal y los efectos de las sentencias.El presente trabajo se propone demostrar así que las clasificaciones utilizadas tradicionalmente para la justicia constitucional no corresponden con la realidad, por haberse producido modificaciones sustanciales en los modelos, de modo que es preciso un nuevo esfuerzo científico de clarificación. Por ello se propone una nueva clasificación con la intención de hacer una aportación a una justicia que ha logrado en mucho la normativización de la Constitución y la protección de los Derechos en aquellos países en los que el constitucionalismo es una realidad y analizando la repercusión de los modelos en la protección de los Derechos Fundamentales y el control de la constitucionalidad de la ley.

La tesis analiza centrándose en el socialismo valenciano representado por la federación socialista valenciana del PSOE, denominada PSPV-PSOE, el periodo 1995-2014 de lo sucedido en la arena política valenciana, aunque apunta como inicio de la erosión la pérdida electoral del Ayuntamiento de Valencia en 1995 por los socialistas valencianos. En un primer bloque, que engloba el título 1, analizamos los resultados electorales donde se observa el declive electoral de los socialistas valencianos y apuntamos las posibles causas que condujeron a ello. Para pasar en un segundo bloque, que engloba el título 2, a analizar la sociedad valenciana y la evolución de sus valores; a los efectos de comprobar si la evolución electoral en la arena política valenciana ha sido debida a un desplazamiento ideológico del electorado valenciano o a otro tipo de causas, utilizando la información al respecto de las encuestas y los métodos de análisis en sociología electoral. Para llegar a un bloque 3, contenido en el título 3, donde se analiza el funcionamiento de la organización PSPV-PSOE y su evolución y dinámicas internas para ver la incidencia de las mismas en el declive que manifiesta el retroceso electoral de esta organización. Llegando a las conclusiones finales donde de lo analizado en cada bloque puede inferirse que el retroceso electoral del PSPV-PSOE es en su mayor parte debido a causas endógenas de la propia organización que a causas exógenas.

El propósito de la presente investigación es analizar el diseño del sistema de relaciones entre los tres principales órganos del poder estatal en las nuevas democracias de la Europa Central y del Este con especial atención a seis de ellos (Polonia, Eslovaquia, Lituania, Ucrania, Rumanía y Bulgaria) durante el periodo trascurrido desde el principio de sus transiciones hasta nuestros días. El análisis elaborado en función de seis países parece ser suficiente para realizar una investigación con visos de arrojar resultados de solidez. Hemos estudiado las relaciones entre el Parlamento, como órgano que constituye la base política del Gobierno y controla sus actividades, y el Presidente, que ejerce sobre todo la función de árbitro político entre el Parlamento y el Gobierno, también las relaciones entre el Consejo de Ministros y el Presidente y entre el Gobierno y el Parlamento, que juntos determinan el sistema de gobierno regulado por la Constitución de cada país y realizado en la práctica. Hemos intentado analizar también los conflictos en la escena política que mostraron los defectos de las regulaciones constitucionales previas. La primera teoría argumenta que los países de Europa Central y del Este deberían elaborar sus propias soluciones constitucionales aprovechando tanto las experiencias de otros países como sus propias experiencias anteriores. Vamos a investigar el sistema de gobierno semipresidencial que escogió cada uno de los estados de la región, el motivo de dicha elección y su evolución, no siempre lineal ni coherente, hacia el parlamentarismo. La segunda considera que todos los países analizados han vivido conflictos y todos tienen estructuras constitucionales parlamentarias reforzadas, por lo que cabe preguntarse si hay alguna relación en ello. La tercera argumenta que todos los actores políticos han tratado de usar es su propio beneficio las reglas ambiguas de su Constitución. Este comportamiento ha paralizado muchas veces la introducción de las reglas constitucionales. Nuestra atención se enfocará en los factores que han contribuido al aumento de las regulaciones informales y han empujado a los actores de la escena política a aprovechar unas alternativas inconstitucionales. Por último, las constituciones de los países poscomunistas fueron creadas sin la adopción de una visión única del sistema. Las constituciones están compuestas de diferentes soluciones, muchas veces contradictorias e inconsecuentes. Las regulaciones adoptadas fueron a menudo resultado de las circunstancias políticas del momento, toda vez que en el proceso de elaborar la Constitución faltó a menudo un acuerdo a lo largo plazo sobre el modelo constitucional que se seguiría. Las hipótesis con que hemos trabajado fueron las siguientes. Primera, todos los actores políticos colaboran en la creación en un complejo sistema de mecanismos con objeto de garantizar la estabilidad, la eficacia y el control, pero no por ello dejaron de tener en cuenta cuáles de esas fórmulas podrían ser más útiles para la defensa de sus particulares posiciones de influencia. Segunda, en la creación de los sistemas constitucionales influyeron tanto la experiencia de otras democracias occidentales como las recomendaciones de los estudiosos más prestigiosos del momento. Tercero, las circunstancias sociales, económicas y políticas del momento, unidas a las aspiraciones personales de algunos líderes de la época y a sus experiencias de éxito electoral influyeron decisivamente en la opción por unas u otras fórmulas políticas. Cuarta, se prestó especial atención al sistema de interrelaciones entre los órganos del Estado optándose por fórmulas que aun siendo parlamentarias en su raíz brindaban a los respectivos presidentes atribuciones decisivas de mediación e iniciativa política. Quinta, el afán de conseguir a la vez representatividad, eficaz y moderación provocó una clara distribución de competencias entre las distintas instituciones lo que unido a otros factores como la falta de tradiciones democráticas, el personalismo o la volatilidad del electorado brindó las bases para la grave inestabilidad y el enfrentamiento interinstitucional. Sexta, muchos de los países se vieron obligados a hacer reformas en sus constituciones que atribuyeron a la clarificación de la distribución de poderes que no siempre han generado el efecto deseado. En el análisis de estas hipótesis se incluye el análisis de variables tales como los sistemas electorales, la estrategia y los objetivos de los partidos políticos, el estilo de gobierno por parte de los principales órganos de Estado, el grado de control y las circunstancias políticas bajo las cuales los órganos han desempeñado sus competencias. Se intentará llevar a cabo un enfoque que combine el método jurídico con el análisis político y dinámico. Usaremos el método comparado que nos permitirá comprobar las similitudes y diferencias entre las soluciones adoptadas en los países. El análisis de las Constituciones se complementará con un enfoque histórico que nos permitirá investigar el origen de las reglas constitucionales. Igualmente, analizaremos la aplicación práctica de las referidas soluciones constitucionales, a fin de contrastar su literalidad con su operatividad real y el funcionamiento del órgano del poder en la práctica.

La presente tesis doctoral se centra en analizar la actividad desarrollada por el Gobierno Provisional de la República Española desde su toma de posesión el día 14 de abril de 1931 hasta su primera crisis ministerial, acaecida en la madrugada del día 14 de octubre del mismo año. Tomando como fuentes documentales la prensa de la época y las publicaciones legislativas oficiales, se analiza el curso de los acontecimientos políticos más relevantes del periodo, comenzando por el propio proceso de transición política de la Monarquía a la República, con las primeras medidas de institucionalización jurídica del nuevo régimen, tales como la aprobación del Estatuto Jurídico de la República, los nombramientos de los altos cargos de la nueva situación política y los primeros pasos en el proceso de aprobación de la autonomía catalana. Por otra parte, la tesis contiene una exégesis pormenorizada de la intensa tarea normativa llevada a cabo por el Gobierno Provisional, en materias tales como la reforma militar emprendida por el Ministro Azaña, la actividad reformista ejecutada en materia cultural y educativa y los importantes avances producidos en el orden socio laboral, con las medidas adoptadas desde el Ministerio de Trabajo y Previsión. Atención especial merecen en esta tesis doctoral los conflictos de orden público acaecidos en este periodo, con especial análisis de los promovidos por la CNT, y la respuesta a los mismos dada por el Gobierno, sobre todo con la creación de nuevos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como es el caso de la creación de la Guardia de Asalto. Finalmente, en el texto se realiza un seguimiento y evaluación detallado de la modificación del modelo de relaciones Iglesia-Estado que emprende el nuevo régimen, hasta la aprobación definitiva del texto constitucional que implanta un nuevo modelo de Estado laico, con todas las consecuencias sociales y políticas que ello generó, tomando como base el seguimiento y exégesis de los documentos procedentes del Archivo Vaticano, Archivo Vidal i Barraquer y otras fuentes documentales de la época. La tesis concluye haciendo un somero análisis comparativo entre el modelo de transición política seguido en el año 1931, con el tránsito entre Monarquía y república, y el que se experimentó en la transición política operada en España desde el Régimen de Franco hasta la Monarquía parlamentaria instaurada con la Constitución española de 1978. The aim of this research project is to analyze the role of the Provisional Government in the Spanish Republic from the moment it took office on the 14th of April, 1931, to its first ministerial crisis, which took place at dawn on the 14th of October of that year. Taking written press of the time and official legal documents as a source of information, the course of most relevant political events is analyzed, starting with the process of political transition from Monarchy to Republic, with the first measures of legal institutionalization of new systems, such as passing the Legal Statute of the Republic, the designation of Senior Department Officials for the new political situation and the first steps in the process of approval of Catalan Autonomy. Furthermore, this thesis contains a detailed exegesis of the intense regulatory work carried out by the Provisional Government, relating aspects such as military reform, undertaken by Minister Azaña, cultural and educational reforming activities and the relevant progress in social working affairs, with those measures adopted by the Ministry of Labour and Welfare. Special attention is drawn to public order conflicts which took place in this period; those caused by CNT are analyzed in detail, as well as the Government¿s response to them, which led to the creation of new State Security Forces, such as the Assault Forces. Finally, this text presents a detailed analysis and evaluation of the changes in the model of Church-State relations, established by the new system, until the definite endorsement of constitutional text which introduces a lay State, with all its political and social consequences; research and exegesis of those documents coming from the Vatican Archive, Vidal I Barraquer Archive and other documentary sources of the time have been the base of this analysis. This thesis concludes with a rough comparison between the model of political transition of the year 1931, with transition from Monarchy to Republic, and the one of political transition in Spain from Franco¿s system to Constitutional Monarchy, installed with Spanish Constitution in 1978.

Esta investigación explora la estrategia de la reducción de la oferta dentro del contexto del fenómeno global de las drogas ilícitas. Tiene un enfoque especial en las políticas nacionales e internacionales del desarrollo alternativo y de comercio que pretenden reducir la oferta de plantas narcóticas, drogas y sustancias psicotrópicas a través de políticas de desarrollo económico en países productores. El argumento central de la investigación es que se podría considerar Colombia como un punto de referencia para establecer un régimen internacional eficaz de apoyo transfronterizo para estrategias de desarrollo alternativo para abordar la oferta de drogas ilícitas por el mundo. Este régimen -una construcción nueva del autor- se llamaría un Régimen Internacional de Seguridad Económica (RISE). La primera parte de la investigación coloca el campo del fenómeno global de las drogas ilícitas firmemente dentro de los estudios de las Relaciones Internacionales (una segunda contribución académica importante de la investigación), sobre todo dentro de la rama de la Economía Política Internacional. Dentro de ese campo, la investigación se podría considerar como una contribución al sub-campo relativamente nuevo de la Economía Política International Ilícita (IIPE por sus siglas en inglés). Posteriormente, explorando el argumento principal con más profundidad, la investigación construye la nueva herramienta funcional del Régimen Internacional de Seguridad Económica, utilizando conceptos teóricos analizados durante el periodo de investigación. La nueva herramienta del RISE combina la teoría del régimen internacional de Stephen Krasner con los conceptos teóricos de `la seguridad económica´ y `la responsabilidad compartida´ (o corresponsabilidad). Como primer pilar fundamental del nuevo régimen RISE, la responsabilidad compartida es considerada como un factor principal de motivación detrás de la cooperación entre estados dentro del régimen internacional. Como segundo pilar fundamental de la estructura teórica, la seguridad económica es utilizada en dos sentidos: Primero, con énfasis en la palabra `económica´, concentrándose en el bienestar económico, la prosperidad, los ingresos y sustentos dentro de la economía legal. Segundo, con énfasis en la palabra `seguridad´, explorando los vínculos entre seguridad y las políticas de desarrollo alternativo implementadas a los dos niveles de análisis de la investigación: a) el nivel nacional y sub-nacional, y b) el nivel internacional. La segunda parte de la investigación incluye el estudio de caso de Colombia, explorando particularmente los resultados de tres estudios de campo regionales en la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia, la Sierra de la Macarena y San Juan de Arama en el departamento central de Meta, y la región de Tumaco en el departamento de Nariño al suroeste del país. Los tres estudios regionales apuntan a analizar la política antidroga de Colombia -sobre todo la parte basada en la estrategia del desarrollo alternativo- y su posición dentro del marco internacional legal y político más amplio. En este sentido, se utilizan los tres estudios de caso para poner a prueba la construcción teórica del Régimen Internacional de Seguridad Económica y para explorar su alcance y potencial. La primera región, la Sierra Nevada de Santa Marta, fue identificada como una región donde se implementó una política de drogas clásica, enfocada en proyectos con un planteamiento que se centra en el desarrollo social y económico. Incluye proyectos importantes de eco-turismo (o agroturismo), y de producción agrícola como el café, la miel y la pesca. La segunda región, la Sierra de la Macarena, fue seleccionada porque el gobierno colombiano la utilizó para desarrollar un nuevo enfoque de la política de drogas, enfocándose en la creación de instituciones, gobernanza local, estabilidad y seguridad como precondiciones del desarrollo de sustentos alternativos y otras intervenciones antidrogas. A través de la implementación de un proyecto piloto, este modelo estableció la política actual del estado de la consolidación territorial (PNCTR por sus siglas en español). Parecida a la Sierra de la Macarena, la tercera y última región visitada -Tumaco- también está incluida como una `zona de consolidación´ dentro de esta nueva estrategia de la consolidación territorial. A través de la investigación sobre el terreno, el instrumento funcional del RISE ha sido puesto a prueba para ver qué tipo de oportunidades puede crear para la cooperación internacional entre los estados en el campo de desarrollo alternativo. En resumen, la investigación reveló que la creación de un RISE podría ser particularmente relevante en cuatro sentidos. La primera contribución importante es que podría incrementar el apoyo internacional para el desarrollo alternativo a base de la responsabilidad compartida. La segunda contribución significativa del RISE es que permitiría que estados pudiesen colaborar en asuntos muy específicos dentro del contexto de desarrollo alternativo. En tercer lugar, la estructura del RISE ofrece un marco en que se podría conectar el concepto de la seguridad económica con el desarrollo alternativo de una manera positiva. Por último, a través del RISE, estados pueden vincular políticas de protección medioambiental al nivel internacional con objetivos antidrogas dentro de programas de desarrollo alternativo. This research explores the supply reduction aspects of the global drugs phenomenon, with a particular focus on national and international alternative development and trade policies aiming to reduce the supply of drug-producing plants, narcotic drugs and psychotropic substances through alternative development. The central argument of the research is that Colombia can be considered a benchmark for the development of an effective international regime on cross-border support for alternative development strategies to address the supply of illicit drugs around the world. This regime, a construction of the author and the key academic contribution of the research, would be called an International Economic Security Regime (RISE, using the Spanish acronym of Régimen Internacional de Seguridad Económica). Part I of the research places the issue area of the global drugs phenomenon firmly within the study of International Relations (a second key academic contribution of the research), particularly in its sub-field of International Political Economy. Within this sub-field, the research can be considered a contribution to the emerging ‘sub-sub-field’ of Illicit International Political Economy. Subsequently, further exploring its central argument, the research has led to the design of a new functional instrument, called an International Economic Security Regime or RISE, based on the theoretical concepts analysed during this research. This new instrument combines Stephen Krasner’s international regime theory with the theoretical concepts of ‘economic security’ and ‘shared responsibility’. As the first main building block of the new international regime, shared responsibility is perceived as a key motivating factor behind the cooperation of states within the international regime. As the second principle building block, economic security is used in two ways: first with an emphasis on economic, focusing on economic welfare, prosperity, income and livelihoods within the legal economy; and second with an emphasis on security, focusing on links between security and the alternative development policies implemented at the two levels of analysis of the research: a) the national and sub-national levels; and b) the international level. Part II of the research examines the case study of Colombia, focusing in particular on the findings of three regional field studies in the Sierra Nevada de Santa Marta in the north of Colombia, the Sierra de la Macarena in the regional department of Meta in the centre of the country and in the area of Tumaco in the department of Nariño. The three regional studies aim to analyse Colombia’s alternative development oriented counter-narcotics policy and its place within the broader international legal and political framework. The case studies are used to test the theoretical construction of the International Economic Security Regime and explore its effectiveness. The first region, la Sierra Nevada de Santa Marta, was identified as an area taking a more classical approach to counter-narcotics policy, making use of projects with a clear focus on economic and social development. It includes important projects on eco-tourism or agri-tourism, coffee and honey production and fishing. The second region, la Sierra de la Macarena was selected as an area where the Colombian government has begun to develop a more integrated approach focusing on institution building, local governance, stability and security as preconditions for alternative livelihood and other counter-narcotics interventions. Through the implementation of a pilot project, this model led to the current national strategy of territorial consolidation. Similar to the Sierra de la Macarena, Tumaco, the last area visited, located in the southern region of Nariño is also included as one of the priority zones (zonas de consolidación) under the national strategy of territorial reconstruction and consolidation. Through the field research, the functional instrument of the International Economic Security Regime is tested to explore the opportunities it can create for international cooperation between states on the issue area of alternative development. In summary, the research finds that the creation of a RISE would be particularly relevant for states in four ways. The first significant contribution of the RISE would be that it could increase international support for alternative development on the basis of shared responsibility. The second significant contribution of the RISE would be that it allows states to work on very specific issue areas within the framework of alternative development. Third, the RISE would offer a framework to connect the concept of economic security to alternative development in a positive way. Last, through the RISE, states can link policies of environmental protection abroad to drug-control objectives in alternative development programmes.

Se trata de encuadrar, desde un punto de vista jurídico la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, dentro de la perspectiva de la legislación internacional. Su adecuación o no a las normas internacionalmente reconocidas y sus consecuencias. Para ello se utiliza un sistema cronológico, que partiendo de los orígenes históricos del conflicto, en general, y valorando la sucesivas etapas acontecidas, permita llegar hasta el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así se analiza la evolución política de Yugoslavia, sus fases y su postrera desintegración, particularizando el análisis para Kosovo. Se describe también un esbozo geográfico y económico de la situación de la región. Igualmente se efectúa un estudio comparativo entre el caso de Kosovo y el de otros territorios que han sufrido procesos parecidos en el area de los Balcanes. Se trata también el conflicto bélico y la intervención internacional, haciendo un estudio comparativo con lo acontecido años antes en Bosnia, a partir de la intervención internacional propiciada por los Acuerdos de Dayton. Se decribe, en una segunda parte la intervención internacional, dentro del marco de la Resolución 1244 de 10 de junio de 1999 y del propio Marco Constitucional que la Administración Internacional elaboró para Kosovo. También se detalla la intervención de la UE en Kosovo, en el marco de la misión EULEX-KOSOVO de 2008. Se analiza el papel de la Comunidad internacional y su capacidad de intervención e influencia, particularizando estas características para el caso de la UE. Posteriormente se analizan el amplio espectro de soluciones posibles en su momento (después de la presentación del llamado Plan Ahtisaari en 2007). Se analiza con detalle el propio Plan Ahtisaari. En una tercera fase de la tesis se analiza la subjetividad internacional de Kosovo, con especial detenimiento en estudiar los elementos y principios generales del derecho internacional que pueden llevar a considerar o no, a Kosovo como un Estado, de acuerdo a las vigentes normas establecidas por la práctica del Derecho internacional, así como las diferentes posturas de la comunidad internacional, en orden al reconocimiento o no de la UDI. Se detalla todo el proceso negociador que se ha producido, las posturas de los diferentes actores involucrados en el conflicto y por último se dedica el análisis al estudio, de por un lado la propia Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo promulgada en febrero de 2008, y por otro el análisis de la demanda de Serbia ante la Asamblea General de NU, la posterior solicitud de ésta a la Corte de La Haya, y evidentemente se estudia con detenimiento el Dictamen de la CIJ de fecha 22 de julio de 2010. Al final de la tesis se apuntan las conclusiones, necesariamente condicionadas a las circunstacias del momento en que se emiten, evidenciando, el autor, el hecho de que se trata de un asunto dinámico, sujeto todavía a cambios que podrían considerarse fundamentales, aún partiendo del hecho de la realidad de la UDI.

El historial de las Naciones Unidas de imponer sanciones en respuesta a proliferadores nucleares, guerras (civiles), organizaciones terroristas y golpes de Estado refleja un régimen de seguridad selectiva. Algunos delitos se han visto sancionados con arreglo al artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, mientras que muchos casos similares quedaron no sancionados ¿Cuál es la lógica detrás de esta selectividad? ¿Es política de poder? ¿Humanitarismo? ¿Democracia? ¿O algo más? Esta tesis es un intento científico de responder a esta pregunta. Considera un total de 191 "delitos sancionables" en cinco categorías (proliferación nuclear, guerra interestatal, guerra civil, terrorismo y golpe de Estado), sesenta (31%) recibió sanciones de la ONU. Posteriormente, cada infracción se prueba en una amplia gama de variables, que sirven como proxies para siete hipótesis: hypotheses: (1) poder compensatorio, (2) intereses humanitarias, (3) estados fragiles (4) democracia, (5) presión mediatica, (6) parcialidad hacia Africa, y (7) parcialidad hacia Islam. La conclusión es que diferentes tipos de delitos pueden explicarse a través de diferentes hipótesis. Laproliferación de nucleares y las guerras interestatales siguen una lógica relativamente directa de la política de poder neorrealista y el poder compensator. Lo mismo ocurre con las sanciones en respuesta a las guerras interestatales. Estados más débiles como Etiopía, Eritrea e Irak reciben sanciones, mientras que aquellos con suficiente poder y sus aliados cercanos, incluyendo India, Pakistán y Estados Unidos no lo hacen. El historial de la ONU en respuesta a la guerra civil revela una lógica mucho más informada por las preocupaciones y preocupaciones humanitarias sobre el fracaso del Estado y sus consecuencias. Las guerras civiles son aproximadamente el doble de mortales que los no sancionados, y los conflictos de más de 10.000 muertes son 3 veces más propensos a recibir una sanción de la ONU. Lo mismo ocurre con los conflictos que inducen el fracaso del Estado o en los que la democracia se ve amenazada. Esto no quiere decir que el peso geopolítico de los involucrados sea irrelevante (definitivamente no lo es), sino que es una excepción. La presión pública a través de la atención de los medios de comunicación en Occidente puede magnificar estas preocupaciones en las guerras civiles. Los registros de sanciones en respuesta al terrorismo y los golpes de Estado siguen otros patrones de selectividad. Las sanciones a grupos terroristas se centran exclusivamente en grupos islámicos extremistas relacionados con Al-Qaida y el Estado Islámico, omitiendo muchos grupos no islámicos responsables de miles de muertes inocentes como las FARC en Colombia o los Tigres Tamiles en Sri Lanka. Simultáneamente, las listas de terrorismo designadas por las Naciones Unidas han ayudado a estados relativamente poderosos como China, Pakistán o Nigeria a agregar grupos armados a la lista, incluso si algunos de ellos forman amenazas relativamente menores. Por último, las sanciones de la ONU después de los golpes de Estado se utilizan como una especie de "comodín democrático" para Occidente, que pueden jugar cuando sea conveniente, pero que carece de cualquier forma de coherencia. Las tres ocasiones en que el Consejo de Seguridad impuso sanciones en respuesta a un golpe de Estado fueron todos los casos en los que un demócrata respaldado por Occidente había sido derrocado (Haití y Sierra Leona), o en los que el narcotráfico amenazaba intereses europeos (Guinea-Bissau ). Los otros 33 golpes de estado que ocurrieron desde 1990 quedaron sin ser autorizados. Esto es una pena, porque es difícil convencer a los miembros de que te sigan si no siempre practicas lo que predicas. The United Nations record of imposing sanctions in response to nuclear proliferators, (civil) wars, terrorist organizations, and coups d’état reflects a regime of selective security. Some offences have been met with sanctions under Article 41 of the UN Charter, while many similar cases were left off the hook or blocked. What is the logic behind this selectivity? Is it power politics? Humanitarianism? Democracy? Or something else? This dissertation is a scientific attempt to answer this question. It considers a total of 191 ‘sanctionable offences’ in five categories (nuclear proliferation, interstate war, civil war, terrorism, and coup d’état), sixty of which (31%) received UN sanctions. Subsequently, each offence is tested on a wide range of variables, which serve as proxies for seven hypotheses: (1) countervailing power, (2) humanitarianism, (3) state fragility, (4) democracy, (5) public pressure, (6) A bias towards Africa, and (7) a bias towards Islam. The conclusion is that different types of offences can be explained through different hypotheses. Nuclear proliferation and interstate wars follow a relatively straightforward logic of neorealist power politics and countervailing power. The same goes for sanctions in response to interstate wars. Weaker states such as Ethiopia, Eritrea, and Iraq receive sanctions, while those with sufficient power and their close allies, including India, Pakistan, and the United States don’t. The UN’s sanctioning record in response to civil war reveals a logic that is much more informed by humanitarian concerns and concerns about state failure and its consequences. Sanctioned conflicts are about twice as deadly as non-sanctioned ones, and conflicts of 10.000+ deaths are 3 times as likely to receive a UN sanction. The same goes for conflicts that induce state failure or in which democracy is threatened. This is not to say that the geopolitical weight of those involved is irrelevant (it most definitely isn’t), but rather that it is an exception. Public pressure through media attention in the West can magnify these concerns in civil wars. The sanctions records in response to terrorism and coups d’état follow yet other patterns of selectivity. Sanctions on terrorist groups exclusively focus on Islamic extremist groups related to Al-Qaida and ISIS, disregarding many non-Islamic groups responsible for thousands of innocent deaths such as the FARC in Colombia or the Tamil Tigers in Sri Lanka. Simultaneously, the UN’s designated terrorism lists have helped relatively powerful states such as China, Pakistan, or Nigeria to add armed groups to the list, even if some of them form relatively minor threats. Finally, UN sanctions after coups d’état are used as a sort of ‘democracy wild-card’ for the West, which they can play whenever convenient, but which lacks any form of coherency. The three occasions on which the Security Council imposed sanctions in response a coup were all cases in which a Western-backed democrat had been overthrown (Haiti and Sierra Leone), or in which narco-trafficking threatened European interests (Guinea-Bissau). The other 33 coups that occurred since 1990 were all left unsanctioned. This is a shame, because it is difficult to convince members to follow you if you don’t always practice what you preach.