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El mes de julio de 2021 se presentó la Carta de Derechos Digitales en España, un documento que trata de dar respuesta a las inquietudes que han surgido en estos últimos tiempos ante el vertiginoso desarrollo tecnológico, que junto con sus innegables ventajas y oportunidades, en ocasiones presenta peligros y amenazas para los derechos fundamentales de los ciudadanos y los valores democráticos de nuestra sociedad. Con este trascendental hito nuestro país está alineado con la Unión Europea, que en enero del pasado año 2022 ha presentado su propia Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Esta declaración sigue la estela de recientes propuestas de reglamentos en el ámbito de los servicios digitales, los mercados digitales, la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial, que serán igualmente analizados en estas páginas. Nuestra conclusión es que estamos en un cierto proceso de «constitucionalismo digital» que plantea la creación de nuevos derechos para hacer frente a estas nuevas realidades en que vivimos, nos relacionamos, trabajamos y nos entretenemos.

Una década después de la aprobación de la Directiva 2014/104/UE, y su tardía transposición a nuestro derecho interno por el RD Ley 9/2017, las acciones de daños y perjuicios han florecido en el panorama de la aplicación privada del Derecho de la competencia, tanto en el ámbito de la UE como en España. Particularmente, el conocido cártel de los camiones ha originado una litigiosidad sin precedentes, en la que los perjudicados han ido sorteando todo tipo de obstáculos, tanto sustantivos como procesales. De estos últimos, sin duda uno de los más complicados, por la ausencia de un régimen legal claro, el de la alegada falta legitimidad pasiva de las demandadas. La sentencia del TJUE del pasado 6 de octubre de 2021, que resuelve esta cuestión, aborda para ello el análisis del concepto de “empresa” en este ámbito, estableciendo nuevas reglas que permitan una imputación de responsabilidad “descendente” a las filiales por la conducta anticompetitiva de sus matrices.

La digitalización de los modelos empresariales existentes y la nueva forma de hacer negocios de las plataformas digitales plantean nuevos retos tanto en la actuación de las empresas en el mercado como en la vida de los consumidores y usuarios. Las empresas digitales dominantes son todas estadounidenses (Google, Facebook, Amazon y Apple), y sus prácticas parece que lesionan la libre competencia en los mercados. Este fenómeno plantea el reto de cómo afrontar la regulación del Big Data, al que hasta ahora no se ha dado una respuesta del todo satisfactoria. En este trabajo se analiza también el contenido constitucional de la privacidad y su importancia en el marco de los análisis de competencia realizados a ambos lados del Atlántico.

Este trabajo ha obtenido un accésit del Premio «Estudios Financieros» 2021 en la modalidad de Derecho Constitucional y Administrativo. En fechas recientes el Parlamento Europeo ha emitido un informe favorable al proyecto de la Comisión Europea sobre la estrategia europea de datos. Este nuevo activo estratégico se ha convertido en un elemento esencial, no solo para la actuación de las empresas en el mercado, sino en la vida de los ciudadanos y su forma de relacionarse. En los últimos 15 años los mercados han experimentado vertiginosos cambios derivados, entre otras cosas, de la digitalización de nuevos modelos empresariales y formas de hacer negocio. Pese a que la Unión Europea aspira a la creación de un verdadero mercado único digital, lo cierto es que en la actualidad las empresas que dominan el panorama (Google, Facebook, Amazon y Apple) son todas estadounidenses. La ingente acumulación de datos personales que dichas plataformas digitales acumulan y aprovechan comercialmente –el big data– plantea indudables riesgos para la protección del derecho fundamental a la protección de los datos personales de los usuarios. En este trabajo se analiza de forma crítica el enfoque comunitario con el que se afronta este escenario, al hilo de operaciones de concentración empresarial o actuaciones de las autoridades de competencia contra dichos gigantes tecnológicos. Se prestará especial atención al contenido constitucional de este derecho, así como al posible solapamiento entre el derecho regulatorio y el administrativo sancionador, en concreto, en el ámbito del derecho de la competencia.

En los últimos 10 o 15 años los mercados han experimentado vertiginosos cambios derivados, entre otras cosas, de la digitalización de nuevos modelos empresariales y formas de hacer negocio. Pese a que Europa aspira a la creación de un verdadero mercado único digital, lo cierto es que en la actualidad las empresas que dominan el panorama (Google, Facebook, Amazon y Apple) son todas estadounidenses. En este trabajo se analiza la respuesta regulatoria que la Unión Europea está dando a este reto de la digitalización de los mercados, en algunos aspectos cruciales, como son: el tratamiento del big data; la evaluación competitiva de las plataformas digitales; la imposición de multas por prácticas de abuso de posición dominante (art. 102 TFUE) a los gigantes tecnológicos; las restricciones verticales en el comercio online y el tratamiento de las fusiones y adquisiciones en este ámbito. Especial consideración merece el Informe sobre Política de Competencia en la Era Digital, de abril de 2019, que es una auténtica declaración de principios en este terreno, y parte de una infundada desconfianza en las empresas digitales, establece una suerte de presunción de culpabilidad sobre sus prácticas en el mercado y desde luego no incentiva la innovación y el emprendimiento digital en Europa.

Este trabajo ha obtenido un Accésit Premio «Estudios Financieros» 2018 en la modalidad de Derecho Consti-tucional y Administrativo. La Convención Europea de Derechos Humanos, junto con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la aplicación que hace de ambas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ponen de manifiesto la creciente sensibilización por el respeto de los derechos fundamentales, tanto de los individuos como de las personas jurídicas –con las debidas reservas–, y la importancia de salvaguardar el due process en los procedimientos del derecho administrativo sancionador. En este trabajo se revisa el estado de la cuestión en el ámbito concreto de la aplicación del Derecho de la competencia, tanto a nivel comunitario como español. El aumento de autoridades, la proliferación de ordenamientos antitrust y el sensible incremento en las sanciones impuestas parece llevar a calificar la naturaleza jurídica de este derecho como de «cuasi-penal». La cuestión es: ¿ofrecen los expedientes sancionadores todas las garantías exigibles para no colisionar con los derechos fundamentales?

Este trabajo ha obtenido el Primer Premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Derecho Civil y Mercantil. Los mercados altamente tecnológicos e innovativos, habitualmente caracterizados por un funcionamiento muy basado en las TIC, presentan una serie de características que los distinguen de los mercados «tradicionales»: especial configuración de las barreras de entrada, coste marginal próximo o igual a cero, provisión de servicios gratuitos, presencia de externalidades positivas de efecto red, etc. Esto lleva a plantearse la idoneidad de algunas de las herramientas clásicas del Derecho de Defensa de la Competencia para detectar y sancionar comportamientos presuntamente anticompetitivos en estos sectores. Máxime cuando la actitud de las autoridades antitrust europeas es la de un enfoque expansivo de dichas reglas. En este trabajo se cuestiona, al hilo de casos «célebres» –Intel y Microsoft, entre otros, y recientemente el expediente seguido por la Comisión Europea contra la empresa Google–, la aplicación del Derecho antitrust comunitario en estos nuevos mercados. Opinamos que la innovación y el desarrollo de nuestra industria tecnológica exigen que tanto las Decisiones de la CE como las Sentencias del Tribunal de Justicia adopten una postura más prudente y cauta, y sigan el planteamiento adoptado por las autoridades antitrust estadounidenses, que enjuiciando exactamente las mismas prácticas llegan habitualmente a pronunciamientos totalmente opuestos.

Resumen: Tras más de medio siglo de aplicación eminentemente pública del Derecho de la Com­petencia, estamos asistiendo a un impulso de la aplicación privada, que permite a los perjudicados por conductas anticompetitivas reclamar daños y perjuicios ante los tribunales civiles. Tanto la Directiva 2014/104/CE como su transposición en España por el RD Ley 9/2017 significan grandes avances en este ámbito. El objeto del presente trabajo es el análisis y valoración crítica de los primeros pronuncia­mientos judiciales que han tenido lugar resolviendo estas reclamaciones, derivadas principalmente de cárteles (azúcar, seguro decenal, sobres de papel). Se prestará especial atención a los informes periciales de valoración del daño, así como la diferente eficacia de las acciones follow-on y las stand-alone.Palabras clave: aplicación privada, acciones de daños, Directiva, estimación del daño, acciones stand-alone.Abstract: After more than half a century of public enforcement of Competition law in the EU, we gaze at the fostering of private enforcement, which allows filling damages actions to those who have suffered the economic harm due to anticompetitive practices. Both Directive 2014/104/CE and its implementation in Spain through RD Ley 9/2017 are significant steps in this direction. The aim of this paper is the critical analysis of the first judicial pronouncements dictated when dealing with such claims, basically provoked by cartels (such as sugar, property insurance or envelopes). We examine closely the relevance in these proceedings of the economic proof, as well as the different effectiveness of follow-on and stand-alone actions.Keywords: private enforcement, damages actions, Directive, harm estimation, stand-alone claims.

Este trabajo ha obtenido el Accésit Premio Estudios Financieros 2013 en la modalidad de Derecho Civil y Mercantil. Según la jurisprudencia reciente de los Tribunales comunitarios, así como las Decisiones de la Comisión en su faceta de poder ejecutivo comunitario, las multas derivadas de ilícitos anticompetitivos no solo afectan a la empresa infractora, sino que también se considera responsable solidariamente a la empresa matriz a la que pertenece una determinada filial, presumiendo que por poseer el 100 % del capital social de la filial ha controlado el comportamiento de esta última. Esta interpretación de la doctrina de la entidad económica considerando un grupo de empresas como empresa en el sentido del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea plantea importantes problemas jurídicos, teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado la naturaleza penal de las sanciones derivadas de ilícitos anticompetitivos. Esta problemática tiene importantes consecuencias en la práctica, ya que determina que el importe de la multa pueda incrementarse de forma notable (o no) y que esta sea más fácil de cobrar, al afectar a varias empresas del mismo grupo.

El indudable auge de los ADR –mecanismos alternativos para la resolución de conflictos– ha tenido también su reflejo en el ámbito antitrust, ya que uno de los objetivos declarados de las reformas acometidas por la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, fue la flexibilización del régimen de terminación convencional –los ATC– como mecanismo de finalización de los expedientes sancionadores de conductas restrictivas de la competencia. Además de un somero repaso de las cuestiones procedimentales más relevantes, una comparativa entre los modelos en EE. UU., la UE y España, y el análisis del tipo de compromisos que suelen ofrecerse, el objetivo de este trabajo es señalar cuáles son los problemas más habituales que se suscitan en la práctica, indagando en los motivos por los que los ATC no han tenido el “éxito” que se esperaba de ellos. The recent increase in using the so-called ADR alternative dispute resolutionhas also reached antitrust law. In Spain, one of the declared aims of CompetitionDefence Act 15/2007 was encouraging this sort of termination of sanctioning proceedings. However, so far the results obtained are clearly under the expectations placed. We examine the reasons of this ‘failure’, taking also into account the relevance of the necessarily joined tool to reach such an agreement: the commitments offered by the undertaking suspected of infringing antitrust law. We show the differences between US and EU framework, when compared with the Spanish scheme of settlements Ciencias Jurídicas

Uno de los indicadores clave de la calidad en el EEES es la inserción de los egresados en el mercado laboral. Existe un nuevo marco legal habilitante para colegiarse, y cuyo elemento clave son precisamente las habilidades y competencias adquiridas en los estudios de Grado y Postgrado. Sobre la base de la docencia del Derecho Procesal y el Derecho Mercantil, y la implementación de experiencias prácticas de innovación docente, se proponen una serie de pautas en este sentido.