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This article deals with a relevant constitutional issue. The existence of an interim Government in office at the time of the general elections raises the question of whether the activity undertaken by the interim Government is subject to the control and monitoring of the Congress of Deputies and the Senate once constituted. This issue is not directly clarified by the Constitution, as Articles 101.2 and 108 are not at the same level since the former is considered to be a singular rule and the latter a general clause. The ruling of the commented Constitutional Court concluded that if there is any activity of the interim Government, this can be audited. El presente artículo se refiere a una cuestión constitucional relevante. La existencia de un Gobierno en funciones al celebrarse las elecciones generales plantea la pregunta de si ese Gobierno está sometido, mientras dure la situación de gobierno en funciones, al control y fiscalización de su actividad por parte del Congreso de los Diputados y del Senado, una vez constituídos. Esta cuestión no está directamente resuelta en la Constitución, pues los artículos 101.2 y 108 no se encuentran situados en el mismo nivel, al considerarse el primero como una norma singular y el segundo como una cláusula general. La sentencia del Tribunal Constitucional que se comenta concluyó que si existe actividad del Gobierno en funciones esta puede ser fiscalizada.

The enactment of an statute does not exclude the responsibility for the damages caused to the citizen. This doctrine is relatively recent, since the first sentences referred to an assumption of legislative or normative expropriation, going back to the sixties of the last century. On the occasion of Supreme Court jurisprudence, has even recognized the possibility of compensating for the approval of a law that affects legitimate rights and interests, recognizing also the appropriateness of demanding liability in the case of regulations declared unconstitutional. This doctrine implies the need to revise and refine the interpretation of article 106.2 of the Constitution, in relation to an specific kind of responsibility that in the article is qualified as normative, insofar as it supposes a category that can explain diverse figures until now object of separated analysis, especially in the matter of takings and regulations. La aprobación de una norma con rango de ley no excluye la responsabilidad por los daños causados al ciudadano. Esta doctrina es relativamente reciente, pues las primeras sentencias se referían a un supuesto de expropiación legislativa o normativa, remontándose a los años sesenta del pasado siglo. Con ocasión de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha reconocido incluso en la Ley 30/1992 la posibilidad de indemnizar por el hecho de aprobarse una ley que afecte a derechos e intereses legítimos, reconociéndose igualmente la procedencia de exigir la responsabilidad en el caso de normas declaradas inconstitucionales. Esta doctrina implica la necesidad de replantearse la interpretación del artículo 106.2 de la Constitución, en relación con la responsabilidad que en el artículo se califica como normativa, en cuanto supone una categoría que puede explicar diversas figuras hasta ahora objeto de análisis separado, sobre todo en materia de indemnizaciones por limitaciones de derechos.

Report on the draft Law on the Legal System for the Public Sector (121/154) Informe sobre el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (121/154)

Una de las sentencias de más honda repercusión sobre lo actuado por el Estado de derecho en España, la conocida como sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la «doctrina Parot», viene siendo considerada como un genuino caso de «locuta, causa finita» en estos, todavía, pocos meses transcurridos desde el fallo del tribunal. Entre aquellos que hayan recibido sin despreocupación la adversa resolución judicial, el meritorio examen de Manuel Fernández-Fontecha Torres no pasará desapercibido. El autor del «omitido argumento constitucional», imprescindible para que la Gran Sala de Estrasburgo se hubiera pronunciado en igual sentido que nuestro Tribunal Supremo, ha preparado una versión del mismo para Nueva Revista.

Report on the draft Act on Common Administrative Procedure for Public Administrations Informe sobre el proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

SUMARIO: 1.- La cuestión de las ciencias humanas. 2.- Equal protection y libertades. La perspectiva de la discriminación. 3.- United States v. Windsor. 4.- El caso y su respuesta judicial. 5.- La perspectiva de la libertad

SUMARIO: 1.- La filiación de la libertad de expresión y la libertad de información. El problema de la naturaleza del derecho y del límite. 2.- La tesis generalmente aceptada sobre la expresión y la información en un espacio público o abierto al público y la influencia de la misma en los derechos. 3.- Las limitaciones funcionales generales de la libertad de información. 4.- La primera fijación de límites en el marco del libelo. La doctrina del límite en función de la licitud de la acción de obtener y divulgación de la información. La limitación del mismo por las leyes de aplicación general. 5.- La exigencia de interés general o relevancia pública de la opinión o la información. 6.- La teoría constitucional de la posición preferente.

Informe sobre “Informe sobre la solicitud del informe del Parlamento de Canarias en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General”

Recension on the work:FERNÁNDEZ-PALACIOS MARTÍNEZ, Miguel: King, Constitution and Foreign Policy. Recensión sobre la obra: FERNÁNDEZ-PALACIOS MARTÍNEZ, Miguel: Rey, Constitución y Política Exterior.