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Artículo de investigación En el presente artículo de investigación se pretende abordar y realizar un estudio sobre la naturaleza y origen jurídico que permitió la creación y reconocimiento para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de la prima de localización, la cual beneficia a algunos empleados públicos de esa entidad desde el año 1.979 a la fecha. Esta prima se reconoce a los funcionarios que desempeñan sus funciones con la entidad en ciertas zonas geográficas del país, que, de acuerdo con su ubicación geográfica y condiciones atípicas frente al resto del territorio nacional, se consideró necesario otorgar un reconocimiento económico adicional para lograr el adecuado funcionamiento del SENA y la provisión de los empleos creados para esas zonas. Debido a la creación de esta prima y con el paso de los años, se logró percibir que el pago y aumento anual del 20% de dicha prima, extralimitaba variables económicas para el cálculo del incremento que se recalculaba año a año, por lo que resultaba exorbitante reconocer un aumento anual a esa tasa sin incurrir en un posible detrimento patrimonial. Pregrado Abogado Introducción 1. Creación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 2. Definición Prima de Localización. 3. Origen Prima de Localización en el SENA. 4. Presupuesto: Constitución Política de Colombia de 1991 y Constitución Política de Colombia de 1886. 5. Normatividad que dio vida al reconocimiento y pago de la prima de localización del SENA. 6. Actualidad Jurídica del reconocimiento y pago de la prima de localización del SENA. 7. Conclusiones. Referencias Bibliográficas.

[ES] El presente trabajo es un análisis descriptivo del sistema colombiano de control judicial de abusividad de los contratos a condiciones generales, según la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor (en adelante EC). Se trata de definir los criterios metodológicos conforme a los cuales, a partir de la definición legal, estructurada, a su vez, en el concepto de “desequilibrio injustificado” (art. 42 EC), una cláusula o condición es considerada abusiva, así como la estructura del juicio de abusividad mediante el cual se llega a esa conclusión. El desequilibrio, según la mencionada disposición, ha de ser, por una parte, injustificado, es decir, carente de razones o motivos suficientes que lo fundamenten, lo que alude a la idea de ventaja excesiva que se auto-atribuye el predisponente, a tal punto que se desnaturalice la relación de equivalencia contractual en perjuicio del consumidor, sin que haya razones que de manera suficiente lo justifiquen. Por otra parte, el desequilibrio contractual producido por el predisponente ha de ser importante, relevante o significativo, es decir, que perjudique o afecte de manera grave los derechos del consumidor. Tanto las razones que puedan justificar el desequilibrio, como la importancia o magnitud del mismo, han de ser apreciadas en cada caso concreto teniendo en cuenta, como señala el artículo 42 EC, “las condiciones particulares del contrato” (mandato de ponderación). Esta valoración circunstanciada de las condiciones del contrato constituye el objeto del juicio de abusividad y, bien si se refiere a la prohibición de abuso (art. 42 EC), o a la lista de cláusulas prima facie abusivas (art. 43 EC), como mecanismo de protección contractual del consumidor que limita y modera la imposición unilateral de las cláusulas y condiciones de los contratos de adhesión, el juicio de abusividad opera conforme a reglas especiales, distintas como tales de las aplicables a los demás contratos privados, civiles o comerciales, como pueden ser las relacionadas con los criterios metodológicos de concreción normativa, la interpretación legal o contractual, la argumentación y la carga de la prueba (onus probandi). Respecto de los primeros, en el presente trabajo se plantea la posibilidad de utilizar el principio de proporcionalidad como criterio metodológico que permita al juez organizar de modo racional la fundamentación de sus decisiones acerca de la abusividad de las condiciones generales en los contratos de consumo, en especial para determinar el contenido normativo de la prohibición de abuso y los derechos y posiciones que tal norma garantiza a favor de los consumidores.

Este trabajo analiza los efectos de la Sentencia SL1953, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 19 de mayo del 2021, por medio de la cual la Corte declaró ineficaz la renuncia presentada por un trabajador no sindicalizado de aplicarle por extensión los efectos de la Convención Colectiva de Trabajo, firmada por el sindicato mayoritario de la empresa. Es así como se estudia la decisión de la Corte Suprema por considerar que desconoce derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia, tales como el de asociación sindical, al desarrollo de la libre personalidad y a la libertad de conciencia. This paper analyzes the effects of Sentence SL1953, issued by the Labor Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice on May 19, 2021, by means of which the Court declared ineffective the resignation presented by a non-unionized worker to apply for extension of the effects of the Collective Bargaining Agreement, signed by the majority union of the company. This is how the decision of the Supreme Court is studied, considering that it ignores fundamental rights contained in the Political Constitution of Colombia, such as that of union association, the development of free personality and freedom of conscience. Magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social Maestría

Resumen El propósito de este artículo es determinar si los derechos que derivan de un contrato de concesión minera se encuentran protegidos ante medidas estatales que vacíen de contenido las prerrogativas que otorgan dichos contratos, sin ser expropiatorias stricto sensu. Para el desarrollo de este objetivo se lleva a cabo un estudio general del concepto de propiedad privada, de derechos adquiridos y de su función social y ecológica con apoyo en la doctrina, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la del Consejo de Estado. En particular, se evidencia que dicha función social y ecológica se puede materializar mediante actos administrativos distintos a la expropiación, afectando así la propiedad privada o los derechos adquiridos. La actividad regulatoria del Estado ha incidido sobre la posibilidad de titulares mineros de ejercer los derechos derivados de un contrato de concesión minera, sin que hayan sido expropiados ni indemnizados previamente. Se concluye que el amparo de derechos derivados de un contrato de concesión minera en estos casos, implica emprender la más onerosa vía de la jurisdicción administrativa para que se reconozca una indemnización, lo cual atenta contra el interés general del Estado y contra los derechos del particular. Abstract The purpose of this paper is to determine whether rights that derive from a mining concession are protected when governmental measures, that are not expropriatory per se, are adopted; but that nevertheless encroach upon the rights that derive from a mining concession. To this end, this article conducts a general study of the concepts of private property, acquired rights, and their social and environmental functions, based on a review of scholarly research and the case-law of the Corte Constitucional (Constitutional Court) and the Consejo de Estado (Council of State). In particular, this paper analyses how the social and environmental functions of property can be pursued with government measures that are not expropriations, and which thus affect private property or acquired rights indirectly. The State's regulatory activity has affected the rights that derive from mining titles, limiting the title holders' rights, without a previous formal expropriation procedure nor an indemnity. The paper concludes that the protection of these rights under Colombian law, implies, for the title holder, the costly procedure of resorting to administrative litigation to seek compensation, which goes against the general interest of the State and the rights of the title holder.

Artículo de investigación Esta propuesta de investigación parte de identificar los presupuestos de la posible Responsabilidad del Estado en Colombia en aquellos casos donde por una acción u omisión de una entidad estatal se defraudan los derechos adquiridos o expectativas legítimas de un ciudadano en materia pensional, así como el tratamiento a las mismas en el ejercicio de revocatoria directa por parte de la administración. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Derechos adquiridos, expectativas legítimas y meras expectativas en el ordenamiento jurídico colombiano. 2. Elementos generales de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en Colombia. 3. Evolución jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la defraudación de expectativas legitimas CONCLUSIONES REFERENCIAS

RESUMEN: Por la aplicación de dos disposiciones de la ley chilena de instrucción secundaria y superior de 1879 se produjo un hito en el tratamiento de la retroactividad y los derechos adquiridos en el derecho público chileno, al propiciarse en los tribunales de justicia un verdadero debate categorial sobre esta materia, tanto frente a actos ampliativos o de beneficio como restrictivos o de gravamen. Estas controversias dan cuenta de antecedentes desconocidos e importantes para comprender cómo estos conceptos jurídicos eran reconocidos por el liberalismo decimonónico en el derecho público chileno.

Los movimientos de migración que se vienen sucediendo entre los países iberoamericanos y España, en los últimos tiempos y en ambos sentidos, en el de inmigración y en el de emigración, hacen imprescindible que los sistemas de seguridad social tengan que adaptarse a la realidad actual y mejorar, a través del intercambio de experiencias mutuas, las condiciones de vida de los trabajadores que a lo largo de su vida laboral se desplacen por el espacio Iberoamericano.Así, mediante la aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, de 10 de noviembre de 2007, creado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), junto con su Acuerdo de Aplicación de 11 de septiembre de 2009, la Comunidad Iberoamericana trata de evitar la pérdida de derechos de los que pueden verse privados la población migrante y sus familias, en situaciones de vejez, incapacidad, muerte y supervivencia, por desplazarse y trabajar en un lugar distinto de su país de origen, circunstancia que puede impedir que se consoliden derechos en cada sistema nacional de protección y que resulta necesario evitar. Este Convenio es un instrumento imprescindible para tener en cuenta las cotizaciones realizadas y totalizar los años de trabajo de cada trabajador con independencia de su nacionalidad y del lugar de su residencia, evitando así la pérdida de derechos contributivos en materia de pensiones y aplicando el principio fundamental de igualdad de trato. El ámbito de aplicación de esta norma se extiende también a Portugal y España, ocupando esta última un lugar de especial relevancia en la medida en que se ha convertido en los últimos años en el principal destino de la emigración Iberoamericana hacia Europa. Además, la consideración de España y Portugal como países miembros de la Unión Europea refuerza la coordinación en materia de seguridad social entre Iberoamérica y la UE, lo que facilitará a los trabajadores iberoamericanos el reconocimiento de los periodos cotizados en otros estados miembros de la Unión. The migration movements that have been happening in recent times, in both directions, on immigration and on emigration between Latin American countries make necessary for social security systems to be adapted to current realities and improve, through the exchange of mutual experiences, living conditions of those workers that throughout their working life have been relocated to Latin America. Thus, by applying both the Latin American Social Security Multilateral Agreement of November 10th, 2007 - created by the Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) - and its Aplication Agreement of September 11th, 2009; the Latin American Community tries to avoid the loss of rights that may negatively affect migrants and their families, in situations of old age, disability, death and survival, travel and work in a place other than their country of origin. This circumstance may prevent them to consolidate rights in each national social security system being necessary to avoid it. This Multilateral Agreement is an essential tool to take into account the contributions made and total years of work of each worker regardless their nationality and place of residence. Therefore, it helps not only to avoid the loss of rights on pensions but also to apply the fundamental principle of equal treatment. The scope of application of this rule also extends to Portugal and Spain, being the latter a place of particular relevance to the extent that it has become in recent years the main destination of Latin American migration to Europe. In addition, taking into account that Spain and Portugal are member countries of the European Union, the Agreement reinforces the coordination of social security systems between Latin America and the European Union, which will provide Latin American workers recognition of contributions in other member states of the European Union.

El régimen de transición en materia pensional se dirigió a favor de aquellas personas que ostentaban una expectativa legítima entorno al cálculo y liquidación de su pensión bajo las reglas señaladas en disposiciones anteriores a la vigencia de la (Ley 100, 1993), esto es, en relación con requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas. Sin embargo, en lo relativo al Ingreso Base de Liquidación (en adelante IBL) como factor integrante de transición, se ha suscitado polémica en su interpretación, en razón a que desde la promulgación de la señalada (Ley 100, 1993), las Altas Cortes han adoptado criterios disimiles entorno a cómo debía calcularse la liquidación de las pensiones y solo hasta el año 2018, el Consejo de Estado y Corte Constitucional coincidieron en que el cálculo debía efectuarse con el promedio de los últimos diez años de servicio o de todo el tiempo laborado en caso de que tal valor fuese superior al primero, consenso que resulta parcial en la medida que para el Consejo de Estado no hay lugar a la revisión o reliquidación de pensiones previamente reconocidas (en las que se otorgaron pensiones liquidando el IBL con los factores salariales devengados en el último año de servicio), mientras que por su parte, la Corte Constitucional sostiene una tesis bajo la cual toda pensión liquidada de tal forma, debe ser objeto de revisión mediante los mecanismos constituidos para esos efectos. Este estudio desarrolla la argumentación propuesta por esos tribunales identificando a través del análisis de su jurisprudencia, la motivación expuesta por el Consejo de Estado con la cual decide distanciarse de lo determinado por la Corte Constitucional y, que concluye en dos posturas diversas respecto a cuándo se configuran la protección constitucional de derechos adquiridos, que tal como lo señala la Constitución Política, ostentan el carácter de irrenunciables. The transitional regime in pension matters was directed in favor of those persons who held a legitimate expectation around the calculation and settlement of their pension under the rules indicated in provisions prior to the effectiveness of the (Ley 100, 1993), that is, in relationship with age requirements, time of service, or weeks quoted. However, with regard to the Base Settlement Income (hereinafter IBL) as a transitional factor, controversy has arisen in its interpretation, because since the promulgation of the aforementioned (Ley 100, 1993), the High Courts have adopted dissimilar criteria regarding how the settlement of pensions should be calculated and only until 2018, the Council of State and Constitutional Court agreed that the calculation should be made with the average of the last ten years of service or all the time worked in case that such value was higher than the first, a consensus that is partial to the extent that for the Council of State there is no place for the revision or reassessment of previously recognized pensions (in which pensions were granted by liquidating the IBL with the factors salaries earned in the last year of service), while for its part, the Constitutional Court upholds a thesis under which any pension liquidated from In this way, it must be subject to review through the mechanisms established for these purposes. This study develops the argumentation proposed by these courts identifying through the analysis of its jurisprudence, the motivation exposed by the Council of State with which it decides to distance itself from what was determined by the Constitutional Court and, which concludes in two different positions with respect to when they constitute the constitutional protection of acquired rights, which, as indicated in the Political Constitution, are irrevocable. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

El sistema de salud está relacionado con el contexto económico y social de cada país, de esta manera, la política sanitaria es indisoluble de la política social, y esta de la política económica. Colombia es un Estado Social de Derecho, en el cual se da relevancia a los derechos de las personas, de esta manera, en el tema de la seguridad social solo fue posible un cambio de concepción y hasta un rumbo diferente a nuestra realidad social a través de la Constitución Política de 1991, lo que permitió la creación de mecanismos que garanticen el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la prevalencia del interés general. Sin embargo, aunque las reformas realizadas en la Constitución Política de 1991 y la creación de la Ley 100 de 1993 lograron un cambio significativo en nuestra normatividad, la concepción a nivel social no ha evolucionado frente al importante avance que nuestro país logró en el sistema de seguridad social.

El presente estudio tiene como objeto de análisis la perspectiva del reconocimiento en el método conflictual de FK. Von Savigny y el papel que en él ejerce la protección de los derechos adquiridos. La lectura de su obra nos descubre la doble función de esta noción. En lo que se refiere a la función principal, la continuidad espacial de los derechos adquiridos, Savigny toma en cuenta este aspecto en el momento inicial de la creación al no limitarse a la determinación de los límites del derecho existente en una misma época. Va más allá, lo aborda en sentido dinámico poniendo el acento en el derecho subjetivo adquirido, como objeto de la relación jurídica, y siempre con el objetivo de que despliegue sus efectos en el marco del espacio geo-jurídico de la comunidad de Derecho. A este dinamismo coadyuva la analogía que encuentra el autor entre el límite espacial y temporal de las reglas jurídicas. Pero Savigny no se detiene en la fase de creación de la relación jurídica sino que aborda también la fase de la eficacia extraterritorial de los derechos adquiridos. Esta cuestión nos sitúa en el razonamiento jurídico del autor frente al reconocimiento de los derechos adquiridos por un cambio del elemento formal de la relación y ante el reconocimiento de los derechos adquiridos al amparo de actos jurídicos verificado en el extranjero, The aim of this work is the analysis on the legal perspective of recognition in Savigny's choice-of-law theory and the important role of the protection of acquired rights. A deep of his work shows us the double function of this notion, as an objective and as principle for the interpretation and application of the model positivized by the author. Regarding the main purpose, the spatial continuation of acquired rights, Savigny takes in account this aspect at the beginning of the creation, given he does not only restrict himself to the determination of the limits of the existing law in a period. He goes beyond, he tackles it in the dynamic sense, emphasising the acquired individual right, as an object of the legal relationship, and always with the aim of spreading its effects in the frame of the community of law. The analogy found by the author between the spatial and temporal limit of the legal rules contributes to this dynamism. Savigny, though, does not stop with the creation of the legal relationship but tackles as well the phase of extraterritorial validity of acquired rights. This matter places us inside the legal thought of the author facing the recognition of the acquired rights because of a change of a formal element and from the recognition of acquired rights based on legal acts verified abroad.

La planificación territorial en Colombia reviste una especial importancia teniendo en cuenta que a través de este mecanismo se organiza físicamente el territorio y se regulan los usos de suelo con fundamento en el interés general, atendiendo a las dinámicas sociales, ambientales, culturales y económicas, a través de los Planes De Ordenamiento territorial por parte de los municipios, los cuales a la hora de ser modificados muchas veces entran en colisión con el ejercicio del derecho a la propiedad privada que ejercen los propietarios de los inmuebles afectados por la variación del uso del suelo Territorial planning in Colombia is particulary important that throuhg this mechanism the territory is physicall organized and land uses are regulated based on the general interest, taking into account the social, environmental, cultural and economic dynamics, Through Territorial Planning Plans by the municipalities, which at the time of being modified often collide with the exercise of the right to private property exercised by the owners of the properties affected by the variation in land use. Magister en Derecho Administrativo Maestría

Artículo de investigación El artículo genera un análisis sobre la discusión jurisprudencial dada en Colombia, en relación con el tratamiento jurídico de la normatividad aplicable en la liquidación de pensiones bajo el régimen de transición, en reconocimiento de los derechos adquiridos y prerrogativas constitucionales. Su desarrollo lleva a plantear que, conforme a los más recientes tratamientos jurisprudenciales, el reconocimiento deviene de la situación particular de cada persona, imperando la condición más beneficiosa para cada cotizante. Pregrado Abogado 17 p. Introducción 1. El tránsito del Instituto de los Seguros Sociales a Colpensiones 2. Régimen de transición en materia pensional desde su concepción a través de la Ley 100 de 1993 3. Posiciones jurisprudenciales sobre la liquidación de la mesada pensional en el régimen de transición Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación En esta investigación, se analiza la importancia de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los empleados públicos beneficiarios del régimen de prima media con prestación definida, con relación a la transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, igualmente se analiza la relevancia jurídica del Acto Legislativo 01 de 2005, que elimina dicha transición. Pregrado Abogado 38 p. INTRODUCCIÓN 1. SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA. 2. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA. 3. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, EN MATERIA PENSIONAL PARA EMPLEADOS PÚBLICOS EN COLOMBIA. 4. CONCLUSIONES. 5. REFERENCIAS.

Trabajo de investigación Actualmente en la mayoría de ciudades de Colombia se presenta un aumento de ocupación del espacio público por parte de vendedores informales; este artículo identifica aspectos fundamentales al respecto y realiza un análisis de las políticas públicas que se han desarrollado en Bogotá sobre estrategias de recuperación del espacio público. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. ASPECTOS GENERALES DEL ESPACIO PÙBLICO. 2. OCUPACIÒN DEL ESPACIO PÙBLICO POR VENDEDORES AMBULANTES. 3. CONFIANZA LEGITIMA FRENTE A OCUPACIÒN DE VENDEDORES AMBULANTES. 4. POLÌTICAS PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PÙBLICO EN BOGOTA. CONCLUSIONES REFERENCIAS

Artículo de reflexión En este trabajo se realiza un análisis comparativo entre los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 (Estatutos de profesionalización docente), con respecto a los derechos adquiridos por lo maestros que se encontraban vinculados mediante Orden de Prestación de Servicios o en provisionalidad a quienes no les fueron reconocidos sus prerrogativas en virtud de su nombramiento en propiedad bajo el nuevo estatuto docente. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN. 1. ESTATUTOS DOCENTES EN COLOMBIA. 1.1. DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS ESTATUTOS DOCENTES VIGENTES EN COLOMBIA. 2. REGÍMENES PENSIONALES DE LOS DOCENTES. 2.1 RÉGIMEN DE LA LEY 91 DE 1989 APLICABLE A LOS DOCENTES REGULADOS POR EL DECRETO 2277 DE 1979. 2.2. RÉGIMEN PENSIONAL DOCENTE DE LA LEY 812 DE 2003. 3. DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS DOCENTES VINCULADOS EN PROVISIONALIDAD CONCLUSIONES. REFERENCIAS.

31 páginas Desde el 2014 la Corte Constitucional ha cambiado su postura en relación con los derechos adquiridos que confieren los títulos mineros a sus beneficiarios, ocasionando así una gran inseguridad jurídica, por lo que se procede al análisis de las motivaciones de dicha corporación en las sentencias que tuvieron mayor relevancia en el tema y se superpondrán a todo el desarrollo constitucional, legislativo y jurisprudencial. La mayor problemática que se deriva de este cambio en la jurisprudencia es en relación con los derechos adquiridos. Ya que, anteriormente, se consideraban derechos adquiridos las minas que estaban en etapa de exploración aunque no contaran con Licencia Ambiental. Ahora la Corte sostiene que únicamente son derechos adquiridos aquellas minas que cuenten con Licencia Ambiental, desconociendo así la categoría que se tenía sin indemnización alguna.

En el presente ensayo se identifica una serie de hechos ocurridos bajo vigencia normativa del régimen de carrera y régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales, situaciones que han sido objeto de análisis por parte de los órganos de cierre, dando a conocer la solución a los vacíos y/o problemas normativos en estudio, con el fin de solucionar el siguiente problema: ¿El régimen de carrera y régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales vulnera el goce efectivo de principios y derechos de la carta política? In this essay we identify a series of events occurred under actual rules of regimen of career and the wage regimen and benefits of professional soldiers, situations that have been analyzed by the closure organs, publicizing the solution to the gaps and/or regulatory problems under study, in order to solve the following problem: ¿Does the career regimen and the wage regimen and benefits of professional soldiers violates the effective enjoyment of rights and principles of the Constitution

El pago excesivo de las pensiones a cargo del Estado que beneficiaba a un limitado sector de la sociedad venía ocasionando una preocupante crisis fiscal. Ante esa situación el gobierno del presidente Álvaro Uribe decide impulsar un acto reformatorio de la constitución que a futuro garantizará la sostenibilidad financiera, la eliminación de los regímenes especiales, el tope mínimo y máximo del monto de la pres- tación, entre otros temas. A partir de un análisis jurídico y social el texto aborda el acto legislativo 01 del 22 de julio de 2005, que transformó el sistema general de pensiones y que tiene como propósito lograr estabilidad en el régimen de pensiones. The excessive payment of pensions in charge of the state that are benefited to limited sector of society, provoked a worrying fiscal crisis. In face to this situation the President Alvaro Uribe’s government decided to impel a reformatory act of the constitution that in the future would guarantee the financial sustaining, the elimination of special regulations, and the minimum and maximum limit of pensive amount, among other subjects. From a juridical and social analysis the article approaches to the legislative act 01 of July 22 of 2005 that transformed the General System of pension and that has as purpose to get the stability of the pension regime.

En: Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones. eISSN. 2603-9281. vol. 9, n. 2, 2016, pp 465-498 El laudo de 21 de enero de 2016 de la Cámara de Comercio de Estocolmo, se refiere por vez primera al régimen regulatorio español sobre generación fotovoltaica. Es una consecuencia directa de la firma por el Reino de España de la Carta de la Energía, que da respaldo al arbitraje sobre las partes contratantes, esto es, el propio Estado. Se rompe así la tendencia tradicional a eximir a los Estados de someterse a Arbitraje y se inicia un paso hacia su consolidación como medio de resolver disputas en el ámbito internacional dando confianza a los inversores. Este laudo tiene un alcance limitado ya que se refiere sólo a las normas hasta 2010 pero no incluye la posterior y esencial norma de 2013, que será objeto de discusión en futuros arbitrajes. No constituye pues un precedente, lo que el propio laudo se encarga de subrayar. Dictado por mayoría de dos votos que dan la razón al Reino de España, que contó con la Comisión Europea como amicus curiae, existe Voto Particular, en el que se afirma la vulneración del principio de confianza legítima. A nuestro juicio, es cuestionable la afirmación de la mayoría de que el planteamiento de una “cuestión de constitucionalidad” o la posible exigencia a través de otro pleito de “responsabilidad patrimonial de la Administración”, sean técnicas suficientes para garantizar y realizar el principio de la Carta de que han de existir remedios suficientes para garantizar las inversiones. Habrá que esperar a futuros laudos para comprobar la bondad definitiva de éste. The judgment handed down 21 January 2016 by the Stockholm Chamber of Commerce refers for the first time to the Spanish regulation regarding photovoltaic generation. This is a direct consequence of the recent ratification by Spain of the Energy Charter. The Energy Charter therefore binds the parties to the arbitration, in this case the state of Spain itself. It thus breaks the traditional tendency to exempt States from submission to arbitration and is a step towards arbitration’s consolidation as an attractive means of international dispute resolution; giving confidence to investors. This award is limited in scope because it refers only to the standards in place prior to 2010 but does not include the later and essential standard of 2013, which will be the subject of future arbitrations. It does not therefore represent a precedent, which the award itself makes a point of underlining. Granted by a majority of two votes in favour of the Kingdom of Spain, including the European Commission as amicus curiae, there is a dissenting opinion, which states that the principle of legitimate expectation was breached. In our view, the majority assertion that this case raises a "question of constitutionality" or the possible requirement through another lawsuit for "patrimonial responsibility of the Administration" is questionable, there being sufficient techniques to ensure and realize the principles of the Charter of which there must exist sufficient remedies to ensure investments. We will have to wait for future awards to verify the ultimate success of this one.

Artículo de investigación La protección que brinda la seguridad social ha hecho parte de las conquistas sociales y los desarrollos del Estado quien debe encargarse para su concreción, de la construcción de una estructura que permita el aseguramiento del derecho. Los sistemas institucionales que se encargan de éste proceso no son estáticos y para Colombia, uno de los últimos grandes momentos de reforma ha sido la Ley 100 de 1993, que para su implementación se fijó una régimen de transición, que les permitió mantenerse en el régimen pensional al cual estaban afiliados al momento de entrar en vigencia dicha ley, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez. Pregrado Abogado 1. RESUMEN. 2. ABSTRACT. 3. SUMARIO. 4. INTRODUCCIÓN. 5. REGIMEN PENSIONAL COLOMBIANO. 5.1. GENERALIDADES. 5.2. LEY 100 DE1993. 6. REGIMEN DE TRANSICI{ON PENSIONAL. 7. ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 8. PROBLEMA JURIDICO ENTRE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS ESPECTATIVAS LEGÍTIMAS. 9. CONCLUSIONES. 10. BIBLIOGRAFIA

Artículo de Investigación El documento revisa las más importantes discusiones jurisprudenciales que han tenido lugar con ocasión de los principios laborales fundamentales, que rigen el derecho laboral colombiano. Se analiza en particular, los principios de igualdad, remuneración mínima vital y móvil, y estabilidad laboral, ya que estos, son los más propensos al debate, al ser los más tendientes a ser vulnerados y tutelados. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN COLOMBIA: NECESIDAD DEL CONSTITUYENTE POR PROMULGAR UNOS DERECHOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES EN LO LABORAL 1.1. LEGISLACIÓN LABORAL EN MATERIA LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS 2. PRINCIPIO DE IGUALDAD 2.1. LA IGUALDAD LABORAL EN LA REALIDAD JURÍDICA COLOMBIANA 3. REMUNERACIÓN MÍNIMA, VITAL Y MÓVIL 3.1. ELEMENTOS JURISPRUDENCIALES SOBRE EL MÍNIMO VITAL GARANTIZADO COMO DERECHO INALIENABLE DE TODO TRABAJADOR 4. ESTABILIDAD LABORAL 4.1. FUEROS CONSTITUCIONALES LABORALES EN COLOMBIA CONCLUSIONES.

El riesgo de vejez en Colombia no fue siempre administrado por una entidad estatal, ni su costo asumido por el empleador y el trabajador -- En 1946 se creó el Instituto de Seguros Sociales, cuya finalidad era la de subrogar al empleador en la obligación frente al riesgo de vejez de los trabajadores mientras se realizaran los aportes correspondientes -- La cobertura del sistema en el territorio colombiano se hizo de manera progresiva, conduciendo a distintas fechas de llamamiento -- En 1993 con la expedición de la Ley 100, se efectuó el llamamiento total para todos los empleadores colombianos a afiliar a sus trabajadores -- Para los que ya hubiesen cumplido 20 años de labor y la edad requerida, la jubilación seguiría a cargo del empleador mientras que los que no habían cumplido los 20 años pero si más de 10 años de servicio, la pensión seria compartida entre el Instituto y el empleador, y finalmente para los trabajadores que llevaran menos de 10 años de servicios, la Ley 100 estableció que tenían derecho a que se les tuviera en cuenta el tiempo laborado; solo para quienes mantenían el contrato aún vigente cuando comenzó a regir esta ley -- Lo anterior conllevó a tomar varias posturas frente al dilema de qué sucede con los trabajadores que prestaron el servicio por menos de 10 años -- Una postura obliga al empleador mientras la otra lo absuelve de la obligación -- Con el presente trabajo se pretende dar la solución más sensata al dilema que recae sobre la obligación de los empleadores y los derechos de los trabajadores, a partir de un análisis normativo y jurisprudencial

Este documento identifica las causas por las cuales el Ministerio de Defensa Nacional disminuyo un 20% el salario básico mensual de los Soldados Voluntarios – Hoy Soldados Profesionales, así mismo, determinar la cuantía dejada de cancelar desde noviembre 1° de 2003, tomando como referencia el último Soldado Voluntario vinculado a la institución, a fin de responder el siguiente interrogante: ¿Por qué el Ministerio de Defensa Nacional generó un detrimento al patrimonio del personal que ostenta la base principal de las Fuerzas Militares?. In this document is identified the causes that led to the Ministry of Defense to reduce by 20% the basic monthly salary of “Volunteer” Soldiers – the rank which has change into “Professional” Soldiers, also, to determine the average value that has not been payed from November 1st, 2003 when the rank was changed, all this based on the last Volunteer Soldier who enlisted in order to answer the following question: Why did the Ministry of Defense led the detriment of the personal assets of those men who are the base of the Colombian Army.

En el derecho administrativo especial tributario, la norma sustantiva se refiere a los elementos estructurales del tributo: el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. El principio de favorabilidad de las normas sustantivas en materia tributaria, referente a impuestos de período, se entiende como la aplicación de las normas sustantivas que disminuyen o eliminan las cargas tributarias siendo favorable al contribuyente, en el mismo período fiscal en que entró en vigencia la norma. La forma como está redactado el inciso tercero del artículo 338 de la Constitución al interpretarlo en armonía con el inciso segundo del artículo 363 constitucional genera confusiones o disyuntivas en cuanto a la aplicación de este principio. El presente artículo tiene como objetivo puntualizar la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado con el fin de hacer un análisis comparativo acerca de la aplicación del principio de favorabilidad de las normas sustantivas en el derecho tributario. La línea jurisprudencial de cada una de estas dos Corporaciones se ha construido siguiendo la metodología propuesta por Diego Eduardo López-Medina, que consiste en hacer una pregunta orientadora. En este caso: ¿aplica el principio de favorabilidad de las normas sustantivas en materia tributaria? Con dos polos de respuesta -sí y no-, para el efecto se tomó el lapso que va de 1993 a 2014, en el que se rastrearon las sentencias de ambas corporaciones, se identificó la sentencia más reciente denominada sentencia arquimédica. Luego, mediante las citas de la sentencia, se fueron detectando otras sentencias referentes al mismo tema, hasta llegar a la sentencia fundante de la línea; entre los dos extremos -la sentencia arquimédica y la sentencia fundante-, quedaron las demás sentencias organizadas cronológicamente. Después, luego se observó qué resultado se obtuvo, que puede ser una línea coherente o una línea caótica (López-Medina, 2000, pp. 142-147). En el caso del Consejo de Estado se encontraron 18 sentencias, y en el de la Corte Constitucional, 15 sentencias. Este artículo presenta la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, junto con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones alrededor del tema. In special tax administrative law, the substantive rule refers to the structural elements of tax: taxpayer, tax collector, taxable event, basis of assessment, and the rate. The favorability principle of the substantive rule on tax matters, regarding period taxes, is understood as the application of substantive rules that reduce or eliminate tax burdens, favoring the taxpayer in the same period the rule became effective. The way paragraph three of article 338 of the Constitution is redacted, when interpreted under the light of paragraph two of article 363 of the Constitution creates confusions or quandaries regarding the application of this principle. The purpose of this article is to clarify the case law line of the Constitutional Court and the State Council as to carry out a comparative analysis of the application of the favorability principle of substantive rule on tax law. The case law line of each one of these two Corporations was built using the methodology proposed by Diego Eduardo López-Medina, which is based on the formulation of a guiding question. In this case, that would be: Does the favorability principle of substantive rule apply on tax matters? With two sides for an answer -yes and no- and to this end we took the period between 1993 to 2014, we tracked the rulings of both corporation and identified the most recent ruling, called Archimedes' ruling. Then, by means of citations in the ruling, we detected other rulings referring to the same topic until we tracked down the founding ruling of the line: between the two extremes -the Archimedes' ruling and the founding ruling- all other rulings were chronologically organized. After that, we observed the result obtained, which may be a coherent or a chaotic line (López-Medina, 2000, pp. 142-147). In the case of the State Council we found 18 rulings and for the case of the Constitutional Court, 15 rulings. This article presents the case law line of the Constitutional Court and the State Council alongside the findings, conclusions, and recommendations on the topic. No direito administrativo especial tributârio, a norma substantiva refere-se aos elementos estruturais do tributo: o sujeito passivo, o sujeito ativo, o fato gerador, a base gravâvel e a tarifa. O princípio de favorabilidade das normas substantivas em matéria tributâria, referente a impostos de período, entende-se como o aplicativo das normas substantivas que diminuem ou eliminam o ônus tributârios, sendo favorâvel ao contribuinte, no mesmo período fiscal em que entrou em vigência a norma. A forma como estâ redigido o inciso terceiro do artigo 338 da Constituição ao interpretar em harmonia com o inciso segundo do artigo 363 constitucional gera confusões ou disjuntivas quanto ao aplicativo deste princípio. O presente artigo tem como objetivo pontuar a linha jurisprudencial da Corte Constitucional e do Conselho de Estado com o fim de fazer uma anâlise comparativa a respeito do aplicativo do princípio de favorabilidade das normas substantivas no direito tributârio. A linha jurisprudencial de cada uma destas duas Corporações construiu-se seguindo a metodologia proposta por Diego Eduardo López-Medina, que consiste em fazer uma pergunta orientadora. Neste caso: aplica-se o princípio de favorabilidade das normas substantivas em matéria tributâria? Com dois polos de resposta -sim e não-, para o efeito se tomou o lapso que vai de 1993 a 2014, no qual se rastrearam as sentenças de ambas corporações, se identificou a sentença mais recente denominada sentença ar-quimédica. Depois, mediante citações da sentença, foram se detectando outras sentenças referentes ao mesmo tema, até chegar à sentença fundante da linha; entre os dois extremos - a sentença arquimédica e a sentença fundante- ficaram as outras sentenças organizadas cronologicamente. Depois, observou-se qual resultado se obteve, o que pode ser uma linha coerente ou uma linha caótica (López-Me-dina, 2000, pg. 142-147). No caso do Conselho de Estado encontraram-se 18 sentenças, e no da Corte Constitucional, 15 sentenças. Este artigo apresenta a linha jurisprudencial da Corte Constitucional e do Conselho de Estado, junto com o que se encontrou, conclusões e recomendações ao redor do tema

El Decreto Ley 1661 de 1991, expedido bajo el amparo de la Constitución Política de 1886 otorga al nivel profesional de los funcionarios públicos en Colombia, el reconocimiento de la Prima Técnica. Luego, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se expide el Decreto Ley 1724 de 1997 (Derogado por el art.6 del Decreto 1336 de 2003), por medio del cual se suprime el reconocimiento de la prima técnica al nivel profesional y ejecutivo. Posteriormente, el Decreto 1336 de 2003, en mención, restringe aún más el reconocimiento de la prima técnica, únicamente para el nivel asesor y directivo. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pretende identificar si resultan constitucional y legalmente válidas las disposiciones normativas contenidas en el Artículo 1 de los decretos 1724 de 1997 y 1336 de 2003, al suprimir el reconocimiento de la Prima Técnica al nivel profesional de los funcionarios públicos en Colombia. Para ello, se estudia y analiza, principalmente, el tema de los derechos adquiridos, los derechos sociales, el tránsito constitucional, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Como resultado, se establece la viabilidad del restablecimiento de la Prima Técnica para el nivel profesional de los funcionarios públicos, luego de verificar que los decretos normativos que la suprimieron carecen de validez y legalidad constitucional. Por último, resulta importante indicar que el desarrollo del presente trabajo utiliza el método hermenéutico de investigación. (texto tomado de la fuente) The Decree Law 1661 of 1991 , issued under the protection of the Constitution of 1886 grants, the professional level of public servants in Colombia recognizing the Technical Prima. Then, with the enactment of the Constitution of 1991, Decree Law 1724 of 1997 ( Repealed by art.6 of Decree 1336 of 2003), by which the premium recognition technique suppresses the professional level is issued and executive . Subsequently, Decree 1336 of 2003 , in question, further restricts the recognition of technical premium, only for advisory and management level. According to the above , it is intended to identify if they are constitutionally and legally valid standards contained in Article 1 of the decrees 1724, 1997 and 1336 to 2003 by removing the recognition of the Technical Prima professional level of civil servants In colombia. To do this, it is studied and analyzed mainly the issue of acquired rights, social rights, constitutional transition, the hierarchy of norms, legal certainty and legitimate expectations. As a result, the feasibility of restoring the Technical Prima for the professional level of civil servants, after verifying that regulatory decrees that are not valid and abolished constitutional legality is established. Finally, it is important to note that the development of this study used hermeneutic research method. Maestría Derecho al trabajo y Seguridad Social

Es hacer un análisis de la importancia que tiene el uso del internet para la sociedad y lo mas importante los beneficios que puede recibir la educación por el uso del internet en Colombia y el mundo. It is an analysis of the importance of using the internet to society and most importantly the benefits you can receive the education by using the internet in Colombia and the world. Pregrado

Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia. Before the enactment of Law 100 of 1993, the Social Insurance Institution paid health services to employees in the private sector, monopoly that will not require any effort. The cumulative deficit for the lack of input from the Nation under the Act 90 of 1946 and the changes in their legal status, was not allowed to take on the challenge of competition of the actors within the system, so its management was questioned by enforcement agencies and several adverse court rulings over the financial crisis deepened, coupled with high labor costs for the benefits of the collective agreement, whose main beneficiaries were the servants of Clinical and CAA. This led to the formulation of Conpes of March 31, 2003 entitled “Plan of modernization of the Institute of Social Security Health”, which resulted in the issuance of Decree 1750 of June 26, 2003 ordered the excision of the service provider health Clinics and Ambulatory Care Centers (CAA) and the creation of seven State social enterprises. Decree Law 1750 of 2003 produced significant changes for servers to date of issue labored as official workers of the Institute of Social Security and that under the new law were automatically incorporated into the plant staff new state social enterprises as public employees, except those who held public office or functions of maintenance of hospital physical plant and general services, considered public employees; being its wage and benefits system stipulated for government employees in the executive branch of the national order, they cannot conclude collective labor agreements, and the application of the benefits of collective labor agreement signed between the Institute of Social Insurance and the union of Social Security Workers October 2001. This decree was sued for infringement of the top order, and the Constitutional Court in Case of constitutionality that have erga omnes effect on the theory of acquired rights, held that Article 18 was restrictive as it only referred to acquired rights in relation to benefits, not contemplating relative to wages and contents in collective labor agreements. To exist between the Social Insurance Institute and its workers a collective agreement in force, in accordance with Case C-314 and C 349 2004, the Constitutional Court stated that the convention should apply to the servers of the new entities while during their term, they must in compliance with such pronouncements recognize treaty rights with the exception of those relating to pensions, from June 26, 2003 until October 31, 2004, ignoring the effect of the collective agreement from that date forward.

La Seguridad Social en Colombia, es el resultado de la consolidación de una serie de derechos reivindicados a través de las diferentes luchas obrero-patronales, a lo largo de la historia, hasta lograr su consolidación como un Derecho-Obligación, y por conexidad como derecho fundamental, bajo la visión de la nueva Constitución Política de 1991, que incluyó los convenios en materia laboral como norma interna. No obstante lo anterior, con la implementación del Acto Legislativo 01 de 2005, la posibilidad de realizar acuerdos obrero patronales frente a los regímenes de pensiones, el Congreso Nacional limitó un derecho de rango fundamental, esto es el derecho de negociación colectiva que se encuentra consagrado en el numeral 2 artículo 3 del Convenio 87 y el artículo 4 del Convenio 98, normas que si bien son de producción internacional, hacen parte de la legislación interna tal como quedó consagrado en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política Colombiana. Respecto al artículo 93 de la Carta Política le da jerarquía a los contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, sin embargo exige la existencia de dos presupuestos a saber: i. reconocimiento de un derecho humano y ii. Que su limitación se encuentre prohibida durante los Estados de excepción, así las cosas desde la perspectiva del ius cogens tal apreciación conlleva a pensar que estamos frente a una supraconstitucionalidad, y en razón a tal apreciación ningún Estado podría incumplir dichas normas bajo pretextos de aplicar normas internas. Ahora bien, en el Derecho Colombiano esta interpretación puede ser ajustada en el entendido de que la Constitución fue definida como normas de normas – Artículo 4- aplicando los criterios de derecho francés donde se permite armonizar los principios y mandatos que puedan encontrarse en contradicción. Otro aspecto que resulta de gran relevancia en nuestro estudio, es el carácter de derecho fundamental de la Negociación colectiva dentro del Estado Social de Derecho, pues este garantiza a trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales ejercer su libre derecho de asociación evitando actos de discriminación por parte de particulares o inclusive entidades públicas, en razón a ello, la negociación colectiva debe ser entendido como derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional y cuando el Acto Legislativo 01 de 2005 limita la posibilidad de negociar las condiciones del régimen de pensiones, imposibilita que las asociaciones sindicales puedan hacer efectivo su derecho a buscar mejores garantías para los trabajadores sindicalizados. Consecuencia de lo anterior, en efecto la inclusión de normas que impiden el aumento de beneficios de los trabajadores sindicalizados en materia pensional van en contra de los Convenios 87 artículo 2 numeral 2 y Convenio 98 artículo 4 de la OIT, en virtud a que limitan la posibilidad de realizar negociaciones colectivas en materia pensional. (texto tomado de la fuente) Social Security in Colombia is the result of the consolidation of a series of rights claimed through the different struggles of labor-management, throughout history. To achieve its consolidation as a law-Obligation connected as an essential right, under the vision of the new politic Constitution of 1991. This included agreements on material labor as the internal standard. Notwithstanding the above, with the implementation of the Legislative Act 01 of 2005, the possibility to realize labor-management agreements facing to pension regimes, the National Congress limited a right of fundamental range, which is the right of the collective negotiation that is, enshrined in the paragraph 2 Article 3 of Convention No. 87 and the Article 4 of Convention No. 98. These rules that although they are of international production, make part of the internal legislation enshrined in Article 53 and 93 of the Colombian Constitution. Now, regarding Article 93 of the politic Charter gives hierarchy to the contents of human rights treaties ratified by Colombia. However, requires the existence of two assumptions namely: 1) the recognition of a human right. 2) That its limitation is forbidden during states of emergency. At this point, from the perspective of Ius Cogens, that assessment leads to think that we are in front of a supraconstitutional, and because of that finding, no State could breach those standards under pretexts to apply internal rules. Nowadays, in Colombian law, this interpretation can be adjusted with the understanding that the Constitution was defined as rules of standards - Article 4 - applying the criteria under French law which harmonizes the principles and mandates that may be in contradiction. Another aspect that is of great relevance in our study, is the character of fundamental right of collective bargaining within the Social State of right, as this guarantees to workers, employers and trade union organizations to exercise their free right of Association avoiding acts of discrimination by private or even public entities, due to, collective bargaining should be understood as the inalienable right of all the inhabitants of the national territory and when the legislative act 01 of 2005 limits the possibility of negotiating the terms of the pension scheme precludes that trade unions can enforce his right to seek better guarantees for unionized workers. Consequences of this, in effect, the inclusion of rules, impede the increased benefits of union workers on pension material, because it goes against the Article 2 Convention 87 Convention 98 paragraph 2 and Article 4 of the ILO. By virtue that, limit the possibility of realize collectives negotiations pension material. Maestría Derecho Laboral y Seguridad Socia