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El presente trabajo realiza un balance de la regulación catalana de los límites del derecho de acceso a los diez años de su aprobación. En el mismo se exponen las líneas maestras de la interpretación casuística efectuada por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), en las más de siete mil resoluciones que ha dictado desde 2015, y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se concluye que las divergencias existentes entre la regulación catalana y la básica estatal no han planteado hasta la fecha conflictos relevantes, que los límites al derecho de acceso y sus criterios de aplicación restrictiva son adecuados y llevan en muy pocas ocasiones (comparativamente) a desestimar las solicitudes de información pública que reciben las Administraciones catalanas, que el legislador catalán no puede añadir límites nuevos tras la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa de Acceso a los Documentos Públicos (aunque sí precisar supuestos de confidencialidad que encajen en los existentes), y que resulta mucho más necesario modificar otros aspectos de la regulación del derecho de acceso de la Ley 19/2014 que la parte relativa a los límites.

This summary discusses a judgment by the Court of Justice of the European Union on access to environmental information. The court ruled that the coordinates of forest plots used in a national forest inventory are considered environmental information and cannot be denied access under confidentiality or international relations exceptions. The court emphasized the need to balance public interest with protected interests. The summary provides a link to the full text of the judgment for further exploration. [Extracted from the article]

En este trabajo identificamos los elementos definitorios del derecho de acceso en el seno de las colectividades territoriales francesas, así como las previsiones de su régimen de impugnaciones. Además, se realiza una comparación con la regulación de esta misma materia en nuestro Derecho.

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Aunque la doctrina del TC sobre la cláusula de supletoriedad del derecho estatal del artículo 149.3 CE no está exenta de crítica, su orientación puede considerarse estable y aclarada desde las conocidas Sentencias 118/1996 y 61/1997, que se decantaron definitivamente por considerarla una norma ordenadora de la aplicación de las normas en el Estado compuesto configurado por la CE. No obstante, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 422/2022, que sirve de apoyo a este análisis, se separa de los criterios jurisprudenciales del TC y realiza una aplicación supletoria de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es básica, integrando una presunta laguna de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta aplicación supletoria de la ley básica produce, además, el efecto de modificar el régimen jurídico de la transparencia de las corporaciones locales de la Región de Murcia, que es parcialmente competencia autonómica, y modifica también el régimen del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, materia que es de la exclusiva competencia autonómica sobre autoorganización.

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La protección de los derechos humanos es una competencia compartida por los Estados, la ONU y los organismos internacionales especializados, los cuales, por medio de instrumentos jurídicos específicos como convenios y tratados, establecen mecanismos de garantías de su ejercicio. En este texto se aborda la cuestión del acceso a internet como un derecho humano y como un derecho fundamental, pues, como consecuencia de los avances tecnológicos y la internacionalización del uso de internet, se ha convertido en la puerta de entrada hacia el ejercicio de otros derechos humanos. Ciertas normativas o resoluciones judiciales surgidas en Latinoamérica y Europa permiten apreciar una clara tendencia hacia el aseguramiento del ejercicio igualitario y efectivo del uso de la red por la ciudadanía. Para tratar este tema se procederá a describir y comparar los avances jurídicos internacionales en la materia y su probable integración en el conjunto de los derechos digitales.

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La insularidad de La Graciosa ha sido reconocida por las Cortes Generales, tanto a través de su producción normativa con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Canarias (en adelante, el EAC 2018), como a través de la moción que en junio de 2018 aprobó el Senado de España. En nuestro orden constitucional, la isla es una entidad a la que se le reconoce autonomía y a la que se le atribuye una determinada organización administrativa para la gestión de sus intereses particulares, con lo que nos hacemos la pregunta de saber en qué medida el reconocimiento de la realidad insular de La Graciosa ha afectado a sus elementos organizativos. La legislación aplicable no ofrece sin embargo opciones para dar encaje a la insularidad de La Graciosa teniendo en cuenta que tal reconocimiento implica dotarla de los atributos propios de una isla. Esto acarrea como consecuencia la necesidad de encontrar en el escaso margen dispuesto por nuestra regulación de régimen local una solución para el desarrollo de la organización administrativa de esta isla.

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Tras repasar muy brevemente algunos de los numerosos estudios sobre el estado de la cultura española en las cuatro últimas décadas, señalando la inexistencia de investigaciones globales de análisis del impacto de las políticas culturales de proximidad, el artículo prologa y comenta el contenido del mono-gráfico sobre las políticas culturales locales, al tiempo que propone prioridades para un futuro deseable de las mismas: defensa del capital cultural frente al capitalismo cultural, modestia en su enunciación y defensa, incorporación del género y la otredad como valores centrales de las estrategias, vínculos entre cultura y desarrollo, recuperación del control tecnológico y derechos eficaces de acces

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El artículo se centra en el análisis de los aspectos más destacables con relación a la falta de transparencia durante el Estado de Alarma declarado en marzo de 2020 debido a la crisis del COVID.

En este artículo se analiza la regulación y supuestos de aplicación del trámite de alegaciones por parte de terceros en el derecho de acceso, incluyendo el examen de todos los elementos procedimentales y efectos de su utilización.

Introduction: The objective of the article is to extract learnings for the modification and improvement of the regulatory norms of transparency in Spain, in exceptional situations such as the state of alarm, so that it serves purposes such as to facilitate the accountability and work of journalism professionals. Methodology: For this, an analysis of the controversy on the lack of government transparency in the context of the state of alarm is carried out, performing a reconstruction of the milestones and circumstances that occurred between the months of March and May 2020 in relation to the State's government transparency, combining various sources of information such as statistics, CIS survey data, press news, legal reports and bibliography. Results: the analysis confirms the insufficiencies of the transparency regulations detected in the literature by experts and journalists. Among them, the lack of recognition of access to public information as a fundamental right, the excess of deadlines to respond to requests for access, the limited use to develop data journalism or the weakness of the Council of Transparency and Good Governance, apart from a general lack of provisions to make accountability effective in health and the use of emergency contracts. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En el presente trabajo se exponen la evolución histórica y los rasgos básicos de la vigente regulación española del derecho de acceso a la información pública, así como el alcance real que dicho derecho presenta en su aplicación práctica, poniendo como ejemplo la doctrina establecida en sus dos primeros años de funcionamiento por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), la autoridad independiente que vela por el cumplimiento del derecho de acceso en Cataluña. Podrá constatarse cómo se ha producido, en España, en los últimos años, un auténtico cambio de paradigma en esta materia, pasándose de un derecho puramente nominal y de escasa aplicación práctica a un derecho de acceso vigoroso, efectivo y dotado de un enorme potencial de futuro, tan o más amplio que el reconocido por otros ordenamientos que antes se contemplaban con envidia. Se comprobará también cómo la actual fuerza expansiva del derecho general de acceso está repercutiendo en instituciones surgidas mucho antes en el tiempo, y de una naturaleza supuestamente distinta, como el tradicional derecho de acceso de los interesados al expediente. Y cómo su actual configuración legal comporta, paradójicamente, que posea un alcance mayor del que le correspondería si se le reconociera la naturaleza de derecho fundamental, en los términos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Comunidad Valenciana ha destacado en los últimos años en materia de transparencia. Sin embargo, su Consejo de Transparencia por diversos motivos ha quedado bastante oculto en su intensa labor. El estudio, analiza y expone las resoluciones y criterios más innovadores y relevantes de este órgano en sus cientos de resoluciones habidas desde inicios de 2016. Se considera que muchos de tales criterios deben ser cuanto menos conocidos y, en su caso, incorporarse o, cuanto menos, incitar al debate por especialistas y otros Consejos y autoridades de transparencia estatal o autonómicas.

Las leyes estatal y catalana reguladoras del derecho de acceso a la información pública adolecen, en diferente medida, de cierta ambigüedad en cuanto a la determinación del objeto de este derecho, puesto que manejan conceptos indeterminados como el de «información pública», el de «acción previa de reelaboración» o el de «tarea compleja de elaboración o reelaboración» que, lejos de ofrecer significados ciertos, generan incertidumbre entre sus destinatarios. Este artículo tiene por objeto identificar los problemas interpretativos que la indefinición de los conceptos legales referidos supone para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, así como recoger y analizar algunos de los criterios doctrinales que los órganos de garantía del derecho han establecido con la finalidad de concretar los conceptos y orientar así a las personas responsables en su aplicación.

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en analizar las cuestiones más controvertidas que se han suscitado ante los tribunales, respecto de las causas de inadmisión de solicitudes acogidas al derecho de acceso y, específicamente, de la relativa a la necesidad de una acción de reelaboración. Los presupuestos legitimadores para la eficaz invocación de esta causa fueron examinados en la primera sentencia del Tribunal Supremo, dictada a raíz de una resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. De su análisis se deriva que la interpretación judicial asume el cambio de modelo operado por la LTBG y la consideración del derecho de acceso a la información como una garantía expansiva, lo que conduce a una necesaria interpretación restrictiva de las causas de inadmisión. En lo referente al motivo basado en la necesidad de una acción de reelaboración, los criterios aceptados desembocan en la inadmisión cuando las solicitudes fuerzan la elaboración ad hoc de un informe, sin perjuicio de asumir que todo otorgamiento del acceso requiere un mínimo de tratamiento, considerado tolerable. En cualquier caso, todavía es seguramente pronto para posicionamientos firmes y tajantes, requiriéndose una mayor producción jurisprudencial para delimitar con claridad los contornos de las causas de inadmisión, las cuales no dejan de estar formuladas como conceptos jurídicos indeterminados.

It highlights the importance of documentary collections of Spanish university archives as a primary source of information, of undoubted interest for contemporary and current history. The informative contents of these collections are analysed through the great functions reflected in the documentary classification tables of the university archives. It also analyses the state of the issue of the right of access to documents, which will be free, although affected by the limits and deadlines established by applicable laws and respect for privacy and data protection, focusing primarily on access to public university documents. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Análisis de los datos relativos a la brecha de género en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Aquest estudi se centra en l'anàlisi de la Llei d'accés als documents públics i de protecció de les dades personals de Quebec, aprovada el 1982. En primer lloc, s'examina l'objecte de la Llei i els principis fonamentals que la inspiren, així com l’àmbit d'aplicació. Posteriorment, se centra en la regulació específica del dret d'accés i en el règim d'excepcions i restriccions previst, també en el disseny del procediment d'accés. A continuació, s'estudien, amb especial atenció, els mecanismes de protecció del dret que preveu la norma, i es presta una atenció especial al règim de la Comissió d'Accés a la Informació. Aquesta anàlisi conclou amb unes consideracions sobre l'exemple que pot suposar el sistema de garantia del dret d'accés a Quebec per a les comunitats autònomes (CCAA). Actualment, aquesta reflexió sembla oportuna perquè diverses CCAA, entre elles Catalunya, estan elaborant normes de desenvolupament de la Llei 19/2013, 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

The publicity has an effect of legitimization and democratization of the system, because it allows to keep the citizenship informed about public matters in order to participate with freedom and responsibility and, consequently, to demand accountability to public offices. These objectives of high democratic value require within the culture of transparency that public powers assume obligations that link them beyond the principles of action. Hence, transparency requires specific obligations and the guarantee regulation of a right of access to citizenship that entitles it to request more information than those that respond by complying with the principle of active publicity. We will address the aspects of the right of access in the regulation given by the state law and in the LGT, putting the accent on the deficits and proposing solutions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Este artículo presenta los resultados de una tesis doctoral que evalúa las posibilidades de la formación en periodismo ciudadano y el fomento de su ejercicio en la lucha contra la violencia. Lo hace a través de un estudio de caso, el de la Agência da Boa Notícia Guajuviras. Es un proyecto conjunto del Ayuntamiento de Canoas y el Ministerio de Justicia de Brasil que se desarrolla en Guajuviras, un barrio estigmatizado por la pobreza y la violencia. Jóvenes y adolescentes reciben tres horas de clases sobre comunicación y ciudadanía. Esta investigación acude a técnicas cualitativas. Los resultados se engloban en dos aspectos: la evolución en el aprendizaje del periodismo por parte del alumnado, y los avances efectuados en su socialización con la prevención de la violencia como fin último.

Esta contribución analiza el estado de creación de los organismos de garantía de la transparencia y realiza un acercamiento a los mismos a través del ámbito de tutela en el que operan, su estructura y caracterización del órgano que posee las atribuciones de resolución del derecho de acceso. A partir del análisis realizado se observa la gran disparidad que existe entre ellos en muchos de sus rasgos definitorios y se intenta establecer un esquema satisfactorio que permita hablar de modelos de organismos de garantía. El autor finaliza con una aproximación que quedaría compuesta por cuatro tipos: el modelo del CTBG, organismos primordialmente colegiados, unipersonales, y adheridos a las instituciones del defensor del pueblo autonómico.

Localización, estudio comparado y comentario de las normas constitucionales y ordinarias de los principales estados que integra cada una de las zonas en que se divide Europa para el estudio en virtud del cual se pretende conocer la situación actual de la normativa en transparencia y acceso a la información pública para poder comparar su situación respecto a la de España. Se encuentra en este estudio un cierto avance cronológico y práctico simultáneo en el desarrollo de normativas de acceso a la información como derecho fundamental, autónomamente regulado, a pesar de que existen países que por cuestiones múltiples se alejan de la tendencia común del continente.

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This paper reviews the laws and norms regulating access to public documents in Spain, as well as their actual implementation in archival institutions and their consequences for historical research. Despite the liberal character of the early laws enacted in the democratic period, the publication of subsequent privacy regulations has severely curtailed access to historical documents. The vagueness and contradictions of the relevant norms, combined with the negligence typical of Spanish public archives, are posing greater burdens in researchers’ access to archival material. A situation worsened by the recent governmental decision to extend the scope of the State Secrets Act (Ley de Secretos Oficiales) to cover a number of issues relating to foreign policy. As a result, historians are finding more and more difficult the study of recent Spanish History.

Este artículo analiza el recurso o acción contenciosa administrativa especial de amparo de acceso a la información pública, establecida por la L. Nº 19.653, de 1999, desde una perspectiva teórica y dogmática. Luego de analizar los aspectos teóricos de lo contencioso administrativo y el sistema chileno de acciones o recursos especiales contencioso administrativos, los autores se detienen en el estudio de la responsabilización de la Administración y los agentes públicos, todos los cuales proveen el marco para el estudio de la mencionada acción judicial en el contexto del ordenamiento jurídico chileno. Finalmente, basados en estos elementos, los autores presentan un estudio de la acción judicial señalada, cuya finalidad y características la distinguen en el campo de lo contencioso administrativo nacional.This article analyzes the special legal action to seek injunctive relief as to the right of access to government information enacted by the 1999 Act N° 19,653, both from a theoretical and dogmatic viewpoint. After analyzing the theoretical aspects of administrative litigation and the Chilean system of special legal actions pertaining thereof, the authors focus on the issue of government and public agents accountability. These topics provide a framework to understand the aforementioned legal action in the Chilean legal system. Based on this theoretical backdrop, the authors comment on the procedural law issues involved in that legal action whose object and characteristics set it apart in the Chilean system of administrative litigation.