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En el contexto actual, el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador establece que no se admite recurso de apelación contra el auto de llamamiento a juicio, excepto cuando hay un sobreseimiento a favor de los procesados, donde sí se permite la apelación. Esta discrepancia resulta en una vulneración del derecho a la igualdad procesal, principios que respaldan la Constitución de la República del Ecuador. Con el objetivo de abordar esta situación, se propone una reforma legislativa que incluya el auto de llamamiento a juicio como un recurso apelable en el proceso penal. Para justificar esta modificación, se implementó un sistema informático que facilitó la recolección y análisis de datos pertinentes. Este sistema utilizó técnicas de minería de datos y análisis estadístico, permitiendo integrar información de encuestas, estudios académicos y registros históricos. A través de procesamiento de lenguaje natural, se identificaron patrones en la opinión pública que evidencian áreas críticas de atención. Además, se estableció un sistema de gestión documental para archivar y organizar la información recopilada, haciendo accesibles los informes a legisladores. También se emplearon herramientas de visualización de datos, como gráficos interactivos, que presentaron la información de manera clara y comprensible, mejorando la capacidad de toma de decisiones basada en evidencia. Como resultado principal, se propone reformar el artículo 653 para permitir que el auto de llamamiento a juicio sea recurrible mediante apelación, garantizando así el debido proceso y el principio de igualdad procesal en el sistema judicial. La propuesta de reforma realizada fue validada por criterio de expertos según tres dimensiones: (1) coherencia normativa; (2) eficacia procesal; (3) impacto social. La propuesta de reforma fue evaluada como Pertinente y Muy pertinente en las tres dimensiones.

Este artículo está enfocado en el análisis jurídico y jurisprudencial sobre la justicia indígena desde su interpretación intercultural. Para su desarrollo se ha trazado como objetivo general revisar este tipo de justicia desde la doctrina, la regulación y la jurisprudencia y la necesidad de su interpretación intercultural en el marco judicial en Ecuador. En ese sentido, se realiza un examen teórico de esta figura, se revisa su reconocimiento en la Constitución de la República, en normas infra constitucionales como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico, a partir del carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano. Igualmente, se realiza un estudio de la sentencia No. 113-14-SEP-CC expedida por la Corte Constitucional con la finalidad de identificar los aspectos a tener en cuenta para interpretar, interculturalmente, aquellos casos que llegan a los órganos de justicia donde se haya aplicado la justicia indígena, teniendo en cuenta sus particularidades. Esto permitirá reforzar, ampliar el conocimiento sobre el tema y comprender como opera dicha institución jurídica, asunto que resulta polémico dentro de la academia y los órganos jurisdiccionales en la actualidad en el país.

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Indigenous justice in Ecuador is a topic of great relevance and complexity that reflects the cultural and legal richness of indigenous peoples. Its recognition in the 2008 Constitution emphasizes the need to respect and preserve the traditions and values of each community. This community-based system, grounded in participation and immediacy, offers a holistic approach to conflict resolution. However, it is essential that these processes respect human and constitutional rights, ensuring due process, impartiality, and transparency. The active participation of women and the protection of their rights are key aspects that must be considered within the framework of indigenous justice and its internal regulations. This research applies deductive, inductive, analytical, and bibliographic methods to delve into indigenous justice and its relationship with due process. The aim is to understand and preserve the different perspectives and approaches in this area, thereby enriching the understanding of its functioning and impact. Finally, it is concluded that indigenous justice must balance the preservation of cultural traditions with respect for universal rights and social and legal development. This implies considering social evolution in Ecuador, promoting a respectful understanding of the cultural and legal diversity that characterizes the country. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El reconocimiento de la responsabilidad penal del individuo en la esfera internacional ha sido acompañado por la progresiva afirmación de una serie de principios y garantías que han fortalecido, gradualmente, el debido proceso en el ámbito del derecho internacional penal. En ese contexto, el pre­sente trabajo se concentrará en analizar el desarrollo del derecho a la doble instancia y de la garantía del doble conforme, frente a sentencias dictadas por la Corte Penal Internacional.

Este artículo se centra en el análisis y reflexión a los temas de: i) Actuación Administrativa; ii) procedimiento Administrativo; y iii) Derecho de Petición. Lo anterior, con el objetivo de proponer una definición desde lo teórico-jurídico acerca de la Actuación Administrativa y un análisis socio jurídico del Derecho Fundamental de Petición como mecanismo efectivo para activar la Actuación Administrativa en Colombia. Para lograr lo anterior, esta investigación se basó en la metodología cualitativa básica, de tipo descriptiva y documental de acuerdo a su diseño y finalidad, permitiendo analizar los datos e información recopilados, ayudando a establecer la efectividad de la actuación administrativa en la sociedad, mediante el Derecho de Petición y su impacto en el Estado colombiano. En ese sentido, el estudio arrojó como resultado la necesidad de una conceptualización de la actuación administrativa en el derecho colombiano, para que la población sin necesidad de abogado, pueda comprender el sistema y procedimiento teniendo en cuenta que ha sido activada por ella misma mediante el derecho de petición. Como conclusión esta investigación reafirma la teoría de la garantía de los fines esenciales del Estado Social de derecho al permitir la participación del ciudadano en la actuación administrativa mediante mecanismos fundamentales.

El artículo 220 del Código Civil permite al juez declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico, pero solo si es ‘manifiesta’. Esta capacidad del juez ha generado dos interrogantes importantes: ¿qué pasos debe seguir el juez para declarar la nulidad de oficio? y ¿cómo se distingue una nulidad manifiesta de una no manifiesta? En esa línea, el autor del presente trabajo aborda la primera interrogante haciendo un análisis extenso de lo expuesto en distinta jurisprudencia (expedientes del Tribunal Constitucional y plenos casatorios). Sin embargo, hay un gran trabajo por delante en cuanto a la uniformización de la jurisprudencia, así como para alcanzar una correcta articulación entre esta y la doctrina. Así, el autor resalta la idea y la necesidad de encontrar un mecanismo de pasos para la declaración de nulidad que contemple los principios del debido proceso y a la vez sea restrictivo y eficiente frente a los usos de las partes.

El objetivo es estudiar el principio constitucional de presunción de inocencia y la incidencia que éste tiene en cuanto a la aplicación del procedimiento abreviado en materia penal. Dentro de la presente investigación se empleó una metodología de carácter cualitativo, con la utilización de diferentes métodos: como el método analítico-sintético, así como también se empleó el método histórico-lógico, los mismos que se basaron en el análisis exhaustivo del principio de inocencia y el procedimiento abreviado, la principal técnica utilizada fue la observación, ya que mediante una modalidad bibliográfica-documental se analizó el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a fin de llegar a concluir que la aplicación del procedimiento abreviado es discutido y criticado debido a su ineficacia en cuanto a la celeridad procesal, considerándose viciado de irregularidades, porque es insuficiente para descongestionar el sistema judicial. Cuando existe suspensión de alguna de las etapas o trámites del proceso penal, una posible consecuencia es que se dicte una sentencia indebida o errónea, vulnerándose así los principios constitucionales del debido proceso.

El presente artículo consistió en identificar los criterios de evaluación que posibilitaron poner de manifiesto de manera clara una vulneración al ejercicio del derecho de defensa, con la finalidad de otorgar a los operadores de justicia la facultad de admitir de forma extemporánea el escrito de absolución del requerimiento acusatorio y lo establecido en el artículo 350 inciso 1 del CPP. Establecer criterios claros para el derecho a la defensa fue considerado esencial para asegurar un juicio justo. Este derecho buscó proteger al imputado de la potestad punitiva del Estado mediante la defensa material y técnica, siendo esta última ejercida por un abogado defensor. El enfoque es cualitativo con un diseño de la investigación transversal, descriptivo-explicativa, dogmática-propositiva con el carácter proyectivo. Los resultados obtenidos manifestaron la necesidad de nuestra propuesta de investigación para aprobar un proyecto de ley que fue proponer medidas concretas destinadas a mejorar la actuación del abogado particular en la etapa intermedia y, por ende, la calidad de la defensa. Finalmente, con la investigación se concluyó que fue esencial garantizar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Para enfrentar adecuadamente las acusaciones, el acusado debió estar informado de los cargos y contar con la asistencia de un experto legal que lo representara y asesorara.

El presente artículo pretende dilucidar las cuestiones controversiales que se ocasionan a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo N°1373, en cuyo mérito surge la siguiente interrogante: ¿El proceso de extinción de dominio contraviene el ordenamiento constitucional peruano? Problemática que es desarrollada identificando en primer orden el génesis de esta institución en el ámbito internacional pasando a su análisis en el contexto normativo peruano, así es como se concluye que el proceso de extinción de dominio se opone al marco constitucional peruano en el extremo en que no está contemplado como una forma de extinción de la propiedad, en consecuencia; vulnera derechos constitucionales. La investigación obedece a un diseño descriptivo- analítico, a partir de la revisión de literatura jurídica y normativa, que evidenciaron la necesidad de plantear reformas constitucionales para evitar la arbitrariedad del proceso de extinción de dominio.

This paper systematizes and compares, based on the reasoning of the U.S. Supreme Court and its decisions, four pairings of concepts that arise from discussions on the operability of the presumption of innocence in the AngloAmerican legal system. The article illustrates that the partial conclusions in each of these comparisons must be reached by arguments consistent with the normative foundation of the presumption of innocence principle in order to find the defining characteristics of said principle. Ultimately, the paper sets forth a definition of the presumption of innocence that encompasses each of the partial conclusions thus reached. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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En el presente artículo se plantea exponer la difícil situación legal de la privación de libertad y los traslados a distintos centros de privación de libertad. Para ello, es necesario verifcar las teorías de la pena que nuestro ordenamiento jurídico pretende seguir, lo que permitirá saber las razones de la normativa expedida en materia de garantías penitenciarias. Así también, conocer el estado normativo de los traslados y su relación inmediata con el hábeas corpus. Camino que se pretende seguir entre la supuesta desnaturalización de garantías jurisdiccionales y la ausencia de un control judicial. De igual forma, plantear la relación que existe sobre los traslados y otros conflictos carcelarios como el hacinamiento, la violencia, la falta de personal penitenciario y que tiene incidencia en varios derechos constitucionales como la unidad familiar, derecho a la defensa, entre otros. Finalmente, se buscan posibles salidas a la problemática que acarrean los traslados de personas privadas de libertad, de manera especial sobre la contradicción entre el art. 668.2 del Código Orgánico Integral Penal que impide realizar traslados a través de una garantía jurisdiccional y la sentencia de la Corte Constitucional n.º 365-18-JH/21 y acumulados (Integridad personal de personas privadas de libertad) que habilita la posibilidad de realizarlo en casos de afectación al derecho a la integridad personal.

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El presente trabajo pretende examinar el marco normativo y jurisprudencial vigente en materia de responsabilidad administrativa; y ante la inexistencia de estudios específicos sobre esta temática en Bolivia, se describen los principios pertinentes de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública (CIDYDCAP), así como la responsabilidad laboral establecida en la Carta Iberoamericana de la Función Pública; para luego explicar su tratamiento en el ordenamiento jurídico boliviano, explorando a su vez algunas líneas jurisprudenciales sobre la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con particular acercamiento a la sustanciación de la responsabilidad administrativa, y su inevitable derivación en la imposición de sanciones, dentro de los márgenes del debido proceso.

En este artículo se analizan los casos más relevantes resueltos por la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 2000 y 2005. Es el último quinquenio de la llamada “Rehnquist Court”, es decir, de la Corte Suprema bajo la presidencia de William Rehnquist, y es por ello que se destaca, en primer lugar, la influencia que tuvo este Chief Justice en el Tribunal. Se hace mención también al significativo rol que tuvieron los jueces Anthony Kennedy y Sandra Day O’Connor, dos conservadores moderados, quienes por medio del swing vote ejercieron una suerte de “arbitraje” entre los jueces conservadores y los liberales. Uno de los hechos más destacables de este período, fruto de ese arbitraje, es que la Corte Suprema estuvo ideológicamente en equilibrio. Todo ello impide ubicar a la Corte Suprema de este quinquenio bajo un marcado signo político, pues, en el balance general, los triunfos entre liberales y conservadores se repartieron proporcionalmente. Como método de trabajo, las sentencias analizadas se clasifican en función de los artículos y enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos que la Corte entendió eran aplicables especialmente en cada caso.

El presente artículo sistematiza, a partir de referencias encontradas en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, los enfrentamientos de pares conceptuales surgidos de discusiones sobre la operatividad de la presunción de la inocencia en el ámbito angloamericano. El estudio demuestra que las conclusiones parciales en cada una de esas confrontaciones, como características definitorias del derecho a la presunción de la inocencia, deben ser obtenidas mediante argumentos consistentes con el fundamento normativo de este derecho. Como resultado, el artículo expone una noción de presunción de la inocencia que abarca cada una de las conclusiones parciales alcanzadas de esa manera.

El presente trabajo tiene por objetivo responder la pregunta acerca de si el nuevo procedimiento regulado en el título III bis del Código Procesal Penal, relativo a la imposición del comiso sin condena previa, resulta o no compatible con algunas de las exigencias del debido proceso. Concretamente el estudio se refiere a la presunción de inocencia y el derecho a defensa. Para ello, se realiza una sistematización de la nueva regulación del comiso en el Código Penal, luego de la reforma operada por la Ley 21.577, concluyéndose que el comiso -aun sin condena previa- tiene carácter punitivo, a la luz de una serie de argumentos tanto sustantivos como procesales.

El presente artículo tuvo por objetivo analizar desde la óptica constitucional el debido proceso como un derecho fundamental y asimismo explorar cuestiones que permiten considerarlo como una garantía principal desde el enfoque procesal, para ello estudiamos su origen, definición, alcances y presupuestos empleando entre otros el análisis documental como técnica de recolección de datos. El estudio del debido proceso resulta de mucha envergadura para la comunidad jurídica toda vez que su comprensión abarca nociones conjuntas de una serie de derechos y principios derivados, es así que desde la cátedra jurídica hasta el ejercicio de la abogacía en sede de cualquier tribunal de justicia ordinaria o incluso justicia constitucional se orienta por excelencia al estricto respeto y protección de los derechos fundamentales, especialmente el debido proceso, es por ello que se constituye como la principal garantía de los ciudadanos, este concepto se refuerza en un Estado democrático de Derecho que hace frente a actos de arbitrariedad o abuso, especialmente en escenarios de un proceso judicial donde existen posibilidades de que ciertas actuaciones resulten lesivas al debido proceso.

Los derechos fundamentales de la víctima del delito se han fortalecido con el establecimiento del proceso penal acusatorio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El problema es que importantes normas del Código Nacional de Procedimientos Penales aún resultan restrictivas de sus derechos constitucionales. El objetivo del presente artículo es analizar el derecho de la víctima de ser parte activa dentro del procedimiento penal, obteniendo como resultado que este derecho es una garantía para que, conforme al principio del debido proceso, tenga un eficaz acceso a todas las etapas del procedimiento penal para la oportuna y adecuada defensa de sus intereses. Se concluye que este derecho es el núcleo de una doctrina jurisprudencial emitida por los tribunales federales para ampliar progresivamente el alcance de los derechos adjetivos de la víctima en condiciones de igualdad procesal con los derechos del imputado. La investigación es de tipo documental, desarrollada en el marco de la teoría del garantismo procesal penal mediante los métodos analítico y hermenéutico.

Objetivo: Este artículo tiene como finalidad analizar el debido proceso en la actuación de la autoridad aduanera colombiana sobre las mercancías. Método: la investigación responde a un enfoque cualitativo, en la que se realiza una línea jurisprudencial mediante el análisis de sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Resultados y discusión: Es claro que la autoridad aduanera colombiana, es competente para hacer control previo y posterior a la mercancía extranjera que ingresa al país, no obstante, el proceso y las condiciones para cada procedimiento no son claras, toda vez que, los importadores evidencian inconformidad frente a las actuaciones extemporáneas, dilación de procesos, actos administrativos emitidos por misma la entidad aduanera que vulnera el debido proceso, sobre todo en actuaciones de aprehensión y decomiso. Conclusiones: La Sentencia C 441 de 2021 emitida por la Corte Constitucional, determinó que el proceso que realiza la autoridad aduanera respecto al régimen sancionatorio no es acorde con el principio de reserva legal, toda vez que en materia sancionatoria quien tiene la potestad para regularla es el Congreso de la República, por lo tanto, otorgó como plazo máximo hasta el 20 de junio del año 2023 para expedir el régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como el proceso administrativo aplicable.

El presente trabajo discurre en dos niveles de análisis que, sin embargo, se encuentran densamente interconectados. Por un lado, a nivel macro, se presenta un caso concreto decidido, principalmente, con base en las opiniones de los expertos. A nivel micro, se analiza el informe pericial de una de las peritas en cuestión. El contexto y la resolución del caso planteado sirven para brindar luz sobre las falencias del informe pericial en estudio, objeto principal del presente trabajo. El informe pericial y la declaración de la perita en comento, a su vez, informan sobre el devenir del juicio a nivel macro y sobre la decisión final tomada por los sentenciadores.

Este artículo tiene como objetivo analizar un informe pericial producido por el área de química legal en la determinación de residuos de disparo. La finalidad es examinar si el mismo cuenta con la información necesaria para evaluar la calidad del conocimiento experto, considerando las exigencias del debido proceso. Para alcanzar este propósito, en primer lugar, se describirá el contenido del informe en relación con la normativa procesal y la práctica pericial, con un enfoque en los aspectos formales del mismo. En la segunda parte, se hará hincapié en los aspectos sustanciales, resaltando el contenido del conocimiento especializado y evaluando la calidad del conocimiento experto en el caso particular, tratando de comprender la lógica subyacente en el razonamiento pericial. Finalmente, en la tercera parte, se presentarán reflexiones y recomendaciones de mejora, relacionadas con los puntos anteriores, con el propósito de contribuir a la calidad del conocimiento especializado, esencial para garantizar un proceso legal adecuado.

The article analyzes the unconstitutionality of the second paragraph of article 387 of the Criminal Procedure Code in Chile, which establishes restrictions on the right to appeal in cases of final judgments. The jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights and the Constitutional Court on this issue is reviewed, highlighting the recent changes in the jurisprudence of the latter court. The importance of an ordinary and effective appeal, accessible and allowing a comprehensive examination of the appealed decision, is discussed. The Constitutional Court has declared the inapplicability due to unconstitutionality of the second paragraph of article 387 in several judgments, arguing that it restricts the right to defense and violates the right to a fair trial. It is suggested to modify this rule to comply with constitutional and human rights standards. [Extracted from the article]

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Este artículo analiza el desarrollo del control constitucional obligatorio de los procesos contenciosos administrativos chilenos. Para tal efecto, luego de examinar la integración de sus garantías en las disposiciones que imponen este examen, se estudian las sentencias del Tribunal Constitucional pronunciadas en la materia, entre los años 1981 y 2021. La jurisprudencia permite afirmar que, aunque los restrictivos términos de la Constitución chilena no han impedido integrar los derechos del debido proceso como parámetros de constitucionalidad del contencioso administrativo, sólo algunas de sus garantías han sido efectivas en la declaración de inconstitucional. Paradojalmente, tales garantías son aquellas menos adaptadas a los términos que imponen este control.

Mediante el método dogmático y la revisión jurisprudencial, la presente investigación tiene por objeto analizar el control constitucional de los recursos administrativos en Chile. El resultado de la investigación demuestra que el que la Constitución en Chile no integrara expresamente este control no ha impedido que el Tribunal Constitucional chileno haya verificado la constitucionalidad de las legislaciones que desarrollan tales mecanismos impugnatorios. No obstante ello, se observan diferencias significativas según se ejerzan de manera preventiva o represiva. En sede preventiva, el examen de los recursos administrativos ha sido estrictamente formal, limitándose a verificar quórums de aprobación legislativa. En sede represiva, en cambio, la revisión de estos mecanismos se ha extendido, por el carácter sustancial de los criterios aplicados.

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The present article raises the problem of how to adapt the doctrine of due process to the new situations that arise due to the actions of State agents. For this reason, is starts from the idea that due process deals essentially with procedural fairness in the administrative State, so that the actions of its agents must be framed from the principled through the principles of obedience to the rule and minimum procedures. Likewise, administrative law must adopt the specific distinction between rules and adjudication as a required limit in the scope of application of due process. As this article suggests, in conclusion, these approaches would produce a more coherent doctrine on due process in administrative law. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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