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Este artículo discute en qué medida la definición jurídica internacional del genocidio protege la identidad cultural de los pueblos étnicos, como interés autónomo, independientemente de la vida de sus miembros. Se defiende la tesis de que la identidad cultural constituye un objeto de protección con relativa autonomía. Si bien es posible interpretar ampliamente el término destruir, los medios para lograr la destrucción son limitados, pues necesariamente se deben subsumir en los actos de genocidio enunciados en el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, se advierte que estos actos no se dan siempre en condiciones análogas, ya que los efectos de la violencia dependen del contexto en el que esta se ejerce y de las características del grupo atacado. Para sustentar esta reflexión, el artículo conecta el análisis normativo de la jurisprudencia relevante y los trabajos preparatorios de la Convención con el estudio empírico del caso del pueblo nasa; así, se busca ilustrar algunos daños que la identidad cultural de los pueblos indígenas puede sufrir en conflictos armados. El artículo llama la atención sobre la importancia de la interpretación contextualizada de este crimen.

This article discusses the rules on command responsibility issued within theimplementation of the Peace Agreement between the Colombian Government andthe guerrilla group FARC-EP. The objective is to analyse the meaning of those rules,considering the judgment of the Appeals Chamber of the International Criminal Court inthe Bemba case, decided in June 2018. This text argues that those rules on commandresponsibility cannot be an independent basis for criminal liability, and therefore,applying the ordinary Colombian Criminal Law or International Criminal Law is stillnecessary. Those rules on command responsibility should facilitate the articulationof the international and domestic levels. However, they generate some interpretivedifficulties and exacerbate the tensions on this topic between these two normativelevels., El presente trabajo discute las normas que en Colombia se han expedido en desarrollodel Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP,en las que se regula la responsabilidad de jefes militares por los crímenes cometidospor sus subordinados. El objetivo es plantear algunas reflexiones sobre el sentido deestas normas, teniendo como punto de referencia el caso Bemba, resuelto en junio de2018 por la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. El autor sostieneque ninguna de estas normas sobre responsabilidad del mando puede fundamentarautónomamente la responsabilidad penal y, por esta razón, aún es necesario acudir obien al derecho penal colombiano ordinario o al internacional. Dichas normas deberíanfacilitar la articulación entre estos dos ámbitos. Sin embargo, ellas presentan variasdificultades interpretativas y no resuelven las tensiones que con relación a este temaexisten entre estos niveles normativos.

This article discusses the rules on command responsibility issued within the implementation of the Peace Agreement between the Colombian Government and the guerrilla group FARC-EP. The objective is to analyse the meaning of those rules, considering the ju, El presente trabajo discute las normas que en Colombia se han expedido en desarrollo del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP, en las que se regula la responsabilidad de jefes militares por los crímenes cometido

En este escrito se pretende resaltar la necesidad de entender el contenido de los artículos 3º y 4º del Código Penal colombiano, teniendo en cuenta el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, en el cual debe jugar un papel preponderante el principio de proporcionalidad de la pena.

Desde el 4 de septiembre de 2012, cuando oficialmente inició el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se ha hecho referencia en varios contextos a la doctrina de responsabilidad del superior jerárquico. Sin embargo, es importante diferenciar, por un lado, el ámbito de aplicación de esta doctrina tal como ha sido desarrollada en el Derecho Penal Internacional y, por otro lado, el régimen de responsabilidad por omisión según el Código Penal colombiano (CPC). El presente trabajo explora las formas de responsabilidad penal y las hipótesis fácticas que la doctrina de responsabilidad del superior abarca. También analiza algunas decisiones judiciales colombianas sobre la responsabilidad penal por omisión de miembros de la Fuerza Pública (en especial con relación al artículo 25 CPC) y discute algunos problemas dogmáticos que se han presentado en estos casos. Al respecto, sostiene que la doctrina de responsabilidad del superior y el artículo 25 CPC solo coinciden parcialmente y que en el ordenamiento jurídico interno es necesario recurrir también a tipos penales de omisión propia para cubrir algunas hipótesis que sí podrían ser cubiertas por la doctrina de responsabilidad del superior como ha sido definida, por ejemplo, en el Estatuto de Roma. Finalmente, se llama la atención sobre la importancia de no confundir los dos ámbitos de responsabilidad para no reproducir en el sistema jurídico colombiano algunos de los problemas que se han presentado en el contexto del Derecho Internacional.

Los autores analizan desde la reciente tesis del derecho de daños de los derechos humanos, la doctrina de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá - Colombia.

El siguiente artículo de reflexión busca ilustrar algunas de las dificultades que se han presentado durante la implementación de la Ley 975 de 2005 y algunos de los límites que el proceso penal de Justicia y Paz debe afrontar como mecanismo de Justicia Transicional. Para esto se parte de una consideración sobre cómo en Colombia la guerra ha sido fuente de derecho.Precisamente, la Ley 975 de 2005 surge en este contexto y en ella se diseña un proceso penal con características especiales, es decir, con un enfoque diferencial, que busca crear espacios de reconciliación que hagan posible la paz. Sin embargo, el autor concluye que el sistema penal por sí mismo es incapaz de responder a estas exigencias, por lo que termina envuelto en paradojas y contradicciones que llaman la atención sobre la necesidad de políticas más integrales.

Hacer revisiones constructivas de las decisiones de los jueces es de utilidad para la democracia. En esta monografía se pretende hacer una revisión detallada del precedente construido por la Corte Suprema de Justicia (-CSJ-) sobre la figura del interviniente, la cual se encuentra incorporada en el inciso final del artículo 30 del Código Penal colombiano, con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales del artículo 410 del Código Penal (C.P.). Para esto, se construye una línea jurisprudencial que se analiza desde el enfoque dogmático con el fin de estudiar si el tratamiento que la jurisprudencia de la CSJ le da a la categoría delictiva denominada interviniente es la más ajustada a los postulados de la dogmática penal con base en planteamientos hallados en doctrina. Así las cosas, el objetivo principal del trabajo consiste en estudiar el precedente de la CSJ con relación a la figura del interviniente en los delitos de infracción de deber contra la contra la contratación estatal y, desde allí, decantar la correcta interpretación dogmática de la institución, poniendo de presente posibles problemas frente a los principios de legalidad, tipicidad estricta y unidad de imputación en derecho penal.

El autor expone el peligro que representa la guerra para el orden jurídico; esta amenaza no solo puede estremecer el piso racional del derecho, sino también influir en las decisiones políticas de una comunidad. La guerra es fuente de derecho y, al mismo tiempo, su debilidad. En esta medida, el llamamiento al orden que representa este libro es oportuno y adecuado.

La presente investigación presenta una historia sobre los diversos usos que se le ha dado a la herramienta de “contexto” al interior del Sistema transicional de Justicia y Paz, creado a través de la Ley 975 de 2005. En esta historia, se describirá el surgimiento del Sistema de Justicia y Paz; se examinarán los retos que implicó su implementación; se estudiarán las reformas del Marco Jurídico para la Paz y la Ley 1592 de 2012, mediante las cuales se delimitaron los usos de la herramienta de “contexto”; para finalizar con el análisis de la tensión entre la legitimidad y la eficiencia que caracteriza este proceso de configuración normativa.

El autor parte de la pregunta sobre el fundamento político de la imposiciónde la pena, lo cual conduce a analizar el contenido de los artículos 3º y 4ºdel Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, en donde se articulan los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de la pena con los fines que la ley colombiana le reconoce. De esta manera, se encuentra que el mismo artículo 3º limita la aplicación judicial de la necesidad de la pena a los casos preestablecidos por el legislador. Teniendo en cuenta el carácter aflictivo de la pena y su aptitud para la afectación de derechos fundamentales, se reclama la argumentación del juez, desde un punto de vista constitucional, en torno a los principios recogidos en el artículo 3º más allá del análisis sistemático y formal de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; de tal suerte que en casos especiales en donde se pueda sostener válidamente que la imposición de la pena no cumple con sus fines, el juez tenga la posibilidad de abstenerse de imponerla por resultar injustificada (no necesaria) e incluso graduarla por debajo del mínimo legal. Para esto se reseñan algunas teorías sobre los fines y necesidad de la pena.