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Fil: Metetiero, Andrea Francisca. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

En el ejercicio de las actividades económicas, tanto de producción como de distribución y servicios, se requiere del apoyo de personas que contribuyan a desarrollar el objeto contractual, estas personas suelen ser vinculadas a través de contratos, ya sean de tipo laboral o civil, los cuales son diferenciados, básicamente, por el elemento de subordinación, debido a que con su sola existencia es suficiente para configurar una verdadera relación laboral, es decir, que este elemento es inherente y exclusivo de un contrato laboral. Así lo manifiesta la Corte Constitucional en la Sentencia C-934 de 2004, definiéndolo como el poder de dirección en la actividad laboral y potestad disciplinaria del empleador. Por el contrario, la relación que existe en un contrato civil de prestación de servicios, entre un contratante y un contratista, es una relación de coordinación de actividades, dado que el contratista siempre será autónomo e independiente. Por esta razón es fundamental distinguir entre los dos elementos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Análisis de la fiscalidad de los principales contratos civiles (contratos onerosos con función traslativa, contratos gratuitos con función traslativa, contratos de uso y disfrute, contratos de servicios, contratos de financiación, contratos societarios, contratos aleatorios, contratos relativos a la resolución de controversias y contratos de garantía). 2017-18

En Colombia, el matrimonio se encuentra regulado en el Código Civil, que en su artículo 114 dispone: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”; no quedando pues duda alguna de que el vínculo que se forma entre un hombre y una mujer (por ahora y de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política), denominado “matrimonio”, es un contrato en los términos de los artículos 1495y siguientes de la normativa civil. En ese orden de ideas, y a pesar de que se trata de un contrato de alguna manera especial –por regular aspectos personalísimos de los ciudadanos, como lo son su estado civil y sus relaciones familiares–, no por ello escapa al régimen legal que sobre los acuerdos de voluntades se ha establecido, como la figura de la nulidad, los principios aplicables, y las obligaciones pre, contra y pos contractuales; adicionales, claro está, a las que de suyo se generan por cuenta de esa específica tipología contractual (cohabitación, débito conyugal, auxilio mutuo, etc.).

Una de las principales funciones del Derecho Público Contractual es brindar herramientas jurídicas que le permitan al Estado exigir resultados óptimos, oportunos y estables frente a las inversiones que realiza en aras de promover la prosperidad general y la satisfacción de necesidades públicas, como unos de sus fines esenciales. Es lugar común encontrar que grandes e importantes inversiones realizadas con estos propósitos, no arrojan los resultados buscados, lacerando los procesos de crecimiento económico y desarrollo del país, y limitando su competitividad a nivel internacional. One of the main functions of Public Contract Law is to provide legal tools that allow the State to demand optimal, timely and stable results from the investments it makes in order to promote general prosperity and the satisfaction of public needs, as one of its purposes. essential. It is commonplace to find that large and important investments made for these purposes do not yield the desired results, damaging the country's economic growth and development processes, and limiting its international competitiveness. Abogado Pregrado

94 p. (pdf) Se ha discutido ampliamente si existe o no diferencia entre la denominada responsabilidad civil contractual y la extracontractual, pese a ello, en la actualidad en el derecho colombiano, debido al distinto tratamiento legal de ambas responsabilidades, la jurisprudencia ha erigido el principio de prohibición de acumulación, es decir, la imposibilidad de optar indistintamente entre los principios de una y otra responsabilidad para discutir un mismo daño entre las mismas partes. Pese a la clara e imperativa formulación del principio, no es claro lo que ocurre en aquellos casos en los cuales el pretensor omite o erra al calificar la clase de responsabilidad por la cual pretende su indemnización. Frente a dicha situación, se ha considerado que la víctima pierde la indemnización por su omisión o error, aún cuando aparezcan probados los elementos de la responsabilidad, ante lo absurdo de esta alternativa, se ha considerado por parte de algún sector de la doctrina que es el juez el llamado a escoger la responsabilidad correcta, aún cuando el demandante haya guardado silencio o se haya equivocado.