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Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio acerca del impacto de la reciente crisis en el nivel adquisitivo del consumidor medio español y las modificaciones normativas que han surgido para protegerlo. Para ello se analizará la reciente Ley 4/2022 de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, los condicionantes que llevaron a la creación de esta y las medidas surgidas para paliar sus efectos.

RESUMEN. El uso masificado de las redes sociales trae consigo una ingente cantidad de consecuencias jurídicas tanto en el ámbito del derecho de los contratos, como en materia de protección de datos, así como en el ámbito del derecho de los consumidores. Más de la mitad de la población mundial hace uso de este tipo de plataformas digitales y, en especial, un colectivo que merece una especial protección por parte de los legisladores: los menores de edad. Tras un análisis de la normativa aplicable a los menores de edad en las redes sociales se hace alusión, de una manera más tangible, al uso de la red social de TikTok por este colectivo. ABSTRACT. The massive use of social networks brings with it a huge number of legal consequences both in the field of contract law, as well as in terms of data protection, as well as in the field of consumer law. More than half of the world?s population makes use of this type of digital platform and, especially, a group that deserves special protection from legislators: minors. After an analysis of the regulations applicable to minors in social networks, an allusion is made, in a practical way, to the use of the TikTok social network by minors

El reciente Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, incluye entre los colectivos vulnerables a niños, niñas y adolescentes por su mayor sensibilidad a la publicidad y a las prácticas comerciales agresivas. Su finalidad es garantizar con un grado mayor de protección a los derechos en determinados supuestos en los que la persona consumidora se ve afectada por una especial situación de vulnerabilidad que puede incidir en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales que en otra situación no aceptaría. Sin embargo, resulta desalentador observar cómo la vulnerabilidad se traduce únicamente en el reconocimiento de una “especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte aplicable en cada caso”. Podría cuestionarse el acierto de centrar la protección de NNAs en la vulnerabilidad y no en su interés superior, ya que éste el principio que debe presidir toda actuación legislativa. En consecuencia, la condición de vulnerabilidad que se les otorga parece contraponerse a los principios que inspiran la ley. The recent Royal Legislative Decree 19/2021, of 19 January, on the Protection of Consumers and Users in situations of social and economic vulnerability, includes children and adolescents among vulnerable groups due to their greater sensitivity to advertising and aggressive commercial practices. Its purpose is to guarantee a higher degree of protection of rights in certain cases in which the consumer is affected by a special situation of vulnerability that may affect his or her decision-making and even force him or her to accept certain contractual conditions that in another situation he or she would not otherwise accept. However, it is discouraging to observe how it only translates into the recognition of a "special attention, which will be taken up by regulation and by the sectoral regulations applicable in each case". It could be questioned whether it is right to focus the protection of children and adolescents on their vulnerability and not to their best interest., which is the principle that should govern all legislative action. Consequently, the condition of vulnerability granted to them seems to contradict the principles that inspire the law.

El objeto de estudio del presente trabajo es la modalidad contractual de los contratos de consumo a distancia por su incremento en número y su mayor importancia en los últimos años. Se tendrá como referencia las indicaciones provenientes de la Unión Europea y su trasposición a nuestro ordenamiento jurídico, el cual encuentra el grueso de su regulación en el Texto refundido de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario; así como toda la normativa internacional, nacional y de comunidad autónoma que pueda ser aplicable; todo ello analizado acompañadamente de resoluciones nacionales e internacionales. The object of study of this work is the contractual modality of distance consumption contracts due to its increase in number and its greater importance in recent years. The indications coming from the European Union and their transposition into our legal system will be taken as reference, which finds the bulk of its regulation in Spain in the Consolidated Text of the General Law of Consumer and User Defense; as well as all the international, national and Autonomous Communities regulations that may be applicable; all of this analyzed accompanied by national and international resolutions.

La presente obra tiene como objetivo realizar un estudio de los problemas jurídicos que plantea la calificación de la relación jurídica entre el cliente y el abogado como una «relación de consumo», haciendo especial hincapié en las consecuencias que en este sector puede tener el recién alumbrado concepto de «consumidor vulnerable». Concretamente, en este trabajo se abordan las peculiaridades que la aplicación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios a estos contratos plantea en la fase de formalización del contrato, la virtualidad que presentan las hojas de encargo profesional como mecanismo de protección de ambas partes del contrato, así como el régimen jurídico aplicable a éstas. Otro de los aspectos que se estudia es la posible presencia de cláusulas abusivas en los contratos que, para el desarrollo de su actividad profesional, celebran los abogados con consumidores, aspecto que adquiere relevancia puesto que se aprecia un cierto grado de estandarización de las prestaciones en algunos sectores de la Abogacía. Por último, se aborda la posible aplicación a este concreto sector profesional del régimen previsto en el artículo 147 del TRLGDCU que prevé, para su aplicación a los contratos de servicios en general, un sistema subjetivo con inversión de la carga de la prueba de la culpa. Loreto Carmen Mate Satué es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza (2014) y Doctora en Derecho por la misma Universidad (2021). Sus líneas de investigación giran en torno a la Responsabilidad Civil y al Derecho de Consumo. Es miembro colaborador de distintos proyectos de investigación. Los resultados de sus investigaciones se han publicado como artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras y como capítulos en obras colectivas, habiendo sido difundidos en distintos foros nacionales e internacionales. Además de ser Profesora en el Máster de Droit Privé de la Université de Rouen (Francia) desde 2018, ha sido invitada a desarrollar investigaciones en el Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne dependiente de Université París I – Panthéon Sorbonne., Número de páginas: 242, Colección: Derecho del consumo, Prólogo ABREVIATURAS INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y SU CONSIDERACIÓN COMO «RELACIÓN DE CONSUMO» 1.1. La relación jurídica entre Abogado y cliente: contrato de servicios, contrato de obra y contrato de gestión 1.2. La aplicación del TRLGDCU a la prestación de servicios jurídicos 1.2.1. El cliente de servicios jurídicos como «consumidor y usuario»: el consumidor vulnerable 1.2.2. El letrado como profesional ex artículo 4 del TRLGDCU 1.3. La relación del abogado y cliente como una relación de consumo CAPÍTULO II. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS JURÍDICOS 2.1. El deber de información precontractual del Letrado: en especial, el artículo 60 del TRLGDCU 2.2. La integración de la publicidad en el contrato: el artículo 61 del TRLGDCU 2.3. El reconocimiento normativo a las hojas de encargo profesional y su virtualidad como mecanismo de protección de los intereses de las partes del contrato 2.3.1. Las hojas de encargo profesional: del principio de libertad de forma a una exigencia normativa (el artículo 63 del TRLGDCU) 2.3.2. La virtualidad de las hojas de encargo: un mecanismo de protección para las dos partes del contrato A) Las hojas de encargo como medio para acreditar la existencia y el objeto del encargo B) Las hojas de encargo como vía para la determinación del acuerdo económico C) Las hojas de encargo como acreditación del cumplimiento de obligaciones del prestador del servicio CAPÍTULO III. EL PRECIO DEL CONTRATO 3.1. La indeterminación del precio en el contrato de servicios jurídicos: factores condicionantes y la facultad moderadora de los órganos judiciales 3.1.1. Los factores condicionantes en la indeterminación del precio del contrato de servicios jurídicos 3.1.2. La facultad moderadora de los órganos judiciales en la determinación del precio del contrato 3.2. La información sobre los honorarios profesionales: una obligación precontractual en los contratos con consumidores 3.3. ¿El precio de los servicios jurídicos puede ser abusivo?: El control de transparencia sobre el precio del contrato 3.4. La integración del precio del contrato con los criterios orientadores del Colegio de Abogados: una reflexión crítica sobre la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 24 de febrero del 2020 CAPÍTULO IV. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS JURÍDICOS 4.1. Régimen jurídico aplicable a las cláusulas incorporadas a las hojas de encargo profesional: La Ley de Condiciones Generales de la Contratación y el TRLGDCU 4.2. El reconocimiento contractual de la facultad de desistimiento del prestatario del servicio 4.3. Las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad y su relación con el deber de información del abogado sobre los riesgos del proceso 4.4. El control de cláusulas abusivas en los expedientes de jura de cuentas CAPÍTULO V. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ABOGADOS: LOS REGÍMENES APLICABLES, EN ESPECIAL, EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 147 DEL TRLGDCU 5.1. La responsabilidad del Abogado una responsabilidad subjetiva: posible aplicación de otros regímenes de responsabilidad 5.1.1. El régimen de responsabilidad por la actuación negligente de sus auxiliares: especial referencia a la Ley de Sociedades Profesionales A) La responsabilidad por hecho ajeno: los artículos 1903 del CC y 121 del CP B) La Ley de Sociedades Profesionales: un régimen de responsabilidad solidaria 5.1.2. La actuación del Letrado constitutiva de «intromisión ilegítima»: el régimen de responsabilidad previsto en la LO 1/1982 A) La vulneración del secreto profesional como intromisión ilegítima: su escasa relevancia en los servicios jurídicos B) La libertad de expresión del abogado: su contenido especialmente resistente y la intromisión ilegítima del artículo 7.7 de la LO 1/1982 5.2. La aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el art. 147 del TRLGDCU a los servicios jurídicos CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA JURISPRUDENCIA

La pobreza energética es una de las múltiples caras de la pobreza. No siempre visible y no suficientemente conocida. Los datos del Consejo Económico y Social son suficientemente contundentes al afirmar que este tipo de pobreza afecta ya a 54 millones de personas en la Unión Europea. España es el cuarto país de la UE con más personas en tal situación, en 2012 se estimaba que ascendía a 7 millones. Y la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos para la salud de la misma, entre la que se incluyen muertes prematuras o problemas de salud mental entre otros.En el presente trabajo se proponen diferentes medidas de actuación orientadas a la reducción de la pobreza energética. Por un lado se presentan medidas de tipo informativo, y por otro lado medidas de financiación a la inversión en soluciones definitivas, que permiten combatir el problema a medio y largo plazo. Se valora su alcance desde un enfoque de derechos humanos. Energy poverty is one of the many faces of poverty. Not always visible and not sufficiently known. Data from the Economic and Social Council are sufficiently strong to say that this kind of poverty now affects 54 million people in the European Union. Spain is the fourth EU country with more people in such situations, in 2012 it is estimated amounting to 7 million. And the World Health Organization warns of health risks thereof, among which premature deaths included or mental health problems among others.In this paper different policy measures aimed at reducing fuel poverty are proposed. On the one hand informational measures they are presented, on the other hand financing measures to investment in final solutions that allow address the problem in the medium and long term. its scope is valued from the perspective of human rights.

El Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica es en gran parte una norma de carácter programático, cuya eficacia está condicionada a un ulterior e imprescindible desarrollo reglamentario y en la que el Gobierno impone a comercializadoras, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas el coste de las medidas contra la pobreza energética.