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Memoria del Proyecto de innovación docente: «Visionado y análisis de actuaciones judiciales en clase: La elaboración de un dosier digital de videos, escritos procesales, resoluciones judiciales y una metodología docente para su visionado y análisis (Convocatoria 2023-2024, proyecto núm. 55).

La responsabilidad penal de la persona jurídica ha constituido un indudable hito en el sistema penal español. La nueva existencia de un sujeto pasivo del proceso plantea múltiples interrogantes sobre la titularidad de los derechos constitucionales y su alcance. En una primera aproximación, entendemos que es necesario reconocer estos derechos a los entes colectivos, aunque el origen de estos trae causa en la tuición frente a los poderes públicos por razón de la dignidad humana. Esa protección sigue siendo necesaria para las corporaciones aunque no se pueda predicar que es por causa de su propia dignidad, salvo que expandamos este concepto al sustrato humano que contiene toda entidad. Parece claro, en todo caso, que no se puede trasladar miméticamente unos derechos creados para el ser humano a una ficción jurídica como es el ente colectivo, lo que nos aboca a un derecho de segunda categoría. Dentro de los distintos derechos procesales, en concreto el derecho a no declarar contra sí mismo, aunque inicialmente nos inclinemos por su reconocimiento, sin embargo existen sobrados motivos para entender que se trata de un derecho menor, que muchas veces se queda residenciado en un plano programático, teórico o dogmático, pero con enorme dificultad para ser llevado a la práctica de forma efectiva. Analizamos en este trabajo la responsabilidad de la persona jurídica desde la óptica de la autoincriminación en el ánimo de plantear interrogantes y algunas soluciones para que no se aboque a la irrelevancia procesal. Nuestra visión es pesimista. Estamos ante un derecho que, aplicado a las personas jurídicas, languidece. El punto de partida resulta ser una ecuación irresoluble: el deber de colaborar con las Administraciones Públicas en cumplimiento de las distintas obligaciones normativas dela persona jurídica, por un lado y, por otro, el derecho al silencio en orden a no colaborar con su propia autoincriminación..., The criminal liability of corporations and public entities has become an undoubted milestone in the Spanish criminal system. The mere existence of a new passive subject in the judicial process raises obvious questions about the ownership of constitutional rights and their scope. At the outset, these rights must be acknowledged for collective entities, although the origin of such rights has its roots in the tuition athwart the public powers which derivate from basic human dignity. That protection continues to be necessary for corporations, even though it cannot be claimed that it is for the sake of their own dignity, unless we expand this concept to the human substratum that contains every entity. It seems clear, in any case, that rights created for human beings cannot be mimetically transferred to a legal fiction such as the collective entity, which will inevitably lead us to a second-rate right. Within the different procedural rights, specifically the right not to self-incriminate, although initially we are inclined to acknowledge it, however, there are plenty of reasons to understand that it is a minor right, which often remains nestled in a programmatic dimension, theoretical or dogmatic, but extremely hard to put into practice effectively...

El presente proyecto de innovación ha tenido por objetivo la implementación en la Universidad Complutense de Madrid del Nuevo Grado en Estudios Europeos / Bachelor of European Studies (BAES) creado en el marco de la nueva alianza europea de universidades UNA EUROPA integrada por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de la Sorbona (París – I), Universidad Libre de Berlín, Universidad de Bolonia, Universidad Jaguelónica de Cracovia, Universidad de Helsinki, Universidad Católica de Lovaina, y Universidad de Edimburgo.

El precedente judicial desempeña un papel importante en el common law y a través del trabajo realizado por los Tribunales se comprueba que las decisiones judiciales fueron respetadas desde el inicio como forma de desenvolvimiento de la igualdad y la justicia. Su utilización contribuye para optimizar un sistema coherente y estable. Se destaca el valor de la argumentación, principalmente a través del stare decisis. Los criterios interpretativos fundamentados en la decisión judicial han ejercido su influencia en la decisión de casos futuros a través del estudio de la ratio decidendi y de los obiter dicta. El estudio de las técnicas que flexibilizan el sistema permite la utilización de los precedentes vinculantes sin perjudicar la evolución del Derecho.Asimismo, cabe destacar la importancia de las decisiones judiciales en la familia del civil law a través de la jurisprudencia. La irradiación de los valores constitucionales, tanto en España como en Brasil, pone en relieve la aplicación de los principios de seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de la confianza legítima, todos los cuales se entrelazan para fortalecer la necesidad de la uniformización de la jurisprudencia y de la utilización de mecanismos tendientes a realizar esto..., Legal precedents play a major role in common law and, through the work carried out by the courts, it is possible to verify that court decisions have been abided by since the very beginning as a way for equality and justice to unfold. The use of legal precedents has contributed to optimising a coherent and stable system of law. The value of argumentation is highlighted, principally through stare decisis. Interpretative criteria based on court decisions have exerted their influence in the legal decision-making process of future cases by analysing the ratio decidendi and the obiter dicta. The study of the techniques that help to make the legal system flexible makes possible the use of binding precedents without harming the evolution of the Law. Moreover, noteworthy is the significance of court decisions in the civil law family through the use of doctrine. The irradiation of constitutional values, both in Spain and in Brazil, has shed light on the application of rule of law principles, equality in the application of the law and the protection of legitimate trust, all of which are interlocked in order to strengthen the need for the uniformization of doctrine and the use of mechanisms aimed at attaining this...

El precedente judicial desempeña un papel importante en el common law y a través del trabajo realizado por los Tribunales se comprueba que las decisiones judiciales fueron respetadas desde el inicio como forma de desenvolvimiento de la igualdad y la justicia. Su utilización contribuye para optimizar un sistema coherente y estable. Se destaca el valor de la argumentación, principalmente a través del stare decisis. Los criterios interpretativos fundamentados en la decisión judicial han ejercido su influencia en la decisión de casos futuros a través del estudio de la ratio decidendi y de los obiter dicta. El estudio de las técnicas que flexibilizan el sistema permite la utilización de los precedentes vinculantes sin perjudicar la evolución del Derecho.Asimismo, cabe destacar la importancia de las decisiones judiciales en la familia del civil law a través de la jurisprudencia. La irradiación de los valores constitucionales, tanto en España como en Brasil, pone en relieve la aplicación de los principios de seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de la confianza legítima, todos los cuales se entrelazan para fortalecer la necesidad de la uniformización de la jurisprudencia y de la utilización de mecanismos tendientes a realizar esto...

Generar blog para publicaciones de alumnos del Máster Abogacía, con "entradas" dirigidas. Habría análisis desde varias disciplinas añadiéndose estudios con enfoque basado en otras áreas de conocimiento, generando interdisciplinariedad.

Centramos nuestro estudio en la segunda instancia, fase procesal cuya finalidad es permitir el nuevo examen de una cuestión litigiosa sobre la que ha recaído sentencia definitiva. Esta segunda instancia, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, se abre a petición de parte, y de ordinario mediante la interposición del recurso de apelación (nos centramos sólo en el recurso de apelación que abre la segunda instancia, no en el que se interpone frente a resoluciones interlocutorias). Interpuesto el recurso de apelación, el apelado puede adoptar distintas posturas: guardar silencio, oponerse al recurso de apelación, e impugnar a su vez la sentencia en lo que le resulta desfavorable. Los estudios, monografías, obras generales, y textos que de forma más o menos directa estudian, tratan, analizan y desarrollan el recurso de apelación son múltiples, como puede observarse en la bibliografía. Estudian el recurso de apelación desde sus antecedentes remotos a los más próximos; cuestionando, matizando y ampliando el concepto de recurso de apelación, distinguiéndolo de «medio de impugnación»; analizando su fundamento, la naturaleza jurídica, las distintas fases, y su tramitación. Sin embargo, no son tantos los autores que han estudiado de forma específica la concreta fase del recurso de apelación en la que nos queremos adentrar, de antiguo conocida y denominada, incluso con algún resquicio en nuestras vigentes Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), «adhesión a la apelación», «apelación adhesiva», «apelación supeditada» o «adhesión incidental» (como se denomina en el derecho procesal italiano). Dividimos nuestro estudio en dos partes dedicadas a este concreto trámite, diferenciando entre la jurisdicción civil (Parte I), y la jurisdicción penal (Parte II)..., Our study is focused on the second instance, the purpose of which is the reexamination of legal disputes that may arise following a final ruling in a trial court. The second instance, both in civil and criminal jurisdiction, is opened upon request and through the filing of an appeal. In the case of this study, our focus is solely on appeals filed through the appeals court (not those originating from an interlocutory order). Once an appeal has been filed, the appellee can opt to remain silent, object to the appeal, and in turn, question the unfavourable sentence. As can be seen in the bibliography, numerous texts, studies, monographs and general works have already addressed, developed and analysed the appellate procedure. Such works examine the evolution of the appellate procedure, questioning, analysing and amplifying the concept of the appeal. They also aim to distinguish the filing of an appeal from the act of challenging a sentence, analysing the foundations, legal nature, various phases and general proceedings of the appeals court. However, only a small number of authors centre their studies on the specific phase of the appellate procedure into which this study delves: the phase traditionally known, although perhaps with some loopholes in the existing Code of Civil Procedure (LEC) and Code of Criminal Procedure (LECrim.), as the "adhesive appeal", "subordinated appeal" and "adherence to an appeal", or "incidental appeal" in Italian procedural law. Although our study is dedicated specifically to the aforementioned phase of the appellate procedure, we have divided it into two parts, differentiating between civil jurisdiction (Part I) and criminal jurisdiction (Part II)...

El proyecto de innovación núm. 105 del año 2016 se ha desarrollado en el marco de la creación y el empleo de nuevas herramientas tecnológicas de aprendizaje mediante la técnica llamada videodcasting; esto es, la transmisión digital de audio y media mediante internet. En concreto, un grupo amplio y compacto de profesores de Derecho Procesal han generado múltiples videopodcasts de corta duración que cubren todos los temas de la asignatura “Derecho Procesal Civil I”, con la finalidad de ponerlos a disposición del resto de profesores del Departamento de Derecho Procesal de la UCM que haya de impartirla.

Centramos nuestro estudio en la segunda instancia, fase procesal cuya finalidad es permitir el nuevo examen de una cuestión litigiosa sobre la que ha recaído sentencia definitiva. Esta segunda instancia, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, se abre a petición de parte, y de ordinario mediante la interposición del recurso de apelación (nos centramos sólo en el recurso de apelación que abre la segunda instancia, no en el que se interpone frente a resoluciones interlocutorias). Interpuesto el recurso de apelación, el apelado puede adoptar distintas posturas: guardar silencio, oponerse al recurso de apelación, e impugnar a su vez la sentencia en lo que le resulta desfavorable. Los estudios, monografías, obras generales, y textos que de forma más o menos directa estudian, tratan, analizan y desarrollan el recurso de apelación son múltiples, como puede observarse en la bibliografía. Estudian el recurso de apelación desde sus antecedentes remotos a los más próximos; cuestionando, matizando y ampliando el concepto de recurso de apelación, distinguiéndolo de «medio de impugnación»; analizando su fundamento, la naturaleza jurídica, las distintas fases, y su tramitación. Sin embargo, no son tantos los autores que han estudiado de forma específica la concreta fase del recurso de apelación en la que nos queremos adentrar, de antiguo conocida y denominada, incluso con algún resquicio en nuestras vigentes Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), «adhesión a la apelación», «apelación adhesiva», «apelación supeditada» o «adhesión incidental» (como se denomina en el derecho procesal italiano). Dividimos nuestro estudio en dos partes dedicadas a este concreto trámite, diferenciando entre la jurisdicción civil (Parte I), y la jurisdicción penal (Parte II)...

La «apelación reconvencional» es el término que hemos acuñado para referirnos al trámite tradicionalmente conocido como «adhesión a la apelación» o «apelación adhesiva» que regula el artículo 461.1 LEC, consistente en la tardía impugnación de la resolución que pone fin a la primera instancia por aquél sujeto a quien dicha resolución le causa perjuicio o gravamen, ya sea tercero procesal, ya sea el inicialmente apelado, o incluso el inicialmente apelante cuando su apelación «reconvencional» se dirige frente a otro sujeto procesal y con respecto de otro pronunciamiento distinto del inicialmente apelado. En el presente trabajo, por tanto, se justifica el por qué de la denominación «apelación reconvencional»; la legitimación del tercero procesal para recurrir la sentencia dictada en el procedimiento en el que no ha sido parte; y la legitimación del inicialmente apelante para formular a su vez «apelación reconvencional».