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El World Development Report del Banco Mundial de 1993 reconoció la necesidad de que los países en vía de desarrollo inviertan en la salud de sus habitantes para impulsar el crecimiento económico, determinando cambios sustanciales en la forma en que se administran los recursos y se atiende a la población. Por esa razón, las fuentes de financiación de la salud pública cumplen un papel primordial en la garantización de la salud como derecho fundamental, no obstante, la destinación de los recursos deben cumplir los principios de sostenibilidad y eficiencia maximizando así su alcance y cobertura para superar los retos significativos frente a la calidad y la prestación de servicios de salud oportunos. The World Bank's World Development Report of 1993 recognized the need for developing countries to invest in the health of their inhabitants to boost economic growth, determining substantial changes in the way in which resources are managed and health care is taken care of. population. For this reason, public health financing sources play a key role in guaranteeing health as a fundamental right, however, the allocation of resources must comply with the principles of sustainability and efficiency, thus maximizing their scope and coverage to overcome significant challenges to the quality and provision of timely health services.

La creación y difusión de contenidos, así como la profundización del suministro de productos y servicios digitales a través de internet, están construidos sobre la noción de un ente dual consumidor/creador, también identificado como prosumer, el cual se sitúa a su vez dentro de “cadenas culturales de valor” dando forma a nuevos y estimulantes escenarios para emprendimientos fundamentados en la creatividad, la cultura y la colaboración. Dentro de este panorama complejo, la conceptualización de temas fundamentales para la consolidación de las industrias creativas es un proceso aún en curso. No obstante, el momentum, jalonado por la incursión de la denominada “economía digital”, conlleva necesariamente nuevas reflexiones sobre el efecto nocivo que la aplicación ortodoxa de las normas de derechos de propiedad intelectual (dpi) “tal como las conocemos”, puede tener en materia de innovación de nuevos productos/ servicios digitales. El artículo aborda esta problemática en el contexto del mercado de los videojuegos y a partir de allí da algunas recomendaciones en materia de política pública. The creation and diffusion of digital contents as well as the deepening of the supply of digital products and services provide through the internet are built on the notion of a dual consumer/creator entity, also identified as “prosumer”, which in turn interacts in the context of “cultural value chains” shaping new and stimulating scenarios for ventures based on creativity, culture and collaboration. Against this backdrop of technological change, the conceptualization of fundamentals of the creative industries seems to be a continuing process. However, the momentum, marked by the incursion of the so-called digital economy, is leading to a series of reflections on the negative effect that the orthodox application of the iprs rules “as we know”, may have in terms of innovation of new digital products/services. The article addresses this problem in the context of the videogames market and from there generates some public policy recommendations.

Es para nosotros un agrado presentar al público esta obra, vigorosa y ambiciosa, resultado de un proyecto de investigación conjunto, adelantado por profesores italianos y colombianos, los cuales, en un encuentro académico en abril del 2019 en la Universidad Externado de Colombia, se centraron en analizar el tema del incumplimiento y el sistema de remedios contractuales, y también recogieron sus intervenciones, las ajustaron y las enriquecieron para convertirlas en estupendos capítulos de libro, los cuales fueron organizados para componer la presente obra bajo nuestra dirección. Además, fueron invitados otros colegas para enriquecer el contenido de la obra y fortalecer los objetivos nobles con los que inició el proyecto.

Al realizar un balance de la importancia de la expedición de la Ley 1341 de 2009, se observa que trajo significativos avances en materia de competencia, producto de la incorporación de figuras tales como la habilitación general, el registro tic, la regulación por mercados, las políticas en materia de acceso y servicio universal, así como unas primeras aproximaciones a una legislación de carácter convergente, los cuales se configuraron como instrumentos que dinamizaron la competencia, poniéndonos a la vanguardia en Latinoamérica al contar con una legislación en materia de telecomunicaciones acorde con los cambios en la legislación europea, y orientada principalmente a establecer mecanismos para el cierre de la brecha digital, y de esa manera lograr que la sociedad colombiana accediera a la sociedad de la información y del conocimiento.

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31 páginas Desde un punto de vista jurídico positivista-normativista la globalización se presenta como un gran desorden normativo global, e igualmente como la fuente de desorden –cuando no de desestabilización– al interior de los constitucionalismos locales. En cambio, estos últimos suelen presentarse mayoritariamente como procesos tendientes a fijar y a conservar una razón de ser del Estado y de la sociedad, mediante una organización normativa, desplegada con el mayor orden, bajo la idea de un sistema jerarquizado de producción, desarrollo y control del derecho, liderado por una Constitución. A diferencia del derecho interno y del derecho internacional, ambos ligados a la voluntad creadora y legitimadora de los Estados, la idea de un derecho global no se presenta en la realidad como un derecho oficial, sino todo lo contrario; es decir, como un derecho no oficial o, en el peor de los casos, como una suma de normatividades diversas con pretensiones coercitivas a nivel planetario y que, en ocasiones compiten, o en otras se complementan, con el derecho positivo local o con las fuentes formales, en un sentido estricto, del derecho internacional.

La estructura del presente artículo de investigación, comienza con el concepto de sociedad mercantil, destacando la falta de definición en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, situación que es subsanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se aprecia como elemento esencial de su definición, la especulación mercantil, la cual implica la generación de ganancias siempre que estas sean lícitas.

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La resolución como aquella eliminación, disolución o extinción del vínculo contractual es un mecanismo que cubre una pluralidad de supuestos de hecho. En efecto, la resolución puede tener como origen la voluntad de las partes, como sucede con el mutuo disenso, pues la fuerza de la voluntad recíproca de los contratantes tiene la capacidad de extinguir las relaciones creadas precedentemente por ellas. De igual manera, la resolución del contrato puede presentarse debido a que se ha predispuesto por las partes alterar el gobierno habitual del negocio mediante la inserción al reglamento contractual de una condición resolutoria, la cual extingue la relación negocial si acaece un hecho incierto luego de la celebración del contrato. También, la resolución puede ocurrir cuando la voluntad de uno de los contratantes termina el contrato, en pleno ejercicio de una facultad unilateral otorgada convencionalmente.

El tema del presente capítulo se refiere a tres problemas principales que tocan el corazón de la teoría general de la obligación y del contrato, desde la perspectiva específica de la responsabilidad contractual, teniendo en cuenta la comprobación banal de que la hipótesis primaria de incumplimiento de la obligación es precisamente el incumplimiento de una obligación que nace del vínculo contractual: por lo tanto, sería ilusorio querer razonar sobre la relación obligatoria sin tener en cuenta la relación contractual.

El contrato es el corazón del derecho civil, porque es la máxima expresión de la autonomía privada, y esta es el fundamento y la sustancia misma del derecho civil. ¿Y cuál es el corazón del contrato, del derecho de los contratos? Yo considero que es el sistema de los remedios contractuales: porque la verdadera relevancia, el sentido profundo de la disciplina legal del contrato, no se manifiestan en las situaciones fisiológicas en las que el contrato nace con normalidad y funciona con normalidad, sino en los casos en los cuales su modo de ser y de funcionar presenta alguna patología, cuando el contrato padece de algún defecto o perturbación que lo convierten en un contrato problemático.

Una reflexión sobre el cumplimiento requiere una aclaración dogmática de carácter preliminar: en los discursos de los juristas y en el lenguaje legislativo, el término “cumplimiento” es usado para denotar tanto la exacta y correcta ejecución del contrato como el exacto y correcto cumplimiento de la obligación . Baste pensar, en el derecho italiano, en el decisivo art. 1453 del c.c. it., relativo a la violación de los contratos sinalagmáticos, en donde, precisamente, el legislador emplea el verbo “cumplir” para indicar la ejecución de la relación contractual. Como es bien sabido, a pesar de la elección legislativa basada en la tradición francesa, entre ejecución del contrato y cumplimiento de la obligación no hay correspondencia biunívoca.

En este ensayo describo, en primer lugar, un fenómeno que, en Italia, ha conmovido la excepción de incumplimiento y que, a mi juicio, ha definido los desarrollos más recientes (§§ 1-2); posteriormente trato de abordar una perspectiva nueva que nace del uso de la excepción de incumplimiento en los contratos asimétricos y que ha tenido, precisamente en Colombia, una experiencia interesante, en grado de constituir un laboratorio muy útil para prever futuros desarrollos análogos también en Italia (§§ 4-5); con un interludio sobre la reciente regulación de la excepción de incumplimiento en el derecho privado francés, y sobre las novedades que, a propósito de excepción de incumplimiento, plantea esa nueva regulación (§ 3).

De la mención que en el art. 1325 numeral 2 del Código Civil italiano (en adelante c.c it.) se hace de la causa entre los requisitos del contrato –en ausencia de los cuales, al tenor de lo dispuesto en el art. 1418, inc. 2 del c.c. it., es nulo–, como también de lo previsto en los arts. 2033 y 2041 del c.c. it., e igualmente de muchas otras disposiciones del código, se desprende una directriz más amplia, un principio general de nuestro ordenamiento jurídico: el principio del causalismo, en virtud del cual el reconocimiento jurídico de las transferencias patrimoniales, y en general de los desplazamientos de riqueza, está subordinado a la existencia de una razón que los justifique, que sea reconocida como tal a la luz de los valores del ordenamiento.

Los códigos civiles vigentes, en diversas partes del mundo, disciplinan los remedios sinalagmáticos asumiendo que la relación contractual ha sido alterada por el incumplimiento de solo una de las partes. El código civil italiano prevé que cuando, en un contrato bilateral, uno de los contratantes “no cumple sus obligaciones, el otro puede a su elección pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, salvo, en todo caso, el resarcimiento del daño” (art. 1453, inciso 1.°); el código civil colombiano dispone que “en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”, “podrá el otro… pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios” (art. 1546 ); mientras en el code civil francés recientemente modificado se encuentra una disposición que identifica los remedios que pueden ser ejercidos por la parte “respecto de la cual el contrato no ha sido cumplido, o lo ha sido imperfectamente” (art. 1217).

En varias ocasiones (no solo) la Corte Constitucional colombiana (de ahora en adelante: la Corte) ha adoptado decisiones de tutela que abordan el fenómeno del incumplimiento contractual desde una perspectiva en cierta medida novedosa. En efecto, en este tipo de decisiones, (i) para el juez constitucional el incumplimiento de una de las partes del contrato no justifica, a favor del acreedor-insatisfecho, ni el derecho (en estricto sentido, poder) de exigir el cumplimiento de las obligaciones a su favor, ni tampoco, cuando sea el caso, el derecho (en estricto sentido, la inmunidad) de no cumplir las obligaciones a su cargo. Decisiones que, en breve, configuran una especie de deber de tolerancia temporal del incumplimiento.

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La prueba del incumplimiento del contrato resulta un asunto medular de las controversias que a diario se suscitan en los distintos escenarios tanto contractuales como litigiosos. Desde la aproximación a varias instituciones centrales del derecho de los contratos, como la tipicidad contractual, la calidad de los sujetos contractuales y pasando por los principios tutelares de la buena fe y la equidad, el presente trabajo busca ilustrar algunos criterios que le sean de utilidad a los administradores de justicia al momento de abordar las controversias que se deriven del incumplimiento de un contrato, precisando, de un lado, la insuficiencia de la norma contenida en el artículo 1757 del Código Civil, y resaltando de otro lado la relevancia de la disposición novedosa adoptada en el artículo 167 del Código General del Proceso, que adopta la carga dinámica de la prueba. Así mismo, se pone de relieve la existencia de criterios de atribución de la carga de la prueba del incumplimiento de los contratos en el marco de los negocios celebrados por el Estado, en donde la remisión al derecho privado nos lleva criterios similares, con acento especial en la calidad de las partes. How to probe the breach of contract is a crucial issue for controversies both in litigation and in contractual scenarios. This article is aimed to illuminate some criteria, which would be useful for adjuratory authorities, to interpret the factual finding of a breach of contract based on many foundational institutions of the law that governs contracts, such as contractual typicity, contractual parties, good faith, and equity. More specifically, it points out the insufficiency of article 1757 of the Colombian Civil Code, and also stresses the relevance of such a novel rule as article 167 of the Colombian General Procedural Code, which establishes the dynamic burden of proving. Also, it emphasizes the existence of criteria to assign the burden of proof of breach of contract in agreements made with state-owned entities, in which the applicable law brings to private law, and similar criteria. The article especially studies the condition of the parties. Maestría Magíster en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea

El contrato de agencia comercial se ha convertido en uno de los tipos contractuales mayormente utilizados en la época contemporánea para el relacionamiento y disposición de intereses, debido al inminente crecimiento de la economía y la necesidad de los empresarios de expandir sus negocios no solamente a nivel local sino a otras latitudes. La figura del agente comercial ha presentado una evolución a lo largo del tiempo, iniciando su reconocimiento como una parte débil de la relación frente al empresario o agenciado para luego ser analizada su posición desde el ámbito de la igualdad o la paridad, pues se abandonó la idea del agente como un sujeto de reducidas posibilidades y se empezó a ver su incidencia en el mercado con poderío y con un mayor nivel de jerarquía. Por tal razón, se analiza la evolución del contrato de agencia hasta la actualidad, se estudia cada uno de los elementos que componen su existencia y se pone en evidencia la centralidad de la cesantía comercial como un elemento fundante del tipo contractual. The Commercial Agency Agreement has become one of the most used types of contracts at the present time, on account of the economy´s development and the entrepreneurs’ necessity of expanding their businesses at international levels. Over time, the concept of the business agent has evolved, it began acknowledging him as the weak party of the contract, in contrast with the principal´s or entrepreneur´s position, which was considered stronger. Subsequently, agent and entrepreneur, where recognized as equals parties, as a result of considering the agent a subject of great bargaining power and at a higher economic level. In consequence, this document will analyze the development of the commercial agency contract, the elements of its legal existence, and the importance of considering the commercial indemnity, regulated by the Colombian law, as an essential element of the contract. Maestría Magister en Derecho Privado, Persona y Sociedad con énfasis en Contratación Contemporánea

44 páginas Hace 111 años, el 18 de diciembre de 1908, el juez primero civil del Circuito de Bogotá, doctor Ismael Arbeláez, designó a Marco A. Muñoz curador especial de una niña de siete años llamada María Tulia Murillo, con el fin de aceptar el reconocimiento de hija natural que su madre, Edelmira Murillo, deseaba hacerle. Aceptado el encargo, días después el juez lo posesionó, procedió a discernirle el cargo y lo autorizó para ejercerlo.

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El derecho colombiano, siguiendo el modelo del Código Civil francés de 1804, reconoce la resolución judicial por incumplimiento, consagrada en el artículo 1546 del Código Civil y el 870 del Código de Comercio, como el mecanismo de tutela más drástico con el que cuenta el acreedor y cuya principal característica es que es forzoso el recurso al juez para poner fin al contrato. Este aspecto, que es definitivo para comprender la lógica del sistema remedial que aún conserva el derecho colombiano, encuentra sus orígenes en la influencia que los redactores del Code recibieron del derecho canónico. En efecto, al construir la resolución, los canonistas la concibieron como un castigo. Al poner el acento en el vínculo que sirve a unir las obligaciones de cada parte, extrajeron la siguiente regla: aquel que no respeta su promesa, pierde el derecho de exigir la ejecución de la cual es acreedor. No respetar la palabra dada era un pecado porque estaba visto como una mentira. Esta concepción moralista fue la que justificó que el único que pudiese declarar la resolución del contrato fuese el juez y que, por lo mismo, empezase a rechazarse de manera categórica y casi que absoluta cualquier forma de justicia privada. Frente al riesgo de que un acreedor diese por terminado arbitrariamente un contrato, dejando en completo desamparo al deudor, el ordenamiento instituyó al juez como garante no solo de sus intereses, sino también de los del contrato, reforzando de esta manera la protección de su fuerza obligatoria.

Incumplido el contrato, se ingresa al plano de la responsabilidad contractual que se estructura por la presencia de los elementos que la definen, el daño consistente en la lesión del derecho de crédito del contratante cumplido, que proviene del incumplimiento del deudor incumplido. El tema objeto de este análisis comprende el estudio del interés del acreedor que pretende que el deudor ejecute la obligación en su sentido originario o in natura, pretensión principal que se integra con la petición de indemnización de los perjuicios derivados de la mora. Desde el punto de vista del derecho sustancial, el código civil y el de comercio regulan esta forma de satisfacción del derecho de crédito del contratante acreedor, en disposiciones generales que atienden las consecuencias del incumplimiento del contrato. De igual manera, lo hacen en disposiciones especiales definidas en consideración a la naturaleza del contenido de la prestación debida, que puede ser de dar, hacer o no hacer, como también en atención a determinadas tipologías contractuales.

Mucho ha cambiado en materia de indemnización de perjuicios contractuales desde la promulgación del Código Civil en el siglo XIX. Para la época, se entendió que, debido a que el contrato tutelaba únicamente derechos de carácter relativo (de crédito o patrimoniales), las consecuencias derivadas de su incumplimiento debían tener necesariamente esa misma naturaleza, es decir, naturaleza patrimonial o económica. Otro tipo de consecuencias, como las extrapatrimoniales, solo podían ser atendidas por la responsabilidad aquiliana, en la medida en que ellas eran consideradas imprevisibles en el mundo contractual; por lo que eran tenidas como normalmente no indemnizables. Pues bien, a la fecha, ya no es cierto ni lo uno ni lo otro.

El régimen de las restituciones tiene una relevancia práctica marcada en la medida en que permite determinar los rubros y los montos de las condenas en contenciosos contractuales de diversa naturaleza. Se trata de una materia compleja, con importantes puntos de incertidumbre y de debate en nuestro ordenamiento jurídico. Dicha complejidad deriva en parte del hecho de que la eliminación del contrato del mundo jurídico y material implica tener en cuenta diversos factores, tales como el motivo que ocasionó su desaparición, la naturaleza de las prestaciones ejecutadas, las eventuales interferencias con la responsabilidad que pueda ser atribuida a uno o ambos contratantes, así como el tiempo transcurrido entre la ejecución de las prestaciones y el anonadamiento del contrato. Pese a ello, este tema ha merecido poca atención de la doctrina nacional.

El acreedor tiene derecho a que se le cumpla debidamente, es decir, a que exista una correspondencia de la prestación ejecutada con la prestación prevista según las condiciones expresas, o implícitas que se derivan del contrato. Por lo tanto, toda desviación de las obligaciones derivadas del programa contractual considerado en su globalidad constituye incumplimiento. Ese incumplimiento puede derivar de diferentes situaciones: bien porque “el deudor no ha realizado ningún acto dirigido a poner en práctica la prestación comprometida”, bien porque “ha realizado actos dirigidos a cumplir, pero esa prestación no coincide o no se ajusta a la prevista al constituirse la obligación”, es decir, realiza la prestación, pero de forma defectuosa (defecto de tiempo, calidad o cantidad).

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Disertar propiamente sobre el tema del incumplimiento de las obligaciones contractuales es poco común, pues recurrentemente se tiene prisa por pasar al escenario de los llamados “remedios” o tutelas ante el incumplimiento de dichas obligaciones. Ello ha encontrado eco en una exacerbada tendencia de fomentar la tutela del crédito, que no encuentra correspondencia con una concepción humanista de la obligatio como la que propone la tradición romanista, en la que la tutela paritaria de acreedor y deudor resulta imperativa. De otra parte, tampoco resulta viable valorar el incumplimiento de las obligaciones contractuales limitándonos a la estrecha consideración formal de la constatación de las condiciones externas del cumplimiento, ligada a los sujetos, al objeto, al tiempo, al lugar, a la imputación del cumplimiento, o en simple clave de responsabilidad del deudor desde la exclusiva perspectiva de erigirse el cumplimiento en medio de extinción de la obligación, sino que es preciso acudir a una consideración sustancial del cumplimiento ligada al logro de la función del negocio; consideración esta en la que la integración del contenido del contrato adquiere relevancia fundamental, en la medida en que a través del valor normativo de la buena fe se dimensiona el contenido funcional de las obligaciones de las partes.