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Este artículo de investigación tiene como objetivo, exponer la manera en la que los derechos fundamentales de las personas del Área Metropolitana de Bucaramanga se ven protegidos a través del mecanismo jurídico denominado «derecho de petición de atención prioritaria», con el fin de identificar su eficacia. Para ello, se utilizó como base de análisis los casos presentados en el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. En el desarrollo de este trabajo se aplicó un método investigativo de tipo cuantitativo, el cual se vio materializado en el análisis de los diferentes documentos presentados durante el desarrollo de casos en el Consultorio Jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. En ese sentido, se realizó un estudio de derechos de petición con atención prioritaria y las acciones de tutela, en los casos en que fue necesario acudir ante la jurisdicción para la protección de los derechos fundamentales del usuario de Consultorio Jurídico. Lo anterior, con el fin de establecer la eficacia del mecanismo sujeto a estudio. Como se evidenció en los resultados, al derecho de atención prioritaria no se le está dando el tratamiento jurídico especial consagrado en la ley, tanto por las entidades públicas como las privadas. Como conclusiones, observamos que, la figura es usada en su mayoría para la protección del derecho a la salud y aun haciendo uso de este derecho de petición las entidades no responden en los términos legales.

[ES]La Constitución Española de 1978 (CE) consagró, en su Art. 24, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dicho precepto, en su apartado primero, estableció el llamado derecho al recurso o acceso al juez, el cual se manifiesta, entre otros, mediante el derecho a la tutela cautelar, instrumento garante de la efectiva tutela jurisdiccional. En esta interpretación del contenido de la tutela judicial efectiva fue pionero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, por su influencia, devino en el ordenamiento contencioso-administrativo Español una ampliación del modelo originario y tradicional de medidas cautelares basado en la excepcionalísima y única medida de suspensión del acto administrativo. Este derecho fundamental obligó a compatibilizar el privilegio de autotutela de la administración y su principal efecto: la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo con la utilización, por parte del juzgador, de las medidas cautelares necesarias y adecuadas para garantizar la finalidad legítima al recurso o la efectividad de la sentencia.

El debate sobre la utilización de instituciones privadas por parte de los poderes públicos para la participación e intervención en la actividad económica, nos sitúa dentro de la denominada huída al derecho privado por parte de las Administraciones Públicas. Este fenómeno ha ido decantando problemas en torno a la naturaleza jurídica real de las figuras jurídicas importadas del derecho privado utilizadas por la Administración y a su correspondiente normativa reguladora pública, privada o mixta. En el presente artículo, se pretende analizar las posibilidades constitucionales y legales de las que dispone la Administración Pública, dentro de un estado social de derecho, para realizar sus fines a través del uso de instrumentos propios del derecho privado. Afirmado lo anterior, se definirán en primer lugar, las pautas que debe tener en cuenta la Administración Pública para elegir entre instrumentos de carácter público o privado. En segundo lugar, se hará lo propio con los criterios conforme a los cuales se debe determinar la naturaleza jurídico-pública o jurídico-privada de un ente utilizado por la Administración. Finalmente, se abordará la problemática inherente a la naturaleza jurídica de la Sociedad Anónima Pública y al carácter público o privado de su regulación.AbstractThe debate about the use of private institutions by the public administration to participate and intervene in the economy, place us within the so called “flight” of the Public Administration to the private law. The main problems generated by these phenomenon’s deal with the legal nature of these instruments regulated by private law but used by the Administration and, therefore, the confusion of its regulation (public law, private law or mixed). In this paper, it will be defined, first of all, the steps (and the criteria) that the Administration has taken into account in order to choose between private or public law regulated instruments. After that, it will be necessary to discuss the criteria according to which the effectiveness of public-law o private-law nature of an entity used by the Administration will be determined. Finally, it will be briefly analyzed the problem related to the juridical nature of a public corporation regarding its public or private regulation.