Search

El presente artículo examina las disposiciones normativas contra la delincuencia en Santa Fe, virreinato de la Nueva Granada, enfatizando en el problema de los hurtos. Se muestra que estos delitos empezaron a ser percibidos por parte de las autoridades locales y monárquicas como un problema social que podía solucionarse y prevenirse por medio de una justicia ordinaria más efectiva y el uso de castigos utilitarios. El artículo argumenta que en esta política penal incipiente, que incluía disposiciones generales de la Corona y medidas locales, están las raíces de lo que más adelante sería la cuestión penal en Colombia.

Este artículo busca aportar a la historia procesal penal colombiana anterior a la existencia de códigos procesales al examinar la estructura de los juicios criminales ordinarios en el virreinato de la Nueva Granada. Específicamente, la investigación se llevó a cabo por medio del análisis de todos los juicios por hurtos, los delitos más comunes en la jurisdicción de Santa Fe. Con base en este análisis, el artículo argumenta que la estructura procesal mixta de origen castellano se mantuvo a lo largo del periodo estudiado, además de observarse una creciente autonomía y ajuste formal de los procesos a pesar de los rasgos informales y socialmente difusos que permanecían en la práctica. También se muestra que la práctica de la declaración indagatoria comenzó a llevarse a cabo a finales del periodo colonial a través de la actividad judicial de la Real Audiencia en primera instancia.

Reseña del libro: Pietro Costa, El Estado de derecho. Una introducción histórica, Derecho Global Editores, Grupo Editorial Ibáñez, trad. de Rafael de Javier Espinoza de los Monteros, 2020, 195 pp.

Este artículo estudia los procesos penales por hurtos en Bogotá y Popayán, sedes de Cortes de segunda instancia de la justicia ordinaria en la República de Colombia, con el fin de aportar elementos para la comprensión del problema de la transición jurídica después de la ruptura política con España. El trabajo comienza examinando la estructura de la justicia criminal ordinaria y sus limitaciones materiales e institucionales. En segundo lugar, muestra que los juicios penales seguían teniendo una estructura mixta propia de la cultura jurídica castellana del virreinato de la Nueva Granada. En tercer lugar, se refiere a las innovaciones normativas penales republicanas que comenzaron a usarse en la práctica procesal, al uso judicial de la doctrina, y a las diferencias que existieron entre ambas ciudades en tales sentidos. Lo anterior permite hablar de una “cultura jurídica de transición” para este contexto, caracterizada por continuidades y cambios asimilados de forma irregular en términos funcionales y territoriales. La investigación muestra que en Bogotá, antiguo centro político y jurídico del Nuevo Reino de Granada, pesó más la continuidad de la tradición vigente en los juicios, mientras que en Popayán hubo una mayor apertura a las innovaciones jurídicas republicanas.

El presente artículo se aproxima al Derecho penal de transición entre el orden jurídico castellano-indiano del virreinato de la Nueva Granada y orden jurídico republicano, enfocándose en la legislación contra ladrones anterior al Código Penal de 1837. Esta legislación pretendía resolver el problema de los hurtos que había aumentado después de la Independencia. Inicialmente, durante la República de Colombia, predominó la dureza en los castigos, mientras que ya en la República de la Nueva Granada la legislación fue más moderada. Se muestra que la forma y estructura de estas leyes aún estaba influida por la cultura jurídica del virreinato, a pesar de los cambios en el discurso penal de las constituciones de 1821 y 1832, de índole ilustrado-liberal. Al mismo tiempo que dicha legis­lación pretendía resolver un problema concreto, continuaron los debates sobre el Código Penal que, en 1837, daría inicio al Derecho codificado nacional. Esta política penal temprana también buscó mejorar los establecimientos de castigo, aunque sin éxito. Así, el Estado en ciernes aun estaba lejos de establecer un ver­dadero sistema penal. Para la investigación se usaron fuentes diversas buscando entender la legislación dentro de su contexto político e ideológico.