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El autor analiza cómo fue la recepción de la excepción de incumplimiento en el derecho francés y cuáles son las características más relevantes de la figura dilatoria. Luego se centra en un análisis del artículo 1219 de la ordonnance que reforma la sección del derecho de contratos del Code Civil, el cual consagra expresamente la exceptio non adimpeti contractus y cuya aplicación se limita a los supuestos de hecho en los que el incumplimiento de la contraparte es suffisamment grave. El autor sostiene que la reforma debió consagrar expresamente la buena fe como límite al ejercicio de la excepción de incumplimiento, en cuanto es protectora del equilibrio, considera la reciprocidad del vínculo contractual en su integridad y la proporcionalidad en las prestaciones presentes en el contrato, como también excluye abusos en su ejercicio, funciones éstas que no siempre se evidencian mediante la exigencia de la gravedad del incumplimiento. Además, sostiene que mantener la gravedad del incumplimiento como requisito de ejercicio para la resolución por incumplimiento y para la exceptio puede generar confusiones y ambigüedades, así como la incorrecta aplicación de la misma excepción de incumplimiento.

En el contexto de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establecen algunas medidas en el Decreto 902 de 2017 con el fin de facilitar la implementación de una reforma rural integral. Esas medidas pueden ir en contravía de la protección a la propiedad privada. El autor propone una lectura de la protección de la propiedad privada legítimamente adquirida con base en los principios generales del derecho, la buena fe y la confianza legítima, con el fin de evitar equivocaciones en el momento de aplicar el Decreto 907 de 2017.

La terminación del contrato por mutuo acuerdo utilizada en el derecho contemporáneo no se puede encuadrar en los esquemas de la experiencia jurídica romana, donde nació como respuesta a la exigencia de terminación de los contratos consensuales mediante la aplicación de la correspondencia entre acto de constitución y extinción del vínculo negocial; así mismo, hacía referencia a un pacto ex intervallo cuya eficacia se encuadraba en los juicios de buena fe con límites en su empleo por la res integra; que permitía su aplicación de forma razonable y justa, así como garantizar a las partes el cumplimiento del fin por el cual celebraron el acuerdo resolutorio y evitar situaciones desventajosas para alguna de ellas.

El presente artículo trata del alcance y de los límites del deber de información, para lo cual, se establece que el deber de información es una obligación emanada de la buena fe y su cumplimiento permite el pleno uso de la libertad contractual en cuanto facilita decidir la conveniencia del negocio, prevenir los riesgos, determinar el alcance de las obligaciones y derechos asumidos. Adicionalmente se establece que la información suministrada deberá ser clara, oportuna y transparente, de manera que permita que el deber de información se cumpla de forma substancial y no meramente formal. Por último, el autor devela los límites que impone la buena fe al deber de información en forma tal de dotar a dicho deber de contenido, eficacia y precisión.