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Resumen Al final de la hegemonía conservadora (1926-1930) se agudizaron las huelgas y movilizaciones obreras. El gobierno, temeroso de la expansión de la Revolución Bolchevique, lanzó acciones represivas y una ofensiva jurídica contra esas manifestaciones y toda organización política “socialista”. Una de las herramientas para tal propósito fue la ley 69 de 1928 de Defensa Social o “ley heroica”, que establecía una férrea censura de prensa, convertía en delitos tanto a las manifestaciones públicas de protesta como “el provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad y la familia”. El artículo reconstruye la trayectoria de la ley heroica hasta su modificación parcial en 1931, bajo el nuevo gobierno Liberal; la sitúa en su contexto político y además examina uno de sus más importantes diseños institucionales: los jueces de prensa y orden público.

CONTENIDO: Estado, constitución y democracia. Derechos humanos colectivos y multiculturalismo: respuesta a las críticas universalistas y desarrollo constitucional en Colombia / Natalia Rodríguez Uribe -- Colisión de derechos grupales y derechos individuales. Estudio de caso / Jorge Andrés Illera Cajiao, Yesid Echeverry Enciso -- La última Corte Suprema de Justicia de la hegemonía conservadora en los inicios del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, 1934-1935 / Mario Alberto Cajas Sarria -- Metafísica, esencialismo y panrelacionismo en la filosofía del derecho / Abdón Mauricio Rojas -- Protección social. La reforma pensional y las mujeres: ¿Cuándo será que dejarán de "hacernos el favor"? / Lina Fernanda Buchely Ibarra, María Victoria Castro Cristancho -- Apuntes sobre la implementación del concepto de piso de protección social en Colombia / Mauricio Lenis Gómez -- El papel del derecho en el desarrollo económico colombiano / Diana Patricia Quintero Mosquera -- Derecho privado y mercado. Contratos conexos: fundamentos y efectos / Fernando Gandini Ayerbe -- Dogmática penal y criminalogía. Derecho penal de enemistad. Aproximaciones críticas al debate / Yesid Echeverry Enciso, Jefferson Jaramillo Marín.

Una de las características presentes en la historia del constitucionalismo colombiano es el reformismo constitucional. La sucesiva reforma a las Cartas Políticas puede entenderse como expresión de la inestabilidad institucional o como del legado del ideario revolucionario francés que no concedía la categoría jurídica a la Constitución, sino más bien un carácter político, y que por lo tanto permitía al órgano representativo la permanente actividad constituyente.

El artículo rastrea el rol político de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en particular entre 1953 y 1956. Para esto, aborda las relaciones entre el gobierno del general Rojas y la Corte Suprema durante el período mencionado, y los modos como en distintos momentos el régimen militar trató de afectar la independencia del tribunal. El control constitucional de los decretos y reformas constitucionales durante el gobierno de Rojas deja ver los comportamientos estratégicos del tribunal, y las interdependencias entre el derecho y la política. The paper explores the political role of the Supreme Court of Colombia during the government of General Gustavo Rojas Pinilla, particularly from 1953 to 1956. It deals with the relationship between the government of General Rojas and the Supreme Court during the abovementioned period, and the ways in which the military regime tried to affect the independence of the court at different times. The constitutional judicial review of decrees and constitutional reforms during the Rojas administration reveals the strategic behavior of the court, and the interdependencies between law and politics. Este artigo indaga o papel político da Suprema Corte de Justiça da Colômbia no governo do general Gustavo Rojas Pinilla, em particular entre 1953 e 1956. Para isso, aborda as relações entre o governo do general Rojas e a Suprema Corte durante o período mencionado, e os modos como os diferentes momentos o regime militar tentou afetar a independência do tribunal. O controle constitucional dos decretos e reformas constitucionais durante o governo de Rojas permite ver os comportamentos estratégicos do tribunal, e as interdependências entre o direito e a política.

La primera parte del artículo replantea el debate sobre los orígenes del control constitucional en Colombia, tomando en consideración los textos constitucionales que establecieron nociones sobre la defensa de la Constitución, los contextos en que aquellas surgieron, así como el diseño institucional y sus implicaciones en el ejercicio del control judicial de la Constitución. El segundo apartado narra la historia de la Corte Suprema de Justicia entre la expedición de la Constitución Nacional de 1886 y la reforma constitucional de 1910. Explora el contexto político en que operó una Corte erigida para ser guardián del proyecto político -y jurídico de la conservadora y refundadora Regeneración, y la experiencia de ese tribunal en distintos momentos de una trayectoria en donde pasó de ser corte de casación a convertirse en juez constitucional. Esta narrativa pone en evidencia la debilidad de las interpretaciones doctrinales evolucionistas que ven en la creación de la acción pública de inconstitucionalidad una inevitable continuación y desarrollo del “control constitucional” que se estableció desde 1886, y de aquellas que incluso afirman que ese control se remontaría mucho más atrás en el tiempo.

Este trabajo intenta una aproximación a los usos locales de los Tratados de Legislación Civil y Penal en la Nueva Granada, entre 1820 y 1835. Sostiene que la recepción local de la obra tal vez no logró influir en el trabajo legislativo de los primeros años de vida republicana. La producción legal inspirada en la obra de Bentham se limitó a la expedición de la Ley 18 de 1826, que adoptó el nuevo Plan de Estudios y ordenó la enseñanza de los Tratados de Legislación Civil y Penal en los estudios de jurisprudencia, y a la Ley de 1835, que los reimplantó después de su prohibición por orden de Simón Bolívar. Se sugiere que el ideal de una reforma legal universal como la planteada por Bentham no se hizo realidad en estos primeros años de vida republicana y que su obra, tal vez, tuvo un uso local impredecible: la educación legal. Por lo tanto, se afirma que el uso de Tratados de Legislación Civil y Penal pudo tener como propósito la reforma educativa para formar a las nuevas generaciones de juristas, que, se creía, realizarían las transformaciones legales necesarias para la racionalización del Estado, como lo pretendían algunos de los primeros gobernantes de la República. This article intends an approach to local uses of Tratados de Legislación Civil y Penal by Jeremy Bentham, between 1820 and 1835. It argues that his work may have failed to influence the law-making in the early years of Republican Age on a local context. Legislation inspired by Bentham's approaches were limited to the enactment of "Ley 18 de 1826" which adopted the "new curriculum" and ordered the teaching of the "Tratados de Legislación" in Jurisprudence curriculum, and "Ley de 1835" that reintroduced those studies after being banned by order of Simon Bolivar. It is suggested that the ideal of a universal legal reform as proposed by Bentham did not occur in the first years of republican life and his work, perhaps, was a local unpredictable application on legal education. Therefore, it may be stated that the use of Tratados de Legislación Civil y Penal may be aimed at "Educational Reform" to train new generations of lawyers who, it was believed, would frame the legal changes that were needed to rationalize the State: as it was intended by some of the Founding Fathers of the Republic.

Colombia vivió una cruda violencia bipartidista durante la primera mitad del siglo veinte.2o Tal vez la época más crítica fue la comprendida entre 1948 y 1957, que se agudizó con el asesinato del líder liberal y precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, yen cuyo período hubo cuatro presidentes de la República y una Junta Militar de Gobierno.

Este artículo analiza el grado de cumplimiento de la recomendación impartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano en lo relacionado con la entrega de tierras a la comunidad indígena nasa paez, afectada por la masacre de Caloto, Colombia, ocurrida en 1991, así como de los compromisos que con ese propósito ha suscrito el Estado con los nasa. De igual modo, este trabajo explora aspectos de la movilización indígena en torno a la masacre, las recomendaciones y a los acuerdos relacionados con el caso Masacre de Caloto.

Una de las características presentes en la historia del constitucionalismo colombiano es el reformismo constitucional. La sucesiva reforma a las Cartas Políticas puede entenderse como expresión de la inestabilidad institucional o como parte del legado del ideario revolucionario francés que no concedía la categoría jurídica a la Constitución, sino más bien un carácter político y que, por lo tanto, permitía al órgano representativo (Congreso, Asamblea o Parlamento) la permanente actividad constituyente, en virtud de la teoría de la soberanía nacional

Las reformas o las Constituciones han sido aprobadas, por regla general, por el Congreso, y eventualmente por asambleas constituyentes. En ambos casos las propuestas de reforma, en una gran medida coinciden con la agenda gubernamental o se originan en iniciativas del Presidente de la República, o que él se encarga de impulsar en el Parlamento, con quienes pertenecen a su partido o colaboran con su gobierno. En la mayoría de ocasiones, las reformas constitucionales corresponden a promesas electorales. En un régimen presidencial como el colombiano, el Presidente casi siempre termina imponiendo sus reformas. Algunas de éstas son aprobadas en el Congreso, pero luego derrotadas jurídicamente por el control judicial. De esta manera, cuando los jueces constitucionales ejercen el control de la reforma, se convierten en límite al presidencialismo. Cuando el juez constitucional limita las reformas, se produce una gran tensión con el Congreso, pero, como una prueba del hiper~presidencialismo colombiano las reacciones institucionales más enérgicas, provienen del Ejecutivo.

Bibliografía

El control de los vicios de procedimiento (1992-2003). La Constitución de 1991 establece expresamente que los actos reformatorios de la Constitución deben ser controlados por la Corte Constitucional. Se elevó a norma constitucional la interpretación que la Corte Suprema de Justicia convirtió en precedente jurisprudencial a partir de la sentencia del 5 de mayo de 1978.

Colombia vivió una cruda violencia bipartidista durante la primera mitad del siglo veinte. Tal vez la época más crítica fue la comprendida entre 1948 y 1957, que se agudizó con el asesinato del líder liberal y precandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, y en cuyo período hubo cuatro presidentes de la República y una Junta Militar de Gobierno.

Durante la campaña presidencial del año 2002, el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, insistia en la recuperación del orden público y la necesidad de " derrotar el terrorismo" en Colombia. Desde el inicio de lo que seria su primer período constitucional (2002-2006), el gobierno Uribe formuló la "política de seguridad democrática". Varías serían las herramientas jurídicas y las estrategias poliíticas para ponerla en movimiento y lograr una amplia "sínton+ia social" sobre su urgencia. Una de las reformas constitucionales que se tenía como necesaria para la lucha contra el torrismo sería el "Estatuto antiterrorista" que fue aprobado por el Congreso de la República en el año 2003. Esa sería solo una las siete reformas a la Carta Política logradas por el gobierno Uribe gracias a la amplia mayoría parlamentaria con que contaria en su cuatrienio (otra de esas reformas sería la que en el 2004 permitiiría la reelección inmediata dle propio presidente Uribe en el 2006).