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La consulta previa a los pueblos indígenas en México se fundamenta en el reconocimiento internacional y el marco jurídico nacional que busca proteger y promover los derechos de estas comunidades. Este proceso garantiza que los pueblos indígenas puedan participar en decisiones que afectan sus vidas, territorios y recursos. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son claves en este reconocimiento. A nivel nacional, la Constitución y diversas leyes refuerzan este derecho. Sin embargo, la implementación de la consulta previa en México ha sido inconsistente, enfrentando desafíos como la falta de claridad en los procedimientos y la resistencia de algunas autoridades y empresas. La reciente sentencia de la SCJN en el caso de la Planta de Amoniaco 2200 en Topolobampo subraya la obligación de realizar consultas genuinas y efectivas con las comunidades indígenas desde las primeras etapas de cualquier proyecto que las afecte.

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El artículo tiene por objetivo presentar el uso de la técnica de análisis cuantitativo regresión logística multinomial para la identificación de los principales factores que inciden en la optimización del relacionamiento entre empresas y comunidades étnicas en escenarios de procesos de licenciamiento social y responsabilidad social empresarial (RSE). A partir del uso de la regresión logística multinomial se explicarán los principales factores que inciden en la optimización de los escenarios de diálogo, reconocimiento y construcción de consensos entre empresas y comunidades étnicas. El caso analizado se refiere a una compañía de inversión, la cual ha debido tramitar una serie de licencias sociales frente a comunidades étnicas a través de la consulta previa en la ciudad de Cartagena de Indias, lo anterior para poder dar inicio a proyectos de intervención en sus territorios. Se obtiene como resultado que el éxito en la gestión del relacionamiento de la empresa con la comunidad se basa en la confianza que logre generar al interior de esta última y en su involucramiento activo en los procesos orientados al desarrollo, fortaleciendo el tejido social a través de la comunicación, el diálogo y la implicación. Dentro de las principales conclusiones se destaca que la regresión logística multinomial es una técnica de análisis de enorme utilidad para analizar el relacionamiento de una empresa con una comunidad étnica en el marco de una consulta previa, así mismo constituye método confiable para la toma de decisiones informadas y responsables en este tipo de escenarios.

La Constitución Política de Colombia reglamenta el pluralismo, y de ahí se desprende el derecho a la consulta previa, la cual es una garantía constitucional para las comunidades étnicas. La Constitución también reglamenta la propiedad intelectual, que involucra los derechos del obtentor. Pero se ha puesto en discusión la primacía del derecho a la propiedad intelectual y el pluralismo, como en el caso del Tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, ratificado mediante la Ley 1518 de 2012, que fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-1051 de 2012, por no haber agotado el requisito de consulta previa. Este artículo pretende analizar cómo el pluralismo en toda su extensión afecta la implementación de tratados internacionales relacionados con propiedad intelectual como la UPOV de 1991.

Objective/Context: With a modernizing discourse and business partners, former Peruvian president Alan García led the sale of indigenous Amazonian lands to oil companies. The Awajun and Wampis peoples responded, alongside national and international allies, by demanding the application of ILO Convention 169 through various mobilizations known as "el Baguazo" (2007-2009). This study analyzes, from a deliberative perspective, how the visibility of the arguments and cultural representations of indigenous peoples influenced their self-representation in the public sphere. Methodology: Based on the review of journalistic sources, government reports, statements from national and international organizations, and literature on social conflict and indigenous peoples, the chronology and discourses of the conflict were reconstructed. Conclusions: The mobilized indigenous communities self-represented, expressing their demands and cultural identities (cosmogonies, notions of territory, and development), opposing the sale of their lands. In this way, public spaces emerged, breaking into the national imagination, where sectors of the Peruvian citizenship recognized them for the first time. A network of allies reproduced and supported the indigenous arguments, lending them credibility to those who were unfamiliar with them. However, it was a partial advance as it remained limited to the cultural sphere without translating into the political realm, which is evident in the obtained Law of Prior Consultation (2011), which disregarded their sovereignty. Originality: While the literature on socioenvironmental conflicts focuses on actors and strategies, this article emphasizes the arguments of indigenous peoples, their deliberation, dissemination, and power of persuasion in the face of the rest of the Peruvian citizenry. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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En este artículo analizo la categoría “comunidad étnica” como mecanismo de la gubernamentalidad que gestiona y reactualiza la diferencia étnico-racial en Colombia. Para ello, examino su emergencia y uso en los procesos de la Consulta previa libre e informada. Acudo a la revisión y análisis de sentencias de la Corte Constitucional, a entrevistas en profundidad y a la observación participante en la Orinoquía para mostrar cómo la reflexión jurídica sobre los derechos a la diferencia produce nuevas subjetividades que se presentan como anteriores al Estado nación, a la vez que agencia nuevas estructuras burocráticas estatales. Este trabajo se enmarca en la antropología del Estado y se sustenta principalmente en las teorías de las identidades y la gubernamentalidad.

La Consulta Previa, se ha constituido en los últimos años como un mecanismo mediante el cual las comunidades pueden ejercer el derecho a la participación sobre los proyectos, actos o medidas legislativas que los puedan afectar directamente; sin embargo, su aplicación en el contexto colombiano presenta diversas problemáticas, esto debido a inconvenientes como la falta de claridad la consulta previa y sus productos producto del poco tratamiento legal sobre el tema. Por medio de una revisión documental del concepto de consulta previa, la naturaleza jurídica de la consulta previa y del acuerdo y el desacuerdo producto de esta, esta investigación analizó los efectos jurídicos-vinculantes derivados de los actos producto de las consultas previas en comunidades étnicas sobre actos administrativos que afectan directamente el medio ambiente; de esta forma se concluye que el carácter de derecho fundamental hace que el incumplimiento del procedimiento de consulta precia y el acuerdo que resulta de esta es una violación directa del derecho que se puede proteger vía tutela produciendo así la nulidad o suspensión de la actividad que causa el perjuicio; pero por el lado del acto administrativo de licencia ambiental que nace del desacuerdo en la consulta previa se sujeta a la jurisdicción contenciosa administrativa y su incumplimiento se resuelve por esta vía.

En Colombia se ha tratado imponer una restricción a los métodos tradicionales de resiembra, medida que atenta contra la soberanía alimentaria y los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y especialmente de las comunidades campesinas. A través de un ejercicio reflexivo y de un razonamiento inductivo es abordada esta problemática para proponer, a manera de resultado, unos lineamientos para lograr que a través de la consulta previa se involucren a los campesinos y se garanticen los derechos vulnerados.

El objetivo de este artículo es analizar la situación de la regulación de la consulta previa en el Perú, prestando especial atención a la garantía del derecho a la consulta previa durante el Estado de excepción a través de la propuesta de consulta previa virtual. Para ello, analizaremos la literatura científica reciente sobre la consulta previa en el Perú, la normativa pertinente a nivel nacional e internacional, así como los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la propuesta de consulta previa virtual. El artículo concluye que, en el caso de la consulta previa virtual, las recomendaciones de la IACHR son claras al señalar que, dadas las fallas estructurales que incluyen la brecha digital existente en los pueblos indígenas, esta medida no permitiría realizar una consulta previa que cumpla con la participación plena y la formación de la voluntad libre e informada. Asimismo, considerando las deficiencias institucionales y los desincentivos señalados respecto de la consulta previa estándar, de llevarse a cabo, agudizaría la desventaja existente entre los pueblos indígenas frente al Estado.

En los Estados latinoamericanos, las migraciones de los indígenas del campo a la ciudad tienen ya tintes históricos, no obstante, en los últimos años dichos flujos se han acelerado, debido a conflictos extractivos en sus territorios ancestrales y la búsqueda de empleo. En este contexto, los gobiernos locales de ciudades que no cuentan con una población indígena autóctona se encuentran en una situación inesperada de diversidad étnica que demanda una respuesta multicultural. Así es el caso de Nuevo León, un Estado industrial en el noreste de México, que ha recibido intensos flujos de migrantes indígenas desde la década de 1990, de forma que en 2015 más de cuatrocientas mil personas ahí residentes se autoadscribían como indígenas. A partir de trabajo de campo realizado entre 2015 y 2017, se analiza la consulta previa –que se suele asociar con conflictos territoriales– como herramienta de multiculturalidad frente a flujos de migración indígena a contextos urbanos. Se sugiere que, aun cuando las consultas realizadas no cumplan ni con los estándares del Derecho Internacional ni con los preceptos básicos de la participación ciuda- dana, pueden ofrecer un espacio simbólico que acerca a las partes para conocerse y entablar un incipiente diálogo intercultural

Las metodologías aplicadas a diferentes proyectos en el mundo, son analizadas en este artículo cuyo propósito es la identificación de criterios y aspectos que pueden ser aplicados en una metodología propuesta para la Agencia de Renovación del Territorio-ART, en Colombia. Lecciones aprendidas tanto de casos exitosos como otros que promueven una revisión más amplia de los enfoques y procesos aplicados a proyectos, permiten en este artículo una propuesta metodológica, frente a la gestión de involucrados, las fases de los proyectos, un marco regulatorio, un enfoque de bienestar y colaborativo, cuya eventual aplicación en la ART, puedan generar resultados de desarrollo local sostenible.

The methodologies applied to different projects in the world are analyzed in this work whose purpose is the identification of criteria and aspects that can be applied in a proposed methodology for the Territory Renewal Agency-ART, in Colombia. Lessons learned from both successful cases and others that promote a broader review of the approaches and processes applied to projects, allow in this work a methodological proposal, facing the management of those involved, the phases of the projects, a regulatory framework and a welfare and collaborative, whose eventual application in the ART, can generate results of sustainable local development. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El presente artículo aborda el tema de la consulta previa como mecanismo de participación democrática y derecho fundamental enfocado en la protección del medioambiente, las comunidades étnicas, su entorno sociocultural y la relación entre el territorio, la identidad y los recursos naturales. En ese sentido, se analizan las distintas interpretaciones que las altas cortes han hecho del mecanismo de participación ciudadana y sus implicaciones en la construcción y protección del ambiente como recurso indispensable para la supervivencia de los pueblos.

The present article examines the right of prior, free and informed consultation of indigenous peoples in the light of International Human Rights Law, in order to verify the possibility of Brazil's international liability for violating this right. To this end, it uses as an object of study the case of the construction of the Belo Monte Hydroelectric Power Plant. It was observed, specifically, the understandings adopted by the Brazilian Courts and the Inter-American System of Human Rights in relation to the case of the construction of the Belo Monte Hydroelectric Power Plant. As a main methodology, the investigation is legal-comprehensive with a qualitative approach, based on bibliographical and documentary research. The results showed that Brazil ignores the international debate about this subject, to the extent that it has not ensured mechanisms guaranteeing the right to consultation of indigenous peoples, which enables its liability to the Inter-American System of Human Rights. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El presente trabajo trata el análisis sobre el espejismo de la consulta previa en el Ecuador, por lo que desarrollamos un estudio reflexivo y crítico sobre la aplicación y eficacia de este derecho en el contexto constitucional ecuatoriano, desde su aparición en la norma suprema, propiciando comprender las bases conceptuales y su importancia e implicación al prescribirlo como derecho constitucional; a partir de este análisis revisamos tres aspectos fundamentales en su entorno, es decir, la eficacia, aplicación y su aspecto vinculante en el contexto jurídico ecuatoriano, por lo que intentaremos dar respuesta a la siguiente interrogante ¿por qué el derecho a la consulta previa no es vinculante?

El propósito de este artículo es sintetizar un examen crítico sobre la relación del discurso jurídico del modelo de desarrollo, las políticas nacionales sobre inversión extranjera directa y la gobernabilidad minera con las reivindicaciones de las comunidades étnicas colombianas, en especial las comunidades indígenas. Para ello, mencionaremos la literatura latinoamericana que ha impulsado una aproximación crítica al modelo de desarrollo promovido por los Estados del Norte global y las agencias multilaterales que estos presiden. Posteriormente, haremos un breve recuento histórico de la correlación entre la extracción minera extranjera y el esquema jurídico occidental que hemos heredado y acogido, que se asienta como antecedente y telón de fondo de un contexto jurídico que refleja la ineficacia de la consulta previa para alcanzar un verdadero diálogo intercultural. En este sentido, demostraremos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a este mecanismo ha defendido un régimen de verdad oficial, acorde con la metáfora de éxito del desarrollo económico y, de esta manera, ha desconocido el saber-poder situado y periférico de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia. Proceder que ha significado la ausencia de una reflexión seria sobre la interculturalidad legal (o interlegalidad) crítica.

This article addresses the mobilization of indigenous peoples and traditional communities for the recognition of their right to free, prior and informed consent (FPIC) provided for in ILO Convention 169, as a strategy of resistance and strengthening of their social organization in defense of their traditionally occupied territories. It takes as reference observations in the field, during visits and consultations carried out in five traditional communities, and testimonies of leaders of these territories, in the state of Pará. Sixty-one community autonomous protocols approved in Brazil, between 2014 and 2022, were also consulted, available at the Observatory of Autonomous Protocols. It is concluded that the appropriation of the FPIC has strengthened organization and resistance in indigenous territories and have become potential instruments for the exercise of local grassroots democracy. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El autor diserta ensayísticamente acerca de futilidad de la figura de la Consulta Previa, tal como se expresa en las Cartas Magnas ecuatoriana y boliviana, mientras ella no produzca obligación jurídica sobre el Estado. Se argumenta, junto a Edwar Vargas Araujo, que la consulta Previa no hace más que generar una referencia “caligráfica”, esto es, no de fuerza política real, lo que pone en riesgo el ambiente y la eco-cultura amerindia por parte de las empresas mineras e hidro-carburíferas en territorios protegidos.

O presente trabalho busca relatar as experiências do projeto de extensão em educação socioambiental, realizado pelo Grupo de Pesquisa “Convenção 169 e o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada” da Liga Acadêmica Verde Cabanagem em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Pará. As atividades do grupo foram realizadas entre os anos de 2018 e 2020 e estiveram concentradas na promoção de debates, rodas de conversa e fóruns acadêmicos relacionados ao direito à consulta. A justificativa do projeto esteve relacionada com a necessidade de se promover conhecimento sobre o tema, especialmente em decorrência das recorrentes violações de direitos humanos e fundamentais de povos e comunidades tradicionais no Estado do Pará. Os encontros e os eventos realizados contribuíram significativamente para a construção de narrativas e bases teóricas de todos/as os/as participantes, encerrando suas atividades com o painel sobre direitos de povos e comunidades tradicionais no 41o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista.

El presente artículo de investigación tiene por objetivo determinar la forma en que se coordinan la jurisdicción especial indígena (JEI) y la jurisdicción especial para la paz, así como el rol que las comunidades indígenas desempeñan en la justicia aplicada en el posacuerdo. Para lograrlo, emplea el enfoque empírico-analítico y el exploratorio-descriptivo desde el caso Embera Chamí en Riosucio (Caldas), apoyándose en el diálogo con dicha comunidad desde su conocimiento sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los posibles conflictos que pueden darse en la aplicación de la justicia transicional en sus dimensiones sancionatorias o penales. Como resultado, se encuentra que las jurisdicciones interactúan en el marco de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, con fundamento en la armonía institucional, la diversidad jurídica y el entendimiento entre culturas, lo cual permite que la coordinación entre ambas encuentre múltiples expresiones. Como conclusión se encuentra que, lejos de asumir un rol pasivo y a pesar del conflicto de competencias que se produce, la jurisdicción especial indígena reivindica distintos roles en la justicia del posacuerdo en temas como la asistencia, atención, reparación integral de las víctimas, reconstrucción de la verdad y de la memoria, reincorporación de indígenas excombatientes, entre otros.

El artículo reflexiona sobre la noción de enfoque diferencial territorial y étnico contenido en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se busca identificar los efectos jurídicos que tiene esta noción y de qué manera su introducción en el acuerdo de paz ha traído una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Dado que el acuerdo reconoce que la herramienta jurídica para la realización de la paz en las tierras y territorios de las minorías étnicas es la consulta previa, también se hace un análisis preliminar de los efectos de esta propuesta de ley. Actualmente se discute en el Poder Legislativo lo que esta consulta que puede traer para la implementación del acuerdo.

In Colombia, there has been an attempt to impose a restriction on traditional methods of replanting, a measure that undermines food sovereignty and the traditional knowledge of indigenous peoples and especially peasant communities. Through a reflective exercise and inductive reasoning, this problem is addressed in order to propose, as a result, some guidelines to achieve the involvement of peasants through prior consultation and to guarantee the violated rights. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Los pueblos indígenas se han desarrollado en un contexto de exclusión con enfoques asimilacioncitas, especialmente en Latinoamérica. En este sentido, varias han sido las luchas de estos pueblos para impedir la imposición de la cultura hegemónica en su identidad, costumbres y tradiciones, con la finalidad de hacer efectivos sus derechos. Uno de estos derechos fundamentales, es la consulta previa, misma que se encuentra establecida en normativa internacional como es, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, pese a la promulgación de normas cuyo fin es el respeto y protección a los pueblos indígenas, esta normativa por lo general, no cumplen con la finalidad para la que fueron creadas. El estudio que se presenta en las siguientes líneas se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa, con una perspectiva analítico-descriptiva; específicamente, se realizó el análisis de la Sentencia T-444/19 de la Corte Constitucional colombiana, evaluando un caso en el que se evidenció como verdaderamente se materializa la relación de los pueblos indígenas y las empresas, cuál es la realidad de la consulta previa, así como, cuál es el papel del Estado como garante de los derechos humanos dentro de ese escenario en Colombia.

El artículo propone una lectura en clave de las relaciones economía/cultura, que busca identificar las tensiones y paradojas en las cuales se debaten las existencias colectivas de pueblos y comunidades indígenas colombianas, al relacionarse en sus territorios con intereses y proyectos económicos empresariales foráneos. El texto realiza un doble recorrido sintético, que reconoce hitos de luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en Colombia, y problematiza algunos de los instrumentos normativos que actualmente regulan las relaciones entre pueblos, Estado y empresas, así como sus apropiaciones paradójicas por parte de organizaciones sociales y comunidades. Se recurre a experiencias de trabajo en instituciones, así como a registros de trabajo de campo de los autores, buscando conexiones y rupturas entre los esfuerzos comunitarios por sobrevivir de manera colectiva, construir su autonomía y resguardar sus relaciones territoriales, y las presiones económicas de distinta escala y envergadura que participan en sus dinámicas vitales en el marco de un creciente extractivismo que plantea retos para comunidades y empresas.

El objetivo propuesto en esta investigación consiste, en examinar la efectividad de la consulta previa realizada en el corregimiento de pasacaballos, de la ciudad de Cartagena con motivo del proyecto Sociedad Portuaria Puerto Bahía; para ello la metodología empleada fue la de la investigación socio jurídica y aplicada para el derecho y las técnicas de recolección de la información fueron las primarias ya que se aplicaron encuestas sociales a integrantes de la base social que viven en dicha localidad, para establecer su percepción sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía en la Consulta Previa realizada por su Consejo Comunitario, y medir estadisticamente su impacto en el desarrollo socioeconómico de dicha comunidad; además se utilizaron fuentes secundarias como la ficha bibliográfica que permitió realizar un análisis de contenido a libros, capítulos de libros y artículos científicos y elaborar así el estado de la discusión sobre la consulta previa en Colombia a nivel normativo, jurisprudencial y doctrinal. Encontramos que los resultados de las encuestas sociales aquí analizadas estadísticamente denotan según el sentir de los encuestados, el poco desarrollo social del corregimiento mencionado entre los años 2014 a 2018, aun cuando el proyecto en mención, durante el desarrollo de la consulta previa realizada por el consejo comunitario pactó unas compensaciones proporcionales al daño recibido por los afrodescendientes que allí habitan, dada la imposibilidad de gozar y usar su territorio, por poner en riesgo su vida debido a la instalaciones portuarias que tiene una terminal de líquidos al granel, que además durará instalado por tiempo indeterminado.

El presente artículo lleva a cabo una aproximación al conocimiento tradicional como un elemento esencial de la identidad, el territorio y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Se analizan algunos escenarios de vulneración por parte de la industria de la moda, que dan cuenta de la desprotección de los derechos e intereses de las comunidades, quienes a través de estos saberes, técnicas y costumbres reflejan su relación con el mundo que les rodea. El enfoque metodológico analítico escogido, permitió llevar a cabo una reflexión integral a partir de diversas fuentes especializadas. Así, tras plantear la problemática antes descrita, los autores proponen, a manera de resultados, redimensionar el comercio justo y garantizar el derecho a la consulta previa desde un escenario constitucional.

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A pesquisa possuiu o cerne de refletir a respeito da participação dos povos indígenas no cenário das políticas públicas sob a análise da sociedade de conhecimentos. Todas as ações governamentais devem respeitar as diversidades culturais, e as políticas públicas pressupor as representatividades dos coletivos. Em razão disso, as políticas indigenistas devem proporcionar o diálogo direto entre aqueles que as criam e os que são considerados destinatários (indígenas). É necessária a participação democrática e cidadã indígena naquilo que diz respeito às medidas estatais que lhes atinjam diretamente, posto que se deva resguardar a existência pluricultural diversificada em uma sociedade de conhecimento. Assim sendo, há necessidade de consulta indigenista prévia para a construção das políticas públicas, à medida que as normas de um Estado Democrático do Direito asseguram as existências culturalmente diferenciadas. Por fim, ressalta-se que para a confecção deste ensaio realizou-se estudo exploratório bibliográfico, sob o enfoque do método qualitativo.

Este artículo analiza las actas concernientes a los procesos de consulta previa sobre hidrocarburos, con el objetivo de determinar si el Estado peruano cumplió con las normas internacionales de derechos humanos o, por el contrario, si el derecho a la consulta previa se redujo a un proceso informativo que legitima al estado peruano para que proceda con la exploración o explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. Las actas pertenecen a las etapas de Evaluación Interna y de Diálogo. En las Actas de Evaluación Interna están plasmadas la reflexión y deliberación de las comunidades indígenas sobre la medida propuesta. En las Actas de Consulta —denominadas así por ley— se plasman los acuerdos totales o parciales alcanzados durante el diálogo entre representantes de las comunidades indígenas, quienes transmiten el contenido de las Actas de la Evaluación Interna, y los representantes de la entidad que promueve la aprobación de la medida. Recibido: 06 marzo 2020 Aceptado: 14 mayo 2020 Publicación en línea: 26 junio 2020

El presente ensayo trata sobre las políticas públicas del estado, de protección a los pueblos indígenas, que se basan solo en el derecho a la consulta formal; sin embargo, este derecho tiene como finalidad llegar a un acuerdo a través de una negociación “libre e informada”; dicha forma de protección, es necesaria pero no suficiente; ya que todo sistema social está influido por muchos factores; factores que en un Estado dirigido por una ideología neoliberal, no son tomados en cuenta, lo que cuenta es la maximización de beneficios del individuo.

Este artículo ofrece un mapa de las «instituciones participativas» (ip) que se presentan en escenarios de conflicto en megaproyectos en minería, hidrocarburos e industrias de energía eólica e hidroeléctrica en México. Argumentaremos que existen disonancias significativas entre el marco jurídico que regula las ip y su implementación. Adicionalmente, se establecen hipótesis exploratorias en torno a posibles relaciones entre ip y tres resultados perseguidos por los principales actores involucrados en los conflictos antes señalados, que a su vez implicarían intercambios subóptimos entre sí: 1) impedir la instalación de megaproyectos, 2) disminuir la violencia y 3) obtener beneficios pecuniarios por parte de las comunidades afectadas por megaproyectos.

El gobierno colombiano le ha apostado a lo que llama locomotora minera, sin tener una visión sobre el impacto que tendría a futuro en las zonas donde se lleva a cabo la explotación. Por esto, el objetivo de esta investigación es determinar el impacto que ha tenido el desarrollo minero en torno al desarrollo sostenible con repercusiones económicas y sociales, en los departamentos del cesar, guajira y magdalena. Los datos presentados son de entidades del estado colombiano y ong’s. En este artículo, se encontraron inconsistencias al momento de asignar licencias ambientales otorgadas por las entidades respectivas hacia algunas empresas para poder ejecutar los proyectos mineros, desconociendo anticipadamente derechos de la comunidad protegidas de estas regiones, sin utilizar la consulta previa.

The tension between neoliberalism and human rights in Latin America has served as a broth of crops of new categories of analysis such as the concept of constitutional regulatory state, that arises in a context of economic development focused on the production of materials bonuses and the constitutional consolidation of a discourse of rights, in which the courts constitutional have assumed an important role. This document explains how to has developed this process in the regulation of prior consultation in Colombia, Peru and Chile, to demonstrate the permanent interaction between branches of public power, especially those cuts, and discourse of rights with that of regulation based on efficiency.

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The article presents a documentary ethnographic analysis of the multiple conflicts involving the Munduruku people and the federal government, from the attempt to implement the São Luiz do Tapajós Hydroelectric Power Plant, emphasizing the clash regarding the situational application of the right to prior, free and informed consultation. Based on the indigenous history that opposes the jabuti and the tapir, I seek to demonstrate the conflicting discursivities, resistances and interests in dispute in the implementation of this project, as well as to explain how the agents involved mobilize different meanings for the legal device that is the right to prior consultation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]