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The present work addresses the implications that the proof burden of the acceptor of an incomplete security has on the rational assessment of the evidence. Our objective is to determine if the evidentiary burden imposed on the executed-debtor, acceptor of an incomplete security title, contrasts with the rational assessment of the evidence carried out by a judge within a free valuation system; Likewise, we intend to establish whether said procedural rules harm the right to prove of the obligated parties. To do this, we carried out a Constitutional analysis, in addition to considering the opinion of prominent jurists such as that of the Italian teacher Michele Taruffo and the Spanish Jordi Ferrer Beltran, Jordi Nieva Fenoll, among others. Through the qualitative method we intend to achieve initial results of a deep investigation to be carried out later, highlighting that we address this issue within the context of the COVID-19 pandemic that has forced a large part of the population to resort to financing in order to survive and / or or continue your business activities., El presente trabajo aborda las implicancias que sobre la valoración racional de la prueba posee la carga probatoria del aceptante de un título valor incompleto. Nuestro objetivo es determinar si la carga probatoria que se le impone al ejecutado-deudor, aceptante de un título valor incompleto, contrasta con la valoración racional de la prueba que realiza un juez dentro de un sistema de libre valoración; así mismo pretendemos establecer si dichas reglas procesales lesionan el derecho a probar de los obligados. Para ello, realizamos un análisis Constitucional, además de considerar la opinión de destacados juristas como la del maestro italiano Michele Taruffo y los españoles Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Nieva Fenoll, entre otros. Mediante el método cualitativo pretendemos alcanzar resultados iniciales de una investigación profunda a realizar posteriormente, resaltando que abordamos este tema dentro del contexto de la pandemia de la COVID-19 que ha obligado a gran parte de la población a recurrir al financiamiento para poder subsistir y/o continuar con sus actividades comerciales.

Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo, aplicando además el método analítico - sintético, deductivo, exegético, descriptivo y jurídico comparado, para buscar la posible incorporación dentro de las acciones laborales, de ajustes razonables que beneficien la admisibilidad y valoración de pruebas para con los grupos vulnerables: adultos mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privadas de libertad y con enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Esto con el fin de derribar las asimetrías de poder y, por tanto, procurar el debido proceso, ya que como se da cuenta, existe desigualdad entre las partes que se suscita en materia probatoria, aun cuando el debido proceso se encuentra establecido en los parámetros de la ley y se vengan cumpliendo en los juicios laborales. Tras considerar las bases del principio de ajuste razonable para disminuir las asimetrías de poder de los grupos vulnerables dentro del proceso, así como revisar lo propuesto en legislaciones de otros países como Argentina, Colombia y España, se plantea una reforma legal que ajuste criterios generales con respecto a la carga probatoria, admisibilidad de la prueba y presunciones judiciales dentro de su valoración, promoviendo así la igualdad de condiciones de ambas partes, garantizando paridad de armas en favor de los grupos vulnerables dentro de acciones laborales al momento de admitir y valorar la prueba, sin que con ello se considere que el juzgador esté vulnerando el principio de imparcialidad. This investigation was performed with a qualitative approach, also applying the analytical - synthetic, deductive, exegetical, descriptive, and comparative law methods; to seek the possible incorporation within the labor actions of reasonable definitions that benefit the admissibility and assessment of evidence for vulnerable groups: older adults, children and adolescents, pregnant women, people with disabilities, prisoners, and those with catastrophic or highly complex illnesses. This to break down the asymmetries of power and, therefore, seek the due process, since there is inequality that arises in Proof requirements even when due process is established in the parameters of the law. After considering the basics of the principle of reasonable accommodation to reduce the asymmetries of power of vulnerable groups within the process and reviewing what is proposed in the legislation of other countries such as Argentina, Colombia and Spain, a reform is proposed that adjusts general approaches regarding the burden of proof, admissibility of evidence and judicial presumptions within the assessment, thus promoting equal conditions for both parties, guaranteeing parity of weapons in favor of vulnerable groups within labor process at the time of admitting and assessing the proof, without it being considered that the judge is violating the principle of impartiality.

El presente trabajo está dedicado al análisis de la ausencia de regulación de la regla del estándar probatorio en el ordenamiento procesal civil cubano, toda vez que resulta necesario ante los cambios que se avecinan con la reforma procesal en nuestro país, de ahí que se proyecte una fundamentación teórica en cuanto a la necesidad de regulación de una regla de aplicación de suficiencia probatoria tanto para la Audiencia Preliminar como para la práctica de prueba de los procesos de conocimientos.

El presente trabajo tiene por finalidad brindar herramientas para operar en sistemas mixtos de valoración de la prueba. Se trata de verificar cómo es posible compatibilizar un sistema probatorio que, junto con predisponer el resultado de ciertos medios de prueba, remite a la libre valoración del juez los resultados probatorios de los otros medios. Para tal contexto se ha postulado la tesis de que las normas de prueba legal constituyen normas de presunción simplemente legales y, en último término, de carga de la prueba. El autor, junto con disponer las formas de derrotabilidad de las normas de prueba legal, sitúa su trabajo en la prueba instrumental bajo el contexto de la reforma al proceso civil chileno, que junto a la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, consagra normas de prueba legal para los instrumentos públicos y privados reconocidos.

En virtud de la Ley 1258 de 2008 se introdujeron múltiples novedades en materia societaria al ordenamiento jurídico colombiano, entre las cuales se encuentra un nuevo tipo de asociación, conocido como Sociedad por Acciones Simplificadas, y una nueva figura denominada abuso del derecho al voto, como causal de invalidez de las decisiones sociales y no solo como fuente de indemnización de perjuicios. Sin embargo, esta nueva figura no se delimitó de forma adecuada, por lo que los criterios más importantes y los requisitos para su declaración los tuvo que establecer la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de funciones jurisdiccionales. La entidad determinó una carga probatoria alta para que esta figura pueda ser efectivamente declarada, lo cual se hace a través de la prueba indiciaria, que ha generado que, en la práctica, la figura se vea limitada y que el accionista interesado en aplicarla se encuentre con múltiples aristas en materia probatoria. Por consiguiente, el presente trabajo de grado tiene como objetivo evidenciar los puntos clave que todo accionista interesado en acudir a la figura del abuso del derecho al voto debe tener en cuenta de cara a la prueba. Para tal fin, se hizo un estudio de la legislación relacionada con el abuso al derecho de voto, así como de decisiones judiciales específicas de la Superintendencia de Sociedades que dan cuenta de aquellos puntos que resultan determinantes para que el accionista interesado obtenga un fallo favorable en estos casos., As a result of the enactment of law 1258 of 2008, several innovations were introduced to the Colombian legal system, specifically in corporate law. Among those incorporations there is a new type of partnership called Joint Stock Company, as well as a new legal figure known as the abuse of the right to vote. However, this new figure was not adequately demarcated nor a proper application procedure was established. Thus, the most important requirements and criteria for its materialization have been recognized through precedent case law by the Superintendencia de Sociedades, in the fulfilment of its jurisdictional functions. For the effective declaration of an abuse of the right to vote, the aforementioned entity has established a high burden of proof which is usually satisfied through circumstantial evidence and thus shareholders face multiple obstacles to achieve its effective declaration. The present undergraduate work aims to highlight the key points that any shareholder interested in applying the abuse of the right to vote figure must consider regarding the evidence needed for the case. This process included the study of the legislation related to the abuse of the right to vote, specifically, through the analysis of multiple decisions the Superintendencia de Sociedades has taken; which will illustrate the requisites to bestow a favorable ruling to the interested shareholder.

Debido a la proliferación de reclamaciones en materia de responsabilidad por la exposición al amianto es necesario realizar un estud io de los pronuncia mientos judiciales dictados por los Tribunales para valorar la dimensión del tema. Para ello, previamente se contextualizará la responsabilidad civil derivada de enfermedad profesional del amianto. Posteriormente, se determinará la responsabilidad del empresario frente al trabajador, analizando los elementos para que nazca la misma. A demás del trabajador, las consecuencias del amianto afectan a terceros ajenos a la relación laboral por lo que se examinará la posible responsabilidad del empresario frente a terceros, en concreto la exposición doméstica de las amas de casa y la exposición ambiental por vecinos residentes próximos al lugar de explotación del agente. Finalmente, se reflexionará sobre el fondo de compensación español como alternativa a la vía judicial. Due to proliferation of complaints in matters of responsibility because of exhibition of asbestos, It is required to conduct an study of the judicial declarations enacted by the courts to assess the dimension of the subject. Previously, to achieve it, It will be contextualized the civil responsibility derived from the professional asbestos disease. Subsequently, It will be resolved the responsibility of the entrepreneur versus the workers, analysing it to achieve the results. As well as the workers, the consequences of the asbestos could have an impact on the inhabitants unconnected to professional relationship, so It will be analyzed the possible responsibility of the entrepreneur versus them, specifically the exposure of housewives and neighbors nearby the damaged risky place. Lastly, It will be reflected on Spanish compensation fund as an alternative of judicial via. Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Pública de Navarra Laneko Arriskuen Prebentzioko Unibertsitate Masterra Nafarroako Unibertsitate Publikoan

El presente artículo ofrece un análisis crítico del conjunto de sentencias de primera instancia dictadas por tribunales nacionales en conocimiento de la acción establecida en el Título II de la Ley de Medidas contra la Discriminación, popularmente conocida como Ley Zamudio. El artículo concentra su atención en la conceptualización que dicha jurisprudencia hace de la discriminación mediante la identificación de elementos que deben concurrir para que ella esté presente, y en la forma en que la misma aborda la carga de probar y justificar la conducta sometida a escrutinio. El artículo concluye afirmando que la revisión crítica, al tiempo que confirma las críticas al texto de la ley ofrecidas por diversos académicos, sugiere también la necesidad de complementar nuestra cultura jurídica mediante la reflexión teórica acerca del fenómeno discriminatorio.

Trabajo de investigación Conforme a la normatividad que regula el proceso disciplinario en Colombia, y de acuerdo con los diversos pronunciamientos de las Altas Cortes del país, se hace alusión a la importancia que adquiere el Principio de Investigación Integral, ya que en este prima la búsqueda de la verdad real y material de los hechos objeto de investigación. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Sistemas procesales 2. Sistema procesal inquisitivo en materia disciplinaria. 3. Principio de investigación integral conforme la Ley 734 de 2002. 4. Aplicación práctica del principio de investigación integral materia disciplinaria. 5. Conclusiones

Una de las causas que más provoca responsabilidad por parte del Estado son las fallas médicas en el servicio, fallas que lo hacen responder con grandes cantidades de dinero provenientes del erario público, causando de esta manera un detrimento patrimonial para la Nación. A través del análisis jurisprudencial que se desarrollará sobre la falla en el servicio médico en Colombia, se pretende demostrar si es acertada la nueva posición sobre la carga dinámica de la prueba en cabeza de la parte demandante, imponiéndole una carga adicional para obtener de la administración el pago de una indemnización a título de resarcimiento del daño ocasionado, exigiéndole demostrar los tres elementos para probar el daño y determinar así que haya sido una culpa que puede ser imputable al Estado como son: el daño, la falla y el nexo causal. Se parte del antecedente constitucional consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política en donde se establecen los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado; en virtud de esta base se analizará la variación de la línea jurisprudencial en la carga probatoria en cuanto a la responsabilidad médica estatal. Lo anterior se realizará a través del hilo conductor de las jurisprudencias más representativas del Consejo de Estado con relación a la variación de la falla en el servicio presunta y la falla en el servicio probada. One of the causes that provoke more responsibility by the state are the medical service failures, failures that make it to respond with large amounts of money from the public funds, causing a patrimonial detriment to the nation. Through the jurisprudential analysis that develops on the failure of the medical service in Colombia, intended to demonstrate if it is successful the new position on the dynamic load, the proof head of the applicant, imposing an additional charge, order to obtain from the administration the payment of an indemnity a title of compensation for the damage done, demanding to demonstrate the three elements to prove the damage and determine so there was a fault that can be imputable to the state, such as: The damage, the failure and causal nexus. Be part of the constitutional antecedent consecrated in Article 90 of the political constitution where are established the regimes liability patrimonial of the state, by virtue of this base is analyze the variation of jurisprudential line on the charge of proof as to the state medical responsibility, the previous will be done through the thread of the most representative jurisprudence Council of State, in relation to the variation of the service failure alleged and proven service failure.

En la presente investigación se ha planteado la siguiente formulación: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que justificarían la flexibilidad de la carga probatoria en la determinación de daños extrapatrimoniales subjetivos y el establecimiento del quantum indemnizatorio a favor de las víctimas directa o por repercusión, en casos de responsabilidad civil extracontractual?, teniendo como objetivos específicos: a. Determinar la implicancia de los daños de carácter extrapatrimoniales subjetivo en la afectación de valores constitucionalmente protegidos de la víctima directa o por repercusión; b. Analizar la implicancia de los principios de íntegra reparación de la víctima y de apreciación in concreto del daño en la flexibilización de la carga probatoria en daños extrapatrimoniales subjetivos; c. Determinar la relación entre la dificultad probatoria en los daños extrapatrimoniales subjetivos y la justificación de la flexibilidad de la carga probatoria a cargo del demandante; d. Explicar la relación entre el otorgamiento de tutela jurisdiccional efectiva a favor del accionante y la flexibilidad de la carga probatoria en daños extrapatrimoniales subjetivos; y, c. Analizar los criterios de determinación y valoración utilizados por las Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca para determinar la existencia y el monto indemnizatorio en daños extrapatrimoniales derivados de responsabilidad civil extracontractual, durante el periodo 2012 -2014. Para ello se ha seguido el Diseño No Experimental, teniendo como referente el Paradigma Interpretativo, bajo los métodos Inductivo-deductivo; Analítico-sintético, Dogmático y Hermenéutico; y, como técnica de contratación al Análisis Documental y la Argumentación, a partir de las cuales se han construido las conclusiones. Por lo tanto, según el nivel explicativo utilizado, se determina que los daños patrimoniales requieren ser acreditados, no solo en su existencia, sino en su cuantía; pero no sucede lo mismo cuando se trata de daños extrapatrimoniales, los cuales representan una afectación directa en la esfera interna de la persona humana, por lo que siendo así, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, resulta razonable adoptar un tratamiento flexible en la carga de la prueba de quien alega haber sido víctima de tal daño, ello debido a la dificultad de poder probar a plenitud la existencia concreta, así como la magnitud de la afectación que tal hecho ha generado en dicha esfera subjetiva, además de la preponderancia constitucional de los bienes jurídicos afectados, los cuales deben prevalecer frente a las exigencias formales de probar el daño del que ha sido objeto, así como de su cuantía, ello en aras de la justicia y de la equidad, con lo cual se podrá alegar que se ha otorgado una Tutela Jurisdiccional Efectiva a quien ha sido víctima de daños extrapatrimoniales subjetivos. Tesis

This article offers a critical analysis of the decisions issued by Chilean lower courts with respect to the remedy created by Title II of the Law of Measures Against Discrimination, also known as the Zamudio Act. The article concentrates its attention in the concept of discrimination that the case law offers in the form of elements that constitute it, and in its understanding of how to discharge the burden of proof and justification involved in the lawsuit. The article concludes arguing that this critical appraisal, at the same time that confirms the criticisms to the letter of the law articulated by several scholars, also suggests the need to complement our legal culture through a careful reflection on the phenomenon of discrimination., El presente artículo ofrece un análisis crítico del conjunto de sentencias de primera instancia dictadas por tribunales nacionales en conocimiento de la acción establecida en el Título II de la Ley de Medidas contra la Discriminación, popularmente conocida como Ley Zamudio. El artículo concentra su atención en la conceptualización que dicha jurisprudencia hace de la discriminación mediante la identificación de elementos que deben concurrir para que ella esté presente, y en la forma en que la misma aborda la carga de probar y justificar la conducta sometida a escrutinio. El artículo concluye afirmando que la revisión crítica, al tiempo que confirma las críticas al texto de la ley ofrecidas por diversos académicos, sugiere también la necesidad de complementar nuestra cultura jurídica mediante la reflexión teórica acerca del fenómeno discriminatorio.

El propósito de este artículo de reflexión es identificar las nuevas tendencias mundiales en materia de víctimas, tales como verdad, justicia y reparación, y a la vez divulgar los aspectos relevantes de la Ley de Víctimas en Colombia, sus implicaciones y la importancia en ella, de los principios de la Buena Fe y la Carga Dinámica de la Prueba. La aplicación de los principios mencionados pone en juego la capacidad del Estado para blindar el proceso de reparación integral ante posibles focos de corrupción, la vulneración de la propiedad privada o la seguridad jurídica.

En este artículo damos los fundamentos jurídicos de por qué resulta plenamente legítimo que el Tribunal Constitucional chileno se pronuncie sobre algunos aspectos de las Normas Chilenas sobre Fertilidad, en lo que concierne a la entrega de anticonceptivos de emergencia. En este fallo, el Tribunal Constitucional determinó que las normas contenidas en el Decreto Supremo Nº 48, de 26 de enero de 2007, del Ministerio de Salud son –desde el punto de vista jurídico– incompatibles con nuestras normas constitucionales. El segundo aspecto que analizamos desde el punto de vista jurídico es a quién corresponde el peso de la prueba. A nuestro parecer, lo que se prueba en cualquier juicio son hechos positivos, no hechos negativos, y quien debe probar es quien alega la ocurrencia de estos hechos. En consecuencia, consideramos que el Tribunal Constitucional debió haber exigido que los recurrentes probaran que el levonorgestrel impide el implante o anidación de un óvulo fecundado y no exigir al recurrido probar un hecho negativo, cual es que el mencionado producto no impide esta anidación. Reflexionamos además sobre ciertas imprecisiones del fallo, como aquellas relacionadas con el comienzo de la vida humana y la constitucionalidad de la consejería a menores.

Un recorrido a través de 25 años de jurisprudencia colombiana, permite al autor exponer y comentar la posición de la jurisprudencia nacional en torno a la definición de accidente y la distribución de la carga probatoria en las pólizas de seguro de riesgos accidentales. Se destaca este artículo por poner de presente el contraste existente entre el derecho colombiano y el de los países europeos en lo referido a la definición del riesgo en este tipo de pólizas, con base en requerimientos de intencionalidad por parte del tercero que con su intervención da lugar al siniestro.

Un recorrido a través de 25 años de jurisprudencia colombiana, permite al autor exponer y comentar la posición de la jurisprudencia nacional en torno a la definición de accidente y la distribución de la carga probatoria en las pólizas de seguro de riesgos accidentales. Se destaca este artículo por poner de presente el contraste existente entre el derecho colombiano y el de los países europeos en lo referido a la definición del riesgo en este tipo de pólizas, con base en requerimientos de intencionalidad por parte del tercero que con su intervención da lugar al siniestro.