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En el mundo jurí­dico se debe tener siempre presente que “No todo lo que es legal, es lo justo”, por tal razón se debe mantener la consciencia de que en ciertos casos, las leyes no pueden estar completamente alineadas con la justicia que en su concepción básica es “Dar a cada quien lo que le corresponde”, porque además que las leyes deberí­an representen de una forma sine qua non lo equitativo, el mundo del derecho ha decidido olvidar que las normas jurí­dicas también deben presentar otra caracterí­stica supra importante que es la moralidad. Tomándose en cuenta la acepción de que moral es; “lo que no afecta a nadie”.El principal objetivo de esta investigación es realizar un estudio histórico lógico de casos, que desde la práctica hayan resuelto a partir de esta corriente jurí­dica, para ello se estudiaron documentales escritos en que ha intervenido el activismo judicial, la sistematización de los casos de estudio contribuyó a reafirmar el denominado activismo judicial en torno al proceder del juez, en el rol social que este desempeña en su carácter de representante de Estado. “Para quienes comulgan con esta doctrina, ponderan la función jurisdiccional a los intereses individuales, en virtud de que anhelan un fin superior y ejemplificador que radica en concretar para la sociedad aquello que es justo y verdadero muy a pesar de lo que requieran las partes de la Litis”.

La administración de justicia en Ecuador, ideada desde el campo procesal-penal se presenta congestionada, aspecto que violenta el principio de celeridad y a su vez genera la impunidad de ciertos delitos que son investigados parcialmente por el fiscal como titular del ejercicio público de la acción, por lo que es necesario en función de solucionar dicho problema, se aplique el principio de oportunidad como mecanismo de polí­tica criminal, para descongestionar la administración de justicia. Se analiza la referida figura jurí­dica, desde los puntos de vista de la doctrina y la ciencia jurí­dica, para alcanzar la eficiencia de la justicia penal mediante la materialización de la oportunidad, garantizando los derechos fundamentales de la ví­ctima y del sospechoso o procesado, partiendo del desarrollo de un modelo de aplicación del principio procesal en estudio, determinando sus premisas, principios y componentes. A partir de su epistemologí­a se expresa un conjunto de afirmaciones en forma de constructos que serán validados a través del criterio de expertos calificados en el área, este análisis constituye una validación de contenido, al mismo tiempo, un acercamiento a la realidad del criterio del jurista en su carrera por hacer justicia.

Analizar si el artículo 529.1 del Código Orgánico Integral Penal, vulnera la garantía a la presunción de inocencia del procesado en la comisión flagrante del delito de asesinato, en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a partir de junio de 2020. El Derecho Penal es una de las áreas más complejas y controvertidas del mundo jurídico, debido a la naturaleza dogmática, a la mutabilidad de las normas penales, y por supuesto, al desarrollo normativo penal, el cual no puede trascender la esfera de protección que le ha otorgado el Derecho Constitucional. Esta investigación analiza la presunción de inocencia como garantía del proceso penal en la comisión del delito flagrante de asesinato, cuya delimitación fue el cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura. Ergo, el análisis se torna normativo-positivista, en razón de que el examen se dirige al artículo 529.1 del Código Orgánico Integral Penal, en virtud de que el legislador ecuatoriano, en un intento de ejercer con más dureza el poder punitivo y el monopolio de la fuerza estatal, ha reformado la regla de procedimiento, permitiendo, de esta manera, que los sujetos aprehendidos en delito flagrante, sean; en ciertos tipos penales; expuestos a la comunidad y a los medios, sin antes advertir que existen presupuestos de hecho en donde se puede ver afectada la conditio o status de inocencia del aprehendido, lo cual resulta contradictorio con la protección de los derechos y garantías reconocidas en el texto constitucional. Por medio de la utilización del método científico, exegético y sistemático; propio de los estudios cualitativos; y a través de técnicas como la entrevista a expertos y el análisis de contenidos; debido a la naturaleza dogmática de la problemática de estudio; se obtuvieron conclusiones apoyadas en criterios de los operadores de justicia; jueces y fiscales; así como de varios destacados académicos en materia penal, y por supuesto, de quienes hacen del litigio su práctica diaria, quienes apoyaron la línea investigativa que sostiene la vulneración a la presunción de inocencia con la aplicación del artículo 529.1 de la normativa penal ecuatoriana. Maestría

Analizar doctrinariamente los elementos referentes al principio “actio libera in causa” demostrando la imputabilidad del cometimiento del hecho y la conducta penalmente relevante. El presente trabajo persigue analizar doctrinariamente los elementos referentes al principio actio libera in causa, demostrando la imputabilidad de la comisión del hecho y la conducta penalmente relevante. En el mismo, se utilizó el método teórico jurídico, el histórico lógico y el exegético analítico. En el orden práctico se realizó un análisis documental, un estudio de derecho comparado en legislaciones y regulaciones de diferentes países y se aplicó una entrevista a 7 especialistas cuya profesión se relaciona con el sistema judicial. Los resultados obtenidos mostraron que la actio libera in causa en los delitos culposos del tránsito atenta contra el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, resulta necesaria la inserción de una correcta regulación de esta doctrina en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Maestría

En la legislación ecuatoriana al igual que en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal y excepcional, debido a que restringe el derecho a la libertad de la persona. El Código Orgánico Integral Penal COIP, contempla a la prisión preventiva dentro del artículo 534, estableciendo los requisitos que deben concurrir para que esta sea ordenada, siendo estos: elementos de convicción que demuestren el delito por el cual se está imputando, elementos sobre la intervención del justiciable, mismos que deben ser claros y precisos, indicios que justifiquen que las otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar la comparecencia a juicio del procesado y que el delito se sancione con una pena superior a un año. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es importante que las medidas alternativas personales se racionalicen, ya que la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva contribuye a aumentar los niveles de hacinamiento carcelario, rasgo que es característicos de los países latinoamericanos. Precisamente, el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador se constituye en el mecanismo idóneo que le permite al juzgador imponer una medida cautelar observando el debido proceso. El presente estudio aborda la importancia de la aplicación efectiva de este principio, a fin de que la prisión preventiva cumpla con verdadera naturaleza jurídica y no se convierta en un prejuzgamiento o una pena anticipada. In Ecuadorian legislation, as in the international treaties and agreements ratified by Ecuador, preventive detention is a precautionary measure of a personal and exceptional nature, because it restricts the right to freedom of the person. The Organic Code of Comprehensive Criminal COIP, provides for preventive detention under Article 534, establishing the requirements that must concur for it to be ordered, these being: elements of conviction that demonstrate the crime for which it is being charged, elements on intervention the defendant, they must be clear and precise, evidence to justify that the other precautionary measures are insufficient to guarantee the appearance in the trial of the defendant and that the crime is punishable by a penalty of more than one year. Likewise, the Inter-American Court of Human Rights has pointed out that it is important that alternative personal measures be rationalized, since the indiscriminate application of preventive detention contributes to increasing the levels of prison overcrowding, a feature that is characteristic of Latin American countries. Precisely, the principle of proportionality established in the Constitution of the Republic of Ecuador is the ideal mechanism that allows the judge to impose a precautionary measure observing due process. This study addresses the importance of the effective application of this principle, so that preventive detention meets a true legal nature and does not become a prejudgment or an anticipated penalty.

En una era globalizada, en la que el crimen es concebido como fenómeno y enemigo potencial de la estabilidad de los Estados, la punición se comporta como regla antes que excepción. De este modo se ha admitido la cesión y en muchos casos inclusive la confiscación de derechos, como respuesta para el delito. La justicia restaurativa surge frente a este panorama, con una mirada en retrospectiva a los orígenes del conflicto, devolviendo protagonismo a la víctima y buscando la reconciliación del infractor con la comunidad, sin pretender exclusivamente el castigo, sino más bien el restablecimiento de la paz social. Se pretende a través del presente trabajo de investigación, analizar la aplicación del Derecho Penal mínimo como alternativa a la solución punitiva para favorecer la implementación de canales de justicia restaurativa en la legislación nacional, así mismo dar cuenta de los beneficios de este recurso, tanto para la administración de justicia, cuanto para los intervinientes en el proceso penal. Con el soporte de una guía de observación, se registran e identifican los recursos adoptados durante el año 2018 en las diversas investigaciones y procesos penales para dar fin al conflicto; y, con el apoyo del criterio de expertos, a través de una entrevista estructurada se obtienen puntos de vista abordados desde los diferentes ámbitos en los que cada uno de los consultados se desempeña, sean estos como jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio profesional y académicos dedicados al estudio de la ciencia penal. A través de los resultados obtenidos, se ofrece un panorama actual de la problemática en estudio. Se concluye con una propuesta que permite ampliar la posibilidad de adopción y efectos de un proceso conciliatorio, con el objeto de que bajo acuerdo de las partes se eviten soluciones punitivas en los procesos y se privilegie como esencia del sistema, la reparación de las víctimas. In a globalized era, in which crime is conceived as a phenomenon and a potential enemy of the States stability, punishment as a deterrent resource acts as a rule rather than as an exception. In this way the cession has been admitted and in many cases even the confiscation of rights, as a response to the crime. Restorative justice emerges in the face of this panorama, with a retrospective look at the origins of the conflict, returning protagonist to the victim and trying to find the reconciliation of the offender with the community, without pretending exclusively the punishment, but the restoration of social peace. The aim of this research is to analyze the application of minimum criminal law as an alternative to the punitive solution to favor the implementation of restorative justice channels in national legislation, as well as to account for the benefits of this resource, both for the administration of justice, as for the parties involved in the criminal process. With the support of an observation guide, the adopted resources are registered and identified during the year 2018, in some investigations and criminal proceedings in order to end the conflict; and, with the support of the experts' criterion, through a structured interview, points of view are obtained that are addressed from the different spheres in which each one of the respondents works, they can be judges, prosecutors, lawyers in free professional practice and Academics dedicated to the study of penal science. Through the obtained results, a current panorama of the problematic in study is offered. It concludes with a proposal that allows expanding the possibility of adoption and effects of a conciliatory process, with the aim that, under the agreement of the parties, punitive solutions are avoided in the processes and the victim's reparation is privileged as the essence of the system.