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La presente investigación tiene como propósito establecer la injerencia de la Inteligencia Artificial (IA) en al ámbito jurídico, con especial atención en la decisión jurídica y política. Para ello, se realiza un análisis descriptivo de su uso en las decisiones judiciales, administrativas y legislativas abordando escenarios del derecho sustantivo, procesal y probatorio con el fin de resolver la siguiente pregunta jurídica: ¿la inteligencia artificial es un instrumento para adoptar decisiones jurídicas o es un nuevo ente generador de decisiones jurídicas? Este interrogante es desarrollado teniendo en cuenta diferentes fuentes del derecho, entre las que se destacan pronunciamientos judiciales, doctrina y legislación que desarrolla el uso de la inteligencia artificial, las cuales son analizadas con políticas de gobierno y de Estado que han planteado su incorporación en el campo del derecho., The purpose of this investigation is to establish the interference of Artificial Intelligence in the legal field, with special attention to the legal decision. For this, a descriptive analysis of its use in judicial, administrative and legislative decisions is carried out addressing scenarios of substantive, procedural and probative law in order to solve the following legal question: Is artificial intelligence an instrument to adopt legal decisions or Is it a new entity that generates legal decisions? This question is developed taking into account different sources of law, including judicial pronouncements, doctrine and legislation that develops the use of artificial intelligence, which are analyzed with government and state policies that have raised their incorporation into the field of law.

En el presente trabajo de investigación se demuestra que el diseño institucional para sancionar a inspectores de policía que ejercen funciones jurisdiccionales, vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Con herramientas de investigación bibliográfica se adelantó un trabajo cuyos resultados en tres partes muestra, en primer lugar, las funciones que cumplen los inspectores de policía que emiten decisiones de naturaleza jurisdiccional; en segundo lugar, la competencia para adelantar procesos en contra de quienes ejercen dichas funciones; y, en tercer lugar, la afectación al debido proceso derivado del diseño institucional que permite sanciones administrativas a inspectores de policía por parte de órganos distintos al Consejo Superior de la Judicatura. De allí que el corolario del estudio deja abierta la posibilidad para que, en la práctica, cualquier inspector de policía pueda acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en caso de sanción impuesta por un órgano que claramente no tenga competencia. (Tomado de la fuente).

El presente libro es el resultado de la investigación realizada por el Grupo en Derecho Público y TIC de la Facultad de Derecho y el Grupo en Derecho Público y TIC de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia, dentro de la investigación titulada “Análisis de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia y los avances del gobierno abierto” en la línea de investigación sobre Derecho TIC. Se contó adicionalmente con la colaboración del Departamento de Comunicación de la University of Texas at Arlington, EE.UU. En este trabajo se abordó el problema de la aplicación de la ley de transparencia con el fin de crear un mecanismo adecuado que contribuya a su aplicación e implementación por parte de la ciudadanía en los gobiernos locales, además de dar respuesta a la pregunta: ¿puede establecerse un mecanismo que contribuya a la implementación de la ley de transparencia y al derecho de acceso a la información pública en Colombia? Para esto, en el primer capítulo del presente documento se muestra una descripción de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información que nos ayuda a diseccionar y establecer los principales derechos, obligaciones y mecanismo de aplicación de ley. En el segundo capítulo se abordan los sistemas de garantías, control y vigilancia de la transparencia electrónica, lo que nos permite determinar la capacidad de aplicación de la ley. En el tercer capítulo, buscando un mecanismo adecuado para el fin propuesto, se analiza la efectividad de la ley en la legislación en Colombia y en España, y se proponen recomendaciones que contribuyen a que la transparencia sea más efectiva para ambos países. En el cuarto capítulo se estudia el acta de libertad de información de los Estados Unidos, además de su función en el desarrollo de la labor periodística, y viceversa, mecanismo utilizado como fundamento para el desarrollo de elementos que pueden ayudar a desarrollar la ley en Colombia. En el quin

El tránsito de lo analógico a lo digital posibilitó la emergencia de procesos autogestionables que desplazaron a los medios de comunicación convencionales e hicieron posible el acceso a la información de forma extendida, transformando la economía, el derecho y la administración del Estado. Los diferentes textos que se presentan en este libro analizan los impactos de las nuevas tecnologías de la información desde una perspectiva transdisciplinar y multidisciplinar, tomando en consideración fenómenos como big data, derecho, internet, ciberdefensa, gobierno electrónico, acceso a la información, brecha digital, protección de datos, inteligencia artificial y cibernética. A partir de disciplinas como la sociología, la ciencia política y el derecho, se avanza en una perspectiva global y compleja acerca de la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el campo jurídico y en el Estado

La expresión big data se debe al trabajo de Schönberger y Cukier (2013a). En español se utiliza también esta expresión inglesa. El Parlamento Europeo (2017) hace referencia a ‘macrodatos’, y no tanto a ‘datos masivos’: Recopilación, análisis y acumulación constante de grandes cantidades de datos, incluidos datos personales, procedentes de diferentes fuentes y objeto de un tratamiento automatizado mediante algoritmos informáticos y avanzadas técnicas de tratamiento de datos, utilizando tanto datos almacenados como datos transmitidos en flujo continuo, con el fin de generar correlaciones, tendencias y patrones (analítica de macrodatos).

Las sociedades han construido el concepto de lo inconmensurable. Se trata de una abstracción que significa aquello que no podemos asir, que sabemos que existe pero que es más grande que nosotros y nuestros conocimientos. Lo inconmensurable es generalmente un reflejo matemático, algo que solo otra abstracción puede explicar: los números. Ellos expresan estas relaciones de lo inasible, pues señalan algo que al parecer es tangible, pero que, al juntarse de forma geométrica, termina rompiendo las barreras de esa línea divisoria entre la certeza y la fe científica. Los datos son cuantificables y por ello se expresan de forma abstracta; cuando estos datos aumentan su cantidad y complejidad, inician ese proceso místico de existencia basada en la fe científica, un salto de imaginación para el ciudadano promedio. No se trata de señalar que la ciencia que sostiene y estudia sus interrelaciones es inválida y poco consistente, pues seguramente lo es; se trata de pensar cómo las personas que no forman parte de la élite intelectual que ha creado los parámetros de comprensión de los datos se relacionan con ellos y construyen una epistemología asociada.

El presente capítulo tiene por objeto realizar un estudio del big data en la ciberdefensa y ciberseguridad nacional vs. el derecho a la privacidad del ciudadano colombiano. Con ese propósito, se analizan y desarrollan los conceptos, los elementos, las fases y las técnicas del big data en el marco de la administración electrónica. Se realiza también un análisis del papel de los equipos multidisciplinarios y del uso del big data, los contextos de aplicación, la necesidad de análisis de información, el procesamiento de imágenes, voz y datos, el tratamiento de datos y determinados aspectos éticos y legales. La metodología que se utiliza parte de explorar y comprobar los hechos desde una perspectiva jurídica, sigue los presupuestos de una investigación cualitativa y se diseña una teoría desde la interpretación de acciones y procesos sociales. En el marco de la utilización de la tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en los últimos años han emergido herramientas de análisis masivo de información dentro de las propias administraciones. La combinación entre servicios, información, datos -muchos de estos privados-, herramientas y las nuevas técnicas de gestión de la información -como pueden ser las que utilizan big data- ocasionan situaciones que pueden poner en riesgo a gobiernos, administraciones, ciudadanos, empresas, entre otros; por ende, su previsión debe ser un elemento en el marco del desarrollo de las competencias de cada administración.

La cuarta revolución tecnológica, o la revolución de la información, produjo una serie de transformaciones que impactaron tanto la sociedad como la organización del Estado. Lo anterior, aunado a los procesos generados a partir de la globalización, presionó la reestructuración del Estado hacia estructuras flexibles de administración. Estas transformaciones se dan en el marco de una sociedad interconectada, donde se produce un permanente flujo de información. La posibilidad de que los ciudadanos interactúen entre sí y con las instituciones representa un reto para la estructura del Estado en el contexto de la globalización, en todos los aspectos, así como para todo el derecho en sus diferentes dimensiones (Sánchez, 2014, p. 27).

Este caso de estudio forma parte del proyecto de investigación Derecho y Big Data, en el que participan dos grupos de investigación de la Universidad Católica de Colombia: a) Investigación en Derecho Público y TIC, perteneciente a la Facultad de Derecho; b) Software Inteligente y Convergencia Tecnológica (GISIC), adscrito a la Facultad de Ingeniería. Además, cuenta con la participación de dos colaboradores externos: la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP); esto último, a partir de un convenio celebrado entre la Universidad y la entidad del Estado. Las ciudades inteligentes o smart cities buscan optimizar sus procesos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, mediante la recopilación de datos y utilizando dispositivos de software y hardware -por ejemplo, cámaras de video, sensores y smartphones-. De esta manera, el Gobierno puede identificar los posibles problemas que se encuentran en alguna sociedad en particular e incluso adelantarse a situaciones que se pueden convertir en caos (Anaya, 2017).

El presente libro fue elaborado por le grupo de investigación en Derecho Público y TIC, G-TICCY de la Universidad Católica de Colombia, como resultado del proyecto de investigación sobre la responsabilidad del Estado por la utilización de las administraciones públicas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación – TIC, atendiendo especialmente la promoción y respeto de los derechos fundamentales en general, la protección de los datos, las actuaciones administrativas respecto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y la generación y difusión de contenidos en Internet a través del gobierno en línea. Se ha pretendido en este libro, no solo plantear una serie de problemas todos ligados a la responsabilidad del Estado, sino analizar que estos explican diversos niveles de esta responsabilidad, difusa cuando el modelo de aplicación se refiere a asuntos típicos de marcos regulatorios generales y concreta cuando hace referencia directamente a derechos fundamentales.

Primero se presentará el marco de comprensión del significado de un derecho con el objeto de definir el marco general en el que se aplicará una teoría de la responsabilidad de los derechos. En segundo lugar, se hará un acercamiento no exhaustivo a algunos de los derechos que cambian o que se crean con la aplicación cotidiana de las TIC. En una segunda parte, se recreará el esquema general de responsabilidad por violación de los derechos, en especial, desde la perspectiva del derecho internacional público y el derecho constitucional. Desde allí se definirán algunas rutas de responsabilidad que se han seguido con ocasión de la aplicación tecnológica en los últimos años y se concluirá con la aplicación de un marco de responsabilidad para el ejercicio de los derechos en el ambiente tecnológico y en especial el derecho al acceso a Internet.

El planteamiento de la responsabilidad de los proveedores de servicios de telecomunicaciones está dado por un sinnúmero de elementos que nos plantean la necesidad de delimitar el estado de la cuestión a cierto número finito de cuestiones. Es así como se estructuran y cohabitan: la relación entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y la administración pública; los casos donde la administración actúa como prestador del servicio de telecomunicaciones, y cuando la prestación del servicio se delega; cuando la prestación del servicio se concentra exclusivamente en los prestadores de servicios de internet, pero excluye y especializa el debate de responsabilidad a los medios electrónicos; la delimitación de la responsabilidad patrimonial (civil), política, administrativa, penal e, incluso, disciplinaria. Todos estos aspectos, además, interactúan con la doctrina clásica de la responsabilidad, en cuanto a los conceptos de: responsabilidad objetiva y subjetiva; de falta o culpa del servicio; de falta o culpa personal, y de calidad de servidor público.

A partir de la doble función que desempeña el Estado, se plantea el análisis de la presente investigación, que busca dilucidar cuál es la responsabilidad de la administración pública cuando hace tratamiento de datos personales y cuál es la eficacia de sus facultades de vigilancia y control a dos años de haber entrado en vigencia la Ley 1581 del 2012. El primer postulado trae consigo varios retos importantes que se deben abordar cuando las entidades de derecho público actúan como responsables del tratamiento. Los principales cuestionamientos que surgen están enfocados a aclarar si las entidades de derecho público de los ámbitos nacionales, regionales y locales requieren de autorización para el tratamiento de datos personales. La respuesta positiva conlleva a preguntarse si están obligadas a cumplir con todos y cada uno de los deberes a que obliga la ley o si por el contrario están exceptuados de implementar una política de protección de datos personales, medidas técnicas, humanas y administrativas dentro de sus organizaciones que garanticen el correcto tratamiento de los datos personales, como lo están obligadas las entidades de derecho privado. Así mismo, es igualmente importante revisar cuáles son las responsabilidades administrativas y disciplinarias que se derivan del tratamiento no autorizado de los datos personales y cuáles sus consecuencias. Tales proposiciones hacen repensar la manera como las entidades recogen, almacenan, tratan y eliminan información personal. Tal actividad, propia de las funciones que realizan, les sugiere el reto de llegar a determinar qué datos poseen, qué uso les están dando y con qué finalidad recolectan y tratan permanentemente información personal de los ciudadanos.

La terminología que se emplea para hacer referencia a la idea de la sociedad de la información difiere así: sociedad del conocimiento, sociedad informacional, sociedad posindustrial, sociedad digital, ciberespacio, sociedad red, las TIC, las nuevas tecnologías. Aunque no de forma exclusiva, lo cierto es que cuando se hacen estas referencias permanece en el núcleo del pensamiento lo que es su exponente básico: la red de redes, Internet.

La llegada de las nuevas tecnologías ha presentado a la humanidad grandes cambios en la estructura social y ha replanteado las relaciones entre todos los individuos. Esta nueva situación tiene sin lugar a dudas consecuencias sobre el ordenamiento jurídico del Estado, que no se ha analizado de forma profunda o sencillamente no se ha contemplado todavía, a lo que no son ajenas las nuevas relaciones surgidas entre los privados y el Estado, por la prestación de servicios o su intermediación y la responsabilidad que se puede derivar, como en el caso de los proveedores de servicios de telecomunicaciones o PST. Aún es incierto el alcance de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la estructura jurídica del país debido, principalmente, al hecho de que se están implementando de manera acelerada acciones a todos los niveles de la administración pública, sustentadas por una política pública que ordena, según los Conpes 3072 del 2000 y 3650 del 2010, la creación e implementación de medios electrónicos en la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Es el caso de la intermediación que hacen los Operadores de Comunicaciones o Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones (PST), entre el ciudadano y la administración, y como se puede derivar de esta intermediación una responsabilidad estatal, por ejemplo, cuando la prestación del servicio sufre una falla y como consecuencia se presenta una interrupción de la comunicación entre estos individuos y el Estado, que pueda acarrear la violación de derechos; caso concreto de la imposibilidad de participar en una licitación pública por falla del sistema, cuando la culpa es imputable al PST.

El presente capítulo parte de la idea de construir y generar conocimiento respecto del objeto sobre el cual se trabaja, para generar propuestas de solución a los problemas que se describen. Primero se plantea el problema objeto de estudio, los objetivos generales y específicos que se buscan, la delimitación conceptual, la delimitación del conjunto normativo y doctrinario que soportan la discusión jurídica sobre la materia. Una vez buscados y encontrados los documentos y normas que plasman la discusión sobre el tema objeto de investigación, se procedió a su lectura y se construyó el presente documento a partir de un análisis cualitativo. El resultado de tal examen se resumen en la siguiente: 1) en la primera parte de este documento se analizan varios textos a partir de los contenidos, esto desde la óptica del derecho; 2) en la segunda parte se analizan algunos supuestos de publicación de contenidos por las administraciones y su consecuente responsabilidad y 3) se harán las recomendaciones pertinentes objeto de desarrollo académico.

En cada uno de los nuevos escenarios del sector de las (TIC), el derecho ha entrado, o está en proceso de hacerlo, a comprender y regular de una forma un tanto abrupta e improvisada la interacción que se presenta entre el Estado, los ciudadanos y los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Esta situación se evidencia, principalmente, por el avance desenfrenado de dichas tecnologías, que, de una forma profunda, han transformado los distintos escenarios sociales y que impiden que el derecho cree los espacios y los tiempos necesarios para una adecuada reflexión y un debate generador de normas afines al tema de las TIC. Por tal motivo, podemos observar cómo en distintas situaciones se crean normas carentes de un paraguas que cubra la total complejidad de sus situaciones, y que hacen necesaria la reflexión posterior de las normas o de nuevos escenarios no contemplados por la ley. Aunque desde el inicio mismo de las telecomunicaciones en Colombia, podemos hablar de una relación entre el derecho y las TIC, y si bien se han dictado leyes importantes en la materia, como la Ley 54 de 1973 (la cual aprobó el acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite [Intelsat]), la Ley 46 de 1985 (que aprobó el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para Colombia) o la Ley 252 de 1995 (que aprobó la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones), nos ubicamos en los años finales del siglo XX para hablar del surgimiento de los cambios más significativos que han dado origen a situaciones como la Internet, las redes sociales, el comercio electrónico, la brecha digital, el ciberespionaje, los delitos electrónicos, la protección de datos personales o la administración electrónica, y que, a su vez, han generado la necesidad de una nueva legislación, a escala nacional e internacional, para regular esas realidades sociales.

Con este trabajo de investigación se busca implementar una herramienta práctica y de aplicación a todo nivel en la Fuerza Aérea, que incremente los niveles de seguridad en las operaciones áreas fomentando la cultura de prevención y determinando los procedimientos mínimos que se deben tener en cuenta en todo planeamiento con el fin de evitar al máximo la ocurrencia de eventos no deseados de seguridad Aérea relacionados con colisión Aérea en vuelo

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un Manual de Sistema de Gestión de Calidad para la prevención de incidentes por factor de tránsito aéreo en la Fuerza Aérea Colombiana, lo cual permitirá contar con los instrumentos ideales para que la autoridad aeronáutica militar asignada a la Inspección General de la Fuerza Aérea en coordinación con la Dirección de Navegación Aérea , desarrolle actividades que busquen minimizar la ocurrencia de actos en los que los controladores de tránsito aéreo puedan incurrir cuando dirijan operaciones o impartan instrucciones a las aeronaves que se encuentren bajo su jurisdicción aérea. Así mismo, contar con los medios técnicos disponibles para garantizar la eficiencia de las acciones de este personal , y el recurso humano profesionalmente capacitado para brindar los servicios de navegación y de apoyo al vuelo. Para llegar a esta conclusión se aplicó una encuesta al personal de pilotos que para el caso particular son los clientes, así mismo, al personal de controladores de tránsito aéreo de las Unidades más operativas. Por otra parte, mediante la capacitación, el análisis objetivo de la Matriz DOFA y de los Informes de Riesgos Operacionales (IROS) allegados a la Dirección de Navegación Aérea, se determinaron las áreas críticas que debieron ser atacadas para mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios de tránsito aéreo que se facilitan en las Unidades de la Fuerza Aérea. Paralelamente, la situación actual del perfil profesional del personal de controladores de tránsito aéreo disparó las alarmas que dieron a conocer las deficiencias que en esta materia se están presentando a nivel institucional. El mismo modelo de Gestión de Calidad está orientado a incrementar la capacidad operativa, mejorar el desempeño profesional de los controladores, disminuir el riesgo de la ocurrencia de incidentes, la administración del recurso humano en pro del desarrollo seguro y eficiente de las operaciones aéreas. Se propone estructurar u