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El acceso a la justicia de las personas con discapacidad enfrenta múltiples desafíos en áreas legales, arquitectónicas, culturales, económicas, procedimentales y comunicativas. Estos desafíos limitan su capacidad para buscar una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que crea una vulnerabilidad particular en este grupo vulnerable. Frente a estos derroteros, este artículo se enfoca en analizar en profundidad las barreras comunicativas que dificultan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Se abordarán estas limitaciones específicas y se explorarán soluciones potenciales, haciendo especial hincapié en la implementación de ajustes razonables. Así, se destacará la importancia de utilizar un lenguaje claro e inclusivo, la disponibilidad de documentos en braille, la presencia de intérpretes de lengua de signos y la figura del facilitador judicial. Además, se pretende que estos ajustes, inspirados en instrumentos de aplicabilidad directa, encuentren su aplicación en los tribunales cubanos, y que, tal como se proclama en el artículo 40 en relación con el artículo 89 de la Constitución cubana, se garantice la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.