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Este artículo persigue examinar el fenómeno de las tasas judiciales en Chile, indagando en su naturaleza jurídica, historia y las implicancias económicas que puede tener un concepto más amplio o restringido de ellas. Al respecto, se ha utilizado una metodología histórica y un análisis dogmático, indagando en las justificaciones que pueden motivar su establecimiento, así como los problemas que pueden traer aparejados para garantizar el acceso a la justicia. El artículo identifica que las tasas judiciales no son un buen instrumento para reducir la litigación estratégica de ciertos demandantes habituales, toda vez que existen mejores mecanismos alternativos para cumplir esos fines. Con todo, lo anterior no obsta a que las tasas pueden servir para un objetivo recaudatorio que sea consistente con el acceso a la justicia, proponiéndose algunas formas para calcular una tasa óptima que persiga financiar, en parte, la administración pública de justicia.

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El presente artículo discute sobre la autonomía de los órganos persecutores del delito en México. Se plantea que la autonomía reconocida formalmente no se ha visto reflejada en independencia política, ya que las nuevas fiscalías continúan trabajando como órganos políticos del gobierno en turno. Esto impide que estos órganos puedan fungir como auténticos garantes del derecho de acceso a la justicia. Se sostiene la necesidad de promover cambios en la cultura institucional, para concebir las funciones de investigación y persecución de delitos como estrictamente técnico-jurídicas y dotar a los fiscales de las mismas garantías de independencia que corresponden a los jueces.

El acceso a los servicios públicos se muestra condicionado en países en vías de desarrollo: las entidades públicas carecen de un presupuesto necesario y abundan limitaciones logísticas y de personal derivadas del elevado volumen de requerimientos. En el caso peruano, la accesibilidad a servicios vinculados al ámbito de la impartición de justicia es limitado, en especial para las personas con discapacidad. Las entidades públicas no han logrado identificar las consecuencias negativas de una atención negligente o disfuncional respecto de estos/as ciudadanos/as. Frente a ello, mediante una metodología cualitativa con alcance descriptivo, en este documento se pretende evaluar el acceso a la justicia como derecho y servicio públicos de la población peruana con discapacidad, y argumentar que los mecanismos legales y reglamentarios son ineficaces para mejorar la capacidad de atención especial y diligente del Estado. Los resultados resaltan la necesidad de reformar los sistemas de atención y evaluación de las entidades públicas peruanas, incorporando ajustes razonables, con la finalidad de ofrecer una respuesta equitativa a las demandas de las personas con discapacidad en cuanto a la garantía de sus derechos y acceso a servicios públicos.

La Sra. Rodríguez Pacheco decidió someterse a una cesárea programada para el nacimiento de su hija. En el momento de la cirugía, el diagnóstico de placenta adherida a las paredes del útero se confirmó. Ante ello, la paciente manifestó su voluntad de ser sometida a una extracción total del útero (histerectomía). El cirujano a cargo se negó al pedido y aseguró que no resultaba necesario, suturando la incisión. Las complicaciones comenzaron al transcurrir las horas, con graves secuelas que acompañarán a la Sra. Rodríguez Pacheco el resto de su vida. Ante ello, interpuso una acción penal contra los médicos, la cual por ineficacia, burocracia, desatención y desidia del poder judicial venezolano terminó 14 años más tarde con prescripción extraordinaria y sobreseimiento de los imputados. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emplazó al estado de Venezuela con recomendaciones y medidas a seguir las cuales fueron desoídas por lo que se sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) quien condenó al estado implicado por violación al derecho de la salud, de la vida y del acceso a la justicia de la Sra. Rodríguez Pacheco y de su núcleo familiar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por vulnerar derechos fundamentales de Balbina Francisca Rodríguez Pacheco y su núcleo familiar, en un caso de violencia de género en su modalidad obstétrica, mala praxis médica y denegación del acceso a la justicia. El proceso penal estuvo marcado por una serie de irregularidades que incumplían los estándares interamericanos del plazo razonable y con ello hicieron nugatorio el derecho a acceder a la justicia de la Sra. Rodríguez Pacheco. Estas malas prácticas procesales tienen como efecto negativo la perpetuación de prácticas violentas arraigadas en los centros de salud en contra de las mujeres que asisten a ellos y permite que se vulneren sus derechos a la salud y a su integridad personal, por lo cual, es un deber del Estado garantizar mecanismos eficientes para la debida investigación de este tipo de hechos para un efectivo acceso a la justicia.

This article aims to examine the phenomenon of court fees in Chile, exploring their legal nature, historical development, and the economic implications of adopting either a broader or more restrictive concept toward court fees. A historical methodology and dogmatic analysis were used to investigate the rationales for their implementation, as well as the challenges they pose to ensuring access to justice. The article concludes that court fees are not an effective instrument for reducing strategic litigation by certain habitual claimants, as better alternative mechanisms exist to achieve this purpose. However, it recognizes that court fees could serve a revenue-generating goal, provided this is consistent with access-to-justice principles. The article suggests several approaches to calculating an optimal fee designed to partially fund the public administration of justice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This study seeks to deepen the issue related to the discrimination of indigenous women, through the violation of their rights and the effects that arise from the intervention of the IACHR in this type of cases, not only reference is made to Mexico but also to other countries in America where similar cases have arisen and this ruling has been marked as a precedent of great importance for the resolution of cases of the same nature. This study was based on a documentary review of the sentence issued by the IACHR, in contrast with cases from other countries. It is concluded that the Rosendo Cantú case shows the need to strengthen access to justice for indigenous women victims of violence, especially in cases of sexual violence, considering their vulnerable situation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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This article analyzes the constitutional implications of the future validity of the Escazú Agreement (Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean) in the legal Peruvian system. Second, this article analyzes whether there is consistency between the content of this regional treaty on environmental procedural rights and what is prescribed by the Constitution of Peru. This implies analyzing a series of constitutional principles associated with the Ecological Constitution, the principle of sustainability, the fundamental right to enjoy a healthy environment and the constitutional design of state environmental tasks. Through a documentary analysis of normative, jurisprudential and doctrinal sources on environmental matters, environmental procedural rights are described and their consistency at the level of constitutional regulation with other constitutional goods, such as economic freedoms, is analyzed. Finally, Peru faces various political challenges to improve the public management of its natural resources and thereby define its own model of environmental democracy. In this sense, the Escazú Agreement represents a challenge as well as an opportunity to give greater legitimacy to the planning of public decisions on ecosystems and the use of natural resources, and thereby avoid a possible impact on the fundamental right to a healthy environment. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El presente artículo tiene como objetivo exponer un análisis sobre las barreras directas e indirectas de acceso a la justicia para la población afrodescendiente en la ciudad de Medellín. Para ello, se empleó una metodología mixta de rastreo con análisis documental, jurisprudencial y normativo y consulta de informes estadísticos oficiales. Como resultado de la investigación, se presentan los factores sociales, económicos, étnicos, etarios, territoriales y tecnológicos que limitan el acceso a la justicia de población NARP (negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros). Se concluye que es necesaria una divulgación masiva de la legislación concerniente a los afrodescendientes, y la formulación de políticas públicas, planes y programas que tengan en cuenta su cosmovisión, su inclusión efectiva en diferentes escenarios, la promoción del proceso autónomo de etnoeducación y el incentivo real de espacios de derecho propio y justicia ancestral, lo cual puede allanar el camino a la igualdad material, la tutela efectiva de sus derechos y el acceso a la justicia de la población afrodescendiente en Medellín y, en general, en el país.

Con el presente trabajo se cuestiona la existencia de una adecuada tutela judicial efectiva en materia de medioambiente con base en el desarrollo del Convenio de Aarhus, el cual no resulta armonioso por parte de los Estados Miembros. El trabajo se dispone a través de un planteamiento reflexivo sobre la existencia de un proceso óptimo ante la carencia de regulación del acceso a la justicia en la materia. Recibido: 03 mayo 2024 Aceptado: 04 julio 2024

La Convención de Belém do Pará es uno de los instrumentos más importantes para la protección de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe al establecer la adopción de medidas apropiadas para modificar las manifestaciones de violencia contra la mujer, como es el caso de los estereotipos de género. A pesar de que dicha Convención fue ratificada por México en 1998, y que de ello se desprende su obligatoriedad en sede interna, es perceptible que los estereotipos de género juegan un papel importante en los procesos jurisdiccionales del país. En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es conocer la percepción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la actuación del Estado mexicano en este tema. Para ello, se han identificado cinco casos en los que se reafirma la presencia de estas prácticas en la impartición de justicia nacional. Este estudio fue realizado a partir de la revisión documental de la jurisprudencia de la Corte IDH en contraste con la normatividad aplicable a la materia. De dicho ejercicio, se concluye que los estereotipos de género influyen de forma directa en la debida diligencia de los agentes estatales vulnerando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

El acceso a la justicia de las personas con discapacidad enfrenta múltiples desafíos en áreas legales, arquitectónicas, culturales, económicas, procedimentales y comunicativas. Estos desafíos limitan su capacidad para buscar una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que crea una vulnerabilidad particular en este grupo vulnerable. Frente a estos derroteros, este artículo se enfoca en analizar en profundidad las barreras comunicativas que dificultan el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Se abordarán estas limitaciones específicas y se explorarán soluciones potenciales, haciendo especial hincapié en la implementación de ajustes razonables. Así, se destacará la importancia de utilizar un lenguaje claro e inclusivo, la disponibilidad de documentos en braille, la presencia de intérpretes de lengua de signos y la figura del facilitador judicial. Además, se pretende que estos ajustes, inspirados en instrumentos de aplicabilidad directa, encuentren su aplicación en los tribunales cubanos, y que, tal como se proclama en el artículo 40 en relación con el artículo 89 de la Constitución cubana, se garantice la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

El presente artículo de investigación analizó los factores que afectan la ejecución de la sentencia y obstaculizan la realización de la tutela judicial efectiva en el proceso ejecutivo civil en el marco del Código General del Proceso en Colombia. Debido a que en la práctica se presentan dificultades para la plena materialización de los fallos judiciales, esta investigación identificó elementos normativos y exógenos que inciden en este fenómeno. Para cumplir con este propósito, se utilizó una metodología cualitativa desde el paradigma interpretativo, aplicando técnicas de recolección documental y entrevistas semiestructuradas. Los resultados evidenciaron la existencia de factores normativos como la insolvencia del deudor y limitaciones al embargo, así como factores exógenos provenientes de errores de los actores judiciales y problemas de gestión, los cuales obstaculizan la ejecución efectiva de las sentencias en los procesos ejecutivos civiles. Se concluyó que algunos de estos factores, especialmente los exógenos relacionados con deficiencias en la actuación de jueces y abogados, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes. Sin embargo, otros elementos normativos hacen parte legítima del balance procesal entre las partes.

En América Latina, viven entre 41,8 y 53,4 millones de personas indígenas, de las que el 45,5% son pobres y el 7,1% son extremadamente pobres. El acceso a la justicia representa una dimensión esencial de todo Estado democrático y un requisito fundamental para el efectivo ejercicio del resto de derechos humanos y libertados públicas. Sin embargo, en la práctica, las poblaciones indígenas se enfrentan a situaciones de desigualdad estructural y discriminación sistémica de diversa índole socioeconómica, política y cultural que obstaculizan su acceso igualitario a unos recursos judiciales efectivos. Partiendo de la necesaria consideración de la especificidad indígena y del respeto a la diversidad cultural, y desde un enfoque de género e interseccional, el objetivo cardinal del presente artículo se centra en el análisis del progresivo reconocimiento en el sistema interamericano de derechos humanos del derecho de acceso a la justicia de las poblaciones indígenas, prestando especial atención a los elementos más innovadores y garantistas destacados por la doctrina especializada, por los informes y dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Human rida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presente artículo revisa el reconocimiento de la criminalidad y los accesos a la justicia en Valdivia, Chile, entre 1840 y 1857. Realiza un análisis de los antecedentes sobre la forma de comprender la violencia social en esta región y en este período, y de allí explora tendencias cuantitativas para complejizar los estudios sobre la narrativa en torno a la violencia. Indaga sobre la tendencia en los tipos de denuncias, los contextos y las penalidades en relación a la criminalidad reconocida dentro de la jurisprudencia existente, con el objetivo de caracterizar los cambios en las formas de acusar y condenar. Desde allí, reflexiona acerca de cambios administrativos y sociales acontecidos, observando la existencia de violencias habilitadas como parte de la normalidad, y al mismo tiempo, de violencias que se suponían normales como denunciadas, tan pronto como se percibe una burocracia judicial más segura, lo cual permite profundizar en la complejidad de la historia regional.

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Un disfraz, una máscara, una camisa de fuerza, una jaula que se naturaliza al punto de ocultarse. Así se van forjando los roles asignados a las personas por la pertenencia a un sexo-género determinado. Se forjan expectativas, leyes, decisiones judiciales o administrativas, políticas públicas, trabajos específicos, trabajos no remunerados, exclusiones al mercado laboral; se forjan también actitudes, deseos y emociones.

El trabajo aborda el concepto de debida diligencia reforzada en materia de violencia de género en el ámbito penal y su capacidad para ayudar a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de este tipo de delitos. Para dar contenido al concepto, se utilizan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de organismos internacionales y jurisprudencia local.

A través de este artículo de reflexión, se pretende evidenciar las limitaciones en el acceso efectivo a la administración de la justicia mediada por tecnologías de información, atendiendo especialmente los avances y desafíos jurídicos de la última década. Se busca determinar si las herramientas tecnológicas que actualmente están destinadas para las actuaciones en la jurisdicción civil facilitan el acceso a la justicia o aumentan la brecha digital en las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Asimismo, se estudió a través del ejercicio comparado la implementación de la justicia digital ante la jurisdicción civil en Alemania y México, para lograr una comprensión del avance de las tecnologías de información en otros países. Para esto, se utilizó un método cualitativo-sistemático de búsqueda de información, guiado por la revisión documental e indagación en fuentes primarias y secundarias, con lo que se obtuvo un análisis descriptivo de la información que se presenta. En conclusión, se logró adquirir una visión global del contexto colombiano y de las legislaciones que actualmente rigen estas nuevas actuaciones mediadas por las tecnologías de información, y de esta manera se evidenció una relación, clara y expresa, entre la brecha digital en los hogares colombianos y el acceso efectivo a la administración de la justicia de la jurisdicción civil en el país.

El derecho al acceso a la justicia, es uno de los más afectados cuando existe una víctima de desaparición. Las autoridades han creado estrategias con la finalidad de que las víctimas puedan ser lo mayormente compensadas, sin embargo esas medidas únicamente han quedado plasmadas en papel, pues si bien, la ley de víctimas aborda como se debe tratar correctamente a las personas víctimas, la reparación integral del daño en el mundo real, sigue dando mucho que desear. Miembros de colectivos han unido fuerzas y con frecuencia se manifiestan, pues; muy rara vez es posible que ocurran sentencias de reparación integral, además de a este punto también agregar que dentro de la reparación integral del daño, el estado tiene la obligación de salvaguardar este y todos los derechos de las víctimas, pero no les es posible cuando se destina poco recurso para solventar tan grande problemática, por tanto, mientras no exista la reparación integral, no existe la ejecución de el derecho al acceso a la justicia que todas las víctimas de desaparición deberían tener.

Los prejuicios, sesgos y estereotipos dañinos pueden formar parte de sistemas de creencias que apoyen ideologías discriminatorias. El objetivo de este artículo es poner el foco en estas formas de discriminación que inciden en el logro de una igualdad efectiva en la realidad social y jurídica. Para ello, se tomarán en consideración algunas teorías psicológicas desarrolladas con respecto al racismo y al sexismo que identifican formas encubiertas de prejuicios. Posteriormente, se hará referencia a la creciente atención por parte del legislador a elementos que conforman una cultura discriminatoria y como estos pueden vulnerar el acceso a la justicia.

¿Cómo entender las pequeñas causas y por qué son, cuando lo son, un problema de acceso a la justicia? ¿Cómo evaluar las estrategias procesales que buscan afrontar este problema? En el presente trabajo se abordan tales interrogantes y se ofrecen algunas respuestas que pueden sintetizarse como sigue. Se propone entender las pequeñas causas como aquellos casos en los cuales no hay incentivos positivos para demandar, dados los bajos beneficios esperados u otros factores que se especificarán. Serán un problema si resultase deseable que lleguen a los tribunales. Los sistemas procesales suelen abordar este problema de dos maneras, simplificando y/o unificando. Según se alegará, tales estrategias han de ser evaluadas por su aptitud para incentivar las conductas deseables, para lo cual es preciso contar con modelos teóricos que den cuenta de cómo se comportan, de hecho, las personas.

One of the purposes of Law is to achieve justice, which requires the existence of mechanisms that allow citizens to access it. Within the field of Law, there is a space dedicated to substantive law and another to procedural or adjective law. From there, a series of rights are framed, provided for in international, constitutional, and legal normative bodies. One of these rights is the right to be heard and attended to by jurisdictional bodies within a reasonable period, which implies receiving a response from the jurisdictional bodies in the shortest time possible. This also includes matters related to exceptional or special cases in which it would be possible to take action even when the legal term or deadline has already elapsed. This article analyzes the expiration as a procedural element of subjective action or full jurisdiction based on a reasonable timeframe. The methodology used is qualitative, applying the deductive hypothetical method with the proposal of three possible scenarios in which expiration has occurred in those cases. The results justify the assessment of subjective criteria when regulating the expiration of such action. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The following research is linked to the Bryant Garth Research Observatory, created in 2020 at the Rio de Janeiro State School of Magistrates (EMERJ). The Observatory developed a data production model to guide legal public policies, with the first empirical research developed within the scope of one of its centers, the Nucleus of Public Policies and Access to Justice (NUPEPAJ), held in 2021 in the aim of investigating the impact of name and gender change on the lives of trans people. The research was undertaken by means of collecting secondary data – in court cases – and primary data – from interviews with the subjects of these cases, with the categorized and analyzed data then discussed in this work. The results suggest that gender, age group, education, and violence impact the seeking out of this service and also how a name and gender change affects expectations of a life free of violence and with more opportunities for happiness. Based on debates on transfeminism and an expanded perspective on gender, we question the limits and possibilities for a construction of emancipatory practices by the Judicial Power in dialogue with other institutions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The Supreme Court of Spain's ruling on June 22, 2023 recognizes the right of animalist political parties to receive free legal assistance in cases related to the environment. The Animalist Party With the Environment (PACMA) challenged the denial of this right for an appeal before the Supreme Court. The court determined that political parties are included within the objective scope of recognition for non-profit organizations that protect the environment, as long as they meet the legal requirements. Therefore, PACMA's right to free legal assistance was recognized. The ruling also mentions other relevant judicial pronouncements regarding access to free justice in environmental matters. [Extracted from the article]

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