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Resumen El artículo examina hasta qué punto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano protege los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios, en aplicación del derecho/principio de igualdad. Para ello se contrasta dos concepciones de igualdad: igualdad como no discriminación e igualdad como no sometimiento. Especial atención se concede a esta segunda visión, como idónea para el abordaje de la situación de grupos que sufren discriminación estructural o que se hallan en situación de especial vulnerabilidad, como se propone que ocurre con los reclusos. El artículo encuentra que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú procura tutelar el igual disfrute y ejercicio de derechos fundamentales por los reclusos, mostrando evolución favorable a lo largo del tiempo. En particular, es interesante el uso del habeas corpus correctivo y, más recientemente, de la declaración de estado de cosas inconstitucional, en el caso de internos con discapacidad mental y en el caso del hacinamiento carcelario. Quedan, sin embargo, tareas pendientes, como mejorar el reconocimiento y participación de los reclusos como colectivo desaventajado.

Resumen: El artículo muestra que el empleo del estado de emergencia se halla “normalizado” en Perú. Analiza las deficiencias de la legislación sobre la materia, en particular su carácter fragmentario, incompleto y carente de sistematicidad, como también la insuficiencia de la jurisprudencia constitucio nal. Propone un cambio en la Constitución que regule tres modalidades de régimen de excepción, en vez de dos, de suerte de incorporar como modalidad autónoma el estado de alarma observable en otros ordenamientos constitucionales. Plantea introducir controles más eficaces sobre el modelo de autoinvestidura para la proclamación del estado de emergencia y la asunción de los poderes excepcionales por el Ejecutivo. Defiende una lectura de las causales de emergencia constitucional, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de manera de exigir siempre que exista una situación de afectación de la vida nacional (una “amenaza existencial”). Y procura un cumplimiento estricto del principio de temporalidad, mediante una adaptación del principio de “escala creciente de mayorías” sostenido por Bruce Ackerman.

The starting point of the article is the idea that the original model of state of emergency government established to save the Constitution can be found in the Classical Roman Republic. It makes the characteristics of this institution to be analyzed. Institution that has founded an intellectual ‘tradition’ in the political and legal Western thought. The study also comments the characteristics that distinguish the “Roman dictatorship” as a concept that lightens the theoretical options of people who worry about the constitutional emergencies and the powers to set against. El artículo toma como punto de partida la idea de que es en la República romana clásica donde ha de encontrarse el modelo original del gobierno de excepción instaurado para salvar la Constitución. A partir de ello, se analizan las características de esta institución, que ha fundado una«tradición» intelectual en el pensamiento político y jurídico de Occidente. El estudio también comenta los rasgos que distinguen a la «dictadura romana» como concepción que ilumina las opciones teóricas de quienes se preocupan por las emergencias constitucionales y los poderes para hacerles frente.

This paper examines the anti-terrorist strategy developed by Peru from the paradigm of the constitutional rule of law. One expression of this counter-insurgencyfight was the nearly permanent establishment of states of emergency and the adoption of criminalemergency laws, which are critically analyzed, because they led to serious results on fundamentalrights. In that sense, it is shown, with severe concern, the establishment by the PeruvianGovernment of legal “black holes” and “gray holes” at the expense of victims of enforceddisappearance. The author concludes by assessing the position of the courts and the challenge theyhave in elaborating a democratic and constitutional model for combating terrorism. El presente trabajo examina, desde el paradigma del Estado constitucional de derecho, la estrategia antiterrorista que desarrolló el Perú. Una de lasexpresiones de esta lucha antisubversiva fue la instauración casi permanente de los regímenes deexcepción y la aprobación de las leyes penales de emergencia, las cuales son analizadascríticamente, pues propiciaron graves afectaciones a los derechos fundamentales. En ese sentido, semuestra, con grave preocupación, la creación por parte del Estado peruano de«agujeros negros» y «agujeros grises» legales en desmedro de las víctimas de desaparición forzada.Finaliza el autor haciendo un balance de la postura de los órganos jurisdiccionales y el reto quetienen en la construcción del modelo democrático y constitucional de lucha contra el terrorismo.

States of emergency haven’t been unconnected to Peruvian history. When the first Constitution was proclaimed, a regime of suspension of constitutional order was declared. Today, the normalization of this reality continues being firmly present in the institutional life of the country.In this paper, the author analyzes the paradox that this notion entrails. With this purpose, he goes back to the evolution that this concept has suffered in doctrine. Also, he presents an historical approach to the presence of the institution in our country. Los estados de excepción no han sido ajenos a la historia peruana. Ni bien se proclamó la primeraConstitución, también se declaró un régimen desuspensión del orden constitucional. Hoy, la normalización de esta realidad integra la vida institu-cional del país.En el presente artículo, el autor analiza la paradoja que entraña esta noción. Con tal propósito, examina la evolución que se ha dado en la doctrina respecto del concepto. Además, nos plantea una aproximación histórica a la presencia de la institución en nuestro país.

El artículo es un estudio de caso que evalúa el estado de emergencia recientemente instaurado y prorrogado de manera sucesiva en la Provincia Constitucional de El Callao (Perú), para enfrentar un problema de inseguridad ciudadana provocado por la delincuencia común y el crimen organizado. Revisa ciertos aspectos de la aplicación del instituto de excepción constitucional en la práctica, y en particular examina dos problemas centrales: de un lado, el de si la amenaza definida por el Ejecutivo supone una afectación a la vida de la nación y, de otro lado, el de si se respeta el principio de temporalidad; ambas, exigencias establecidas por la Constitución peruana y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El artículo concluye que no está justificado y es, más bien, ilegítimo el mantenimiento del estado de emergencia en El Callao, a la luz de la Constitución peruana y de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.