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ilustraciones El artículo 21 del Estatuto del Consumidor -Ley 1480 de 2011 establece un régimen de responsabilidad presunta en los daños que por productos defectuosos sufra el consumidor. Dicha disposición impone la carga de probar al consumidor, aun cuando en cabeza del productor o comercializador se encuentra la experticia y el estado de la técnica para demostrar la falla o deficiente funcionamiento en el producto y sus causas, incluyendo conceptos ambiguos que obstaculizan la determinación del hecho dañoso indemnizable. (Texto tomado de la fuente) Article 21 of the Consumer Statute -Law 1480 of 2011 establishes a presumptive liability regime for damages suffered by the consumer due to defective products. This provision imposes the burden of proof on the consumer, even though the producer or marketer has the expertise and the state of the art to demonstrate the failure or malfunction of the product and its causes, including ambiguous concepts that hinder the determination of the compensable damage. Maestría Maestria en Derecho tipología de investigación jurídica un enfoque dogmático jurídico cualitativo, teniendo como objeto de estudio la carga de la prueba que impone el artículo 21 de la Ley 1480 de 2011 y la aplicación de esta en las acciones de protección al consumidor. Derecho Privado, Derecho Comercial, Derecho Procesal

Artículo de investigación Este trabajo tiene el propósito de analizar el control de los delitos cometidos por parte de las autoridades públicas y los manifestantes, ocurridos en el ejercicio del derecho a la protesta social en la ciudad de Bogotá durante el año 2020-2021, que derivó en complejas situaciones de alteración del orden público y de múltiples delitos que nada tienen que ver con la manifestación social. La metodología utilizada es explorativa en donde se destacan aspectos fundamentales sobre la situación particular surgida del estallido social en Colombia. Y que en concepto del autor es el eje fundamental en el que se centra este trabajo. Un año después de tales eventos aún se siente en la ciudadanía una percepción de inseguridad derivada de la violencia sin control acaecida en todos los sectores donde ocurrió. En tal sentido se evaluará el actuar del gobierno local, la administración y las autoridades policivas, la Fiscalía y la Procuraduría. (Tomado de la fuente). Pregrado Abogado RESUMEN INTRODUCCIÓN 1. Derecho a la Protesta CONCLUSIONES 2. Control del Delito y Vandalismo 3. Policía y Seguridad Ciudadana 4. El Derecho Penal y el Bienestar Social en el Estado Social y Democrático de Derecho REFERENCIAS

Artículo de investigación Los páramos son considerados territorios geoestratégicos debido a su importancia en el sostenimiento del equilibrio de la vida y por las diversas riquezas naturales que ostentan, por esa razón y con el ánimo de proteger estos biomas ante la asignación de concesiones mineras, se hizo necesario delimitar los páramos en Colombia, labor comisionada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien estableció los límites del Complejo de páramos Sumapaz-Cruz Verde en el año 2017 a través de la Resolución 1434, la cual no contó con los requerimientos jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional en materia de participación comunitaria generando como consecuencia, una orden judicial para realizar nuevamente el proceso de delimitación con primaria atención al enfoque participativo, procedimiento que a su vez presenta diversas dificultades para su ejecución, las cuales impactan los aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos. Pregrado Abogado Introducción. 1. El sistema de páramos y su delimitación en Colombia. 2. El Complejo de páramos Sumapaz-Cruz Verde y su proceso de delimitación. 3. Conclusiones Referencias.

Artículo de investigación El artículo plantea de manera crítica el reflejo de la tesis del derecho penal del enemigo y las corrientes filosóficas que la nutren, en la construcción de la normatividad penal colombiana, tanto en lo que corresponde a la tipificación de conductas, el incremento de las penas y el procedimiento para imponerlas. Siguiendo una metodología cualitativa basada en la revisión normativa y documental, se corrobora la hipótesis que consiste en que Colombia se destaca porque pese a la evolución constitucional que se fundamentó en el reconocimiento la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales, continúa reflejándose en el derecho penal, la idea de un enemigo que se opone precisamente a dicho espíritu constitucional, al que se le pretende atacar principalmente mediante el incremento de penas Pregrado Abogado Sumario Resumen Introducción 1. El derecho penal del enemigo, aproximación conceptual 2. El reflejo de las ideas de un enemigo del Estado en Colombia 3. Algunos ejemplos del reflejo del derecho penal del enemigo en la normatividad actual Conclusiones Referencias

Artículo de investigación Con el presente trabajo de investigación se pretende contextualizar algunos conceptos sobre la maternidad subrogada, los posibles efectos jurídicos por un incumplimiento de un acuerdo entre las partes. Aunque la maternidad subrogada no se encuentra reglamentada en Colombia, algunos ciudadanos colombianos acuden a dicha práctica, por medio de un acuerdo entre las partes. El pacto puede ser realizado sin pedir nada a cambio o exigiendo alguna contraprestación económica. Las partes deben cumplir con ciertos requisitos relevantes: la capacidad absoluta de adquirir las obligaciones que nacen al momento de pactar el acuerdo, para que así su aplicación sea viable en Colombia. Actualmente en Colombia y en varios países han acudido a la maternidad subrogada, se puede considerar un tema nuevo para algunas personas. Es necesario trasmitir información del mismo “maternidad subrogada” ya que se puede evidenciar la ausencia de una regulación plena sobre el tema en investigación por ende se realizará algunos análisis de normas, jurisprudencias existentes que se han pronunciado al respecto. Se podrá ver hasta qué punto puede llegar a actuar la ley en diferentes contextos de la maternidad subrogada en Colombia. Pregrado Abogado Introducción 1. Algunas aproximaciones teóricas del concepto de maternidad subrogada 2. Maternidad subrogada y su naturaleza jurídica 3. Opiniones críticas sobre la maternidad subrogada de algunos autores Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación Las dinámicas sociales que surgen de la nueva conciencia ambiental han permitido repensarse los sistemas de movilidad, la ciudad de Bogotá no fue la excepción pues durante las últimas décadas se han diseñado diferentes políticas públicas para incentivar el transporte sostenible desde la bicicleta, creando una red vial exclusiva que genera estrategias que impulsa el surgimiento de bici usuarios, con la esperanza de mejorar los estándares de vida y el medio ambiente. Lo anterior implica el desincentivo del uso de los vehículos automotores los cuales dependen de los combustibles fosilices y son altamente contaminantes, lo que ha permitido la proliferación de gran cantidad de problemas medioambientales producto del material articulado, por otra parte, la bicicleta como transporte alternativo, reduce la huella de la contaminación, al tiempo que mejora las condiciones vida y salud de los bici usuarios. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN: 1. La bicicleta como medio de transporte alternativo en el entorno internacional. 2. La bicicleta en Colombia, marco Legal. 3.Normativa públicas sobre el correcto uso de la bicicleta en Bogotá. 4. Propuestas correspondientes a la movilidad en el período de la alcaldía 2020- 2024 sobre las bicicletas. Conclusiones. Referencias bibliográficas.

Artículo de investigación El presente artículo, busca, a través de un análisis jurídico del principio de igualdad tanto formal como material, hacer una revisión del Decreto 1279 de 2021, el cual reglamentó el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018, con el fin de determinar si, los incentivos que se dan en puntaje adicional en los procesos de licitación incluidos en este Decreto, efectivamente se han materializado en la inclusión de un mayor número de trabajadores en esas condiciones, o si por el contrario la aplicación de esta norma va en contravía de la igualdad material de las empresas del sector, beneficiando a las de mayor tamaño. Pregrado Abogado Introducción 1.El principio de igualdad en la contratación estatal 2.Desarrollo jurídico del decreto 1279 de 2021 3.Aplicación del decreto 1279 de 2021, en los procesos de contratación estatal del servicio de seguridad privada. Conclusión Bibliografía

Artículo de investigación La maternidad subrogada pertenece a una de las técnicas de reproducción asistida, por medio de la cual una pareja o persona acuerda con una mujer el préstamo de su vientre para llevar a cabo un embarazo. Esta práctica se encuentra regulada en muchos países, sin embargo en Colombia no existe una regulación dado que existen algunas complicaciones desde el punto de vista del legislador, esto ha permitido que de manera directa e indirecta se coarte la libertad de decisión de la mujer quien tiene el papel fundamental en este proceso, por lo tanto se ha realizado una revisión teórica de los planteamientos sobre los cuales Colombia ha tenido fundamento para analizar la figura de maternidad subrogada, encontrando en ellos una carencia de importancia en cuanto a autonomía y libertad reproductiva de las partes que intervienen en la técnica mencionada. Pregrado Abogado 1. Introducción 2. Algunos antecedentes de la maternidad subrogada 3. Inclusión de la maternidad subrogada en Colombia 4. Inclusión de la libertad reproductiva en Colombia 5. Conceptos que abordan la maternidad subrogada 6. El proceso hacia la maternidad subrogada 7. Dificultades y reflexiones de una regulación para la maternidad subrogada 8. Conclusiones 9. Referencias

Artículo de investigación La necesidad de consolidar un proceso de paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas, personas que durante más de medio siglo fueron afectados de forma directa o indirecta por el accionar de los actores en conflicto (FARC-EP y Gobierno Nacional), lo cual impacta sobre la forma en que se consolidó el Acuerdo Final (2016) conforme a lo expresado por el derecho internacional y el derecho doméstico, esto implica generar un proceso de salvaguarda para los DDHH de las víctimas (verdad, justicia, reparación y no repetición). De esta forma, el SIDH busca garantizar la aplicación de un sistema transicional acorde a las necesidades de las víctimas, evitando procesos de impunidad judicial que impacten sobre los imaginarios de justicia, al mismo tiempo es necesario reconstruir la memoria del conflicto tarea que asume la Comisión de la Verdad. Este documento recopila información acerca del acuerdo y realiza una reflexión sobre el avance y aplicación de este, analizando la verdad como un elemento esencial reparador de las víctimas y si este realmente permite la reconstrucción de un tejido social con una reparación de país, en aras de una construcción de una memoria colectiva que permita el no olvido y no repetición. Pregrado Abogado 1. Resumen 2. Introducción 3. La justicia transicional como un aporte al proceso restaurativo. 4. La verdad como derecho de las victimas. 5. Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. 6. Conclusiones 7. Referencias

Artículo de investigación Este artículo tiene por objeto analizar las disposiciones normativas y jurisprudenciales sobre la discriminación y los estereotipos de la mujer trabajadora en Colombia a partir de la Constitución de 1991, desde la teoría feminista del derecho. Las leyes que se sometieron a ese análisis fueron la Constitución de 1991, la Ley de Economía del cuidado (1413 de 2010), la Ley 1496 de 2011, y las Sentencias C-038 de 2021 y T-329 de 2022. Se partió del problema jurídico según el cual la mujer, por su condición de mujer, no puede acudir plenamente al ejercicio de su ciudadanía ni al goce de los derechos en la misma proporción que los hombres. Así, se presenta una caracterización de la Crítica Feminista al derecho, a partir de la que se abordarán los elementos teóricos para el estudio de los documentos. Pregrado Abogado Introducción Resumen 1.La teoría feminista del derecho 2.Legilación colombiana sobre la mujer trabajadora desde la teoría del derecho Conclusiones Referencias

Artículo de investigación La legislación colombiana ha incorporado la acción de desestimación de la personalidad jurídica en diferentes códigos especiales, con el propósito de levantar el velo corporativo que protege a los asociados de las compañías mercantiles, y extenderles responsabilidad por las obligaciones a cargo de la persona jurídica como consecuencia de actos defraudatorios. A partir de la expedición la Ley 1564 en el año 2012, se dispuso esta herramienta jurídica de manera general con competencia de la Superintendencia de Sociedades, conservando el propósito teleológico de la demanda, prevenir actos defraudatorios utilizando la persona jurídica e indemnizar a los terceros perjudicados. No obstante, los elementos que constituyen aquellos actos que se consideran fraudulentos no han sido desarrollados ni tipificados por el legislador patrio. Por ello, la acción de desestimación de la personalidad jurídica ha resultado ineficaz desde su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano en la prevención del fraude. Pregrado Abogado Introducción 1. Responsabilidad y velo corporativo. 2. Origen de la acción de desestimación de la personalidad jurídica. 3. Regulación normativa de la desestimación de la personalidad jurídica en Colombia. 4. Postura de la superintendencia de sociedades sobre las causales de desestimación de la personalidad jurídica 5. El levantamiento del velo corporativo. 6. Finalidad de la acción de desestimación de la personalidad jurídica. 7. Principios constitucionales aplicables a la acción de desestimación de la personalidad jurídica. Conclusiones Referencias

Artículo de investigación El arbitraje ha resultado una forma de solución de conflictos interesante toda vez se asocian a la justicia privada, negocial y social. Este escrito hace una reflexión a partir del análisis de la integración social desde el arbitraje, para ello, se parte de la identificación de los distintos conceptos y relaciones como el marco jurídico colombiano frente a la justicia equitativa social, y distributiva, en un sentido legal se estudiará la Ley 1563 de 2012 que es el fundamento jurídico del proceso arbitral, buscando sus características, aplicaciones y análisis de seguridad jurídica, así como de cosa juzgada. Pregrado Abogado Introducción 1. Proceso arbitral, nociones y alcance. 2 Arbitraje social, una alternativa a la visión económica tradicional. 3. Laudo arbitral y justicia distributiva. Conclusiones Referencias bibliográficas.

Artículo de investigación En el presente artículo se realizará un análisis sobre la posible modificación al delito de lesiones personales con incapacidad inferior a treinta días. Para ello, se mostrará en primera instancia como dentro de los últimos 5 años, es decir del 2017 al 2022 se presentó en Bogotá un alto número de denuncias archivadas por falta de antijuridicidad material y ánimo conciliatorio entre los sujetos, lo cual ocasiona desgaste y congestión judicial en el Sistema Penal Colombiano. Acto seguido, se expone cómo a través la Ley 1826 de 2017 se creó en Colombia el sistema penal abreviado con el fin de evitar la congestión judicial y brindar celeridad a los procesos, pero aún así, la rama judicial continúa incrementando la acumulación de diferentes casos. Con base en esto, se plantea una modificación al medio sancionatorio, indicando que existen diferentes medidas para el resarcimiento de los daños ocasionados por lesiones personales con incapacidades menores a treinta días, teniendo como base algunos conceptos acerca del abolicionismo penal. Pregrado Abogado Introducción 1. Alcance del Principio de Antijuridicidad material en los esquemas del delito. 2. Análisis del delito de Lesiones personales en Colombia. 3. Congestión Judicial durante los últimos cinco años en Colombia. 4. Análisis del abolicionismo penal. 5. Medidas sancionatorias distintas al Proceso Penal para el resarcimiento del Daño ocasionado por lesiones personales con incapacidad definitiva inferior a treinta días. Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación Consagrados fundamentalmente en el preámbulo de la Constitución Política, Colombia unge un catálogo de Valores Constitucionales que responden a los fines esenciales del Estado. La libertad como uno de ellos, contenido en el artículo 13 de la norma en comento, decreta la libertad de todas las personas y establece la igualdad frente a la ley desde el nacimiento. Solo a través del poder punitivo del Estado y bajo la infracción a las normas legales de quienes integran el territorio nacional, este impondrá sanciones para el goce efectivo de estas garantías. Será entonces por medio del derecho penal, en que el Estado fijará un marco normativo para el desarrollo de una política criminal. Ahora bien, en razón a la garantía constitucional del debido proceso, este marco normativo atenderá a reglamentaciones de tipo legal y/o constitucional, garantizando la presunción de inocencia de quien ha sido llamado a juicio, a fin de encontrar resuelta su condición jurídica en un lapso expedito y moderado. Por lo anterior, corresponde al presente artículo de investigación, desarrollar el contenido y procedencia del artículo 317 de la Ley 906 de 2.004 en sus numerales 4, 5 y 6, junto con la interpretación adecuada de restablecimiento de la libertad por vencimiento de términos que ha de dársele al artículo 175 de la misma normatividad. Pregrado Abogado Introducción 1. Antecedentes 2. Criterios generales 3. Criterios específicos 4. Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación El presente trabajo responderá a la interrogante de ¿Cuál es la responsabilidad civil frente a fraudes y/o transacciones electrónicas en el sistema financiero en Colombia?, teniendo como propósito examinar la responsabilidad civil en el sistema financiero en casos de hechos de fraude electrónico, sus consecuencias e implicaciones jurídicas en Colombia, describiendo las distintas tipologías de fraude electrónico, identificando cuáles son las autoridades competentes que deben intervenir, y exponiendo el marco legal del sistema antifraude colombiano. Todo esto se realizará mediante un rastreo bibliográfico de diferentes artículos, legislaturas y documentos que aporten las premisas y sustentaciones necesarias para entender el fenómeno de investigación y así dar respuesta al problema planteado. (Tomado de la fuente). Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTES 2. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3. FRAUDE ELECTRÓNICO 4. CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS

Artículo de investigación El presente artículo se realizó con la pretensión de analizar desde una postura crítica como se concibe la contratación en Colombia en materia de la implementación masiva en el sector público del contrato directo por prestación de servicios y como esta modalidad de contratación afecta el derecho al trabajo, mediante la realización de una revisión documental de la legislación vigente relacionada con el tema y de investigaciones realizadas en este país publicadas en bases de datos científicas y en repositorios digitales institucionales. Por lo tanto, la metodología implementada fue de tipo cualitativo y se desarrolló bajo un enfoque descriptivo-analítico desde la perspectiva socio-jurídica. Los resultados de esta investigación, indican que esta forma de contratación, representa una vulneración de derecho al trabajo siempre y cuando, no se respeten el principio de transparencia, la igualdad, la buena fe, estabilidad, de primacía de realidad y no se desvíe la contratación a las pautas específica a lo que estipula y exige la ley en cuanto a la naturaleza de cada tipo de contratación. De lo contrario el contrato de Prestación de Servicios puede representar una herramienta útil para que las entidades públicas alcancen objetivos propios de su función en la sociedad. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Contrato laboral en Colombia 2. Contrato de prestación de servicios con entidades públicas en Colombia. 3. El contrato de prestación de servicios y la vulneración al derecho del trabajo en Colombia. 4. CONCLUSIONES 5.REFERENCIAS

Artículo de investigación En Colombia, la población del departamento de Nariño está compuesta en un gran porcentaje por pueblos indígenas, sin embargo, además de afrontar retos como la preservación de sus costumbres y lengua, en las últimas décadas sus territorios se han visto afectados por uno de los problemas nacionales de mayor preocupación, el conflicto armado. De esta manera, los territorios ancestrales se convirtieron en un punto de interés para los grupos al margen de la ley debido a la productividad de sus tierras para la siembra de cultivos ilícitos, lo que produjo que diferentes comunidades indígenas se vieran obligadas a trabajar para el narcotráfico o en casos extremos, a desplazarse de sus territorios de manera violenta. Por lo anterior, el documento que se presenta pretende así analizar la afectación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el departamento de Nariño con posterioridad a la celebración del Acuerdo de Paz, haciendo uso de técnicas de recolección de información basadas en fuentes secundarias tales como el análisis documental y el análisis normativo. Pregrado Abogado Introducción Metodología Estado del arte 1. Normas que regulan la protección de los territorios indígenas en Colombia 2. Territorios indígenas en el Departamento de Nariño y su rol tras el postconflicto Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación El presente trabajo de investigación muestra de manera relevante, la complejidad al momento de realizar una intervención de Malla Vial en una de las localidades de Bogotá, teniendo como objetivo principal, la determinación y verificación de qué manera, tal intervención termina generando formas de exclusión social, cuando se trata de población en situación de discapacidad. Este artículo se soporta desde las disposiciones presentadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, el Plan de Ordenamiento Territorial de 2004, el Plan de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 2020,especificacmente para los residentes del sector conocido como El Paraíso, y demás normas urbanísticas que permiten la intervención en obras de infraestructura, pero que en la mayoría de casos, como es lo que aquí se presenta, no evalúa la afectación de derechos fundamentales a los ciudadanos que se encuentran en situación de discapacidad. Pregrado Abogado Resumen 1.Derecho a la ciudad 2.Derecho urbano o derecho urbanístico 3.Plan de ordenamiento territorial POT 4.Planes Zonales 5.Intervención Malla Vial del Sector del Paraíso de la Localidad de Ciudad Bolívar 6.Formas de Exclusión Social a partir de la Intervención de Malla Vial 7.Discapacidad 8.Debate en la Universidad Católica de Colombia Conclusiones

Artículo de investigación Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y paradójicamente, también es uno de los países gravemente afectados por el deterioro ambiental, lo que ha tenido incidencia directa en el ejercicio de los derechos. Esta situación ha generado que el legislador y los jueces adopten medidas que garanticen la protección de los ecosistemas, entendiendo que el ser humano no es el centro sino un integrante más del medio vivo, y que, como los demás seres vivos que cohabitan el planeta, necesita de un medio sano para poder garantizar su existencia misma. Para la Corte Constitucional ha respondido a la necesidad de la defensa ambiental ya que ha definido al ambiente como un bien jurídico protegido constitucionalmente. Dentro de estos mecanismos de protección, podemos encontrar, entre otros, la acción de tutela cuando existe una amenaza, daño o perjuicio del derecho al medio ambiente sano que afecta el desarrollo de un proyecto de vida digno para cada persona, esto, en virtud de su conexidad otros derechos fundamentales, como la vida y la salud. Pregrado Abogado Contenido 1. El medio ambiente como derecho Interamericano de Derechos Humanos 2. Reconocimiento y mecanismos de protección del medio ambiente en Colombia Conclusiones Referencias

Artículo de investigación Los contratos por prestación de servicios son usados con frecuencia por las entidades públicas en Colombia, esto permite a las mismas cumplir con el desarrollo de sus labores y objetivos; pero hay un tema que no tiene regulación especial en la ley y es el cómo aplica la estabilidad laboral reforzada por licencia de maternidad en las mujeres que durante la vigencia de su contrato y por su condición deben hacer uso de este tipo de acción afirmativa. Cuando una persona necesita tomar su periodo de licencia por maternidad y está vinculada mediante un contrato por prestación de servicios, se encuentra ante el escenario de una posible disminución de sus ingresos y la incertidumbre sobre la protección de sus derechos y los de quien está por nacer. Por medio de desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional se han brindado garantías a quienes son sujetos de especial protección y se ha definido en algunos casos cómo debe aplicarse, lo que se pretende analizar es si este tipo de medidas que a través de los años se han ido reconociendo permiten salvaguardar sus derechos, si se asimilan a las mismas que tendría quien se encuentre vinculado por un contrato laboral, y si esto podría influir en la desnaturalización del contrato por prestación de servicios. Pregrado Abogado - Introducción - Contrato por prestación de servicios - Licencia de maternidad - Desarrollo jurisprudencial de la Licencia de Maternidad por la Corte Constitucional - Contratos por prestación de servicios en Entidades Públicas - Conclusiones - Pregunta de Investigación - Referencias

Artículo de investigación La Ley 1333 de 2009 ha representado un gran avance normativo en materia de procedimientos sancionatorios ambientales en comparación con el régimen anterior (Ley 99 de 1993). Sin embargo, después de más de una década de aplicación, en un consenso entre las autoridades ambientales, la academia y el legislador surgió la Ley 2111 de 2021 buscando a. Esta nueva norma entra a sustituir el Título XI del Código Penal Ccolombiano que trata sobre los delitos contra el patrimonio ambiental, que a priori se creó con la intención de preservar y defender los recursos naturales que conforman el medio ambiente, así como los procedimientos para responsabilizar a los individuos que dañen este recurso legalmente protegido. Así las cosas, este escrito plantea un análisis comparativo sobre las normas materia de estudio, por tanto, se realiza un recorrido breve en lo que atañe a la protección del patrimonio natural de Colombia, haciendo hincapié en las leyes 1333 y 2111. Además, se hará una referencia sobre las acciones de constitucionalidad que se presentaron en contra de la Ley 2111 de 2021 y la forma como resolvió las mismas la Corte Constitucional. Pregrado Abogado Introducción. 1. Delitos ambientales en Colombia 2. Sobre las sanciones pecuniarias de la Ley 1333 de 2009 y la Ley 2111 de 2021 3. Análisis del artículo 1 de la Ley 2111 de 2021 Conclusiones Referencias bibliográficas.

Artículo de investigación El precedente vinculante en Colombia, tiene protagonismo al provenir de decisiones emitidas por los máximos organismos de la jurisdicción. Por otra parte, no hay que olvidar la importancia que tienen en los pronunciamientos, toda vez que las consideraciones son aquellas que materializan el principio de seguridad jurídica. Razón por la cual, es importante conocerlo debido a su relevancia en materia de actuaciones administrativas, ya que, está consagrado de forma taxativa en la ley 1437 de 2011. Bajo esa consideración, se propone hacer un estudio pormenorizado del precedente judicial, debido que en los pronunciamientos siempre debe de propender por otorgar uniformidad al sistema jurídico. Esto consolida postulados del derecho colombiano y a su vez, evitan arbitrariedades al aplicar las soluciones usadas previamente ante la semejanza de un conflicto jurídico. Lo anterior, permitirá conocer acerca del precedente vinculante dentro de las actuaciones administrativas, y en ese sentido, es evidente propender por garantizar consistencia, coherencia y seguridad de las decisiones en Colombia, puesto que, las "ratiodecidendi" tenidas en cuenta por el operador jurídico deben de ser acordes con el caso que se discute en aras de consolidar aún más su importancia dentro de la administración de justicia para sustentar la decisión judicial. Pregrado Abogado Introducción 1. El precedente vinculante en Colombia. 2. Precedente judicial en derecho administrativo 3. Obligatoriedad en el estado social de derecho Conclusiones Referencias

Artículo de investigación El artículo analiza los elementos de tipicidad objetiva en delitos de la Ley 1407 de 2010 para construir a partir de ello y de información sobre la naturaleza de la Jurisdicción Penal Militar y el concepto de nexo funcional, un ejercicio argumentativo que propone la eliminación de dichas conductas de este cuerpo jurídico, considerando que con ello se perfecciona una norma de gran importancia tanto para los mismo militares y policías en la medida que les garantiza el respeto al principio de juez natural, como para la comunidad, que se ve beneficiada con una herramienta jurídica de control penal que disminuye las posibilidades de que las armas de la Nación sean utilizadas en perjuicio de la ciudadanía. Como hallazgos destacables, se encontró que el Código Penal Militar cuenta con respaldo constitucional y respaldo del derecho internacional, tiene una delimitación sobre lo que es el delito penal militar, pero deben revisarse algunos elementos de la tipicidad objetiva como el verbo rector para tener mayor claridad al respecto. Pregrado Abogado Introducción 1. Jurisdicción penal militar en Colombia 2. El nexo funcional y la ley 1407 de 2010 3. Tipicidad objetiva y contradicción con el nexo funcional en el delito de comercio con el enemigo Conclusiones Referencias

Artículo de investigación Sobre la eutanasia, la Sentencia C-233 del 2021 representó una ruta más precisa con base a las últimas actualizaciones implicadas en la Resolución 971 del 2021 sobre requisitos, trámite y reporte de solicitudes, con criterios de celeridad, oportunidad e imparcialidad, concretando de esta manera las condiciones que deben darse para proceder con esta práctica, ofreciendo una mayor precisión sobre su implementación y delimitaciones dentro del contexto colombiano. De esta forma, resulta importante comprender sus alcances y oportunidades, teniendo en cuenta los aportes y limitaciones más recientes que comprendieron las sentencias que estipularon su no implementación en los últimos cinco años, sustentadas bajo las diversas normativas que han justificado o influenciado sus determinaciones, en ese sentido se planteó como pregunta de investigación la siguiente: ¿Cuál es la incidencia de la resolución 971 de 2021 respecto del marco regulatorio de la eutanasia en Colombia dado desde el ámbito jurisprudencial de la Corte Constitucional en el periodo 2015-2020? Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Generalidades constitucionales de la eutanasia en Colombia. 2. Delimitaciones y alcances constitucionales sobre la eutanasia entre el periodo 1991-2020. 3. Aportes de la Resolución 971 de 2021 para la regulación de la eutanasia en Colombia. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

Artículo de investigación En el presente artículo de investigación se pretende abordar y realizar un estudio sobre la naturaleza y origen jurídico que permitió la creación y reconocimiento para el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de la prima de localización, la cual beneficia a algunos empleados públicos de esa entidad desde el año 1.979 a la fecha. Esta prima se reconoce a los funcionarios que desempeñan sus funciones con la entidad en ciertas zonas geográficas del país, que, de acuerdo con su ubicación geográfica y condiciones atípicas frente al resto del territorio nacional, se consideró necesario otorgar un reconocimiento económico adicional para lograr el adecuado funcionamiento del SENA y la provisión de los empleos creados para esas zonas. Debido a la creación de esta prima y con el paso de los años, se logró percibir que el pago y aumento anual del 20% de dicha prima, extralimitaba variables económicas para el cálculo del incremento que se recalculaba año a año, por lo que resultaba exorbitante reconocer un aumento anual a esa tasa sin incurrir en un posible detrimento patrimonial. Pregrado Abogado Introducción 1. Creación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 2. Definición Prima de Localización. 3. Origen Prima de Localización en el SENA. 4. Presupuesto: Constitución Política de Colombia de 1991 y Constitución Política de Colombia de 1886. 5. Normatividad que dio vida al reconocimiento y pago de la prima de localización del SENA. 6. Actualidad Jurídica del reconocimiento y pago de la prima de localización del SENA. 7. Conclusiones. Referencias Bibliográficas.

ilustraciones, fotografías Hace más de tres décadas, se han reportado múltiples beneficios médicos tanto en usuarios indígenas como no indígenas cuando se utiliza el milenario brebaje del yagé dentro de contextos rituales, ceremonias y usos tradicionales. Tales ceremonias son oficiadas por médicos yageceros reconocidos pertenecientes a las comunidades que hacen parte integral de los pueblos que conforman la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC), tal como los Cofánes y Kamentsá. Por lo tanto, la planta en sí misma, así como los usos y sabiduría ancestral asociados a esta encuentran su validez en sus leyes de origen e igualmente hacen parte de su inmensa riqueza cultural, fundamentan su relación espiritual con la naturaleza, su modo de vivir en sociedad, la trasmisión intergeneracional de su conocimiento y la preservación de su lengua materna. Sin embargo, ante inminentes riesgos como la apropiación cultural, el uso indebido, la biopiratería, el aprovechamiento comercial y la comisión de delitos utilizándose incorrectamente la planta se hace necesario proteger integralmente este conocimiento tradicional en cabeza de los chamanes a través de un modelo de ley sui géneris. Dicha ley se sustenta teóricamente en renovadoras posturas que otorgan validez al conocimiento vernáculo, tal como la interpretación antropológica de las culturas, el pensamiento decolonial y el pluralismo jurídico. Los que prácticamente, se reflejan en los avances que, en materia de propiedad intelectual, derechos humanos, libre autodeterminación de los pueblos, derecho ambiental, neoconstitucionalismo y protección patrimonial inmaterial, conforman el ordenamiento jurídico, la constitución y leyes de Colombia. (Texto tomado de la fuente) For more than three decades, multiple medical benefits have been reported by different research studies in both indigenous and non-indigenous users when the millenary potion of yagé is used within ritual, ceremonial and traditional uses contexts. These ceremonial rituals are officiated by recognized indigenous yageceros doctors belonging to the communities which integrate the Union of Indigenous Yagecero Doctors of the Colombian Amazon (UMIYAC), such as the Kofán and Kamentsá indigenous peoples. Therefore, the plant itself, as well as the uses and ancestral wisdom associated with it, find their validity in their laws of origin and are also part of their immense cultural wealth, they are the basis of their spiritual relationship with nature, their way of living in society, the intergenerational transmission of their knowledge and the preservation of their native language. However, in the presence of imminent risks such as cultural appropriation, misuses, biopiracy, commercial exploitation and the commission of crimes by misusing the plant, it is necessary to comprehensively protect this traditional knowledge held by shamans through a sui generis protection model law. Such model could be theoretically supported by innovative positions that grant validity, scientifically speaking, to vernacular knowledge. Such as the anthropological interpretation of cultures, decolonial thinking theories and juridical pluralism. Which in practical sense translate into the advances in intellectual property, human rights, self-determination of peoples, environmental law, neoconstitutionalism and protection of intangible heritage, that comprise the legal system, the constitution and laws of Colombia. Maestría

Artículo de investigación El presente artículo busca comprender la forma como el conflicto armado en Colombia se ha convertido en uno de los flagelos que ha perjudicado a una gran cantidad de personas directa o indirectamente, al tiempo que se analiza el impacto que ha tenido sobre las mujeres que no han sido ajenas a esta confrontación, pues se han usado e instrumentalizado por su género, lo que se evidencia en las agresiones sexuales, en particular respecto al tipo penal del acceso carnal violento como parte de los macrocasos de la Justicia Especial para la Paz, a las que fueron sometidas durante esta confrontación, como se evidencia en la memoria de víctima y victimarios recopiladas por diversos doctrinantes, la misma JEP y organizaciones constructoras de la memoria histórica (Comisión de la verdad, 2022). En ese sentido, realizar este estudio consiste en reconocer las formas en que se han desarrollado alternativas para reparar a dichas víctimas, teniendo en cuenta el delito de acceso carnal violento, consagrado en el artículo 205 del Código Penal colombiano; y, asimismo, comprender cómo desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se han creado mecanismos para la reconstrucción de la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual. Pregrado Abogado Introducción. I. El conflicto armado en Colombia: una construcción histórica de la justicia transicional. II. La reparación en el posacuerdo. III. Los derechos de las víctimas y la creación de la Justicia Especial para la Paz. Conclusión Referencias

Artículo de investigación Uno de los fines del Estado Colombiano es buscar mecanismos de protección de sus recursos hídricos frente a su explotación. Por consiguiente, en el artículo 43, parágrafo 1, ley 99 de 1993 se creó la figura jurídica denominada Inversión Forzosa de no menos de 1 %: esta busca controlar las obligaciones de los titulares de licencias ambientales expedidas ante la Autoridad Ambiental ANLA, establece que están obligadas a aportar el 1% de valor del proyecto para protección del recurso hídrico, brinda diferentes opciones para su cumplimiento, pero en los últimos años se ha evidenciado un profundo desconocimiento de la norma, por lo cual se abordaron objetivos que permitieron resolver esta problemática, como: el análisis del origen, desarrollo y finalidad de la norma que establece la inversión forzosa, junto a una Línea de tiempo detallada, las distintas opciones de cumplimiento, fortalezas y deficiencias jurídicas, así como propuestas de solución a las mismas, finalmente, se abordara este artículo con base en el método deductivo, partiendo de una revisión documental por medio de fuentes y análisis del derecho, de lo general a lo especifico, donde se establecerá una hipótesis, la cual pondremos a prueba para comprobarla y así resolver la pregunta de investigación. Pregrado Abogado 1.INTRODUCCIÓN 2.CAPITULO I- Origen y finalidad de la inversion forzosa de no menos del 1%. 3.CAPITULO II– Opciones de destinacion para el cumplimiento de la inversion forzosa de no menos 1%. 4. CAPITULO III– Linea de tiempo del desarrollo y evolucion de la inversion forzosa de no menos 1% 5 CAPITULO IV- Fortalezas y debilidades de la inversion forzosa de no menos 1% 6.CAPITULO V -Soluciones y propuestas frente a la inversion forzosa de no menos 1% 7. Conclusiones. 8. Referencias.

Artículo de investigación La presente investigación se concentra en establecer cuáles son los factores que determinan que la prevención del daño antijurídico devenga como una herramienta de gestión pública con la cual se integren estrategias para reducir la actividad litigiosa en contra del Estado colombiano a nivel local, regional y nacional. Al respecto, se acudió al método histórico-comparativo para estructurar un análisis cualitativo, de carácter explicativo, sobre las dinámicas que han determinado la generación de daño antijurídico, es decir, aquellas afectaciones patrimoniales y morales causadas por el Estado a los ciudadanos. También se empleó el método hermenéutico para comprender la normatividad y jurisprudencia sobre las cuales se ha construido la defensa jurídica del Estado. Así las cosas, los resultados demuestran que la institucionalidad, la información de la actividad litigiosa, el sistema de defensa jurídica y las herramientas de planificación y control son los factores que permiten emplear la prevención del daño antijurídico como herramienta de gestión pública, de forma tal que la función administrativa del Estado sea eficiente, genere valor agregado y genere mayor satisfacción social entre los ciudadanos. (Tomado de la fuente). Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Institucionalidad e información de la actividad litigiosa: estrategias para reducir las demandas en contra del Estado. 2. Sistema de Defensa Jurídica del Estado: entre la actividad litigiosa y la gerencia jurídica del daño antijurídico. 3. Daño antijuridico y nueva gestión pública: herramientas administrativas para la prevención del daño antijurídico en las instituciones públicas de Colombia. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIA

La terapia génica CAR-T, una inmunoterapia para tratar el cáncer mediante la modificación genética de las células T para atacar y destruir células cancerosas, ha marcado una nueva era en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, el acceso a la terapia es incierto debido a su complejidad técnica y sus altos precios. Por esta razón, se ha señalado la importancia de construir capacidades locales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que permitan ampliar en el mediano y largo plazo, en términos de oferta y de precio, la disponibilidad de la terapia. En materia de propiedad intelectual, la libertad de operación es esencial, pues permite a la industria local hacer uso de tecnologías sin el riesgo de demandas de terceros. Al respecto, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) establece flexibilidades que pueden ser aprovechadas por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para proteger la salud pública al diseñar su normativa sobre propiedad intelectual, incluyendo la formulación de requisitos estrictos de patentabilidad y excepciones de patentabilidad. Así las cosas, en este trabajo se busca identificar si en el sistema normativo internacional, comunitario y nacional aplicable en propiedad intelectual sobre invenciones farmacéuticas existen mecanismos en materia de patentabilidad cuya implementación amplíe la libertad de operación de la industria local y, en consecuencia, permitan construir y consolidar en el mediano y largo plazo capacidades en materia de I+D+i farmacéutica asociadas a la terapia génica CAR-T. CAR-T gene therapy, an immunotherapy to treat cancer by genetically modifying T cells to attack and destroy cancer cells, has marked a new era in the fight against cancer. However, access to the therapy is uncertain due to its technical complexity and high prices. For this reason, the importance of building local capacities in research, development, and innovation (R&D&I) has been highlighted, which will make it possible to expand the availability of the therapy in the medium and long term, both in terms of supply and price. Regarding to intellectual property law, freedom to operate is essential since it allows local industry to use technologies without the risk of third-party lawsuits. In this regard, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) establishes flexibilities that can be used by member countries of the World Trade Organization (WTO) to protect public health when designing their intellectual property regulations, including the formulation of strict patentability requirements and patentability exceptions. Thus, this work seeks to identify whether the international, community and national normative systems applicable to intellectual property on pharmaceutical inventions contemplate patentability mechanisms whose implementation could expand the freedom of operation of the local industry and, consequently, ease building and consolidating pharmaceutical R&D&I capacities related to CAR-T gene therapy in the medium and long term. Maestría Magíster en Biociencias y Derecho La metodología para lograr los objetivos de la investigación consta de tres etapas, cada una relacionada con un objetivo específico, a saber: 1) una etapa metodológica asociada al estado del arte, esto es, relacionada con el objetivo específico número 1; 2) una etapa metodológica asociada al marco teórico, esto es, relacionada con el objetivo específico número 2; y 3) una etapa metodológica asociada a la validación de la hipótesis, esto es, relacionada con el objetivo específico número 3. • Etapa metodológica 1. La primera etapa metodológica consistirá en una revisión bibliográfica de trabajos de investigación (artículos, capítulos de libro y libros) asociados a la protección de invenciones farmacéuticas a la luz del sistema jurídico internacional, comunitario y nacional. El resultado de la etapa metodológica es el estado del arte consolidado en el capítulo 1, titulado “Patentes sobre invenciones farmacéuticas a la luz del sistema jurídico internacional, comunitario y nacional”. • Etapa metodológica 2. La segunda etapa metodológica consistirá en la construcción de un horizonte en el marco del cual se adopte una solución al problema de investigación, consolidando de esta forma la hipótesis. Para lo anterior, se tendrá como punto de partida la adopción de una posición que, en relación con el problema de investigación, se incline por el uso de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de patentabilidad y de salud pública. Teniendo en cuenta lo anterior, la consolidación de la hipótesis se realizará mediante el estudio comparativo de la terapia génica CAR-T con guías o manuales de patentabilidad y jurisprudencia que desarrolle las normas internacionales, comunitarias y nacionales en materia de derecho de patentes, y en particular, la excepción de patentabilidad asociada a métodos terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano. Las guías o manuales de patentabilidad y la jurisprudencia a consultar serán tanto aquellos aplicables a Colombia (esto es, guías o manuales de patentabilidad nacionales y comunitarios y jurisprudencia nacional y comunitaria), y países del llamado Sur Global, como Argentina (no perteneciente a la Comunidad Andina – CAN) y Ecuador (perteneciente a la CAN), como guías o manuales de patentabilidad y jurisprudencia aplicable a ciertos países en Europa, pues, como se desarrolla en el capítulo 2, existe una convergencia sólida en el desarrollo de los regímenes de propiedad industrial de la CAN y de la Unión Europea (UE), como es el caso de la excepción de patentabilidad asociada a métodos terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano. Adicional a lo anterior, se consultan las guías o manuales de patentabilidad de Argentina y Ecuador, con el objetivo de establecer cómo los países del llamado Sur Global han desarrollado la excepción de patentabilidad asociada a métodos terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano. El resultado de la etapa metodológica es el marco teórico consolidado en el capítulo 2, titulado “Patentabilidad de CAR-T a la luz del sistema jurídico internacional, comunitario y nacional con enfoque en salud pública”. • Etapa metodológica 3. La tercera etapa metodológica consistirá en la búsqueda de solicitudes de patente de invención sobre invenciones asociadas a la terapia génica CAR-T presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como su análisis a la luz de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de patentabilidad y de salud pública y desarrolladas en la etapa metodológica 2. La búsqueda de patentes de invención sobre invenciones asociadas a la terapia génica CAR-T en la SIC se realizará utilizando el sistema de búsqueda del Sistema de Propiedad Industrial (SIPI), y filtrando información a través de los siguientes mecanismos: I. Primera búsqueda. Palabras clave. Uso de las palabras clave “CAR-T”, “receptor de antígeno quimérico”, “receptor quimérico de antígeno”, “receptores de antígeno quimérico” y “receptores quiméricos de antígeno”. Para esta búsqueda se utilizó el operador de búsqueda “OR” (ej. “CAR-T OR receptor de antígeno quimérico”). II. Segunda búsqueda. Familias de patentes. Búsqueda de expedientes asociados a los números de expediente asignados en el uso del mecanismo de solicitud internacional del Patent Cooperation Treaty (PCT) en los números de expediente en fase nacional identificados, con el objetivo de determinar si existen solicitudes de patente en trámite o patentes concedidas asociadas a un mismo expediente PCT que no hubiesen sido identificadas en la búsqueda por palabras clave (incluyendo solicitudes divisionales de una solicitud parental asociada al expediente PCT). III. Tercera búsqueda. Titular o solicitante. Búsqueda de expedientes nacionales filtrando como titular o solicitante a los titulares o solicitantes identificados en la primera búsqueda, con el objetivo de determinar si existen solicitudes de patente en trámite o patentes concedidas no identificadas en la primera o en la segunda búsqueda (incluyendo solicitudes divisionales de una solicitud parental identificada en la primera búsqueda). IV. Cuarta búsqueda. Clasificación Internacional de Patentes. A partir de los expedientes identificados en la primera, segunda y tercera búsqueda, se caracterizan las clasificaciones de la Clasificación Internacional de Patentes establecidas por el Arreglo de Estrasburgo de 1971 y asociadas a dichos expedientes, con el objetivo de hacer una búsqueda de expedientes nacionales filtrando las principales clasificaciones asociadas a los expedientes ya identificados (esto es, las clasificaciones que se repitan en los expedientes ya identificados; el número de repeticiones se establecerá con base en el número total de expedientes identificados). Con el objetivo de delimitar temporalmente el estudio, los expedientes nacionales identificados que serán considerados serán todos aquellos expedientes que tengan como fecha de publicación en el SIPI una fecha no posterior al 30 de junio de 2021. Adicional a lo anterior, es importante señalar que existen limitaciones asociadas a esta etapa metodológica, en la medida en que: 1) es posible que existan invenciones asociadas a la terapia génica CAR-T que no hayan sido identificadas con base en los cuatro métodos de búsqueda previamente señalados; 2) no se realizaron búsquedas de secuencias con análisis bioinformáticos; y 3) no se realizaron búsquedas con base en el texto de solicitudes de patente de invención y patentes de invención y, en particular, con base en las reivindicaciones asociadas a estas, en la medida en que dicha búsqueda no es permitida actualmente por el SIPI Una vez identificadas las solicitudes de patente de invención que serán consideradas para el estudio, se realizará un examen de la siguiente información contenida en los expedientes: 1) la información inicialmente aportada por el solicitante; 2) los requerimientos de fondo emitidos por la SIC; 3) las respuestas de los solicitantes a los requerimientos de fondo emitidos por la SIC; 4) las resoluciones de concesión, concesión parcial o negación emitidas por la SIC; y 4) los recursos interpuestos por los solicitantes frente a las resoluciones de concesión, concesión parcial o negación emitidas por la SIC. Lo anterior con el objetivo de identificar: 1) observaciones esgrimidas por la SIC al solicitante sobre la patentabilidad de la invención, y en particular, observaciones asociadas a la excepción de patentabilidad asociada a métodos terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano, y la forma como el solicitante respondió a estas; y 2) observaciones que, a juicio del investigador, pudieron haber sido esgrimidas por la SIC al solicitante sobre la patentabilidad de la invención a la luz de la excepción de patentabilidad asociada a métodos terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano. Finalmente, a partir del estudio realizado sobre los expedientes identificados, se realizará un análisis crítico de la implementación de los criterios de patentabilidad derivados de la normatividad internacional y comunitaria, y en particular, de la excepción de patentabilidad asociada a métodos terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano, con el objetivo de determinar si una implementación nacional de dicha excepción podría excluir de patentabilidad determinadas invenciones asociadas a terapias génicas como la terapia génica CAR-T a la luz de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de patentabilidad y de salud pública. El resultado de la etapa metodológica es la validación de la hipótesis, desarrollada en el capítulo 3, titulado “Estudio de la patentabilidad de la terapia génica CAR-T en Colombia”.

La variedad de criterios jurisprudenciales en la asignación de riesgos y distribución de cargas que se evidencia en los casos de fuero de estabilidad laboral reforzada ante la disminución de la capacidad laboral de un trabajador constituye un problema relacionado con el alcance del principio de solidaridad que afecta directamente la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Dentro de los fundamentos de estas divergencias se ha señalado que obrar solidariamente implica hacerse cargo total o parcialmente de los costos humanos que implica para la persona su situación de salud, distribuyendo las cargas de la persona afectada de forma razonable entre otras personas, para lo cual la jurisprudencia ha tenido en cuenta los vínculos familiares (cuidado), de seguridad social (prestacionales) y para sus empleadores y contratantes, el deber de preservarlo en el empleo a menos que concurra justa causa, sin perjuicio de la obligación de reubicarlo, capacitarlo y ajustar las condiciones de su trabajo al cambio en sus condiciones existenciales. El objetivo general de la investigación es identificar los fundamentos epistemológicos que subyacen a los distintos criterios utilizados por la jurisprudencia de las Altas Cortes para determinar el alcance de la solidaridad en la asignación de riesgos y distribución de cargas frente a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de discapacidad y la manera en que la informática jurídica puede ayudar en esta materia. Se cuestiona si es necesario o no generar un test de solidaridad específico cuyas reglas generales se podrían abstraer a partir del caso concreto de la asignación de riesgos y distribución de cargas frente a la estabilidad laboral reforzada de trabajadores en situación de discapacidad. Se trata de una investigación dogmática de sentencia lata con trasfondo epistemológico, de abordaje documental, utilizando los métodos del análisis económico del derecho y la hermenéutica de las libertades económicas. (Texto tomado de la fuente) The variety of jurisprudential criteria in the allocation of risks and distribution of burdens that is evidenced in cases of jurisdiction about reinforced labor stability in the face of the decrease in the work capacity of a worker constitutes a problem related to the scope of the principle of solidarity that directly affects the labor inclusion of people with disabilities. Within the bases of these divergences, it has been pointed out that acting in solidarity implies taking full or partial responsibility for the human costs that their health situation implies for the person, distributing the burdens of the affected person in a reasonable way among other people, for which jurisprudence has taken into account family ties (care), social security (benefits) and for their employers and contractors, the duty to preserve them in employment unless there is just cause, without prejudice to the obligation to relocate, train and adjust the conditions of their work to the change in their existential conditions. The objective of the research is to identify the epistemological foundations that underlie the different criteria used by the jurisprudence of the High Courts to determine the scope of solidarity in the allocation of risks and distribution of burdens in the face of the reinforced job stability of people in disability situation and the way in which legal informatics can help in this matter. It is questioned whether or not it is necessary to generate a specific solidarity test whose general rules could be abstracted from the specific case of the assignment of risks and distribution of burdens in the face of the reinforced job stability of workers with disabilities. It is a dogmatic investigation of canned judgment with an epistemological background, with a documentary approach, using the methods of law and economics and the hermeneutics of economic freedoms. Doctorado Doctor en Derecho

ilustraciones, tablas En el departamento del Caquetá se pretende constituir una Zona de Reserva Campesina (ZRC) que involucra los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil y El Doncello, con una extensión de 161.000 hectáreas. La ZRC se traslapa con regulaciones ambientales, solicitudes de exploración y explotación de hidrocarburos, así como con la construcción de una hidroeléctrica. La creación de la ZRC busca equilibrar la balanza frente a los diferentes intereses que existen dentro del territorio, que han generado este conflicto por la tierra. Así, la colisión entre los derechos constitucionales al ambiente sano, el desarrollo económico y el acceso progresivo a la propiedad rural, se pretende superar realizando un ejercicio de ponderación de principios, con el fin de no limitar ninguno, sino de darle su justa proporción, teniendo en cuenta que se debe propender por el goce efectivo de derechos a las comunidades rurales, quienes han vivido condiciones inequitativas y de desigualdad exacerbadas por el conflicto armado. A pesar de que la política agraria para las comunidades campesinas ha tenido desarrollos normativos y constitucionales, estos no han sido suficientes para garantizar el goce efectivo de derechos, incluso el acuerdo de paz propone soluciones para que dichas comunidades puedan acceder efectivamente a sus derechos. The communities aim to create a Peasant Reserve Zone (ZRC in Spanish) in the Colombian Caquetá region involving a size area of around 161,000 hectares, which comprises the municipalities of Florencia, La Montañita, El Paujil, and El Doncello. The Peasant Reserve Zone is overlapped by several constraints including environmental regulations, hydrocarbon search and exploitation permissions, along with a hydroelectric project. The Peasant Reserve Zone aims to restore the territory’s harmony, which has been broken by different interests on the land. There is a need for overcoming the collision between environmental human rights, economic development, and rural land access. Therefore, this research objective is to carry out a weighting process of the collision forces to avoid biases, conversely, promote objective justice, including the rural communities' wellbeing and human rights since these communities have faced unequal conditions and the consequences of armed conflict. Although the agrarian policy has included constitutional regulations underpinning peasant communities, the normative enforcement has been limited, as well as the communities' rights fulfilment. The peace agreement is an example of the agrarian policy proposing the communities’ rights access and enforcement. Maestría Magíster en Derecho Derecho agrario, ponderación de derechos

A lo largo de los años Colombia ha atravesado por diversos cambios en la legislación en materia laboral, esto ha traído consigo diferentes reacciones, problemáticas y controversias en algunos sectores del país, ya que al verse avocado el derecho laboral a estos cambios, la incertidumbre se incrementa en diferentes campos económicos y sociales. En materia laboral y fuero de salud, Colombia ha ratificado varios convenios y tratados internacionales muy importantes para la protección del trabajador y su empleo, por ello el trabajo que se ha desarrollado nuestro país es arduo, pero se debe seguir trabajando en el tema para que los más desfavorecidos, sigan contando con la protección del estado de la mano de sus empleadores, quienes, a su vez, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus subordinados. (Texto tomado de la fuente) Over the years, Colombia has undergone various changes in labour legislation. This has brought with it different reactions, problems and controversies in some sectors of the country, since labour law is protected from these changes, uncertainty increases in various economic and social fields. With regard to labour and health, Colombia has ratified a number of very important international conventions and treaties for the protection of workers and their employment. That is why the work that our country has done is arduous, but we must continue to work on this issue so that the most disadvantaged continue to benefit from the protection of their employers, who, in turn, help to improve living conditions of their subordinates. Maestría Magíster en Derecho

ilustraciones, mapas The Decree-law 902 of 2017, does not represent a definitive solution for the lack of equitable distribution of land, in regards of what is established in the section 1.1 of the final agreement to end the armed conflict and build a stable and lasting peace. All the current legislative initiatives for the rural area do not address neither the concentration of land ownership nor the proposed objectives of the beforementioned agreement, i.e. creation of rural, economic and social development zones, entitlement formalization of lands over the size of a family farm and the access to rural property to people that do not belong to vulnerable peasant populations. The Decree-Law 902 of 2017 has been proposed in order to implement the section 1 of the final peace agreement, along with the massive entitlement of land, which limits the action of the farmer on the land usage. This reproduces the main components of former failed land reforms that have historically increase the concentration of land ownership and worsen the rural inequality. Hence, we identify the extensive use of “symbolic effectiveness” on the implementation of the integral rural land reform. For this reason, we analyze this problem from the theoretical approach of the decolonial studies and through the following research question: Why the land reform established by the Decree-law 902 of 2017, is provided of symbolic effectiveness in regards of a fair land distribution to farmers? opposing what was proposed in the section 1.1 of the final agreement to end the armed conflict and build a stable and lasting peace. El Decreto Ley 902 de 2017 no presenta una solución definitiva para la falta de uso y redistribución equitativa de la tierra en virtud de lo establecido en el numeral 1.1 del Acuerdo Final de Paz. Los mecanismos jurídicos actuales para el sector rural prolongan la concentración de la tierra y son contrarios al objetivo propuesto en el Acuerdo Final (A. F.) Ellos son las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, la formalización de tierras superiores a una unidad agrícola familiar y el acceso a la propiedad rural de sujetos que no cumplen con la condición de población campesina vulnerable. En efecto, el DL 902 de 2017 se ha establecido como medida para implementar el punto primero del A. F., junto con la titulación masiva de la tierra, lo que limita la acción del campesino sobre su uso. Esto reproduce elementos de las anteriores reformas agrarias fallidas, que históricamente no han permitido la distribución de la tierra y han propiciado la desigualdad en el sector rural. De hecho, se identifica que se dota de “eficacia simbólica” la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI). Por esta razón, se hace un análisis de esta problemática con un enfoque decolonial mediante la siguiente pregunta: ¿Por qué la Reforma Rural Integral, implementada en el DL 902 de 2017 como uno de sus mecanismos, está dotada de eficacia simbólica, en cuanto a una real distribución de la tierra al campesinado, en contravía en lo estipulado en el numeral 1.1. del Acuerdo Final? (Texto tomado de la fuente) Maestría Magíster en Derecho Investigación de corte cualitativo y teórico descriptivo, que tiene como elementos conceptuales la eficacia simbólica en el derecho, los estudios decoloniales y como lugar de enunciación la realidad general de los fallidos intentos de reformas agrarias en el país. Derecho constitucional y derechos humanos

Artículo de investigación Este artículo se ocupa en el análisis de la posible implementación de un sistema de administración de riesgos que pueda prevenir y gestionar la eventual inmersión de dineros producto del narcotráfico o de actividades ilegales dentro de las Instituciones Religiosas en Colombia, con el objetivo de poder atender a una posible problemática que no se tiene prevista ni regulada por la normatividad colombiana. Por lo anterior, es importante comentar que se desarrollara un análisis respecto de la materialización de este tipo de riesgos en las instituciones religiosas, para posteriormente proponer de acuerdo con un marco conceptual y normativo, la posible implementación de un sistema que tenga como objetivo la prevención y gestión de los riesgos para el lavado de activos y financiación del terrorismo, utilizando un modelo cualitativo respecto de las lecciones aprendidas desde el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo – SARLAFT, y, el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRILAFT, los cuales son empleados por las instituciones financieras y empresas del sector real respectivamente. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Efectos económicos de las instituciones religiosas en Colombia 2. Análisis de la creación del lavado de activos 3. Definición del concepto de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco jurídico colombiano 4. Unidad de información y análisis financiero – UIAF. 5. Reguladores de las Instituciones Religiosas 6. Posibles mitigantes para los riesgos de lavado de activos/financiación del terrorismo en instituciones religiosas. 7. Análisis respecto del tipo penal en el que se incurrirán las instituciones religiosas respecto de la tolerancia o aceptación del LA/FT Conclusiones Referencias

Artículo de investigación El delito del feminicidio es uno de los cuáles preocupa mayormente al Estado colombiano por el aumento de casos que se registra año tras año. Para el período 2019 se registraron 613 casos, para el 2020 fueron 549, en el 2021 se presentó el mayor incremento con 633 víctimas y a corte de 31 de octubre de 2022 se identificaban 488 casos (Datos abiertos, 2022). Es decir, el aumento se exhibe como consecuencia del confinamiento que se vivió a nivel mundial a raíz de la pandemia del Covid-19. Las mujeres son quienes se ven principalmente afectadas por discriminación, violencia sexual y violencia intrafamiliar (física, psicológica, emocional y/o económica), las cuales pueden llegar a causar la muerte. En el año 2015 se promulgó la Ley 1761 del 06 de julio, conocida con el nombre “Ley Rosa Elvira Cely”, mediante la cual se tipifica el delito de feminicidio con el objeto de disminuir los ataques y la violencia contra las mujeres. Sin embargo, actualmente se registran aumentos en los casos, principalmente en la ciudad de Bogotá D.C., siendo la capital del país y la que cuenta con el mayor número de población. Por ende, a través de esta investigación se dará respuesta al siguiente problema jurídico ¿Ha sido eficaz la política criminal de prevención del delito de feminicidio en Bogotá (2019 – 2022)? Para desarrollar esta pregunta se identificará sí las funciones, mecanismos y acciones creadas por las entidades públicas del distrito de Bogotá D.C., realizan eficazmente su trabajo para garantizar y proteger los derechos de las mujeres en la capital del país. Pregrado Abogado Introducción I. Antecedentes del delito de feminicidio en Colombia – Ley 1761 de 2015. II. Naturaleza del problema. III. Derecho comparado con el delito de Feminicidio en la Ciudad de México D.F., y Bogotá D.C. de 01 de enero de 2019 a 31 de octubre de 2022. IV. Análisis de la información recolectada, recomendaciones a la Alcaldía de Bogotá D.C., para proteger los derechos de las mujeres principalmente a la vida. Conclusiones Referencias

Artículo de investigación El propósito del presente artículo es analizar la aplicación que dio el Estado colombiano a las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso ―Ricardo Calderón Villegas vs Colombia‖. Para lo cual, se estudia la naturaleza, procedimiento y regulación de las medidas cautelares al interior de la CIDH; el deber del Estado colombiano de acatar las disposiciones proferidas por la CIDH, bajo la figura del bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad; los daños ocasionados al periodista en ocasión de la vulneración de sus derechos y finalmente, se observa las falencias que enfrenta el Estado en la debida aplicación de las medidas cautelares, la identificación de los autores de violaciones de DDHH y en consecuencia, la imposibilidad que otorgar garantía de no repetición. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Antecedentes históricos de las medidas cautelares. 2. Regulación de las medidas cautelares al interior de la comisión interamericana y la repercusión de algunos pronunciamientos en el ordenamiento nacional. 3. Análisis de las medidas cautelares. caso de estudio Ricardo Calderón Villegas vs Colombia. CONCLUSIONES REFERENCIAS

Artículo de investigación A nivel nacional y distrital el Estado ha ido implementando estrategias encaminadas a disminuir los casos de abuso sexual y demás tipos de violencia generada contra menores de edad. Sin embargo, las cifras que deja este delito anualmente sugieren que, a pesar del esfuerzo para lograr este objetivo, dichas estrategias siguen siendo insuficientes para la protección real de los menores. Esto sin olvidar que no todos los casos son reportados debido a factores como el miedo tanto de las víctimas cómo de sus familias, que resultan conminados por parte de sus victimarios para evitar una eventual denuncia. También, otro factor que se logra evidenciar en nuestra realidad es el desconocimiento que tienen las personas de los trámites legales que se deben implementar en esas circunstancias. Por ello este artículo analiza algunos factores de la ineficiencia de las políticas que han sido implementadas a nivel distrital, y trae al debate las estrategias desarrolladas en la Unión Europea. Propone distintas estrategias encausadas a prevenir la comisión de este delito, utilizando como principal herramienta la educación de niños, padres y la sociedad en general. Así se busca concientizar a la población sobre la importancia de esta problemática y otorgar a los niños y niñas de Bogotá la posibilidad de crecer y tener una infancia segura y feliz en todos los aspectos. Pregrado Abogado Introducción 1. Antecedentes históricos del Abuso Sexual Infantil 2. El desarrollo histórico de los preceptos normativos y la prevención del delito de abuso sexual en menores en el marco europeo 3. Desarrollo normativo en Colombia para la protección del menor frente al delito del abuso sexual 4. El abuso sexual a menores dentro de las políticas de prevención en Bogotá: Estrategias jurídicas y sociales utilizadas 5. Estándares de eficacia de las políticas de prevención de delitos de abuso sexual contra menores 6. Propuestas para una política de prevención del delito de abuso sexual en menores Conclusiones Referencias

El cambio de paradigma constitucional producto de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991 generó una transformación en el marco tradicional de entendimiento de la interpretación jurídica en Colombia; esto constituye un desafío a la labor jurisdiccional desde la perspectiva del Estado Social de Derecho y el derecho al Debido Proceso como un sistema multidimensional de garantías orientado hacia la justicia material y la defensa de los Derechos Humanos fundamentales. El presente trabajo aterriza los puntos de encuentro y las diversas tensiones generadas por la dinámica referenciada mediante el estudio de caso del artículo 121 del Código General del Proceso; para ello se postula que la duración razonable del proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son partes constitutivas del Debido Proceso y ejes fundamentales de transformación que, desde la mirada del activismo judicial, deben dar cuenta de una agencia jurisdiccional que resulte coherente con los desarrollos constitucionales modernos. (Texto tomado de la fuente) The change of constitutional paradigm resulting from the entry into force of the Constitución Política de 1991 generated a transformation in the traditional framework of understanding of legal interpretation in Colombia; this constitutes a challenge to the jurisdictional work from the perspective of the Estado Social de Derecho and the right to Due Process as a multidimensional system of guarantees oriented towards material justice and the defense of fundamental Human Rights. The present work lands the meeting points and the diverse tensions generated by the dynamics referred to through the case study of article 121 of the Código General del Proceso; for this purpose it is postulated that the reasonable duration of the process and the effective jurisdictional protection are constitutive parts of the Due Process and fundamental axes of transformation that, from the viewpoint of judicial activism, must account for a jurisdictional agency that is consistent with modern constitutional developments. Maestría Magíster en Derecho

Artículo de investigación Las problemáticas de corrupción que aquejan al país han afectado de manera notoria la contratación estatal ya que se ha evidenciado dentro de los procesos que se celebran la existencia de sobornos, los acuerdos anticompetitivos entre otros que generan la pérdida de recursos estatales. Debido a lo anterior, el Gobierno nacional de Colombia ha desarrollado diversas estrategias para hacer frente a estas problemáticas, uno de los últimos avances presentados es la expedición de la Ley 2195 de 2022 que contiene diversas disposiciones de la materia y modifica en ciertos apartados la Ley 1474 de 2011 en materia anticorrupción. Una de ellas es una modificación que se incluye en las calificaciones dadas a los proponentes cuando han presentado incumplimientos en la ejecución de otros contratos. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. La lucha contra la corrupción en Colombia y su materialización en el ordenamiento jurídico. 2. Sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022. 3.Incidencias de las dispociones de la expedición de la Ley 2195 de 2022 en materia de contratación estatal. 4. Conclusiones BIBLIOGRAFÍA

Artículo de investigación Colombia ha sido un territorio marcado por la guerra, la desigualdad, la falta de garantías en la participación política, entre otros escenarios, que han hecho que el conflicto sea uno de los mas prolongados en tiempo y duración en el continente latinoamericano. Es por ello que en múltiples ocasiones se ha intentado alcanzar la paz como fin último del Estado Colombiano, sin embargo, lograr esto ha sido casi que imposible, puesto que no se está acabando un conflicto cuando ya estamos en la presencia de otro. De esta manera, desde este artículo se buscará hacer un análisis histórico y descriptivo de las principales iniciativas de paz llevadas a cabo en Colombia, desde la Ley de Justicia y Paz, hasta el reciente acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC-EP, haciendo énfasis en la Jurisdicción Especial para la Paz, los estándares de justicia en los procesos transicionales, y el aporte y participación de las víctimas en estos procesos. Esto, con la finalidad de establecer si estos acuerdos cumplen con los Principios Internacionales de Justicia Transicional, permitiendo la participación y reivindicación de los derechos de las Víctimas. Pregrado Abogado Introducción 1.Aproximación a la justicia transicional 2. Naciones Unidas y los principios de Joinet en el marco de la justicia transicional 3. El papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Investigación, Persecución y Juzgamiento de los delitos en contra del DDHH y el DIH 4. La justicia transicional en el marco del proceso de justicia y paz con los “Grupos Paramilitares” 5. La jurisdicción especial para la paz, un reto para la implementación de los estándares de justicia en la transición Conclusiones Bibliografía

Artículo de investigación El derecho internacional, responde a una serie de cambios en los modelos globalizados de Estado y de derecho, teniendo que obedecer necesariamente a un mundo que día a día fluctúa entre las diferentes nociones que existen en el panorama de lo público. En ese sentido, los organismos de crédito multilateral, en especial el Fondo Monetario internacional, presentan una serie de recomendaciones a los Estados miembros para que las adopten dentro de su sistema económico, con el fin de poder acceder a créditos dados por estas instituciones en el marco de la cooperación internacional. Esto genera que termine existiendo una suerte de gobernanza financiera, en la cual los Estados acceden a las políticas de bienestar y desarrollo fijadas por los organismos de crédito multilateral sin tener muchas veces en cuenta la estructura propia de las naciones que son beneficiarios de los créditos. Así las cosas, es pertinente hacer un análisis de los elementos centrales de la gobernanza financiera, las directrices del Fondo Monetario y las cuestiones de desarrollo conexas a la complejidad del crédito público internacional. Pregrado Abogado Introducción, 1 Estado, derecho e instrumentos de cooperación., 2. Principio de cooperación y desarrollo 3. FMI y Gobernanza supranacional. Conclusiones Referencias Bibliográficas

Artículo de Investigación El problema del hacinamiento carcelario en Colombia y la precariedad de las condiciones en las que deben vivir cientos de mujeres en los diferentes centros carcelarios es evidente, junto al retraso en la solución de los procesos penales que existen, esto a causa de la represión de casos, falta de personal, entre otros, perjudicando además a aquellas personas que son investigadas por presuntas actuaciones en conductas punibles, al ser detenidas de manera preventiva, incrementando tal problemática. Para ello el Gobierno Nacional ha implementado una serie de herramientas jurídicas, con la intención de disminuir las cifras de personas que se encuentran esperando su juicio o pronunciamiento del juez a través de una sentencia, entre ellas se encuentra la Ley 1760 de 2015, modificada un año después por la Ley 1786 de 2016, obteniendo personas partidarias de su proclamación como detractores, de ahí que la intención principal de este documento sea analizar ¿cuál es el efecto de las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016 sobre los indicadores de hacinamiento entre la población de mujeres recluidas en establecimientos carcelarios en Colombia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2020. Esto a partir de un enfoque descriptivo desde una revisión bibliográfica comprendiendo los últimos cinco años. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. ESTADO DE LAS COSAS INCONSTITUCIONALES 2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LEY 1760 DE 2015 3. IDENTIFICACIÓN DE LA LEY 1786 DE 2016 4. CONCLUSIONES 5. REFERENCIAS

Artículo de investigación Este artículo tiene la finalidad de investigar sobre la falla del servicio como forma de responsabilidad a partir de los contagios de COVID-19 en las IPS, si bien, el centro de la discusión pretende ser la falla en el servicio de salud como lo ha planteado el Consejo de Estado, se quiere abordar algunas cuestiones trasversales como lo son las libertades y el uso de los derechos, esto en aras de responder a la busqueda del título de imputación sobre el cual se pueda endilgar responsabilidad por contagios dentro de las IPS en Colombia, el método será cualitativo de descripción referencial. Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. Derecho a la salud, nociones constitucionales. 2. Introducción a la teoría de la falla en el servicio. 3.Responsabilidad de las I.P.S. por contagios de COVID-19. 4. CONCLUSIONES 5. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA

Artículo de investigación El contrato de asistencia al viajero internacional es un contrato atípico que no tiene regulación expresa en la ley civil o comercial colombiana. Sin embargo, es un negocio jurídico que suele suscribirse entre las sociedades comerciales que prestan el servicio de asistencia internacional y las personas que viajan fuera del país, con el objeto de cubrir ciertos imprevistos sucedidos en relación con la vida, salud y patrimonio de quienes lo adquieren. En ocasiones, suele denominarse como un contrato de seguro que, a pesar de diferir en su naturaleza jurídica, comparte algunas similitudes, como el ser un contrato de adhesión, caracterizado por tener determinados términos y condiciones que debe conocer quien lo adquiere, y cuya suscripción se realizará sin la posibilidad de modificar sus cláusulas, a menos de que sean consideradas cláusulas abusivas. Por lo anterior, el presente trabajo de investigación analizará cuáles son las consecuencias jurídicas de la inclusión de cláusulas abusivas en el contrato de asistencia a viajero internacional, a pesar de ser este un contrato de adhesión y tomando para ello la perspectiva de los derechos del consumidor, bajo el análisis jurisprudencial de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pregrado Abogado Introducción 1. El contrato de asistencia a viajero internacional en Colombia 2. Contratos de adhesión y cláusulas abusivas en Colombia en el contrato de asistencia a viajero internacional 3. Protección al consumidor por infracción a la ley 1480 de 2011 en contratos de asistencia a viajero internacional Conclusiones Referencias

Artículo de investigación Actualmente en Colombia se encuentra regulado el derecho fundamental a morir dignamente en la resolución 229 del 2020 del Ministerio de Salud, en su artículo 4.5 se señalan las generalidades, los derechos y deberes que tiene el paciente que busca el beneficio de la muerte digna. Cabe afirmar que esta fue una respuesta simple del Gobierno Nacional por el llamado que realizaron diferentes accionantes en varias ocasiones para regular la Eutanasia en Colombia, procedimiento que se encontraba protegido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es aquí donde se identifica el tema central que concierne esta investigación, ¿Cuáles son los principios que garantizarán la eficacia de la eutanasia en Colombia?, encontrándose aprobada las dos practicas una por la resolución 229 de 2020 de morir dignamente y la otra por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que dispone el derecho de la Eutanasia, se debe señalar que estas dos prácticas son totalmente diferentes. A través de este artículo se describirá las diferencias entre las mismas, cuál de estas debe ser regulada por el Congreso de la República, finalizando con una comparación de la regulación de la Eutanasia aprobada por España y la regulación de la Muerte digna de Colombia. Pregrado Abogado Introducción Antecedentes de la eutanasia 1. la eutanasia y el iusnaturalismo 2. evolución de la eutanasia en diferentes estados y su legislación 3. la eutanasia en Colombia 4. casos de eutanasia en Colombia Conclusiones Referencias

La exigencia de buena fe exenta de culpa a los opositores como prerrequisito para obtener una compensación ha sido el centro de críticas a los procesos de restitución de tierras regulados por la Ley 1448 de 2011 causando tensiones jurídicas, políticas y sociales en el país. El propósito de este estándar es evitar que aquellos que se beneficiaron del conflicto armado continúen con el dominio sobre la propiedad y por ello es necesario que el opositor demuestre que no tenía conocimiento de las razones que llevaron a la víctima a realizar el negocio jurídico ni que existía conflicto en la región, además deberá demostrar la realización de actuaciones adicionales a las que se realizan en el tracto normal de los negocios. Los Tribunales han analizado una variedad de pruebas aportadas por los opositores para demostrar su buena fe exenta de culpa entre las que se encuentran: estudio de títulos, asesoría de profesionales del derecho, adjudicación mediante remate, autorizaciones de venta por parte del Estado, pago de precios justos, dictámenes periciales grafológicos y dactiloscópicos, adquisición posterior al primer negocio, sucesiones, entre otras, pero la argumentación dada al valorar las pruebas no es consistente y se encuentran decisiones contradictorias. En virtud de ello se propone una fundamentación de la exigencia de la buena fe exenta de culpa en el principio de solidaridad consagrado constitucionalmente, de esta forma se resolverá la aparente vulneración de principios como la seguridad jurídica y la confianza legítima, dotando de mayor legitimidad al proceso de restitución de tierras. (Texto tomado de la fuente) The requirement of good faith exempt of fault to the opponents as a prerequisite to obtain compensation has been the center of criticism of the land restitution processes regulated by Law 1448 of 2011, causing legal, political, and social tensions in the country. The purpose of this standard is to prevent those who benefited from the armed conflict from continuing to control the property and, therefore, it is necessary for the opponent to demonstrate that he or she was not aware of the reasons that led the victim to carry out the legal transaction or that there was a conflict in the region, it must also demonstrate the performance of additional actions to those carried out in the normal course of business. The Courts have analyzed a variety of evidence provided by the opponents to demonstrate their good faith exempt of fault, among which are: study of titles, advice from legal professionals, adjudication by auction, sale authorizations by the State, payment of fair prices, expert graphological and dactyloscopic opinions, acquisition after the first business, inheritance, among others, but the argumentation given when assessing the evidence is not consistent and contradictory decisions are found. By virtue of this, a justification of the requirement of good faith free of fault is proposed in the principle of solidarity enshrined constitutionally, in this way the apparent violation of principles such as legal certainty and legitimate confidence will be resolved, giving greater legitimacy to the land restitution process. Maestría Magíster en Derecho

Artículo de Investigación El presente artículo de investigación aborda la importancia de los principios de equilibrio económico y planeación dentro de la contratación estatal colombiana, iniciando por un estudio de la naturaleza de cada uno para posteriormente evidenciar como se complementan entre sí y llegan a interrelacionarse en la práctica del ejercicio contractual. En ese sentido, como pregunta de investigación se definió es la siguiente: ¿Qué relación tiene el principio de planeación en contratación estatal y el equilibrio económico del contrato? Que persigue como objetivo general determinar la relación en la aplicación del principio de planeación en los contratos estatales para garantizar el equilibrio económico del contrato. Para lo anterior, el desarrollo de la temática se presenta mediante 4 subtemas a saber, el primero orientado a identificar la naturaleza jurídica de los principios dentro de la contratación estatal, el segundo que busca explicar la noción del principio de planeación para los procesos de contratación estatal en Colombia y su importancia, por su parte el tercer subtema tiende a desarrollar la noción del principio de equilibrio económico del contrato para los procesos de contratación estatal en Colombia y su importancia, y finalmente en el cuarto apartado se describe la relación de los principios de planeación y equilibrio económico contractual en el marco de la contratación estatal. La respuesta se busca obtener a partir de una metodología cualitativa a través de un método documental descriptivo que como señala Agudelo (2018) busca a partir de la exploración, identificación y clasificación de fuentes primarias y secundarias dar contexto a la pregunta de investigación mediante un análisis hermenéutico de la información que permita responder a esta. Pregrado Abogado Introducción. 1. Naturaleza jurídica de los principios en el marco de la contratación estatal. 2. Importancia del principio de planeación para los procesos de contratación estatal en Colombia. 3. Importancia del principio de equilibrio económico del contrato para los procesos de contratación estatal en Colombia. 4. Relación de los principios de planeación y equilibrio económico contractual en el marco de la contratación estatal. Conclusiones

ilustraciones Este trabajo de grado se propone responder la pregunta: ¿se vulnera el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, cuando el Estado no asegura su aplicación efectiva, al no realizar acciones concretas, en particular, dirigidas a la “remoción de barreras” que este grupo poblacional enfrenta en el proceso de acceder a la justicia? Para este fin los objetivos específicos están desarrollados de la siguiente manera: El primer objetivo específico se divide en dos partes. En la primera parte, se presenta la noción de discapacidad, los modelos históricos de la discapacidad, las características de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el modelo social, la noción de discapacidad y el acceso a la justicia desde el modelo social. En la segunda parte, se analizan los estándares internacionales sobre el derecho de acceso a la justicia de las PcD, el marco normativo interno y el contraste de los siguientes casos: Velásquez Rodríguez Vs. Honduras de 1988, Ximenes Lopes Vs. Brasil de 2006, Furlán y familiares Vs. Argentina de 2012, Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala 2016 y Guachalá Chimbo y Otros Vs. Ecuador, 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los cuales hay un esbozo de la noción de acceso a la justicia y su alcance como derecho humano. El segundo objetivo específico es establecer las barreras que dificultan la garantía y goce efectivo del derecho al acceso a la justicia de las PcD y las experiencias de implementación de mecanismos jurídicos para su protección. El tercer objetivo específico es: contrastar las siguientes sentencias T-553 de 2011, T-973 de 2011, T-750A de 2012, T-412 de 2014, T-662 de 2017, C-163 de 2021 de la Corte Constitucional posteriores a la ratificación de la CDPD, en las cuales pueda identificarse los criterios de cumplimiento frente al acceso a la justicia de las personas con discapacidad, a partir de las cuales se responderá la pregunta de investigación. (Texto tomado de la fuente) This degree project aims to answer the question: is the access to justice for people with disabilities violated, when the State doesn’t ensure its effective application, by not carrying out concrete actions, in particular, aimed at the "removal of barriers" that this population group faces in the process of accessing justice? To this end, the specific objectives are developed as follows. The first specific objective it is divided into two parts. In the first part, the notion of disability is presented, the historical models of disability, the characteristics of the Convention on the rights of persons with disabilities, the social model, the notion of disability and access to justice from the social model. In the second part, international standards on the right of access to justice for PwD, the internal regulatory framework and the contrasts in the following cases are analyzed: Velásquez Rodríguez Vs. Honduras of 1988, Ximenes Lopes Vs. Brazil of 2006, Furlán and family v. Argentina of 2012, Chinchilla Sandoval and others Vs. Guatemala 2016 and Guachalá Chimbo and others v. Ecuador, 2021 of the Inter-American Court of Human Rights (IDH Court), in which there is an outline on the notion of access to justice and its scope as a human right. The second specific objective is to establish the barriers that hinder the guarantee and effective enjoyment of the right of access to justice for PwD and the experiences of implementing legal mechanisms for their protection. The third specific objective is: to compare the following judgments T-553 of 2011, T-973 of 2011, T-750A of 2012, T-412 of 2014, T-662 of 2017, C-163 of 2021 of the subsequent Constitutional Court to the ratification of the CRPD, in which the compliance criteria regarding access to justice for persons with disabilities can be identified, from which the research question will be answered. Maestría Magíster en Derecho

Artículo de investigación El principio de publicidad dentro del procedimiento penal ha permitido la masificación de la comunicación en cuanto a noticias judiciales; en este sentido, día a día se hacen más visibles aquellos casos criminales, que en el pasado correspondían solo a periodismo especializado. Sin embargo, en ocasiones el director del proceso puede verse obligado a modificar sus decisiones debido a la carga mediática de ciertos casos. Es por esto, que en este artículo se reflexiona sobre el periodismo judicial en materia penal, su aplicación, límites e influencia en los operadores judiciales. Pregrado Abogado Introducción 1. Libertad de prensa y periodismo judicial 2. El proceso penal y la intimidad de las partes 3. Discrecionalidad judicial y presión mediática 4. Conclusiones 5. Referencias bibliográficas.