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The breach of contract is the primary cause of the conflict of interest between the parties to the contract, so it is a core issue of contract law. Therefore, the comparative law study perspective provides a perfect reference for the purpose of this investigation. After a brief discussion of the concept of non performance -whichI will focus on in Chapter one -I will focus on the last chapter of my work the so-called remedies for non performance. The investigation will emphasize the similarities and differences between respective systems, as well as the approaches taken in the absence of common ground and the obvious need for legal protection. In this regard, it is worth noting that although many comparative law studies are aimed at understanding the differences and similarities between the civil law and the common law, there is a gap in this area of comparative law in the Asian system. Therefore, I think it is important to introduce these documents through the current research work, taking the theme of non performance as an example of CISG's current impact on internal systems andas a factor of coordination and modernization, we believe that CISG is a tool that enables us to achieve a greater degree of legal security quotas in the international market. El incumplimiento del contrato es la primera causa de conflictos de intereses entre los contratantes y, por consiguiente, constituye una materia central en el Derecho de contratos. Por esta razón, su estudio comparado sirve como perfecta referencia para el objetivo de este estudio. Tras una breve aproximación al concepto de incumplimiento -a los que dedicaré el primer capítulo, me centraré– en el último capítulo del trabajo, en una descripción de los denominados remedios frente al incumplimiento contractual (en inglés, remedies), que pongan de relieve las semejanzas y diferencias existentes entre nuestros respectivos sistemas, así como las vías de aproximación cuando no existe coincidencia, ante la evidente necesidad de seguridad jurídica. Al respecto, conviene tener en cuenta que, aunque abundan los estudios de Derecho comparado que tienen por objeto conocer diferencias y semejanzas entre el Civil Law y el Common Law, existe una laguna en este ámbito del Derecho comparatístico relativa a los sistemas asiáticos[1]. Por esta razón, he considerado importante introducirlos o presentarlos a través del presente trabajo de investigación, tomando la materia del incumplimiento contractual como muestra del influjo que la CISG está teniendo en la actualidad sobre los sistemas internos como factor armonizador y de modernización. Encontramos así en la CISG un instrumento que nos permite avanzar en la consecución de cuotas mayores de seguridad jurídica en el mercado internacional. [1] ASAMI, E.: Los sistemas del Derecho internacional privado japonés y europeo desde una perspectiva comparada, tesis doctoral para optar al grado de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2012, p. 31.

Se acaba de implantar en España una controvertida medida que obliga a las empresas a llevar a cabo un registro diario de la jornada de trabajo de sus empleados. En el presente artículo se analizan los aspectos prácticos de este nuevo régimen jurídico al mismo tiempo que se ofrecen propuestas para que la implantación de esta forma de control se realice sin generar un coste demasiado elevado para las empresas ni suscitar conflictos con los representantes legales de los trabajadores. A controversial measure has just been introduced in Spain requiring companies to keep a daily record of their employees' working hours. This article analyzes the practical aspects of this new legal regime and at the same time offers proposals for the implementation of this form of control without generating too high a cost for the companies or raising conflicts with the legal representatives of the workers.

El sector financiero constituye, sin duda, el paradigma de sector que, sistemáticamente recurre a la prejubilación de sus trabajadores de mayor edad, lo que viene haciendo especialmente desde la crisis económica y financiera de 2007 hasta ahora. Se trata de un sector en continua reconversión mediante un incesante proceso de fusiones. Con motivo de la pandemia de la Covid-19 y, la crisis económica provocada por esta, el sector afronta un nuevo y vertiginoso proceso de concentración, en el que nuevamente se perderán miles de puestos de trabajo. Es necesario que, la prejubilación, se incorpore al ordenamiento laboral como una prestación más de Seguridad Social, legislando sobre la figura del ERE, complementada con el recurso a lo dispuesto en el RD 3/2014, de 10 de enero. Una vez regulado el acceso de las empresas a este recurso, se conseguirá el necesario mantenimiento del empleo, pues el contrato de relevo seria requisito imprescindible para cada trabajador que se prejubile acogido a la prestación. Undoubtedly the financial sector is the sector paradigm that systematically resorts to the preretirement of its older workers, particularly since the economic and financial crisis of 2007 until now. This is a sector in continuous conversion through an incessant merger process. Due to Covid-19 pandemic and the economic crisis caused by it, the sector faces a dizzying new process of concentration, in which thousands of jobs will again be lost. Pre-retirement needs to be incorporated into the labour system as one more Social Security benefit, legislating on the figure of the ERE and supplemented by recourse to RD 3/2014 of 10th January. Once the access of the undertakings to this resource has been regulated, the necessary maintenance of employment will be achieved, as the re-release contract would be an essential requirement for each early-retired worker to obtain this benefit.

La tesis ha versado sobre la incidencia que, dentro del ámbito del despido colectivo, tienen dos circunstancias que se relacionan estrechamente y que son comunes a todas las personas: la edad y el trabajo. Cuando estos dos elementos se combinan entre sí, se constata que la mayor edad es inversamente proporcional a la empleabilidad. Pese a estar circunstancia, el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones precisa del aumento de las contribuciones y del retraso paulatino de la edad de jubilación. Han sido numerosos los estudios que han analizado el régimen jurídico del despido colectivo y los que han dado visibilidad al fenómeno del “edadismo” y a los problemas que lleva aparejados. No obstante, seguía pendiente un acercamiento que abordase de manera completa y sistematizada los distintos instrumentos jurídicos que ha ido incorporando el legislador en el régimen jurídico del despido colectivo, para proteger a las personas de edad afectadas por el mismo. Para tal fin, como método de trabajo, se ha optado por desarrollar en capítulos separados cada uno de los ejes de la investigación. En primer lugar, se ha prestado atención a la repercusión que la edad tiene en la permanencia de la persona trabajadora en nuestro mercado de trabajo y a la lucha frente a la discriminación por razón de la edad, bien mediante disposiciones legales, bien mediante la doctrina de los tribunales, incluyendo el tratamiento dispensado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para finalizar el primer capítulo, ha resultado oportuno llevar a cabo una breve aproximación a las notas esenciales del régimen jurídico del despido colectivo que pone en el contexto adecuado los siguientes bloques de la tesis. El segundo capítulo está referido a la aportación económica que deben efectuar al Tesoro Público las empresas o grupos de empresas que contabilicen beneficios y despidan a personas mayores de cincuenta años. Se trata de una institución jurídica, inicialmente creada “ad hoc” como consecuencia de la reestructuración anunciada por Telefónica en 2011, ya que ponía el foco de los afectados en las personas maduras, pero que (mediante las sucesivas reformas) ha ido ampliando su espectro. El convenio especial de Seguridad Social ha sido objeto de estudio en el capítulo tercero, donde se comparte la opinión de aquellos autores que han analizado previamente esta figura en el sentido de que encaja con dificultad en el concepto de “situación asimilada al alta” y en la noción tradicional de convenio especial. Piénsese que se trata de un medio de aseguramiento que comprende determinadas contingencias, cuyo coste comparten en fases distintas empresario y persona trabajadora, resultado de suscripción voluntaria para este último. Los requisitos a los que debe hacer frente la empresa no se agotan en las anteriores y también se basan en el respeto de la prioridad de permanencia a favor de las personas maduras que puede ser acordada mediante convenio colectivo o durante el período de consultas del despido colectivo, por un lado, y en la incorporación (como medida social que trate de reducir los efectos negativos del despido, de un plan de recolocación, por el otro. Precisamente, el capítulo cuarto estudiará de una manera crítica la regulación de ambas figuras. Como epílogo a las obligaciones descritas, el capítulo quinto se reserva para una medida que no tiene la condición de obligación propiamente dicha, pero que planea de manera incesante en todas las reestructuraciones empresariales: las prejubilaciones. En los capítulos dedicados a la aportación al Tesoro, al convenio especial de Seguridad Social y al plan de recolocación, se ha presentado una propuesta partidaria de una regulación alternativa o de introducir determinados cambios en la regulación actual de cada una de estas instituciones, a los efectos de ofrecer un tratamiento mucho más coordinado, sencillo y sistematizado. Todo ello queda recapitulado de manera mucho más armonizada en las conclusiones finales de la tesis. El enfoque metodológico se ha basado en el estudio de la doctrina más autorizada, la normativa aplicable, el derecho comparado en determinadas instituciones y en las diversas resoluciones judiciales que han arrojado luz sobre la problemática que suele envolver a las reestructuraciones laborales articuladas mediante el despido colectivo. Esta sistemática ha quedado complementada con el contacto con los responsables de implementar estas obligaciones en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General de Empleo y con el Servicio Público de Empleo Estatal. The dissertation has dealt with the impact of two closely related circumstances common to all people in the field of collective redundancies: age and work. When these two elements are combined, it is found that older age is inversely proportional to employability. Despite this, the sustainability of our pension system requires higher contributions and a gradual delay in the retirement age. Several studies have analysed the legal regime of collective redundancies and have focused on the phenomenon of "ageing" and the problems associated with it. However, a comprehensive and systematised approach to the different legal instruments that have been established by the legislator in the legal regime of collective dismissal in order to protect the elderly affected by it was still pending. To this end, as a working method, it has been decided to develop each of the main lines of research in separate chapters. Firstly, attention has been paid to the repercussions that age has on the permanence of the employee in our labour market and to the fight against age discrimination, either through legal provisions or through the doctrine of the Courts, including the treatment given by the Court of Justice of the European Union. To conclude the first chapter, it has been appropriate to provide a brief overview of the essential features of the legal regime of collective redundancies, which sets the following sections of the dissertation in the right context. The second chapter refers to the financial contribution to be made to the Public Treasury by companies or groups of companies that make profits and dismiss people over the age of fifty. This is a legal institution, initially created "ad hoc" as a consequence of the restructuring announced by Telefónica in 2011, as it focused on mature people, but which, through successive reforms, has been broadening its scope. The special Social Security agreement has been the subject of study in chapter three, where we share the opinion of those authors who have previously analysed this figure in the sense that it fits with difficulty into the concept of "situation assimilated to be registered in Social Security" and into the traditional notion of special agreement. It is a means of insurance covering certain contingencies, the cost of which is shared in different phases between the employer and the employee, and is voluntary for the latter. The requirements to be met by the company are not exhausted in the previous ones and are also based on the respect of the priority of permanence in favour of mature people, which can be agreed to by collective agreement or during the consultation period of the collective dismissal, on the one hand, and on the incorporation, as a social measure that tries to reduce the negative effects of the dismissal, of an outplacement plan, on the other hand. Precisely, the fourth chapter will critically study the regulation of both figures. As an epilogue to the obligations described above, the fifth chapter is reserved for a measure that does not have the status of an obligation as such, but which is an ever-present feature of all corporate restructuring: early retirement. In the chapters devoted to the contribution to the Treasury, the special Social Security agreement and the outplacement plan, a proposal has been put forward in favour of an alternative regulation or the introduction of certain changes in the current regulation of each of these institutions, in order to offer a much more coordinated, simple and systematised treatment. All of this is recapitulated in a much more harmonised way in the final conclusions of the dissertation. The methodological approach has been based on the study of the most authoritative doctrine, the applicable regulations, comparative law in certain institutions and the various court decisions that have shed light on the problems that usually surround labour restructuring through collective redundancies. This systematic approach has been complemented by contact with those responsible for implementing these obligations in the Labour and Social Security Inspectorate, the Directorate General for Employment and the State Public Employment Service.

He pretendido, a través de este estudio, destacar la importancia que en el ámbito del Derecho del Trabajo español tuvo la incorporación de nuestro país a la Unión Europea en enero de 1986; importancia que destacamos a través del análisis detallado de cada una de las cuestiones prejudiciales planteadas por los diferentes órganos judiciales internos, desde la primera de ellas, coincidente temporalmente con el año de su incorporación al proyecto europeo, hasta la última tratada, de hace apenas unos meses. Se trata de un trabajo realizado por alguien que ejerce su actividad profesional en los juzgados y tribunales, y que es consciente de que las mayores transformaciones en nuestro sistema de relaciones laborales en los últimos 35 años han venido motivadas por resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, principalmente, como consecuencia del planteamiento de cuestiones prejudiciales, a través del procedimiento al que se ha calificado como “joya de la corona” que ha dado sentido al Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, el trabajo no se limita al análisis de las resoluciones del Tribunal comunitario sino que su estudio ha pretendido ser más ambicioso; así, hemos partido del propio auto de planteamiento de la cuestión -(con la disección de la problemática fáctica y jurídica del litigio en cuestión, confrontando la norma nacional y la comunitaria)- y repasado las conclusiones de la Abogacía General, atendiendo a las apreciaciones efectuadas, en algunos casos, por los distintos Estados Miembros y a la Sentencia o Auto del TJUE dando respuesta al planteamiento de la cuestión, hemos anudado la posterior recepción por el órgano remitente, a través de la resolución del litigio, finalizando con la acogida del pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo por parte de los restantes órganos judiciales, con una valoración conjunta de cada una de las cuestiones prejudiciales. Para que el estudio respondiese, efectivamente, al objetivo planteado, hemos optado por estructurarlo en diferentes apartados. En el primero de ellos, de carácter GENERAL e índole procesal, nos hemos acercado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde su constitución, todavía las armas calientes de las terribles contiendas europeas del siglo XX, para abordar seguidamente su composición orgánica y competencias y, por supuesto, la “cuestión prejudicial”, con delimitación de su ámbito, condiciones de utilización del planteamiento, evolución, notas informativas y recomendaciones. Desde un ámbito sustantivo, el trabajo ha pretendido diseccionar las diferentes temáticas y estructurar, en un índice adecuado, los principales asuntos resueltos por Auto o Sentencia del TJUE, en contestación a las numerosas cuestiones prejudiciales formuladas por los distintos órganos judiciales españoles, especificando, en cada uno de ellos, la delimitación normativa y los objetivos generales y medidas a adoptar incluida una breve valoración conjunta. Los apartados considerados reconocen las grandes temáticas: no discriminación, tiempo de trabajo, modalidades contractuales, vicisitudes empresariales, extinción contractual, seguridad y salud laboral, añadiendo aspectos procesales y otras cuestiones de cuestiones de interés. La parte ESPECIAL integra el análisis de las distintas cuestiones prejudiciales planteadas, englobándolas en las ocho materias anteriormente citadas. Acudimos al auto de planteamiento, como germen de cada una de las cuestiones, sintetizando el problema suscitado, la normativa de aplicación y los criterios jurisprudenciales coetáneos; abordamos, por su relevancia, el criterio de Abogadas y Abogados Generales y, finalmente, la resolución del TJUE, efectuando un “viaje de vuelta” a nuestro país para comprobar la repercusión que el caso concreto resuelto en Luxemburgo ha tenido, no solo en la Sentencia del órgano judicial español, sino en la propia evolución del derecho plasmada tanto en las sentencias que, ajenas al conflicto concreto que suscitó la cuestión prejudicial, se hacen eco de la doctrina del TJUE, como en los trabajos de la Doctrina académica. El trabajo se cierra con una “síntesis panorámica” y “apunte conclusivo”, a modo de reflexión recopilatoria, a la que sigue la referencia de bibliografía utilizada y anexos que contienen las sentencias y autos estudiados, clasificados cronológicamente, por materias y por disposiciones analizadas, lo que permite al lector una rápida visualización y localización temática. I have intended, through this study, to highlight the importance that, in the field of Spanish Labor Law, the incorporation of our country into the European Union in January 1986 had; importance that we emphasize through the detailed analysis of each of the preliminary issues raised by the different internal judicial bodies, from the first one, which coincides temporarily with the year of its incorporation into the European project, until the last one, dealt with just a few months ago. This work is carried out by someone who practises his professional activity in the courts and tribunals, and who is aware that the greatest transformations in our labor relations system in the last 35 years have been motivated by resolutions of the Court of Justice of the European Union and, mainly, as a consequence of the presentation of preliminary questions, through the procedure that has been described as a “crowning jewel” that has given meaning to European Union law. However, the work is not limited to the analysis of the decisions of the Community Court but rather its study has tried to be more ambitious; Thus, we have started from the judicial decree that raises the issue - (with the dissection of the factual and legal problems of the litigation in question, confronting the national and community regulations) - and having reviewed the conclusions of the General Advocacy, taking into account the assessments made, in some cases, by the different Member States and the Judgment or Order of the CJEU responding to the raising of the question, we have tied the subsequent reception by the referring body, to through the resolution of the dispute, ending with the acceptance of the ruling of the Luxembourg Court by the other judicial bodies, with a joint assessment of each of the preliminary rulings. In order for the study to respond effectively to the stated objective, we have chosen to structure it in different sections. In the first of them, in a GENERAL way and procedural nature, we have approached the Court of Justice of the European Union since its constitution, being still hot the weapons of the terrible European battles of the 20th century, to then address its organic composition and competences and, of course, the “question for a preliminary ruling”, with a delimitation of its scope, conditions of use of the approach, evolution, informative notes and recommendations. From a substantive scope, the work has tried to dissect the different themes and structure, in an appropriate index, the main issues resolved by Order or Sentence of the CJEU, in response to the numerous preliminary rulings formulated by the different Spanish judicial bodies, specifying, in each of them, the normative delimitation and the general objectives and measures to be adopted, including a brief joint assessment. The sections considered recognize the main themes: non-discrimination, working time, contractual modalities, business vicissitudes, contract termination, occupational health and safety, adding procedural aspects and other questions of interest. The SPECIAL part integrates the analysis of the different preliminary questions referred, encompassing them in the eight matters mentioned above. We turn to the proposal judicial decree, as the germ of each one of the questions, synthesizing the problem raised, the applicable regulations and the contemporary jurisprudential criteria; We address, due to their relevance, the criterion of General Lawyers and, finally, the resolution of the CJEU, making a "return trip" to our country to verify the impact that the specific case resolved in Luxembourg has had, not only in the Sentence of the Spanish judicial body, but in the evolution of the law itself embodied both in the judgments that, unrelated to the specific conflict that raised the preliminary ruling, echo the doctrine of the CJEU, as in the works of the academic Doctrine. The work closes with a "panoramic synthesis" and "conclusive note", as a compilation reflection, which is followed by the bibliography reference used and annexes that contain the judgments and judicial decrees studied, classified chronologically, by subjects and by provisions analyzed. , which allows the reader a quick visualization and thematic location.

El suministro de medicamentos para tratar, prevenir o aliviar una enfermedad es un acto de riesgo. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios que varían de acuerdo con muchos factores. Cada prescripción requiere de un adecuado análisis del balance entre el posible riesgo y el beneficio que se espera. Este balance se realiza de forma específica para cada paciente en concreto, sin embargo, es posible realizar valoraciones generales respecto a la seguridad y eficacia de los productos a partir de investigaciones científicas. Cada país cuenta con organismos reguladores que analizan de manera general para la población el riesgo y otorgan permisos para comercializar los medicamentos. La autorización se brinda sobre la base de estudios clínicos la seguridad y eficacia de los medicamentos y por medio de pruebas de laboratorio, la calidad del producto. La autorización, registro sanitario o permiso de comercialización detalla la forma de uso de un medicamento, que incluye indicaciones, patologías para las cuales se puede utilizar, dosis, contraindicaciones, efectos adversos, vía de administración, entre otros. Una vez que se otorga el permiso de comercialización para un tratamiento determinado, este no debería ser empleado para tratar otra enfermedad distinta para la cual fue aprobada, pues representa un riesgo para la salud y vida de los pacientes, ya que no existe evidencia suficiente para garantizar que no afectará negativamente al paciente al darle un uso diferente para el que sí fue investigado y aprobado. No obstante, para muchas enfermedades o para pacientes específicos, no existe un tratamiento aprobado. Estos pacientes ven comprometida su salud y su vida al no contar con un tratamiento que les ayude a mejorar su calidad de vida. La utilización de medicamentos ya conocidos, pero en indicaciones para los que no fue aprobado o usar tratamientos en etapa de investigación, suele ser la última esperanza de muchas personas en la actualidad. Conforme este fenómeno se hizo más común, se le denominó suministro de medicamentos en condiciones especiales, que incluye el uso de medicamentos sin registro sanitario, el uso en indicaciones no aprobadas y el uso compasivo. Esta investigación tiene el objetivo de analizar el régimen jurídico del uso de medicamentos en condiciones especiales en Costa Rica. Además, estudia el papel de cada uno de los actores involucrados y establece la responsabilidad profesional asociada al uso de medicamentos en estas condiciones. La investigación se basa principalmente en el análisis de documentación emitida por organismos relacionados con la temática, con un enfoque jurídico y especial detalle en aspectos técnicos farmacéuticos. Los términos de uso sin registro, uso off label y uso compasivo de medicamentos se analizan a partir del planteamiento del concepto aceptado por la doctrina, ejemplos de la práctica clínica y casos judiciales. Lo cual permite contrastar la forma como se utilizan los medicamentos y cómo se regula en los diferentes países. Se realiza una mención especial al caso de COVID-19 en vista que la falta de tratamientos para tratar el virus generó una gran presión por utilizar medicamentos experimentales, off label, sin registro o por uso compasivo para tratar a las personas enfermas. Se determinó que, en Costa Rica, existe normativa que regula algunos aspectos relativos a los medicamentos, sin embargo, no son explícitas respecto a los usos especiales, no clarifican terminología y se limitan en mayor medida al uso de medicamentos sin registro sanitario. Este panorama ha generado incongruencias, inconsistencias y confusiones dentro de las instituciones y los profesionales de la salud. Es decir, aún existe un vacío legal que imposibilita una adecuada gestión del uso de medicamentos en condiciones especiales. The supply of medicines to treat, prevent or alleviate a disease is an act of risk. In addition, all medications have side effects that vary based on many factors. Therefore, each prescription requires a proper analysis of the balance between possible risks and expected benefits. This balance is made specifically for each specific patient; however, it is possible to make general assessments regarding the safety and efficacy of the products based on scientific research. Each country has regulatory bodies that analyze the risk for the population and give authorization to market medicines. The authorization is granted based on clinical studies supporting the medicines’ safety and efficacy and the quality of the product through laboratory tests. The authorization, health registration, or marketing permission details the form of use of a medicine, which includes pathologies for which it can be used, dose, contraindications, adverse effects, and route of administration, among others. Once marketing permission is granted for a specific treatment, it should not be used to treat another disease for which it was approved, as it represents a risk to the health and life of patients since there is not enough evidence to guarantee that it will not negatively affect the patient by giving it a different use for which it was investigated and approved. However, there is no approved treatment for many diseases or specific patients. These patients have compromised their health and lives by not having a treatment that helps them improve their quality of life. The use of already known drugs, but in indications for which it was not approved or using investigational treatments, is usually the last hope of many people today. As this phenomenon became more common, it was called drug supply under special conditions, which included using drugs without health registration, use in unapproved indications, and compassionate use. This research aims to analyze the legal regime for the use of medicines in special conditions in Costa Rica. In addition, it studies the role of each actor involved and establishes the professional responsibility associated with using medications in these conditions. The research is based mainly on analyzing documentation issued by organizations related to the subject, with a legal approach and unique detail in pharmaceutical technical aspects. The terms of use without registration, use off-label, and compassionate use of medicines are analyzed from the approach of the concept accepted by the doctrine, examples of clinical practice, and court cases. This allows contrasting how medicines are used and how they are regulated in different countries. A special mention is made to the case of COVID-19, given that the lack of treatments to treat the virus generated tremendous pressure to use experimental, off-label, unregistered, or compassionate use drugs to treat sick people. It was determined that, in Costa Rica, there are regulations that regulate some aspects related to medicines; however, they are not explicit regarding special uses, do not clarify terminology, and are limited to a greater extent to the use of medicines without health registration. This scenario has generated inconsistencies and confusion within health institutions and professionals. In other words, there is still a legal vacuum that makes it impossible to manage the use of medicines in special conditions properly.

El trabajo de investigación realizado nace de la observación de una de las paradojas más llamativas de nuestra praxis jurídico-administrativa, el incuestionable desfase que existe entre el empeño del legislador en proclamar de manera, en ocasiones contundente, el derecho que asiste a los interesados a no aportar al procedimiento documentación innecesaria o que ya obre de alguna forma en poder de las Administraciones públicas y la escasa aplicación práctica que este derecho ha alcanzado en la experiencia administrativa cotidiana. Se trata de una anomalía que impone a los particulares una carga penosa y con frecuencia evitable que, en definitiva, entorpece el funcionamiento armónico de la relación jurídico-administrativa. El enfoque particular adoptado se centra en los problemas que plantea en la práctica la reducción de la carga documental que soportan los administrados, en la consideración de esta cuestión desde la perspectiva de la Administración electrónica, así como en el estudio de las consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho a la no aportación documental y de los mecanismos de defensa con los que cuenta el ciudadano para responder a eventuales infracciones de este derecho. En cuanto a la metodología empleada, la presente investigación ha descansado, obviamente, en la aplicación del método jurídico, principalmente a través del análisis de fuentes normativas y del estudio de la doctrina científica y jurisprudencial, interpretada a la luz de mi propia experiencia como empleado público. Se han buscado, además visiones complementarias procedentes de otros campos del conocimiento, tales como la tecnología, la informática o la sociología, así como de tradiciones científicas y jurídicas diversas. Por último, las conclusiones extraídas pueden resumirse en las siguientes: la perdurabilidad de los requerimientos irregulares de aportación de información al procedimiento administrativo obedece a múltiples causas de muy diversa naturaleza y origen, como una deficiente coordinación y planificación públicas. Además, la vulneración del derecho de no aportación documental no afectará generalmente a la validez del acto si el resto de tramitación ha sido correcta, pero la conculcación de este derecho por parte del órgano tramitador no debe perjudicar al interesado que ha visto satisfecha su pretensión. This research arises from the observation of one of the most striking paradoxes in our daily administrative practice; the unquestionable existing contradiction between the lawmakers’ determination to proclaim a citizen’s right not to provide to administrative entities unnecessary information or personal data that those bodies already own, and the scant regard shown for this right by public Administration on a daily basis. This anomaly imposes an annoying and avoidable burden on individuals and companies that hinders the normal function of existing relationships between citizens and public Administration. The adopted approach focuses mainly on the use of information and communications technologies by administrative bodies in order to ensure compliance with the right not to provide information, the legal consequences of its infringement and the possible citizen’s defence mechanisms against potential violations of this right. Regarding the methodology used to carry out this research, an approach based on the legal method -mainly through the analysis of different sources of law and of the legal and jurisprudential doctrine- in the light of my own experience as a public servant, has been adopted. Moreover, this work has been enriched with a broader perspective provided by other fields of knowledge, namely technology and sociology. Finally, the main conclusions drawn from the research can be summarized as follows: the persistence of this problem stems from diverse and varied causes, such as a poor coordination and planning. Furthermore the infringement of the right not to provide information to public entities will not affect the validity of the legal act adopted if the rest of the procedure has been correctly carried out, but the consequences of this violation cannot be detrimental to individuals.

La presente investigación se centra en el análisis de los factores que influyeron en la evolución del contrato de trabajo a tiempo parcial, en una visión comparativa entre España e Italia. En estas dos realidades, ambas pertenecientes al área mediterránea, el trabajo a tiempo parcial ha tenido un desarrollo similar: en ambas, de hecho, el trabajo a tiempo parcial ha experimentato una participación discreta como fórmula de empleo, cuya utilización ha ido en constante aumento a lo largo del tiempo pero con una incidencia particular en el grupo femenino. La cuestión básica era analizar si este contrato seguía representando una tipología laboral que permitiera la conciliación familiar o si ahora representa – casi unicamente - una herramienta de flexibilización de la plantilla que permite a las empresas ajustar su organización en función de las necesidades productivas, factor que se ha puesto de manifiesto especialmente a partir de la crisis de 2007. La utilización del tiempo parcial en un contexto social en el que crece la población mayor, al menos en el continente europeo, junto a la baja fecundidad que comparten ambos países, son factores que también han puesto de manifiesto el efecto negativo sobre las futuras pensiones del colectivo femenino. Esta situación plantea un grave problema de pobreza de las generaciones mayores, que se van haciendo más numerosas, a la que los gobiernos se deben enfrentar. Sobre todo, esto vuelve a involucrar al colectivo femenino, que está más ocupado que el hombre en este tipo de empleo y que, principalmente debido a la maternidad principalmente, ha tenido más interrupciones en su carrera profesional y menos avances. El análisis condujo, por tanto, también a profundizar en la dimensión de conciliación familiar, ámbito en el que los dos países han adoptado en cambio soluciones diferentes desde el punto de vista de la dimensión de igualdad de género, y en los efectos en la futura pensión. El trabajo buscó combinar la perspectiva jurídica con la sociológica para tratar de comprender su evolución y qué factores han determinado sus características actuales así como las cuestiones aún abiertas y en qué se puede mejorar este tipo de contrato. El análisis del trabajo a tiempo parcial, de hecho, no puede ignorar la perspectiva de género, así como la relación con otras formas de trabajo que están surgiendo como, por ejemplo, el trabajo ágil, así como con los cambios en las organizaciones propiciados por la reciente crisis sanitaria. This research focuses on the analysis of the factors that influenced the evolution of the part-time employment contract, in a comparative view between Spain and Italy. In these two realities, both belonging to the Mediterranean area, part-time work has had a similar development: in both, in fact, part-time work has experienced a low participation as an employment formula, whose use has been constantly increasing over time but with a particular incidence in the female group. The basic question was to analyze whether this contract continued to represent a type of work that would allow family reconciliation or whether it now represents – almost solely – a tool for making the workforce more flexible that allows companies to adjust their organization based on production needs, a factor that has been especially evident since the 2007 crisis. The use of part-time in a social context in which the elderly population is growing, at least on the European continent, together with the low fertility that both countries share, are factors that have also highlighted the negative effect on future pensions of the female collective. This situation poses a serious problem of poverty of the older generations, which are becoming more numerous, which governments must face. Above all, this again involves the female group, who are busier than men in this type of employment and who, mainly due to motherhood, have had more interruptions in their professional career and less progress. The analysis therefore also led to investigate the dimension of family reconciliation, an area in which the two countries have instead adopted different solutions from the point of view of gender equality, and the effects on the future pensions. The work sought to combine the legal perspective with the sociological one to try to understand its evolution and what factors have determined its current characteristics as well as the questions still open and how this type of contract can be improved. The analysis of part-time work, in fact, cannot ignore the gender perspective, as well as the relationship with other forms of work that are emerging, such as agile work, as well as with the changes in organizations brought about by the recent health crisis.

La justicia real y judicial no caminan mano a mano. La discriminación arraigada en ilusiones cognitivas irracionales ha mutado y se ha adaptado al mundo democrático, haciéndose inmune a la ley. Los estereotipos ayudan a justificar las desigualdades de género. El sistema judicial no es consciente del impacto negativo que percepciones y prejuicios de género tienen en la forma de impartir justicia. Las decisiones judiciales, informadas por creencias y mitos preconcebidos, en lugar de hechos, pueden tener consecuencias perjudiciales y peligrosas, negando el acceso a una justicia equitativa y libre de prejuicios. Por ello, juzgar con perspectiva de género es necesario para proporcionar un acceso equitativo a la justicia. Hacer real el principio de igualdad, no permite neutralidad. Las posibles barreras necesitan ser identificadas y eliminadas para permitir juzgar con esta perspectiva, como criterio judicial de referencia, aquellos casos en que se comprometan relaciones asimétricas o estereotipos de género. Juzgar con perspectiva de género no es una tarea fácil. Este estudio doctoral compuesto de cinco capítulos analiza cómo este enfoque, guiado por el principio de mainstreaming, fue aplicado en contextos judiciales españoles e internacionales. También, desarrolla una nueva metodología para juzgar con perspectiva de género, cuyo objetivo es ayudar a quien se enfrenta en su trabajo diario con la responsabilidad crucial de impartir justicia efectiva, informada por estándares y legislación nacional e internacional. El primer capítulo introduce un marco filosófico para la justicia aplicada con perspectiva de género, que surge impulsada desde las teorías feministas del derecho que cuestionan la objetividad del ordenamiento jurídico que no representa la razón universal sino la de quienes detentan el poder patriarcal. La noción de “imparcialidad” es opresiva. Un nuevo modelo de igualdad vindicado en la diferencia social es necesario, para superar las limitaciones de un modelo basado en la comparación social. Estudios y teorías del campo psicosocial muestran cómo los estereotipos, categorizaciones y prejuicios funcionan a nivel cognitivo en el segundo capítulo. Usamos estas ilusiones cognitivas como verdades categóricas y guiones psicosociales para etiquetar a las personas. Cuando van más allá de nuestro tejido perceptivo, las identificamos como nuestra propia forma de pensar. Una técnica sistemática de argumentación vertical para administrar justicia equitativa se introduce en el tercer capítulo. Esta técnica se basa en jurisprudencia internacional, europea y española, que apoya el imperativo de juzgar con una perspectiva de género. El cuarto capítulo comenta los fundamentos de la justicia con perspectiva de género, basándose en teorías e investigaciones psicológicas. Se identifica la necesidad de proporcionar formación en derecho internacional antidiscriminatorio para quien trabaja o pueda llegar a trabajar en el sector judicial. Se exploran varios protocolos y guías existentes, para demostrar como este enfoque judicial se usa en distintos países. La educación se identifica como el antídoto necesario para franquear el uso de categorizaciones de género. El quinto capítulo explica cómo la nueva metodología propuesta para juzgar con perspectiva de género usa el orden de lo social, como referente, para facilitar una hermenéutica judicial de género, que se puede aplicar a todas las fases del proceso social. Esta se puede resumir en tres acciones concretas: a) identificar desde el análisis crítico judicial, b) corregir integrando una perspectiva de género, c) compensar mediante una justicia reparadora, preventiva y transformativa. Dos mapas jurídicos de género se incluyen en el Anexo, a modo de resumen visual sintetizado. El estudio concluye en que hay dos enfoques distintos en la manera de administrar justicia. Uno, formal y mecánico, que perpetua las asimetrías sociales de género. Mientras el otro, administra justicia equitativa con una perspectiva de género, contribuyendo así hacia una sociedad más justa y equitativa. Real and judicial equality do not walk hand in hand. Discrimination rooted in irrational cognitive illusions has mutated and adapted to the democratic world, becoming immune to the Law. Stereotypes help to justify gender-based inequality. The judicial system is unaware of the negative impact gender-based perceptions and prejudices have played in the administration of justice. Judicial decisions informed by preconceived beliefs and myths, rather than facts, can have harmful and dangerous consequences, denying access to equitable and prejudice- free justice. Thus, a gender-based approach to justice is needed to provide an equitable access to justice. To ensure the principle of real equity occurs, there cannot be neutrality. Potential barriers must be identified and removed to allow judging with a gender-based perspective as judicial reference criterium, in cases where asymmetric relations and gender-based stereotyping patterns are present. Judging with a gender-based perspective is not an easy task. This doctoral study composed of five chapters analyses how this approach, guided by the principle of gender mainstreaming, was administered in Spanish and international judicial contexts. It also develops a new methodology to judging with a gender-based perspective. The aim is to support those faced with the crucial responsibility of imparting effective justice informed by national and international standards and legislation. The first chapter introduces a philosophical framework for gender-based justice. This supported by legal feminist theories, questioning the objectivity of a judicial order unable to represent the universal reason, and only those holding the patriarchal power. The notion of “impartiality” is oppressive. A new model of equality vindicated in social difference is needed, to overcome the limitations of the social comparison model. Psychosocial studies and theories demonstrate how stereotypes, categorizations, and prejudices function at a cognitive level in the second chapter. We use these cognitive illusions as categorical truths and psychosocial scripts to label people. When these illusions go beyond our perceptive tissue, we identify them as our own way of thinking. A systematic vertical judicial argumentation approach is introduced in the third chapter. This technique is based in international, European y Spanish jurisprudence, supporting the imperative to judge with a gender-based perspective. The fourth chapter discusses the foundations of a justice with a gender-based perspective, informed by psychological theories and research. It identifies the need to include training addressing international anti-discriminatory law for anyone working now, or in the future, in the judicial sector. Various protocols and guides are explored to demonstrate how this judicial approach is applied in different countries. It identifies education as the antidote needed to help overcome the use of known or unknown gender-based categorizations. The fifth chapter explains how the new methodology proposed for judging with a gender-based perspective uses social order, as a reference, to facilitate the use of a gender-based judicial hermeneutic, able to be applied to all phases of the social process. This can be summarised in three concrete actions: a) identify using critical judicial analysis, b) correct using a gender-based perspective to justice, and c) compensate using a repairing, preventive, and transformative justice. Two gender based judicial maps are included in the Appendix to provide a visual synthesised summary. The study concludes there two different approaches to administering justice. The first, formal and mechanical, perpetuates systematic social gender-based asymmetries. While the other approach administers equitable justice with a gender-based perspective, contributing towards a more just and equitable society.

El documento de voluntades anticipadas surge tras el reconocimiento del principio de autonomía al paciente; de este modo se le permite expresar de qué forma quiere ser tratado cuando llegue el momento en el que ya no pueda manifestar su voluntad al permitir consignar qué tratamientos y cuidados desea recibir al final de sus días, evitando el encarnizamiento terapéutico. El documento de instrucciones previas tuvo su origen en EE.UU y posteriormente llegó a Europa, plasmándose en el Convenio de Oviedo. En nuestro país suscitó una necesidad legislativa tanto a nivel estatal como en las Comunidades Autónomas, siendo estas últimas las pioneras en regular las voluntades anticipadas. A nivel estatal el documento fue regulado por la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica en su artículo 11, donde se prevé la creación de un Registro Nacional de Instrucciones Previas, el cual dota de eficacia a dicho documento en todo el territorio nacional. En nuestra Comunidad Autónoma se publicó la Ley 3/2009 sobre derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia y el Decreto 80/2005 por el cual se aprobaba el Reglamento de Instrucciones Previas y su Registro en Murcia. En la presente memoria de investigación analizamos el propio documento de voluntades anticipadas, comenzando por los requisitos formales y subjetivos que lo caracterizan y que lo diferencian de otros documentos. Los requisitos formales exigen que las declaraciones de voluntad sobre asistencia sanitaria futura consten siempre por escrito. Examinamos las formas de otorgarse, que podrán ser ante Notario, testigos o ante el funcionario del Registro de Instrucciones Previas correspondiente. En cuanto a los requisitos subjetivos, el otorgante deberá ser mayor de edad, capaz y libre, o aunque existe la posibilidad de que el documento sea otorgado por menores de edad o personas con discapacidad. Por otra parte, también se aborda una descripción de las declaraciones de voluntad que se pueden manifestar en los documentos de instrucciones previas tales como las referentes a los cuidados y tratamiento de la salud, destino del cuerpo o de los órganos e incluso a la designación de un representante como interlocutor ante el médico. Estos contenidos tienen sus correspondientes limitaciones en la Ley 41/2002, así, no serán aplicadas las voluntades anticipadas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. No obstante, además de estas limitaciones también se tiene en cuenta la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Las manifestaciones expresadas por el otorgante en el documento de voluntades anticipadas pueden cambiar en un sentido u otro a lo largo del tiempo, por lo que se contempla la posibilidad de la revocación, modificación y sustitución de las declaraciones de voluntad. También se trata la aplicación práctica que tienen estos documentos y se plantea que consecuencias resultarían de su incumplimiento. En definitiva, examinamos qué valor tiene realmente el contenido del documento de voluntades anticipadas así como las responsabilidades penales, civiles, patrimoniales, administrativas o deontológicas que pueden concurrir en los profesionales sanitarios que no las respeten. La plena garantía del cumplimiento del documento de voluntades anticipadas es crucial para dotar de eficacia al mismo y otorgar la debida seguridad jurídica al paciente que verá cumplido su reconocido derecho a la autonomía. Esta figura jurídica no sólo es necesaria, y conveniente, para respetar la personalidad de cada individuo sino también para facilitar la labor del facultativo o de los familiares. The advance health care directive document arose when the principle of autonomy was acknowledged. This document allows the patient to indicate how he or she wants to be treated when is no longer capable of manifest choices on which treatments or cares to receive at the end of his/her life, so as to avoid therapeutic cruelty. The advance health care directive document appeared for the first time in the USA, and it started to apply in Europe owing to the Oviedo Convention. Concerning Spain, the aforesaid document was regulated first by the different Autonomous Communities and then by state rules, specifically by Article 11 of Act 41/2002 on the patient’s autonomy and the rights and duties in terms of clinical information and documentation of 14th November. This Article contemplates the creation of a National Registry of Previous Instructions, which makes these legal papers effective throughout the national territory. On the other hand, in the Region of Murcia are provided under Act 3/2009 on the Healthcare System users’ rights and duties in the Region of Murcia and the Decree 80/2005 which approved the Regulation for Previous Instructions and its Registry in Murcia. In this research report, the advance health care directive document will be fully analyzed, starting with its specific formal and subjective requirements. Formal requirements oblige to express the previous instructions always in writing. The various procedures to formalize the document are also contemplated; these are before a notary, three witnesses or before a civil servant responsible for the Registry of Previous Instructions. As for the subjective requirements, the grantor must be of legal age, capable and free, although in certain cases it may be also granted by minors or persons with disabilities. Furthermore, the declaration of intentions that can be contained in the previous instructions will be discussed, such as those concerning health care and treatment, the disposition of the body or organs and the appointment of a representative to speak to practitioners. Act 41/2002 does not allow collecting any type of content from the grantor; there are some limitations due to instructions against the legal system, the lex artis or those instructions that are different from the ones contemplated by the patient when manifesting his/her will. Nevertheless, in addition to these limitations, the conscientious objection of health professionals is also taken into account. The intentions declared by the grantor in the advance directive document may change in one direction or another over time. Thus, provision is made for revocation, modification, or replacement of the former declaration of will. Practical application of these documents and consequences of non-compliance will be elaborated as well. In other words, the content of the advance directive document will be evaluated to figure out its real application, as well as the criminal, civil, financial, administrative, or deontological liabilities that may be incurred by healthcare professionals who fail to comply with them. The performance guarantee of the previous instructions document is essential to make it effective and to grant the necessary legal certainty to the patient, in order to exercise his/her recognized principle of autonomy. This legal form is not only necessary and desirable to respect the willingness of each patient, but also to facilitate the decisions related to practitioners or relatives.

Las Directivas europeas de 2014 sobre contratación pública han transformado definitivamente los contratos públicos en cauce estratégico para la consecución de objetivos sociales, ambientales y de innovación comunes, al mismo tiempo que han reconocido, por vez primera de forma expresa, el principio de competencia como pilar fundamental de todo el sistema de contratación. Dos realidades, antagónicas para algunos, pero cuya articulación constituye, para muchos otros, uno de los retos más grandes del Derecho administrativo de nuestros días. Es por ello que con este modesto trabajo hemos pretendido plantear algunas vías de compaginación, en las que, si bien la integridad y la eficiencia tienen un peso capital, debe hacerse hincapié en la necesidad de una voluntad política real de conseguirlo. The European Public Procurement Directives 2014 have definitively transformed Public Procurement into a strategic instrument to achieve common social, environmental and innovation objectives, as well as have recognised, for the first time expressly, the principle of competition as a fundamental pillar of the entire contracting system. Two realities, antagonistic according to some people, but whose articulation constitutes, for many other, one of the greatest challenges of today’s administrative law. Therefore, through this modest paper, we have tried to propose a few ways of combining them, in which, although integrity and efficiency have a capital importance, emphasis must be placed on the need for a real political will to get it.

El primer banco de datos policial basado en perfiles genéticos de DNA se introdujo en el Reino Unido en 1995. La identificación de posibles sospechosos se realiza por la comparación directa de un perfil genético recuperado del lugar de los hechos con otro almacenado en un banco de datos. Desde un principio se ha demostrado que dichos bancos de DNA son una herramienta de investigación policial poderosa, pero que presenta diversos problemas éticos. Posteriormente se fue más allá buscando coincidencias parciales, que podrían indicar un vínculo familiar entre un perfil genético almacenado y otro obtenido en el lugar de los hechos. Este procedimiento genera un elevado número de sospechosos potenciales entre personas ajenas al caso que se investiga. Recientemente la búsqueda policial basada en el DNA ha penetrado en bancos de datos de interés no criminal, sino destinados a estimar el origen étnico de personas o descubrir familiares lejanos. Este tipo de búsquedas ha suscitado la posibilidad de generar un banco de datos universal de DNA, donde toda la población estuviese incluida. Estos y otros aspectos bioéticos respecto a la información basada en el DNA y a su acceso son tratados en el presente artículo. The first police databank based on DNA genetic profiles was introduced in the UK in 1995. Identification of potential suspects is carried out by direct comparison of a genetic profile retrieved from the crime scene with another stored in a databank. DNA databanks have been proven from the outset to be a powerful police investigative tool, but they present a number of ethical issues. Later, it went further looking for partial coincidences, which could indicate a family link between a stored genetic profile and one obtained at the crime scene. This procedure generates a high number of potential suspects among people not related with the case under investigation. Recently, the DNA-based police search has penetrated databanks of non-criminal interest, but aimed at estimating the ethnic origin of people or discovering distant relatives. This type of search has raised the possibility of generating a universal DNA databank, where the entire population were included. These and other bioethical aspects regarding information based on DNA and its access are dealt with in this article.

Commercial Law, in particular Company Law, is subject to continual changes due to the constant need to adapt to reality. Proof of this is the reform of the Capital Companies Law under Law 31/2014 of 3 December, which amends the Capital Companies Law in order to improve corporate governance. The aim of this reform is to improve the corporate governance of corporations. One of the measures taken to do this is to strengthen the role of the board of directors as supervisor of the actions performed by executive directors. Some of the changes included to meet this objective are the board’s obligation to meet quarterly, an increase in the number of non-delegable powers, and the need for the CEO’s or an executive director’s relation within the company to be reflected in a contract approved by the board of directors. In this article, we aim to analyse the above points.

The popularization of social media as a forum for the expression of ideas and for political debate has increased in recent years the, always present, tension between freedom of expression and public control of offensive or dangerous speech. Many democratic states criminalise hate speech and other types of offensive expression, and now are social Media themselves that can exercise prior censorship over content on the basis of similar rules but much more restrictive and ambiguous. Combining normative analysis with empirical methodologies, this paper analyses, focusing on Spain, the implications that Criminal laws and "community guidelines" have on citizens' decisions to express themselves freely, which is fundamental for the configuration of a real democracy. It is made up of two studies: the first traces the evolution of judicial resolutions in Spain that prosecute possible crimes of terrorism and hate for political expression on social networks, as a result of the popularisation of these since 2014 in concurrence with a broad and ambiguous legislation. The results show a significant growth of state control over expressions that are essentially offensive but that, in most cases, do not represent a clear and present danger and could go beyond the doctrine of the ECHR. In the second part, an empirical study is carried out to analyse how the existence of hate speech crimes and social media rules affects the decision to express political ideas on social networks or to self-censor. The results show that a large part of the sample is self-censoring but that criminal law and content rules, in particular the severity of the law and the certainty that it is applied, do not have a direct effect on the decision to express ideas on the Internet, while the social perception of what others do is decisive. It is discussed how this calls into question the legitimacy of the evident limitation of freedom of expression of some crimes in Spain.

Since the 13th century, there has been a detailed regulation of witness evidence in the legal system. This most certainly arose because of the strong misgivings of the legislator of the time in the light of past experience, when prevailing circumstances forced council authorities to allow all subjective means of evidence to have a greater role. Among these forms of evidence are the testimonies of individuals unconnected to the procedural relationship. What this ultimately demonstrated on many occasions was that their falsehood, a product of a bribe, friendship, enmity, kinship or simple ineptitude, led judges to rule in favour of litigants when in fact they should not have done so

Una de las reticencias sociales más extendidas acerca del uso de combustibles de biomasa son las emisiones que producen. En el caso de la biomasa forestal, el recuento y la gestión del carbono absorbido, los posibles daños a la biodiversidad y a la calidad de los aprovechamientos forestales, y el posible aumento de emisiones son puntos conflictivos para el sector ambientalista. Por el contrario, el sector técnico apuesta por una gestión forestal sostenible, mediante el uso de técnicas avanzadas que permitan conocer cómo funcionan los mecanismos de los bosques como sumideros de carbono. Los riesgos ambientales del uso energético de los biocombustibles pueden ser revertidos mediante el empleo de parámetros técnicos. La normativa europea establece criterios de sostenibilidad para la biomasa con destino energético, pero no fija parámetros acerca de la sostenibilidad del resto de fuentes renovables. Este trabajo se basa en la necesaria imbricación entre la técnica normativa consagrada el programa europeo “Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa de la UE”1 y la ciencia, por una mayor sostenibilidad del uso de fuentes de energía renovables. One of the most widespread social reservations about the use of biomass fuels is the emissions they produce. In the case of forest biomass, the counting and management of the absorbed carbon, the potential harm to biodiversity and the quality of forest harvesting, and the probable rise in emissions are points of conflict for the environmental sector. On the other hand, the technical sector is committed to sustainable forest management, through the use of advanced techniques that allow us to understand how the mechanisms of forests work as carbon sinks. The environmental risks of the energy use of biofuels can be reversed through the use of technical parameters. European regulations establish sustainability criteria for biomass for energy purposes, but do not set parameters for the sustainability of other renewable sources. This work is based on the necessary imbrication between the regulatory technique enshrined in the European programme "Better Regulation for better results - An EU agenda" and science, for greater sustainability in the use of renewable energy sources.

La concesión de patentes sobre biomateriales derivados del cuerpo humano plantea tensiones entre el derecho de propiedad industrial y el derecho a la salud. En el presente trabajo repasamos el derecho europeo de patentes como referente para interpretar la legislación mexicana en la materia. Y de otra parte, analizamos las implicaciones de concesión de biopatentes en el derecho a la salud en sus dos facetas: de acceso a los servicios de salud y de los parámetros éticos que se han de cumplir en investigaciones sobre salud en seres humanos. Por último, analizamos solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y comprobaremos si se cumplen o no con los parámetros marcados por la legislación en materia de salud. Patents grants of biomaterials derived from the human body sets tension between the intellectual property law and the health rights. In this paper we re-examine the Patents European Law as a guide to interpreter the Mexican law in this subject. And, on the other hand we analyze the implications on patent grants in both aspects of health rights: in the access to the health services and in the ethics parameters that must be fulfilled in researches of human beings health. And, finally we analyze applications submitted to the Industrial Property Mexican Institute and verify if the parameters stated by the health legislation are or are not obeyed.

Para entender el presente y el futuro del derecho ambiental, no puede prescindirse de la consideración de la crisis de la teoría filosófica cartesiana donde se modeló y se sustentó el derecho positivo moderno, caracterizada por un marcado acento antropocéntrico, y del avance actual hacia una visión cada día más ecocéntrica, que plantea una nueva interpretación de la relación del Hombre con la Naturaleza, rompiendo la hegemonía de la idea del dualismo ontológico, para comprender al ser humano como parte de la naturaleza que interactúa en un modo sistémico de interrelación permanente y dinámico con los demás seres vivos, conformando una cosmogénesis que comparte no solo su origen sino también su destino. To understand the present and the future of environmental law, one cannot do without considering the crisis of Cartesian philosophical theory where modern positive law was modeled and sustained, characterized by a strong anthropocentric accent, and the current advance towards a vision Every day more ECOCENTRIC, which proposes a new interpretation of the relationship of Man with Nature, breaking the hegemony of the idea of ontological dualism, to understand the human being as part of nature that interacts in a systemic way of permanent and dynamic interrelation with other living beings, forming a cosmogenesis that shares not only its origin but also its destiny

El suicidio es un fenómeno multicausal y complejo que ha estado presente en todas las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, siendo en la actualidad un problema de salud pública tanto en España como en el resto del mundo según la Organización Mundial de la Salud, estimando a su vez que por este motivo mueren más de un millón de personas al año en todo el mundo. Socialmente, es posible que se tenga la percepción de que el fenómeno suicida afecta principalmente a jóvenes y adultos de mediana edad, es decir, que tiene un mayor impacto socialmente, pero como podremos comprobar en la presente investigación, el suicidio en los mayores constituye una significativa y prevalente causa de muerte violenta por delante de cualquier otro grupo etario. Concretamente, el suicidio en las personas mayores de 65 años ocupa el primer lugar de las muertes violentas que suceden en España, donde las muertes violentas se clasifican etiológicamente en suicidios, homicidios y accidentes. Las personas mayores, son los que tienen las tasas más altas de suicidio a nivel nacional e internacional y, son un segmento de población en continuo crecimiento, con una previsión de incremento futuro en la consumación suicida y con unas características concretas y comunes predominantes: - Realizan menos intentos de suicidio. - Usan métodos letales y certeros, tanto a nivel urbano como rural. Por ello el logro del suicidio consumado es muy elevado y prevalente. - Reflejan pocas o ninguna señal de aviso, lo que hace difícil su detección y prevención. - El acto suicida en el mayor es premeditado y reflexivo, no impulsivo como lo es generalmente en el resto de edades. - Pueden asumir la forma de suicidios pasivos, es decir, dejarse morir (no tomar alimentos, medicamentos, etc.). Suicide is a multi-causal and complex phenomenon that has been present at all the societies throughout history humanity's history, being a problem in as of the present moment public health so much in Spain like in the rest of world according to the World Health Organization, estimating in turn than one million people die more than a year all over the world for this motive. Socially, it's possible that he has the perception that the suicidal phenomenon affects principally young persons and middle-aged adults, that is, that has a bigger impact socially, but as we will be able to check in present investigation, one constitutes the suicide in the elders significant prevalent fatal violent cause for in front of any other group etario. Concretely, the suicide in the bigger people of 65 years occupies the first place of the violent deaths that happen in Spain, where violent deaths classify etiologically in suicides, acts of murder and accidents. The bigger people, they are the ones that have the higher rates of suicide to national and international level and, are population's segment in continuous growth, with a foresight of future increment in the suicidal consummation and with some concrete and common prevailing characteristics: · They accomplish less attempted suicides. · They use lethal and accurate methods, so much level urban like rural. The achievement of the consummated suicide is very elevated and prevalent for it. · They reflect few or no sign of ad, that makes difficult his detection and prevention. · The suicidal act in the bigger is premeditated and reflexive, impulsive no as it is to it generally in the rest of ages. · They can assume the way of passive suicides, that is, giving in to die (no taking foods, medications, etc…).

La pandemia de la COVID-19 supone un reto para los profesionales de la salud desde un compromiso ético y moral hacia la individualidad del ser humano. El personal sanitario quedó inmerso bajo dificultades y cargas extremas haciendo imposible responder a los principios de autonomía, beneficencia, justicia, y no maleficencia. El Ministerio de Sanidad refleja la importancia de ofrecer orientaciones éticas en circunstancias excepcionales, una de estas situaciones fue priorizar la asignación de recursos humanos y materiales bajo valores éticos en la toma de decisiones con los recursos disponibles. El Comité de Bioética español propuso tener en cuenta el criterio de utilidad, equidad y protección para la no discriminación, aspectos no considerados en cuidados intensivos y en las residencias de mayores, unido a una mala planificación de recursos que produjo altos índices de mortandad. El área de cuidados paliativos se vio igualmente afectada, por lo que se aboga por un equipo de referencia para la toma de decisiones, asesoramiento, control de síntomas y malestar emocional. La vulnerabilidad patente ha promovido valores de empatía, solidaridad y compasión, también ha dejado de lado emociones, intimidad y privacidad, motivando la reflexión sobre una mayor humanización en los cuidados sanitarios. Poner en práctica el principio de justicia, el razonamiento bioético, moral y el conocimiento científico, junto a la toma de decisiones desde el respeto al paciente durante su salud y muerte, es primordial en aras a apoyar a estos profesionales en la toma de decisiones durante la crisis de la pandemia de la COVID-19. The COVID-19 pandemic challenges health professionals with an ethical and moral commitment to the individuality of the human being. Health care workers were immersed under extreme hardships and burdens making it impossible to respond to the principles of autonomy, beneficence, justice, and non-maleficence. The Ministry of Health reflects the importance of offering ethical guidance in exceptional circumstances, one of these situations was to prioritise the allocation of human and material resources under ethical values in decision making with the available resources. The Spanish Bioethics Committee proposed taking into account the criteria of usefulness, equity and protection for non-discrimination, aspects not considered in intensive care and nursing homes, together with poor resource planning, which led to high mortality rates. The area of palliative care was equally affected, which is why a referral team is advocated for decision making, counselling, symptom control and emotional distress. Patent vulnerability has promoted values of empathy, solidarity and compassion, but it has also left aside emotions, intimacy and privacy, prompting reflection on further humanisation in health care. Putting into practice the principle of justice, bioethical and moral reasoning and scientific knowledge, together with decision making based on respect for the patient during their health and death, is essential in order to support these professionals in their decision making during the crisis of the Covid 19 pandemic.

El pensamiento jurídico de François Gény marcó toda una generación de juristas. Consiguió alzarse como una de las figuras más importantes del pensamiento jurídico de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. Sus ideas cruzaron fronteras y continentes e influyeron en la elaboración y consolidación del pensamiento jurídico tanto continental como anglosajón. Su éxito se debió a la riqueza y novedad de sus ideas. No obstante, las ideas de François Gény fueron recepcionadas parcialmente y comprendidas fuera del contexto más complejo de su pensamiento, lo que le llevó a ser etiquetado de “sociologista” o incluso de “legalista”. Sin embargo, François Gény elaboró una teoría del derecho única en su tiempo. Partiendo de una crítica al método exegético usado por los juristas de su época, François Gény construye un nuevo método para el derecho que le llevará definitivamente a recomponer una teoría del derecho completa (metodología, epistemología, ontología). Su genialidad reside en haber mostrado que la ciencia jurídica defendida por la Escuela de la exégesis debe ser combatida desde sus presupuestos metodológicos. De este modo, mostrando las deficiencias del método exegético y de sus aplicaciones más particulares, se abre el camino hacia el cuestionamiento de los presupuestos epistemológicos y ontológicos que lo fundamentan. Así, François Gény emprendió el camino de una reconstrucción y una refundamentación del derecho sobre la base de las críticas de un método y de una Escuela (la exegética) miope ante la evolución de la ciencia, los cambios sociales, las nuevas corrientes de filosofía general y las nuevas doctrinas jurídicas y iusfilosóficas. François Gény propuso un método jurídico abierto a otras disciplinas científicas y no científicas. Analizó y extrajo del pensamiento jurídico contemporáneo (sociologismo jurídico, idealismo jurídico, legalismo, iuspublicismo, etc.), del pensamiento iusfilosófico que nos ha legado la tradición, así como de las ciencias sociales y de la filosofía de su época, todo aquello que permitía completar la estrecha visión de la Escuela de la exégesis. El pensamiento jurídico de François Gény representa el intento de construcción de una teoría jurídica objetiva y científica más logrado y acabado del último siglo. El peso preponderante, en las últimas décadas, de la metodología jurídica dentro de la teoría y la filosofía del derecho es la prueba de una necesidad actual de refundamentación epistemológica y ontológica del derecho partiendo de sus aspectos más prácticos y metodológicos. De allí la actualidad y utilidad del pensamiento jurídico de François Gény. Por ello hemos considerado necesario, en los albores del siglo XXI, hacer revivir el pensamiento jurídico de François Gény, venciendo las interpretaciones parciales y sesgadas de su pensamiento y haciendo justicia a sus ideas. En cuanto a la metodología seguida en este trabajo, en un primero momento, hemos tratado de recomponer la sistemática de su pensamiento para mostrar claramente la mecánica y el funcionamiento del sistema que propone. La mecánica propia del sistema de François Gény reside en la compenetración de dos ámbitos separados, por un lado, el ámbito propio de la ciencia del derecho y por otro lado el ámbito propio de la técnica del derecho. En un segundo momento, hemos contrastado su pensamiento con las principales ideas que han dibujado el devenir histórico del pensamiento iusfilosófico de Occidente, desde Aristóteles hasta nuestros días, incluyendo los más recientes aportes de metodología jurídica. De este modo, hemos podido resituar el pensamiento de François Gény dentro del marco más general del actual pensamiento iusfilosófico y mostrar su actualidad para la teoría y filosofía del derecho de nuestros días. François Gény's legal thinking marked a whole generation of jurists. He managed to establish himself as one of the most important figures in legal thought at the end of the 19th century and the first half of the 20th century, both in legal theory and legal practice. His ideas crossed borders and continents and influenced the development and consolidation of both continental and Anglo-Saxon legal thought. His success was due to the richness and novelty of his ideas. However, François Gény's ideas were partially received and understood outside the more complex context of his thinking, which led him to be labelled "sociologist" or even "legalist". However, François Gény developed a theory of law that was unique in its time. Starting from a critique of the exegetical method used by the jurists of his time, François Gény constructed a new method for law that would lead him definitively to recompose a complete theory of law (methodology, epistemology, ontology). His genius lies in having shown that the legal science defended by the Exegetical school must be fought from its methodological premises. In this way, by showing the deficiencies of the exegetical method and its most particular applications, the way is opened for the questioning of the epistemological and ontological premises on which it is grounded. Thus, François Gény embarked on the path of reconstruction and refounding of law on the basis of the criticism of a method and a school (exegetical) that is short-sighted regarding the evolution of science, social changes, the new currents of general philosophy and the new legal and iusphilosophical doctrines. François Gény proposed a legal method open to other scientific and non-scientific disciplines. He analysed and extracted from contemporary legal thought (legal sociologism, legal idealism, legalism, iuspublicism, etc.), from the iusphilosophical thought bequeathed to us by tradition, as well as from the social sciences and philosophy of his time, everything that made it possible to complete the narrow vision of the Exegetical school. The legal thought of François Gény represents the most successful and finished attempt to construct an objective and scientific legal theory in the last century. The preponderant weight, in recent decades, of legal methodology within the theory and philosophy of law is proof of the current need for an epistemological and ontological refounding of law from its most practical and methodological aspects. Hence the relevance and usefulness of François Gény's legal thinking. For this reason we have considered it necessary, at the dawn of the 21st century, to revive the legal thought of François Gény, overcoming the partial and biased interpretations of his thought and doing justice to his ideas. With regard to the methodology followed in this work, we have first tried to recompose the system of his thought in order to clearly show the mechanics and functioning of the system he proposes. The mechanics of François Gény's system lies in the interpenetration of two separate fields, on the one hand the field of the science of law and on the other the field of the technique of law. Secondly, we have contrasted his thought with the main ideas that have drawn the historical evolution of the iusphilosophical thought of the West, from Aristotle to the present day, including the most recent contributions of legal methodology. In this way, we have been able to resituate the thought of François Gény within the more general framework of current iusphilosophical thought and show its relevance for the theory and philosophy of law of our time.

El presente trabajo aspira a cubrir el vacío existente en la doctrina patria en torno a la idea de dotar de personalidad procesal a la masa del concurso. Nuestra investigación tiene como objetivo, en primer lugar, analizar la afección patrimonial asociada a la declaración de concurso y el desapoderamiento del deudor concursado. Esclarecer los efectos de esta declaración en los actos realizados por el deudor y su patrimonio constituye un prius ineludible de este trabajo, pues enlaza directamente con la problemática asociada a la subjetivación de la masa activa en el proceso concursal. En segundo término, ahondaremos en la posición jurídica de la administración concursal; de igual modo, en el instrumento que permite explicar la plena eficacia de los actos realizados por esta en la esfera jurídica del concursado. No es desconocido que la naturaleza jurídica de la administración concursal ha sido una de las cuestiones más extensamente discutidas en materia de insolvencia, con notables esfuerzos de aclaración doctrinal, a nivel patrio y extranjero, focalizados en el estudio de la figura y su relación jurídica con el deudor, los acreedores y el patrimonio concursal. En tercer lugar, atenderemos al interés del concurso, concepto jurídico indeterminado sobre el que pivota el proceso concursal, útil tanto para expresar su finalidad última como para servir de ratio decisoria en el ejercicio de los instrumentos predispuestos legalmente al servicio de aquel fin. Su delimitación es decisiva: revela la función que el patrimonio concursal está orientado a cumplir, con separación y autonomía respecto al interés subjetivo de deudor y acreedores. La función económica consustancial a la masa activa entronca, en cuarto lugar, con la idea de patrimonio separado. Este destino justifica la aplicación de una disciplina peculiar para la tutela de la función objetiva que los bienes y derechos que integran la masa activa asumen tras la declaración de concurso. El análisis pormenorizado de los elementos definidores de la separación patrimonial constituye asunto de obligado estudio en esta memoria doctoral. Finalmente, nos pronunciaremos sobre la idoneidad de conceder personalidad procesal a la masa separada, en función del régimen de administración y disposición patrimonial acordado, con solución respecto a otras categorías procesales que engarzan con la posición en el proceso de deudor, acreedores y administración concursal, sin adecuada respuesta en el vigente texto concursal. El exhaustivo análisis de estos elementos nos permitirá realizar propuestas de lege ferenda en orden a esclarecer, de manera definitiva, la posición jurídico-procesal y la legitimación ad causam de los sujetos partícipes en la actividad concursal. This work aims to fill the gap that exists in Spanish doctrine regarding the idea of giving procedural personality to the the assets of the bankrupt's estate. The goal of our research is, in the first place, to analyse the patrimonial affectation associated with the declaration of insolvency and the disempowerment of the insolvent debtor. The clarification of the effects of this declaration on the acts carried out by the debtor and his assets is an unavoidable priority of this work, as it is directly linked to the problems associated with the subjectivisation of the assets in the insolvency proceedings. Secondly, we will delve into the legal position of the insolvency administration; likewise, into the instrument that makes it possible to explain the full effectiveness of the acts carried out by it in the legal sphere of the insolvent party. It is not unknown that the legal nature of the insolvency administration has been one of the most extensively discussed issues in insolvency matters, with notable efforts of doctrinal clarification, both at a national and foreign level, focused on the study of the figure and its legal relationship with the debtor, the creditors and the insolvency assets. Thirdly, we will look at the interest of the insolvency proceeding, an indeterminate legal concept on which the insolvency process pivots, useful both to express its ultimate purpose and to serve as a decisive ratio in the exercise of the instruments legally predisposed at the service of that purpose. Its delimitation is decisive: it reveals the function that the insolvency assets are intended to fulfil, with separation and autonomy with regard to the subjective interest of the debtor and creditors. The economic function inherent to the assets is connected, fourthly, with the idea of separate assets. This purpose justifies the application of a special discipline for the protection of the objective function that the assets and rights that make up the estate assume after the declaration of insolvency. The detailed analysis of the defining elements of the separation of assets is an obligatory subject of study in this doctoral thesis. Lastly, we will examine the suitability of granting procedural personality to the separate estate, depending on the agreed system of administration and disposal of assets, with a solution with respect to other procedural categories that are linked to the position in the process of the debtor, creditors and insolvency administration, without an adequate response in the current insolvency act. The exhaustive analysis of these elements will allow us to make proposals de lege ferenda in order to clarify, in a definitive manner, the legal-procedural position and the legitimation ad causam of the parties participating in the insolvency activity.

Los registros informáticos, como medidas de investigación tecnológica en el proceso penal, han sido incorporados a nuestra legislación con la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Con esta reforma, se han establecido dos modalidades principales de registros informáticos que han sido reguladas en los capítulos VIII y IX del título VIII del libro II del citado texto legal y que llevan respectivamente como títulos «Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información» y «Registros remotos sobre equipos informáticos». Con la presente tesis, se pretende efectuar un estudio completo de estas medidas de investigación partiendo del tratamiento que por la jurisprudencia se dio a las mismas con anterioridad a la citada reforma legal, con un completo análisis de la suficiencia de la nueva regulación y un estudio de la doctrina y jurisprudencia que en este breve espacio de tiempo se ha pronunciado sobre la materia. Para ello, serán planteadas, además de las peculiaridades propias de esta modalidad de diligencias de investigación, cuestiones como los derechos fundamentales que pudieran quedar limitados, así como los problemas probatorios que se plantearán desde la obtención de las fuentes de prueba mediante la ejecución de la medida hasta su válida incorporación al juicio oral. Computer inspections, as technological research measures in criminal proceedings, have been incorporated into our legislation with Organic Law 13/2015 of 5 October amending the Criminal Procedure Act to strengthen procedural guarantees and regulate technological research measures. With this reform, two main types of computer inspections have been established, which have been regulated in chapters VIII and IX of Title VIII of Book II of the aforementioned legal text and which are entitled respectively «Inspections of information mass storage devices» and «Remote records on computer equipment». The present thesis aims to make a complete study of these measures of investigation of the crime based on the treatment given to them by the jurisprudence prior to the aforementioned legal reform, with a complete analysis of the sufficiency of the new regulation and a study of the doctrine and jurisprudence that has been pronounced on the subject in this brief period of time. To this end, in addition to the peculiarities of this type of investigative proceedings, questions will be raised such as the fundamental rights that may be limited, as well as the evidentiary problems that will arise from obtaining the sources of evidence through the execution of the measure until its valid incorporation into the oral trial.

El intento en la simplificación de los trámites referentes a la constitución de las mercantiles se ha incrementado en todo el mundo en los últimos años. La finalidad perseguida por el mundo empresarial para poder ser más competitivos en el mercado pasa por la simplificación y flexibilización societaria. Esto debe facilitar la labor de los empresarios, para promocionar su actividad como motor económico y fuente de riqueza y minimizar la oposición por parte de distintos operadores jurídicos. La vía simplificadora debe introducir una compensación a los operadores jurídicos que se puedan ver perjudicados por ella mediante otros medios, existiendo la posibilidad de hacerles más partícipes y beneficiarios de la tramitación telemática, con la incorporación de sedes electrónicas para notarías y registros mercantiles. A pesar del momento de crisis sanitaria mundial y del momento económico que atravesamos, aparecen opiniones favorables a una regulación más detallada en el proceso de flexibilización del Derecho de sociedades. Todo ello unido a la adopción del estatuto de la sociedad anónima europea por los diversos países comunitarios, no hacen más que corroborar esa necesaria renovación de formas societarias. De entre las figuras representativas de las tendencias flexibilizadoras, nuestro trabajo se ha centrado en la Srls italiana, que entendemos como como un gran avance para el Derecho italiano. Si a esto le sumamos la libertad dejada a los estatutos por el texto legal para organizar el régimen interno de la sociedad, así como la cuantía del capital requerido mínimo y las condiciones para ser socio, no resulta demasiado difícil pensar que es un gran modelo para los empresarios italianos. Debido a la necesidad de flexibilización reclamada por diferentes sectores de la UE, Italia ha pretendido adecuar su ordenamiento a las necesidades societarias de carácter práctico mediante un proyecto dirigido principalmente a la simplificación del ámbito de las sociedades capitalistas, así como a incorporar un sistema de modelo flexibilizador y con mayor espacio para la autonomía estatutaria. En este contexto internacional, la introducción de la Srls era casi una elección obligada para el legislador italiano que valientemente la había destinado al emprendimiento juvenil, una elección que luego se perdió, quizás más por la necesidad de corregir los errores inherentes a la Srls que no a un replanteamiento real. Esta flexibilización de trámites se consigue mediante diversos mecanismos, como puede ser la creación de sociedades mediante métodos telemáticos, la supresión de ciertos tributos, el establecimiento de estatutos tipo y la reducción de plazos. Una importante medida simplificadora potenciada por el Derecho de la Unión es la armonización societaria, pues la existencia de un mínimo número de tipos sociales, amplios y flexibles facilita la labor del emprendedor. Sin duda la posibilidad de flexibilización que se plantea sea complicada o lejana en el tiempo, pero se espera que existan en un futuro contribuciones y estudios al respecto que permitan ver la luz a una regulación más flexible y adaptable a la práctica societaria. Esperemos que ese proceso de constante cambio y renovación del Derecho de sociedades europeo al que venimos asistiendo de un tiempo a esta parte, no se vea interrumpido ni por nuevas crisis económicas ni por supuesto por ninguna otra crisis sanitaria, pudiendo conseguirse en no muy largo tiempo un desarrollo equilibrado de los futuros modelos societarios. The attempt to simplify the procedures related to the constitution of mercantile companies has increased throughout the world in recent years. The aim pursued by the business world in order to be more competitive in the market goes through corporate simplification and flexibility. This should facilitate the work of entrepreneurs, to promote their activity as an economic engine and source of wealth and minimize opposition from different legal operators. The simplification procedure must introduce a compensation to those legal operators that may be affected by it through other means, with the possibility of making them more involved and beneficiaries of the telematic processing, with the incorporation of electronic headquarters for notaries and business registries. Despite the global health crisis and the economic situation that we are going through, there are opinions supporting a more detailed regulation in the process of making company law more flexible. All the aforementioned together, with the adoption of the statute of the European limited company by the various EU countries, only corroborates this necessary renewal of corporate forms. Among the representative figures of the more flexible tendencies, our work has focused on the Italian Srls, which we understand as a great advance for Italian Law. Therefore, if we add to this the freedom left to the statutes by the legal text to organize the internal regime of the company, as well as the amount of the minimum capital required and the conditions to be a member, it is not too difficult to think that it is a great model for Italian businessmen. Due to the need for flexibility demanded by different sectors of the EU, Italy has tried to adapt its legal system to the practical needs of society through a project aimed mainly at simplifying the scope of capitalist companies, as well as incorporating a model system flexible and with more space for statutory autonomy. In this international context, the introduction of the Srls was almost a mandatory choice for the Italian legislator who had bravely assigned it for youth entrepreneurship, a choice that was later lost, perhaps more due to the need to correct the errors inherent in the Srls than to a real reconsideration. This flexibility of procedures is achieved through various mechanisms, such as the creation of companies through telematic methods, the abolition of certain taxes, the establishment of standard statutes and the reduction of deadlines. An important simplifying measure promoted by Union law is corporate harmonization, since the existence of a minimum number of broad and flexible social types facilitates the entrepreneur's work. Undoubtedly the possibility of flexibilization that arises is complicated or distant in time, but it is expected that in the future there will be contributions and studies in this regard that will allow us to see the light of a regulation that is more flexible and adaptable to corporate practice. In this sense, let's hope that this process of constant change and renewal of European company law that we have been witnessing for some time now, will not be interrupted either by new economic crises or of course by any other health crisis, and can be achieved in a short time a balanced development of future corporate models.

Los recientes descubrimientos neurocientíficos hacen que la relación entre el estudio de la mente y el proceso penal no sea ninguna ficción. El objetivo principal de esta investigación es la determinación de cómo los hechos individualizados a través de las técnicas neurocientíficas se transforman en prueba procesal, de manera que puedan constituir un medio para apreciar la fiabilidad de las pruebas declarativas y abrir nuevas áreas de evaluación del elemento subjetivo del delito (dolo y culpa). Después de una primera exposición de las técnicas neurocientíficas (las de detección de mentiras y las de detección de memoria) que podrían ser introducidas en el proceso penal para estos fines, se individualizan distintos planos de análisis. Propedéuticamente, el enfoque constitucional examina el impacto de estas nuevas tecnologías sobre los derechos fundamentales. Es imprescindible identificar los límites de la introducción acrítica de las neurociencias en las salas de justicia, evitando una deriva cientificista, sobre todo con respecto a las garantías previstas para la tutela de los derechos constitucionales, y conexos, de los actores procesales, que se configuran de forma diferente según se trate de imputado (p.ej. derecho de defensa y sus matices) o testigo (obligado a decir siempre la verdad). Por otro lado, es importante que la disciplina procesal no pase por alto el progreso imparable de la ciencia, abriéndose a la oportunidad de aprovechar las investigaciones que analizan los mecanismos que impulsan la acción humana y, por ello, de aceptar la denominada “prueba científica”, que puede ser capaz de asegurar un nivel de fiabilidad mucho mayor que las pruebas penales "comunes”. Por esto, se analizan las implicaciones desde un punto de vista procesal penal, especialmente tomando en consideración los criterios que la prueba neurocientífica debe respetar para ser admitida en el proceso, orientativos para el Juez, en su nuevo papel de “consciente utilizador del saber experto”. La base es la compleja relación entre derecho y ciencia, cuyos diferentes modelos cognitivos pueden encontrar un punto de unión a través del contradictorio en la formación de la prueba durante el juicio oral, como expresión del método llamado “falsacionista”. A nivel metodológico, en cada capítulo se realiza un estudio comparativo entre el sistema normativo español y el ordenamiento italiano, prestando asimismo atención a la práctica forense, esto es, a la actividad que se lleva a cabo ante los tribunales de justicia, y a las enseñanzas que se pueden deducir de lo que acontece en otros países de notable importancia jurídica. La investigación se abre y se cierra con una advertencia: el proceso no tiene solamente una función cognitiva, debe garantizar ante todo el cumplimiento y observancia de los derechos fundamentales de la persona; sobre todo, el respeto al derecho a la dignidad del hombre. De ahí que la entrada y aceptación del conocimiento neurocientífico en el proceso penal debe respetar siempre y en todo caso los límites marcados por los principios que se encuentran en la base del sistema positivo, donde predomina la idea que el cuerpo humano no puede convertirse en simple medio probatorio. La pregunta que aquí se plantea no es si la neurociencia tiene o no razón, sino en qué medida los avances pueden ser tomados en cuenta en el derecho procesal penal, balanceando límites y oportunidades. The recent discoveries in the neuroscientific field demonstrate that the relationship between the study of the mind and the criminal trial are not only science fiction. The main objective of this research is to establish of how the facts identified through neuroscientific techniques are transformed into procedural evidence, so that they can be used to estimate the credibility of declarative evidence and open up new possibilities for evaluating the subjective elements of a crime (intention and fault). After a brief presentation of the neuroscientific techniques that could be introduced into the criminal trial for these purposes (lie detection and memory detection), different analysis plans will be discussed. First and foremost, it is appropriate to discuss, from constitutional point of view, the impact of these new technologies on fundamental rights. It is essential to identify the limits of an uncritical entry of neurosciences into courtrooms, avoiding the scientism, especially with respect to the guarantees provided for the protection of constitutional rights, and those connected, of the various procedural actors. These rights are configured differently, depending on the defendant (e.g. right to a fair defense and his corollaries) or witness (opposed obligation of truth). On the other hand, it is important that the criminal procedural law does not ignore the unstoppable progress of science, missing the opportunity to investigate the mechanisms that precipitate human action, to make sure that neuroscientific evidence can be able to achieve a level of reliability much higher than “traditional” proof. Thereof, the analysis shifts towards the implications from a criminal procedural law, especially taking into consideration the criteria that the neuroscientific test must respect in order to be admitted to the trial, which are a guide for the judge, in his new role of “conscious user of scientific knowledge”. This relates to the debate about the nexus between science and law, with the superposition of the two cognitive models, which find their union in the reconstruction of the procedural facts, in accordance with the falsification method, expressed mainly during the cross examination. On a methodological level, in each chapter there is a comparative analysis between the Spanish and Italian legal systems, with constant attention to current forensic cases and always considering the experiences in most representative countries from a legal point of view. The investigation opens and closes with a warning: the process has not only a cognitive function, but also that of guaranteeing fundamental rights, especially human dignity. Thus, the entry of neuroscientific knowledge into the criminal trial must be contained within the principles that underpin the positive system. The chief idea in latter being that the human body cannot be degraded by simple evidentiary means predominates. The basic problem is not whether neuroscience is right, but to what extent scientific progress can be considered in criminal procedural law, balancing limits and opportunities.

El propósito de este trabajo es analizar los problemas jurídicos prácticos derivados de la sucesión testada de los ingleses en España. La entrada en vigor del Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 y la posible elección de la Ley aplicable a la sucesión realizada en disposición testamentaria, ha dado lugar a múltiples problemas: el intento de eliminar la práctica de otorgamiento de testamentos parciales en España para ordenar la sucesión de los bienes de titularidad de ciudadanos británicos situados en nuestro país; se han producido modificaciones en la doctrina administrativa en cuanto a la exigencia o no de certificados de actos de última voluntad de registros extranjeros; la activación del orden público internacional en determinados supuestos, entre otros. En el presente trabajo se abordan estas cuestiones y se proponen unas pautas para otorgar testamento por ciudadanos británicos en España. The purpose of this work is to analyze the practical legal problems derived from the succession by testament of the British people in Spain. With the entry into force of the European Succession Regulation 650/2012 and the possible choice of the Law applicable to the succession made in testamentary disposition, it has given rise to multiple problems: the attempt to eliminate the practice of granting partial wills in Spain to order the succession of assets owned by British citizens located in our country; There have been modifications in the administrative doctrine regarding the requirement or not of certificates of last will acts of foreign registries; the activation of international public order in certain cases, among others. This paper addresses these issues and proposes guidelines for granting a will by British citizens in Spain

Es un hecho evidente que la escritura, en especial, los textos clásicos y artículos científicos han sido y son fuentes principales de conocimiento e información y que, en parte, gracias a ellos la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de la Historia. Sin embargo, en la nueva era digital y con la conectividad global a través de las nuevas tecnologías y del Internet de las Cosas, los datos personales se han convertido también en grandes fuentes de conocimiento e información, en especial los datos de salud, pues consta acreditado que si los grandes volúmenes de datos sanitarios son recogidos, procesados y analizados por medio de la aplicación de herramientas big data de los mismos se puede sustraer información y conocimiento veraz y de gran valor en el ámbito sanitario y de la investigación biomédica, entre otros. En concreto, los datos sanitarios, tras ser analizados por medio de algoritmos con la aplicación de tecnologías big data, aportan conocimiento e información de gran valor que coopera a que el sector sanitario evolucione de manera eficaz y proactiva adelantándose a las enfermedades, encaminándose hacía una medicina predictiva, precisa, personalizada y de calidad. De igual modo, el big data gestiona a gran velocidad grandes volúmenes de datos, incluso no estructurados y, asimismo, permite crear modelos predictivos que sirven como base a los diferentes actores sanitarios en la toma de decisiones. En síntesis, el big data ofrece ventajas y beneficios en el sector de la asistencia sanitaria y de la investigación biomédica, entre las que cabe destacar: el seguimiento de pacientes crónicos, la investigación genómicas, mejora de atención personalizada, operativa clínica, medicina personalizada, autopsias virtuales, monitorización remota de pacientes, mejoras en los procesos médicos y, más recientemente está siendo de gran utilidad en la investigaciones llevadas a cabo para combatir la crisis de la COVID-19, entre otros. En este sentido, a pesar de que la vigente normativa europea de protección de datos le otorga una especial regulación a los datos de salud conforme a ciertas garantías, sin embargo, el RGPD, aun cuando establece ciertas singularidades para el tratamiento de datos en el ámbito de la salud, sin embargo utiliza conceptos de cierta ambigüedad y, asimismo, se basa en el establecimiento de principios generales cuya aplicación práctica en el caso concreto puede resultar problemática, en particular en el ámbito sanitario. Por ello, en el presente trabajo se defiende la necesidad de una ley sectorial sobre protección de datos de salud y del big data sanitario, como herramienta eficaz y eficiente para poner en valor todo el conocimiento que podría obtenerse a partir de los datos sanitarios, donde se regule, por un lado, la protección de datos de salud de manera específica a fin de garantizar un tratamiento lícito de los datos de salud salvaguardando a su vez el derecho de protección de datos del titular. Por otro lado, se contemple en su articulado las medidas y garantías que deben respetar los desarrolladores de proyectos de salud pública e investigación biomédica y farmacéutica de interés general que apliquen tecnologías big data, que deberán implantar desde el diseño del proyecto a los efectos de afianzar la confianza de los titulares de los datos y asegurar el respeto de sus derechos. It is an obvious fact that writing, especially classical texts and scientific articles, have been and are the main sources of knowledge and information, and that it is partly thanks to them that humanity has evolved throughout history. However, in the new digital era and with global connectivity through new technologies and the Internet of Things, personal data have also become great sources of knowledge and information, especially health data, as it has been proven that if large volumes of health data are collected, processed and analysed through the application of big data tools, accurate information and knowledge of great value in the field of health and biomedical research, among others, can be extracted from them. Specifically, health data, after being analysed by means of algorithms with the application of big data technologies, provides knowledge and information of great value that helps the healthcare sector to evolve efficiently and proactively, anticipating diseases and moving towards predictive, precise, personalised and quality medicine. Likewise, big data manages large volumes of data, even unstructured data, at high speed and also allows the creation of predictive models that serve as a basis for the different healthcare actors in decision-making. In summary, big data offers advantages and benefits in the healthcare sector and biomedical research, including: chronic patient monitoring, genomic research, improved personalised care, clinical operations, personalised medicine, virtual autopsies, remote patient monitoring, improvements in medical processes and, more recently, it is proving very useful in the research carried out to combat the COVID-19 crisis, among others. In this sense, despite the fact that the current European data protection legislation grants special regulation to health data in accordance with certain guarantees, nevertheless, the GDPR, although it establishes certain singularities for the processing of data in the field of health, nevertheless uses concepts of a certain ambiguity and is also based on the establishment of general principles whose practical application in the specific case may be problematic, particularly in the field of health. For this reason, this paper defends the need for a sectoral law on health data protection and big health data as an effective and efficient tool to make the most of all the knowledge that could be obtained from health data, where, on the one hand, the protection of health data is specifically regulated in order to guarantee the lawful processing of health data while safeguarding the data owner's right to data protection. On the other hand, it contemplates in its articles the measures and guarantees that must be respected by the developers of public health and biomedical and pharmaceutical research projects of general interest that apply big data technologies, which must be implemented from the design of the project in order to strengthen the trust of the data subjects and ensure respect for their rights.

En la Primera Conferencia Interministerial Mundial sobre Seguridad Vial celebrada en Moscú auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, se barajaron cifras de siniestralidad vial anual superiores a 1.200.000 fallecidos, 50 millones de heridos, y costes económicos asociados del 1’5% del PIB global, todo ello considerado como un problema de salud pública de primer orden y calificado como una verdadera pandemia a nivel mundial por la OMS, que se ha convertido en la primera causa de muerte en el sector poblacional de entre 5 y 29 años; por lo que, dentro del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU, y bajo el lema de “Es hora de Actuar”, se diseñó la Estrategia de Seguridad Vial con la intención de fijar un objetivo de reducir en un 40% el número de fallecidos a consecuencia de los siniestros viales. Por lo que respecta a nuestro país, y según datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en su memoria del año 2019, y referida al año anterior, el 45’5 % de los análisis de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico, mostraban presencia de alcohol, drogas ilícitas o psicofármacos en su organismo, de las que el 61’8% pertenecían a alcohol, el 44’1% a drogas ilegales y el 27’2% a psicofármacos. De estas cifras, cabe reseñar el preocupante dato, de que, sobre las cifras de drogas ilegales, el 56’3% pertenecían a la presencia de cannabis, y el 52´7% a la cocaína. El consumo de sustancias psicoactivas diferentes al alcohol, es frecuente en los conductores españoles. El proyecto de investigación europea DRUID (Driving Under Influence of Alcohol, Drugs and Medicines), sitúa a nuestro país en primer lugar de los participantes en cuanto a consumo de sustancias psicoactivas (todas), de cannabis, cocaína, y, en combinación de alcohol y drogas. La investigación de la conducción drogada es más compleja que la investigación etílica y está sujeta a graves incertidumbres como la falta de estandarización legal a nivel de la UE, del conocimiento de la correlación de los diferentes niveles de consumo con el deterioro psicomotor, de la efectividad de las pruebas y fiabilidad de los dispositivos de detección indiciarias, del establecimiento de los límites de corte por parte de los diferentes fabricantes, de la falta de normalización en los procedimientos analíticos, umbrales de detección y niveles de corte usados en los laboratorios que realizan las pruebas de confirmación, etc., lo que provoca que el actual modelo de intervención no resulte eficaz y eficiente para combatir el problema de la conducción drogada. Abordamos en el presente estudio la problemática asociada a la conducción de vehículos bajo el consumo de sustancias psicoactivas diferentes al alcohol, al tiempo que proponemos un sistema de lucha contra la conducción drogada, basado en una legislación clara y coherente, en agentes de la autoridad especialmente capacitados y unas pruebas y dispositivos de detección fiables y adaptados a la legalidad vigente. At the First World Interministerial Conference on Road Safety held in Moscow, sponsored by the United Nations, annual road accident figures were considered higher than 1,200,000 deaths, 50 million injured, and associated economic costs of 1.5% of GDP global, all this considered as a first-order public health problem and classified as a true pandemic worldwide by the WHO, which has become the leading cause of death in the population sector between 5 and 29 years of age; Therefore, within the UN Decade of Action for Road Safety 2011-2020, and under the slogan of "It is time to act", the Road Safety Strategy was designed with the intention of setting a goal of reducing by 40% the number of deaths as a result of road accidents. With regard to our country, and according to data from the National Institute of Toxicology and Forensic Sciences in its report for the year 2019, and referring to the previous year, 45.5% of the analyzes of drivers who died in traffic accidents, showed presence of alcohol, illicit drugs or psychotropic drugs in their body, of which 61.8% belonged to alcohol, 44.1% to illegal drugs and 27.2% to psychotropic drugs. Of these figures, it is worth mentioning the worrying data, that, of the illegal drugs figures, 56.3% belonged to the presence of cannabis, and 52.7% to cocaine. The consumption of psychoactive substances other than alcohol is frequent in Spanish drivers. The European research project DRUID (Driving Under Influence of Alcohol, Drugs and Medicines), places our country in the first place of the participants regarding the consumption of psychoactive substances (all), of cannabis, cocaine, and, in combination of alcohol and drugs. Drugged driving research is more complex than alcohol research and is subject to serious uncertainties such as the lack of legal standardization at the EU level, knowledge of the correlation of different levels of consumption with psychomotor impairment, and effectiveness of the tests and reliability of the incidental detection devices, of the establishment of cut-off limits by the different manufacturers, of the lack of standardization in the analytical procedures, detection thresholds and cut-off levels used in the laboratories that perform the tests. confirmation tests, etc., which means that the current intervention model is not effective and efficient to combat the problem of drugged driving. In this study, we address the problems associated with driving vehicles under the consumption of psychoactive substances other than alcohol, while proposing a system to combat drugged driving, based on clear and coherent legislation, especially in law enforcement officials. trained and reliable tests and detection devices adapted to current legislation.

Un sistema judicial garantista de los derechos humanos obliga a que el Estado se organice sobre un régimen de separación de poderes en el que se consolide un poder judicial independiente e imparcial. Sin embargo, sigue constituyendo un reto ineludible y formidable por varias razones estructurales. En este trabajo pretendemos realizar algunas consideraciones sobre la independencia e imparcialidad de los jueces internacionales europeos; así, con este propósito examinaremos las prevenciones existentes en el ámbito internacional europeo para garantizar la independencia e imparcialidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, como segunda cuestión, se harán algunas reflexiones sobre relaciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Estrasburgo. A judicial system that guarantees human rights requires the State to establish a separation of powers regime on which to consolidate an independent and impartial judicial power. However, it remains an inescapable and formidable challenge for various structural reasons. In this work we try to make some considerations about the independence and impartiality of the European international judges; Thus, for this purpose, we will examine the existing European international preventions to guarantee the independence and impartiality of the European Court of Human Rights, analyzing the selection procedure. And, as a second question, some reflections will be made on relations between the national courts and the Court of Strasbourg.

Convenio de Roma y Constitución española garantizan la inmunidad de espacios comunes de disfrute de derechos. Sin embargo, esta protección se lleva a cabo a través de normas de objeto disímil: tal es el caso, entre otros, de los arts. 8 CEDH y 18 CE. La disparidad de objetos protegidos condiciona al Tribunal Constitucional quien, por mandato constitucional (10.2 CE), debe interpretar los derechos fundamentales de conformidad con instrumentos internacionales, entre los que indiscutidamente se encuentra el CEDH. Se analiza la doctrina del TEDH y su integración por el TC en la delimitación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Se sugiere una revisión de la recepción practicada para la interpretación del art. 18.3 CE en dos aspectos: la protección de las comunicaciones finalizadas y de las conversaciones directas. The Rome Convention and the Spanish Constitution declare rights that seek to guarantee the immunity of common spaces for the enjoyment of rights. However, this protection is carried out through norms whose objects are not homogeneous: such is the case, among others, of arts. 8 ECHR and 18 CE. This difference of protected objects conditions the Constitutional Court that, by constitutional mandate (10.2 CE), must interpret fundamental rights in accordance with international instruments, among which is undoubtedly the ECHR. This paper analyzes the doctrine of the ECtHR and the way of integration practiced by the TC in the delimitation of the fundamental right to the secrecy of communications. In this sense, it is suggested that the reception of the doctrine of the ECtHR for the interpretation of art. 18.3 CE should perhaps undergo review in two aspects: the protection of completed communications and direct conversations

El objeto central del presente trabajo es el comentario de un caso recientemente resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el asunto J.D. y A. contra Reino Unido. Las particularidades de este caso nos permiten comprobar algunas debilidades y fortalezas de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo en materia de igualdad y no discriminación, un ámbito de incuestionable valor en el espacio europeo de derechos, así como destacar la emergencia de nuevos planteamientos tuitivos en relación con la siempre controvertida figura de la discriminación por indiferenciación. The main purpose of this essay is to analyse the judgement recently delivered by the European Court of Human Rights in J.D. and A. versus United Kingdom case. This case enables us to highlight some strengths and weaknesses of the Court’s non-discrimination case-law, as well as to draw attention to a new protective approach that the Court takes when it comes to remedy the effects of discrimination by undifferentiation, an always controversial issue. Given the arrival of an increasing number of cases related to article 14 CEDH and the Court’s broader interpretation of such article within the last decade, taking a closer look to its case-law on the matter seems to be of interest to study the development of common standards on the protection of human rights within the Council of Europe.

En este artículo se analizan, desde una perspectiva estrictamente dogmática, las implicaciones de la progresiva dilatación del concepto de “bienes” llevada a cabo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El trabajo consta de tres partes. En la primera de ellas se describe en líneas muy generales el aludido proceso de dilatación conceptual a que ha sido sometido el derecho a la propiedad privada garantizado en el art. 1 del primer Protocolo Adicional el Convenio. A tal fin se analiza la estructura del precepto, se discute el peculiar uso de algunas de las herramientas argumentativas del Tribunal y se introduce la problemática las pensiones públicas como calibre por medio del cual valorar la naturaleza de los bienes protegidos en el marco del Convenio. En la segunda parte del trabajo se analizan la índole y la extensión de la protección otorgada por el Tribunal a los intereses de los beneficiarios de tales prestaciones sociales. Por último, se efectúa una serie de consideraciones que, a pesar de su diferente naturaleza, ahondan en lo que se ha denominado la “disolución del concepto tradicional de propiedad privada”. This paper discusses –from a strictly legal perspective– the implications of the progressive dilation of the concept of “goods” carried out by the European Court of Human Rights. The work consists of three parts. The first describes in broad, outline form the alluded process of conceptual expansion to which the right to property has been subjected. To this end, it analyses the structure of the provision, discusses the peculiar use of some of the Court's argumentative tools and introduces the problem of public pensions to illustrate the nature of the assets protected under the Convention. The second part of the article discusses the features and extent of the protection afforded by the Court to the beneficiaries of such welfare benefits. Finally, the paper delves in its third part into what has been called the "dissolution of the traditional concept of private property”.

El trabajo hace un estudio de la interpretación convencionalmente orientada y su conexion con la interpretación conforme en el ordenamiento italiano, estudiando sus límites estructurales y axiológicos. Asimismo, se ocupa de las relaciones entre el ordenamiento constitucional italiano y el convencional. The “place” of the interpretation in conformity with the ECHR in the Italian legal order Abstract This essay studies the interpretation in conformity with the ECHR and its connection with the interpretation in conformity with the Constitution the Italian legal order, analyzing its structural and axiological limits. Likewise, the study deals with the relationships between the italian constitutional order and the conventional order.

En este artículo nos proponemos explorar el fondo judicial del Archivo General de la Provincia de Corrientes. Por un lado, desarrollaremos un catálogo de las causas judicializadas entre 1612 y 1680, es decir, un instrumento descriptivo que puede ser utilizado por historiadores y/usuarios del archivo. Por otro lado, caracterizaremos los pleitos que corresponden a los albores de la configuración de la ciudad de San Juan de Vera. En ese contexto, presentaremos una primera lectura en torno al funcionamiento de la justicia ordinaria y el accionar de otros funcionarios reales en el espacio colonial. De ese modo, lograremos una aproximación a los discursos y experiencias por medio de las causas judiciales. In this article we propose to explore the judicial fund of the General Archive of the Province of Corrientes. On the one hand, we will develop a catalog of judicial cases between 1612 and 1680, that is, a descriptive instrument that can be used by other historians and users of the archive. On the other hand, we characterize the lawsuits that took place at the dawn of the configuration of the city of San Juan de Vera. In this context, we will develop a first reading about the operation of ordinary justice and the action of other royal officials in the colonial space. In this way, we get an approximation to discourses and experiences through judicial cases. Fil: Valenzuela, Fatima Victoria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas; Argentina Fil: Pozzaglio, Fernando Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas; Argentina

Este trabajo realiza un análisis del Reglamento (UE) nº 2016/1103 sobre regímenes económicos matrimoniales. Focalizamos nuestra atención en las normas de conflicto sobre la ley aplicable y los foros de competencia judicial internacional. En aras a la previsibilidad y plena seguridad jurídica, propicia que los cónyuges conozcan qué tribunal será competente para conocer de sus relaciones patrimoniales, y cuál será el Derecho aplicable a las mismas, tanto durante la vigencia del matrimonio, con ocasión de su disolución. Su objeto es evitar que puedan verse sujetos a regímenes distintos en función del tribunal competente o la ley aplicable. This paper analyses Regulation (EU) No 2016/1103 on matrimonial property regimes. We focus our attention on the conflict rules on applicable law and the forums of international jurisdiction. For the sake of predictability and full legal certainty, it is important for the spouses to know which court will have jurisdiction over their property relations and which law will be applicable to them, both during the period of the marriage and on its dissolution. It is intended to prevent them from being subject to different regimes depending on the competent court or the applicable law.

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar un nuevo marco normativo garante de los derechos de las víctimas, que a partir de la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, y el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla esta norma y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, se habrá de aplicar en relación con la normativa particular ya existente con anterioridad en nuestro ordenamiento jurídico. El Estatuto parte de una regulación de mínimos, y nace con la vocación de proteger y apoyar a las víctimas tanto en su vertiente procesal como extraprocesal, garantizándoles una evaluación y un trato individualizado, y la defensa de sus bienes materiales y morales. The main purpose of this work is to analyse a new Regulatory Mark that guarantees the rights of the victims, which from the approval of the law, and of the Royal Decree that develops this law, and regulates the Offices of Assistance to the Victims of Crimes, will have to be applied in relation to the particular regulations that already exist in our legal system. The Statute is based on a regulation of minimums, and was created with the vocation of protecting and supporting the victims in their procedural and extra procedural aspects, guaranteeing them an individualized evaluation and treatment, and the defense of their material and moral goods.

El presente artículo busca comprender un tema que suscita discusiones interminables dentro de la sociedad: la eutanasia. Hasta ahora solo se pensaba que el derecho a morir dignamente en Colombia le pertenecía a los mayores de edad; sin embargo, por mandato de la Corte Constitucional, se ha abierto la oportunidad para que menores de edad accedan a este procedimiento. Colombia es el tercer país del mundo en establecer un trámite para la eutanasia en menores de edad, pero esta regulación ha despertado serias dudas y ha avivado el debate acerca de las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de la eutanasia. This article seeks to understand Euthanasia as a topic that raises endless discussions in our society. Until now, the right to die with dignity was only thought for those who were of legal age in Colombia; however, by order of the Constitutional Court, this opportunity has been opened for minors to access it. Colombia is the third country in the world to establish a procedure for Euthanasia for minors, but this regulation has raised serious doubts and has fueled the debate about its ethical, social, and legal implications.

L'articolo analizza la recente ordinanza della Corte costirtuzionale italiana, la n. 207 del 2018, che apre allsa legittimità costituzionale, in determinate circostanze, dell'aiuto al suicidio, letta come indicativa di una generale e recente tendenza volta a dare accoglimento a queste forme di autodeterminazione in un numero sempre crescente di paesi. Sulla base di questo presupposto, l'articolo cerca di comprendere se questa sempre più diffusa richiesta di un diritto di morire si fondi su motivazioni più complesse che affondano le loro radici nelle modificazioni delle forme del potere nelle società occidentali. Un potere sempre più rivolto alla regolazione delle vite delle persone trova infatti nella morte un ambito privo di interesse, e può pertanto agevolmente riconoscere un diritto di morire. Infine si domanda se questo nuovo diritto di autodeterminazione sia effettivamente in grado di incidere in modo sensibile sull'aspetto più crudele del morire nella società contemporanea che è rappresentato dalla solitudine del morente, relegato negli ospedali e allontanato dai luoghi degli affetti. The article analyzes the recent order of the Italian Constitutional Court, n. 207 of 2018, which opens up to the constitutional legitimacy, in certain circumstances, of aid to suicide, read as indicative of a general and recent trend aimed at giving acceptance to these forms of self-determination in an ever increasing number of countries. On the basis of this assumption, the article tries to understand if this increasingly widespread request for a right to die is based on more complex reasons that have their roots in the changes in the forms of power in Western societies. An increasingly power to regulate people's lives finds in death an area devoid of interest, and can therefore easily recognize a right to die. Finally, he wonders if this new right of self-determination is actually able to significantly affect the cruelest aspect of dying in contemporary society which is represented by the loneliness of the dying person, relegated to hospitals and removed from the places of affections.

La robótica, en particular la que tiene figura humana –androide- se muestra como un ámbito de desarrollo presente y futuro. Desde la Unión Europea se estudia la futura regulación de las cuestiones éticas y jurídicas que inciden en la robótica en su relación con el ser humano. Se pretende una regulación que persiga la protección de todas las personas que interactúen con robots. El estudio de la evolución de la imagen del robot es mucho más antiguo que su regulación, y está presente en prácticamente todas las disciplinas artísticas. En la cinematografía, en particular, la robótica es una temática recurrente dentro del ámbito de la ciencia ficción. En el artículo se presenta un estudio de la imagen y categoría ética del robot cinematográfico desde los orígenes del cine; analizando su visión desde el ser humano. En dicha evolución se observa el gran peso de la imagen androide, que genera respeto, miedo, incertidumbre; frente a los robots máquinas. Tras el estudio de la evolución de la imagen del robot resulta posible enfrentar con mayor claridad los retos jurídicos que se afrontan. La imagen del robot es fundamental; y más aún en los colectivos necesitados de una protección especial. Ello puede llevar a concluir la necesidad de controlar la imagen del robot y su semejanza con el ser humano en los supuestos de interacción con sujetos necesitados de protección, que no distingan fácilmente realidad de ficción, por razón de edad o de limitaciones físicas temporales o permanentes. Robotics, in particular that which has a human figure -android- is shown as a sphere of present and future development. The European Union studies the future regulation of ethical and legal issues that affect robotics in its relationship with human beings. The aim is to regulate the protection of all people who interact with robots. The study of the evolution of the image of the robot is much older than its regulation, and is present in virtually all artistic disciplines. In cinematography, in particular, robotics is a recurring theme within the field of science fiction. The article presents a study of the image and ethical category of the cinematographic robot from the origins of cinema; Analyzing his vision from the human being. In this evolution the great weight of the android image is observed, which generates respect, fear, uncertainty; in front of the robots machines. After studying the evolution of the robot's image, it is possible to face with greater clarity the legal challenges that are faced. The image of the robot is fundamental; and even more so in groups in need of special protection. This may lead to the conclusion of the need to control the image of the robot and its resemblance to the human being in the cases of interaction with subjects in need of protection, who do not easily distinguish reality from fiction, due to age or temporary or permanent physical limitations.

La reciente publicación del Reglamento 2016/1103 ha supuesto un paso más hacia la armonización de las normas relativas a los regímenes económicos matrimoniales en el ámbito de la Unión Europea, ya que desde el 9 de enero de 2019 su aplicación es preferente a las normas de producción interna de los Estados miembros participantes. Pese a que el legislador europeo ha tenido que recurrir al mecanismo de la cooperación reforzada para poder aprobar el Reglamento, su promulgación ofrece una mayor previsibilidad y seguridad jurídica para los cónyuges que queden dentro de su ámbito de aplicación. El presente trabajo se centra en las normas relativas al sector de la Ley aplicable, ya que presentan un gran interés práctico y, a su vez, ofrecen una amplia autonomía de la voluntad a los contrayentes.

En este Trabajo Fin de Grado dedicaremos un estudio enfocado al análisis del sistema de protección de la marca UE. Para ello, desmenuzaremos la estructura ideada por las insti-tuciones europeas para proteger las marcas de la Unión Europea. Con el objetivo de darle el enfoque más práctico posible, contemplaremos la legislación europea y española vigentes sobre la materia de marcas. De esta manera, conseguiremos concluir cuál es la interpretación seguida por la jurisprudencia sobre este campo. Para clarificar estas cuestiones, haremos hincapié en la noción de marca, sus funciones, las clases de marcas existentes, las diversas prohibiciones que nos podemos encontrar en medio de un procedimiento de registro, como los límites del ius prohibendi y la extinción de la marca. Todo ello, con el fin de comprender el funcionamiento del sistema de pro-tección de la marca UE. Al final del trabajo, finalizaremos el análisis sobre cómo registrar una marca en la Unión Europea, para dar paso a los límites que tienen los titulares de éstas en el ejercicio de sus facultades, como las causas de extinción que se pueden dar en las mismas. In this Final Project we will devote a study focused to the analysis of the UE mark’s protection system. Because of that, we will cut up the structure invented by the european institutions to protect the community marks. With the objetive to give the most pragmatic focus posible, we will consider the current legislation about marks in Europe and Spain. In this way, we will get to conclude what’s the applied interpretation by jurisprudence in this field. In order to clarify these questions, we will emphasize in the mark concept, her functions, existing clases, different prohibitions which we may find in the middle of a registration procedure as the ius prohibendi limits and the mark extinction. All in order to understand the functioning of UE’s mark protect system. At the end of the Final Project, we will finish the exhaustive analysis done about how register a mark in the European Union, to give way to the limits that the holders of these have in the excercise of their faculties, such as the causes of extinction that can occur in them.

La vivienda habitual ha encontrado una importante vía de tutela en la interpretación extensiva que el TEDH ha venido haciendo del artículo 8 CEDH. Esta exégesis ha permitido ampliar su contenido hasta incluir en él algunas vertientes más sociales de lo habitual en un clásico derecho de libertad. En concreto, desde Connors c. Reino Unido, el TEDH ha sostenido que esta disposición impone una serie de obligaciones positivas sobre los Estados parte cuando una persona corra el riesgo de perder su vivienda habitual, incluso si tal pérdida tiene lugar conforme a causas legalmente tasadas. Además, el Tribunal ha ido desarrollando en su jurisprudencia el contenido de estas obligaciones, que en principio implicaban exigencias puramente procedimentales, para irlas dotando de un contenido más sustantivo en lo que parece una tímida aproximación a la tutela brindada por ciertos órganos internacionales de garantía de derechos sociales en materia de vivienda One´s habitual home has found a relevant way of protection through the ECHR´s interpretation of the right to respect for one´s home (art. 8 ECHR). This interpretation has allowed an extension of the content of this right by including in it some considerations that are more “social” than usual for a classical liberty. In particular, from the case of Connors v. the United Kingdom onwards, the ECHR has held that this right imposes upon States a series of positive obligations when a person risks losing his home, even if this loss is in accordance with national law. Moreover, the ECHR has developed the content of these obligations throughout its case law, evolving from pure procedural requirements to a more substantive approach, in which seems like a shy approximation to the protection of the right to housing granted by some international committees.

El objetivo de este trabajo, es analizar la situación laboral de las mujeres enfermas de cáncer de mama, desde el mismo momento en el que son diagnosticadas, durante todo el proceso de incapacidad temporal y las implicaciones económicas que soportan por padecer cáncer, así como la problemática de las mismas a la hora de reincorporarse al mundo laboral, haciendo especial referencia a la perspectiva de género. Para llevar a cabo este trabajo, hemos estudiado la propia enfermedad, de forma no pormenorizada, tratamientos, secuelas, así como las distintas situaciones de incapacidad por las que se pueden encontrar y posibles prestaciones. Se ha completado esta información analizando la situación de la población activa enferma de cáncer en España La autora de este trabajo ha realizado, dentro del marco de la Clínica Jurídica de la UMH, asistencia estrictamente consultiva, en materia jurídica laboral en la asociación a las mujeres enfermas de cáncer de mama de Elche y comarca, AMACMEC. Hemos analizado la jurisprudencia y legislación aplicable a esta enfermedad, internacional, europea y nacional. Se ha hecho estudio comparativo de políticas de vuelta al trabajo de nuestro país con nuestros países vecinos. La conclusión ha sido que las mujeres afectas de cáncer de mama sufren una triple discriminación, se suman a las secuelas psíquicas y las impeditivas físicas específicas de este tipo de cáncer, el sesgo de edad, y por supuesto el género (mujeres). L'objectiu d'este treball, és analitzar la situació laboral de les dones malaltes de càncer de mama, des del mateix moment en què són diagnosticades, durant tot el procés d'incapacitat temporal i les implicacions econòmiques que suporten per patir càncer, així com la problemàtica de les mateixes a l'hora de reincorporar-se al món laboral, fent especial referència a la perspectiva de gènere. Per a dur a terme este treball, hem estudiat la pròpia malaltia, de forma no detallada, tractaments, seqüeles, així com les distintes situacions d'incapacitat per les quals es poden trobar i possibles prestacions. S'ha completat esta informació analitzant la situació de la població activa malalta de càncer a Espanya. L'autora d'este treball ha realitzat, dins del marc de la Clínica Jurídica de la UMH, assistència estrictament consultiva, en matèria jurídica laboral en l'associació a les dones malaltes de càncer de mama d'Elx i comarca, AMACMEC. Hem analitzat la jurisprudència i legislació aplicable a esta malaltia, internacional, europea i nacional. S'ha fet estudi comparatiu de polítiques de volta al treball del nostre país amb els nostres països veïns. La conclusió ha sigut que les dones afectes de càncer de mama patixen una triple discriminació, se sumen a les seqüeles psíquiques i les impeditives físiques específiques d'este tipus de càncer, el caire d'edat, i per descomptat el gènere (dones). The objective of this work is to analyze the labor situation of women suffering from breast cancer, from the moment they are diagnosed, throughout the process of temporary disability and the economic implications they bear for suffering from cancer, as well as the their problems when rejoining the world of work, making special reference to the gender perspective. To carry out this work, we have studied the disease itself, in a non-detailed way, treatments, sequelae, as well as the different situations of disability that can be found and possible benefits. This information has been completed by analyzing the situation of the active population with cancer in Spain. The author of this work has carried out, within the framework of the Legal Clinic of the UMH, strictly consultative assistance, in labor legal matters in the association of women with breast cancer in Elche and region, AMACMEC. We have analyzed the jurisprudence and legislation applicable to this disease, international, European and national. A comparative study of return to work policies of our country with our neighboring countries has been made. The conclusion has been that women affected by breast cancer suffer triple discrimination, in addition to the specific psychological and physical consequences of this type of cancer, age bias, and of course gender (women).

En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio e investigación sobre los derechos de las madres y menores lactantes hospitalizados. A pesar de que la leche materna ha sido considerada el mejor alimento para un recién nacido por cubrir las necesidades nutricionales para un adecuado crecimiento y asegurar un vínculo madre-hijo esencial para un correcto desarrollo como persona independiente y segura, no es menos cierto que en la actualidad, las prácticas de muchos hospitales españoles distan mucho de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en torno a facilitar la cohabitación de la madre y el hijo durante las 24 horas del día como método óptimo para el éxito de la lactancia materna. En su mayoría, esto se debe a que encontramos una grave carencia de regulación de medios normativos y sociales en el ámbito de la lactancia, aun cuando se trata de un tema que afecta directamente a toda madre que decide dar el pecho y a todo menor al que se le dé e indirectamente a toda la sociedad

Este trabajo tiene por objeto la contribución del TEDH en la configuración de un espacio europeo y global de los derechos humanos; y ello, especialmente, a partir de la identificación de líneas rojas por el TEDH, en cuanto que fronteras últimas a la indisponibilidad de los derechos humanos por el poder. “The delimitation by the ECHR of red lines about a global law on human rights” This paper aims at the contribution of the ECHR in shaping a European and a global human rights area. During the study of ECHR, red lines are identified as the ultimate frontiers to the unavailability of human rights by the power

El cambio climático y la degradación del medio ambiente constituyen, desafortunadamente, una amenaza a nivel mundial. Europa, en un firme propósito por superar los retos que supone, aboga por una nueva estrategia de crecimiento capaz de transformarla en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con un triple objetivo de partida: dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050; un crecimiento económico disociado del uso de recursos; que ninguna persona ni lugar se queden atrás. El logro de una economía sostenible en la Unión Europea toma, en principio, como hoja de ruta el Pacto Verde Europeo, pero trata de ir más allá en su propósito de ser climáticamente neutra en 2050, para lo que se ha propuesto una Ley Europea del Clima que convierta el actual compromiso político en una obligación legal. Climate change and environmental degradation are unfortunately a global threat. Europe, in a firm resolve to overcome the challenges it poses, advocates a new growth strategy capable of transforming it into a modern, resource-efficient and competitive economy, with a threefold objective: to stop producing net greenhouse gas emissions by 2050; economic growth decoupled from resource use; that no person or place is left behind. The achievement of a sustainable economy in the European Union takes, in principle, as a roadmap the European Green Deal, but tries to go further in its aim to be climate neutral in 2050 for which it has proposed a European Climate Law that turns the current political commitment into a legal obligation.

El autor es especialista en este campo y trata sobre derecho tributario internacional.

La identidad nacional es una categoría jurídica central del Derecho de la Unión Europea que está siendo invocada cada vez con mayor frecuencia entre la doctrina, así como entre los Tribunales Constitucionales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estas circunstancias, está surgiendo una, aún incipiente e inmadura, literatura académica que, con base en una serie de recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está interpretando si existe en el marco del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos una figura análoga. Este artículo tiene por objeto analizar en, clave comparada, la posible emergencia de dicha categoría en ese nuevo contexto jurídico. National identity is an essential legal category in European Union law which has increasingly been invoked by scholars as well as constitutional courts and the Court of Justice of the European Union. In this connection, it is emerging a, still incipient and immature, legal literature which, on the basis of a series of recent judgments coming from the European Court of Human Rights, is interpreting whether there is an analogous figure in the framework of the European Convention of Human Rights system. This article aims to analyse, in a comparative key, the possible advent of the above-mentioned figure in this new legal context.

El Protocolo núm. 16 incorpora la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de mayor rango de los Estados soliciten al TEDH opiniones consultivas sobre cuestiones relativas a la interpretación o aplicación del CEDH o sus Protocolos. Este mecanismo procesal puede tornarse efectivo y complementario a los ya existentes para promover un funcionamiento coherente, armónico y eficaz del sistema multinivel de protección de los Derechos Humanos en Europa. A lo largo del trabajo se analizan los antecedentes y objetivos del mecanismo, el contenido del Protocolo, las cuestiones más controvertidas de la articulación y su aplicación en las dos únicas solicitudes resueltas hasta la fecha. Ello se complementa con el esbozo de una propuesta para la articulación del mecanismo en el ordenamiento español. The Protocol No. 16 establishes a mechanism allowing the Highest courts and tribunals of the Member States to request the European Court of Human Rights advisory opinions on questions concerning the interpretation of the Convention or the Protocols thereto. This procedural mechanism may become effective and complementary to the existing ones in order to promote a coherent, harmonious and efficient functioning of the multilevel system of Human Rights protection in Europe. The paper analyses the precedents and objectives of the mechanism, the content of the Protocol, the most controversial articulation issues and its application in the two requests resolved by now. This is complemented with a proposal for the articulation of the mechanism in the Spanish system.