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El principi d’estabilitat pressupostària és una versió del tradicional principi d’equilibri pressupostari. Arran de la normativa comunitària, va ser adoptat pel legislador espanyol el 2001, i a partir d’aquesta data ha anat adquirint més protagonisme. Es dona, però, la circumstància que s’ha aprofitat l’establiment d’aquest principi per anar limitant acceleradament el principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes, cosa que ha provocat una degradació d’aquest principi, fins al punt que a data d’avui ja es pot considerar com de segon grau. No es dedueix altra cosa de la doctrina constitucional quan fa prevaldre el principi d’estabilitat sobre el d’autonomia. Segons el nostre parer, es tracta d’una interpretació exageradament centralista del text constitucional que s’hauria de superar amb una exegesi més equilibrada capaç de ponderar el fet que l’ordenament constitucional configura un estat compost per ens autònoms.

The victim-centred approach to human trafficking emphasises the protection of victims and respect for their rights. For this protection to be effective, victims must be treated as such in their passage through the criminal justice system, which can be complex with forms of trafficking that are still relatively unknown, such as trafficking for criminal exploitation. Based on 37 in-depth interviews with Spanish practising criminal justice and victim assistance services professionals, this paper analyses the effects that the failure to identify these types of victims has on them as they make their way through the criminal justice system, paying particular attention to the degree to which the aforementioned professionals recognise the principle of non-punishment.

La transición energética es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone, además de la necesaria descarbonificación del sector eléctrico, el cambio del sistema energético hacia un modelo más democrático, caracterizado por un rol más incisivo de la generación de energía distribuida. El objetivo del estudio es analizar el estado actual, y en continua evolución, de la normativa española en materia de generación distribuida y autoconsumo energético y compararlo con la propuesta regulatoria europea modelada en el “Paquete de invierno” sobre energía y clima. La Unión Europea ha emprendido un camino hacia una transición energética sostenible y justa que favorezca el autoconsumo y la generación distribuida. La normativa española hasta ahora vigente iba en sentido contrario; sin embargo, la nueva regulación, actualmente en fase de tramitación, realiza un importante cambio de ruta, eliminando la previsión de gravámenes económicos y trabas administrativas al autoconsumo. Las ventajas que proceden del fomento de un mayor desarrollo de generación distribuida confirman que es necesario un impulso del autoconsumo en la legislación española.

Purpose: The measures enacted so far at European level to address the global financial crisis are likely to have limited effects as they are still market efficiency oriented. Accordingly, this study aims to explore how the EU Charter on Fundamental Rights may be useful to achieve a more human right dimension in EU regulatory law. Design/methodology/approach: The work departs from the current commodification of housing worldwide and the limited capacity of EU to tackle new housing challenges. The work takes the link already established by the CJEU between EU consumer law and the EU Charter on Fundamental Rights one step further and addresses the potential implications concerning residential mortgage lending. Findings: The main finding is the potential influence that the EU Charter of Fundamental Rights may have on EU regulatory mortgage lending, as there are indicators of a bifurcation of mortgage law regimes at the EU level, separating home loans from other mortgages. Social implications: The influence of the Charter of Fundamental Rights on EU regulatory law, mainly consumer law treated in a human rights dimension, could be a first step to treat housing as a social good and not as a commodity in the EU. This could lead to a completely new approach concerning the traditional rules governing residential mortgage loans. Originality/value: The potential constitutionalisation of consumer law and the impact of the CJEU cases on national procedural rules have already been addressed by scholarship. The present work goes one step further as it addresses the potential implications of the EU Charter of Fundamental Rights on EU regulatory law in terms of the potential bifurcation of EU rules on mortgage lending.

Homenatge a Mario Ruiz

Jurisprudencia penal ambiental (Primer semestre 2019)

El entorno competitivo y dinámico ha obligado a las empresas a buscar la excelencia operativa y la mayor eficiencia para sobrevivir, no estando las empresas cooperativas exentas de dicha búsqueda. Una de las herramientas de que dispone este tipo de organizaciones es unirse formando una central de compras que les permita acceder a menores costes como consecuencia del mayor volumen.El objetivo del presente trabajo es averiguar los factores clave para el buen funcionamiento de una central de compras cooperativa y, asimismo, realizar un análisis comparativo entre la central de compras de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (en adelante, CCFACC), una incipiente central de compras cooperativa argentina, y la Coop Italia, un modelo con amplia trayectoria en el mercado, con resultados comprobados y con proyecciones de mayor crecimiento.La metodología utilizada es el estudio de caso múltiple cruzado, en donde el muestreo consiste en dos casos específicos que son escogidos por ser reveladores y ejemplos extremos. Dicho análisis presenta interés dado que, aunque cada uno de éstos se ubica en contextos y continentes diferentes, siguen compartiendo el compromiso por los valores y principios cooperativos.

El presente trabajo analiza los incentivos fiscales y las ayudas adoptadas en las políticas fiscales y ambientales para mejorar la eficiencia energética de los hogares españoles. La política ambiental establecida presenta avances aunque con resultados incipientes, puesto que la eficiencia energética de las viviendas aún juega un papel secundario.

La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de coneixement com en el de la recerca. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per redibuixar els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic que tradicionalment s’han articulat sota premisses, esbiaixades quant al gènere, de neutralitat, objectivitat i imparcialitat.

Lección Inaugural Curso Académico 2018-2019, Lliçó Inaugural Curs Acadèmic 2018-2019

En este trabajo se parte del análisis de cuestiones fundamentales de nuestro ordenamiento que afectan al objeto de este estudio, como son las exigencias de nuestro sistema sancionador, para poder abordar el examen de la normativa disciplinaria universitaria en relación con cuestiones muy concretas, como son los comportamientos fraudulentos, en general, y el plagio, en particular. El análisis realizado no solo se limita a la normativa estatal dictada al respecto, sino que aborda, también, la respuesta normativa que han dado las diferentes universidades públicas a esta cuestión. Finalmente, detectadas una serie de prescripciones poco acordes con nuestro ordenamiento, se realizan una serie de propuestas para mejorar la normativa estatal y la de las diferentes universidades.

Jurisprudencia constitucional en materia de protección de medio ambiente (Primer semestre 2018)

El presente artículo analiza la evolución experimentada por el Derecho ambiental en los últimos diez años en España. En particular, analiza la incidencia de la crisis económica en este ámbito. La fuerte crisis del Estado producida estos últimos años ha actuado como motor para la transformación del derecho público y, en el derecho ambiental, ha inspirado numerosos cambios normativos y ha servido para justificar la apertura de nuevas líneas evolutivas que son objeto de análisis en este trabajo. En primer lugar, se analizan los cambios profundos en las políticas ambientales que ha provocado la crisis: ralentización y prioridad de los objetivos de reactivación de la economía sobre los ambientales. En segundo lugar, se examina el impacto de la crisis sobre el ejercicio de las competencias en materia de protección del medio ambiente y se destaca la recentralización de competencias producida al servicio del mercado y en detrimento de la protección ambiental. En tercer lugar, se estudia la incidencia de los procesos de liberalización, desregulación y simplificación administrativa sobre el el derecho ambiental y se analizan los principales cambios producidos en la legislación ambiental. Por último, también se realizan algunas reflexiones sobre las oportunidades que la crisis ha supuesto para el derecho ambiental.

Legislación básica de protección del medio ambiente (Primer semestre 2018)

Se comentan en este trabajo dos textos, D.29,2,55 Marciano 2 reg. y D.29,2,61 Macer de off.praesidis en los que no se aplica ius adcrescendi a causa de que se permite a herederos extraños el ejercicio de la facultas abstinendi o se concede in integrum restitutio. En ambos textos los acreedores tienen un protagonismo, lo que indica que se trata de herencias cargadas con deudas, y ello es lo que explica el trato singular a los extraños. Las deudas hereditarias quedan divididas automáticamente en tantos cuantos herederos haya por aplicación de la regula iuris: nomina hereditaria ipso iure divisa sunt pero el acceso a los bienes de la herencia es por cuotas ideales; en ambos casos los acreedores prefieren la bonorum possessio de una cuota aunque deban renunciar a parte de sus créditos; la bonorum venditio de la totalidad hubiera sido perjudicial para los acreedores por la minusvaloración de los bienes y hubiera conllevado la declaración de infamia para los herederos.

Desde la instauración en 1919 del usualmente denominado impuesto municipal de plusvalía hasta la entrada vigor de la Ley reguladora de las Haciendas Locales de 1988, la determinación del incremento de valor como elemento integrante de su hecho y base imponible había generado muchos problemas, pero todos esencialmente eran de adecuación de las Ordenanzas fiscales a la ley. En cambio, tras la entrada en vigor de la citada Ley de 1988, los principales problemas que se han presentado son de adecuación de la ley a la Constitución. Tanto ello es así, que en 2017 el TC ha dictado doctrina declarando la inconstitucionalidad parcial del impuesto. Se da empero la circunstancia que se ha generado otro problema, cual es el de la concreción de los efectos de semejante declaración parcial de inconstitucionalidad. Dadas las dudas que ello plantea, el TS ha dictado en 2018 una sentencia por la que se interpretan algunos aspectos básicos de la doctrina constitucional.

Este trabajo tiene como objetivo describir brevemente la incidencia del Acuerdo de París y las iniciativas impulsadas por la Unión Europea en la formulación y desarrollo de las políticas públicas catalanas respecto al cambio climático. Se pretende conocer cómo Catalunya ha ido incrementando su grado de implicación en esta materia durante los últimos años, hasta llegar a disponer de diferentes instrumentos y normas para afrontar los retos existentes en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, de entre las que destacamos la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Asimismo, se pretende describir y analizar la citada norma con rango de ley que se ha convertido en el eje vertebrador de las políticas públicas de Catalunya en este ámbito. Con esta finalidad, se identifican, en primer lugar, los objetivos de mitigación y de adaptación que determina la Ley; en segundo lugar, los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se definen como propios; y finalmente, los mecanismos de adaptación al cambio climático, con especial referencia a los instrumentos de planificación y programación.

Jurisprudencia penal ambiental (primer semestre 2018)

La facultad sin Mario. En memoria del Prof. Dr. Mario Ruiz Sanz

Jurisprudencia penal ambiental (segundo semestre 2018)

El estado es una institución clave en la modernidad internacional. Desde sus orígenes al estado se le ha supuesto y reconocido una capacidad racional y funcional. Este estatus racional del estado ha sido incorporado a la realidad naturalizada en la modernidad internacional contemporánea y se ha constituido como estado racionalizado. El análisis de la construcción social del estado racionalizado se centra en la relación entre ideologías e ideas y las dinámicas de las estructuras sociales. El análisis se organiza en un doble eje. Primero, el eje interior y exterior de los estados en la historia occidental: se distingue entre la dimensión interior respecto al orden social interno y la dimensión exterior en la relación con otros estados y sociedades. Segundo, el eje occidente y no-occidente: el enfoque global aspira a superar el etnocentrismo occidental, y reconoce que el mundo no-occidental ha sido es una referencia clave para la construcción del estado racionalizado. Se concluye que: primero, el estado racionalizado ha sido una construcción histórica, social y cultural liderada por los países europeos y occidentales en relación a y con la realidad no-occidental; y en segundo lugar, que el estado racionalizado es un factor clave en la creciente multipolaridaden las relaciones internacionales.

En los últimos tiempos, en especial tras la reforma de 2015, raro es el escrito de acusación que, en relación con delitos con contenido de beneficio económico para sus autores, no incluya la imputación de blanqueo, normalmente referida a las modalidades de tenencia, posesión o utilización. La reflexión sobre la infracción del principio non bis in ídem se ha ido extendiendo doctrinalmente y en algunos fallos judiciales aparece el rechazo a la acumulación de calificaciones. Pese a ello, se sigue sosteniendo por muchos que, en la lucha contra la corrupción no se puede prescindir de ese armamento, lo cual no es cierto. La admisibilidad del autoblanqueo ha de ser sometida a muchos condicionantes, y cuestionar severamente si ese instrumento de lucha contra la corrupción no conlleva insalvables contradicciones penales.

El artículo analiza la arquitectura pública prestacional catalana, en la que el ente local resulta la unidad imprescindible para desplegar los servicios sociales, respondiendo a los principios de universalidad, proximidad y descentralización, consagrados en la Ley 12/2007 de Servicios Sociales. Esta ley establece como universal el acceso a los servicios sociales para todos los ciudadanos, lo que se puede interpretar como el nacimiento de un nuevo derecho social. Nos aproximaremos al marco jurídico de los servicios sociales analizando la normativa internacional, europea, constitucional, estatutaria, local y la legislación sectorial con implicaciones para los servicios sociales locales. En definitiva, analizaremos el actual modelo de prestación servicios sociales de atención centrada en la persona, en particular, del ámbito local.

Aquest treball intenta avaluar l"experiència de disset anys en vigència de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries a l"Estat espanyol. El punt de partida és el complex procediment parlamentari de l"autorització de les Corts Generals perquè el Govern la ratifiqui. Destaca les dificultats i tensions polítiques que desperta la qüestió de la diversitat lingüística a Espanya, l"absència d"una política efectiva de reconeixement estatal i promoció del pluralisme lingüístic, i la supervivència de les normes i pràctiques típiques de l"antic model d’imposició monolingüe. Els quatre cicles de supervisió de la Comissió d"Experts i l"anàlisi de les Recomanacions del Consell de Ministres ens permeten concloure sobre el paper que exerceix la Carta europea. Primer, expressem la necessitat de comprendre la seva naturalesa legal com un tractat internacional. D"aquesta naturalesa traiem la conclusió de la seva aplicabilitat davant els poders públics de l"Estat utilitzant com a arguments els proporcionats pel Comitè d"Experts. El requisit de la tutela judicial efectiva davant els tribunals nacionals pels drets derivats de la Carta és un altre dels aspectes analitzats. L"experiència d"aquests cicles de supervisió en matèria de justícia, educació i Administració pública ens permet comprendre la lògica de l"anàlisi del Comitè d"Experts, i criticar la lentitud del sistema, per atendre les seves contribucions positives com un estàndard mínim de protecció.

En este trabajo se analiza la ley catalana 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático. Se presta especial atención a los mecanismos e instrumentos que incorpora la ley para lograr la mitigación y la adaptación del cambio climático. Se trata de una ley pionera e innovadora en el ámbito del cambio climático que incorpora los Acuerdos de París. El estudio se detiene en los instrumentos de mitigación y adaptación del cambio climático, en las medidas previstas para las distintas políticas sectoriales y en los instrumentos fiscales, como son los impuestos ambientales que contempla, así como aquellos otros instrumentos a los que se refiere. También se detiene en aquellos artículos que han sido impugnados mediante recurso de inconstitucionalidad. Por último, realiza un análisis comparativo con otras Comunidades Autónomas que han iniciado un proceso legislativo para aprobar sus respectivas leyes para hacer frente al cambio climático.